STC5153-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5153-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01486-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 9 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por William D\u00edaz Miraval contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica (Cesar), la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia Nacional de Tierras -ANT- y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -Dian-, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y el Archivo General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como las partes e intervinientes en el asunto n\u00b0 2016-00097. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad y \u00abPROPIEDAD PRIVADA\u00bb, presuntamente vulnerados por las enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
William D\u00edaz Miraval1 promovi\u00f3 la sucesi\u00f3n intestada de Carmen Cecilia Miraval, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica, quien en auto del 26 de julio de 2019 declar\u00f3 la carencia de objeto, pues advirti\u00f3 que \u00abel bien inmueble de la matr\u00edcula inmobiliaria No. 196-8007 no era de propiedad de la causante (\u2026) pues, mediante Resoluci\u00f3n No. 4627 del 15 de noviembre de 1976, expedida por el INCORA declar\u00f3 extinguido a favor de la Naci\u00f3n el derecho de dominio privado de la [causante]\u00bb. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que fue revocada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar en tanto coligi\u00f3 que \u00abla mencionada Resoluci\u00f3n (\u2026) no aparec\u00eda anotada dentro del folio de matr\u00edcula inmobiliaria del inmueble, situaci\u00f3n que deb\u00eda aclararse\u00bb2. <\/p>\n
Para tener \u00abclaridad sobre la vigencia de la resoluci\u00f3n que declar\u00f3 extinto el dominio (\u2026) sobre dicho predio\u00bb, el estrado de primer grado procedi\u00f3 a oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad y a la Agencia Nacional de Tierras; luego, de conformidad con las respuestas allegadas al plenario, en prove\u00eddo del 18 de abril de 2022, orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n propuesta por el promotor, el tribunal infirm\u00f3 lo dispuesto por el a quo3 pues razon\u00f3 que \u00abno ha podido ser aclarado en su totalidad [la controversia suscitada entre la antigua resoluci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio y su falta de registro inmobiliario], ya que por un lado la Agencia Nacional de Tierras (\u2026) inform\u00f3 que el expediente respectivo fue encontrado incompleto no teniendo certeza alguna ni de la ejecutoria de la resoluci\u00f3n que extingui\u00f3 el dominio, ni de su registro, adem\u00e1s de la salvedad a la que hizo menci\u00f3n la Oficina de Registro Inmobiliario de Aguachica, que determin\u00f3 que dichos errores solo pueden corregirse mediante una actuaci\u00f3n administrativa que no se ha surtido a cabalidad\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en decisi\u00f3n del 15 de febrero de 2023, el despacho cuestionado se abstuvo de continuar el tr\u00e1mite hasta que se resuelva la actuaci\u00f3n administrativa iniciada por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos Seccional Aguachica tendiente a \u00abcorregir un folio de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb y, establecer la \u00abverdadera y real situaci\u00f3n jur\u00eddica del predio\u00bb (Expediente AA-196-2022-01)4. <\/p>\n
Inconforme, el censor acudi\u00f3 a la presente salvaguarda argumentando que \u00ablas entidades (\u2026) accionadas han sido incapaces de entregar una respuesta clara, concisa y ajustada a la ley; por el contrario, parece que su proceder se ajusta a impedir una colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica con la justicia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab[e]n cuanto a la ejecutoriedad [de] la Resoluci\u00f3n 4627 del 15 de diciembre de 1975, SE EVIDENCIA que al no dar cabal cumplimiento con el registro ante la ORIP Aguachica, debe desaparecer del mundo jur\u00eddico de conformidad con el art\u00edculo 66 del Decreto 01 de 1984, modificado por el art\u00edculo 9 del Decreto Nacional 2304 de 1989\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene: (i) a la c\u00e9lula judicial querellada continuar con la sucesi\u00f3n; (ii) a las dem\u00e1s autoridades querelladas a informar sobre \u00abla VALIDEZ de la resoluci\u00f3n 4627 del 15 de diciembre de 1976 (\u2026) toda vez que dicho Acto Administrativo no fue REGISTRADO DEBIDAMENTE\u00bb; y, (iii) \u00abtomar las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento al fallo proferido por este el 19 de mayo de 2020\u00bb. <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica refiri\u00f3 que \u00abes viable este mecanismo que ha buscado el actor, pues se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable, d\u00e1ndose los presupuestos de procedencia y procedibilidad del amparo constitucional, y en consecuencia, se ordene a la ANT y la ORIP de Aguachica, decidan de fondo la actuaci\u00f3n administrativa que habilite la correcci\u00f3n del folio de matr\u00edcula 196-8007\u00bb. <\/p>\n
2. La ANT indic\u00f3 que \u00ablas piezas procesales correspondientes a las actuaciones de rigor NO se encuentran en custodia de esta Subdirecci\u00f3n, en la medida que el proceso objeto de estudio fue iniciado, tramitado y culminado hace m\u00e1s de 40 a\u00f1os por el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA- liquidado mediante el Decreto 1292 de 2003 (\u2026) a pesar de sus esfuerzos desplegados, esta Dependencia no ha podido ubicar, ni en sus bases de datos, ni a trav\u00e9s de la comunicaci\u00f3n con otras Entidades, el expediente\u00bb. <\/p>\n
En escrito posterior, inform\u00f3 que \u00abrealiz\u00f3 una verificaci\u00f3n manual a los archivos INCORA, encontr\u00e1ndose piezas documentales que posiblemente se encuentren relacionadas con el predio LA CECILIA asociado al FMI 196-8007. Se precisa, que el proceso adelantado por el INCORA data de 1976, lo que hizo engorrosa la b\u00fasqueda\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a pesar de las coincidencias existentes entre los predios rurales \u201cLA CECILIA\u201d identificado con el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 196 \u2013 8007 y \u201cSABANAS DE LAZARO\u201d resulta imposible, de acuerdo con los hallazgos evidenciados, determinar con certeza que en efecto se trata del mismo inmueble. Por ende, en este momento no es posible dar una raz\u00f3n a su despacho, del porqu\u00e9 no se inscribi\u00f3 el acto administrativo que dio por terminado el proceso agrario especial sobre el predio asociado con el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 196 \u2013 8007, hasta tanto el Equipo T\u00e9cnico de esta Subdirecci\u00f3n no realice la reconstrucci\u00f3n de linderos de los predios rurales anteriormente citados y de conformidad a las piezas documentales encontradas\u00bb. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Notariado y Registro se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se evidencia que, en ning\u00fan aparte de esta, se estableciera que la Superintendencia de Notariado y Registro fuera el causante de la violaci\u00f3n o amenaza alguna de los derechos fundamentales invocados por el accionante y, por ende, el responsable o el competente para garantizar los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, por lo que existe falta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb. <\/p>\n
4. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, en tanto \u00abel accionante no formula pretensi\u00f3n alguna que implique la toma de decisiones por parte de es[a] Entidad\u00bb. <\/p>\n
5. La Dian reliev\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno con sus actuaciones al accionante\u00bb. <\/p>\n
6. El Archivo General de la Naci\u00f3n arguy\u00f3 que \u00abel expediente al que se refiere la solicitud no se encuentra en nuestro acervo hist\u00f3rico. Tenemos las resoluciones del INCORA e INCODER desde el a\u00f1o 1877 hasta el a\u00f1o 1951. Tambi\u00e9n se cuenta con las series Historiales de Titulaci\u00f3n de Bald\u00edos Productivos a Campesinos, posteriores a 1951 y que est\u00e1 organizada por Territoriales. De todas maneras, se realiz\u00f3 una b\u00fasqueda por medio del nombre del predio, sin encontrar ning\u00fan resultado\u00bb. <\/p>\n
7. El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi expuso que no le \u00abasiste competencia para efectuar un pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00aben prove\u00eddo del 15 de febrero de 2023, dispuso abstenerse de continuar con el tr\u00e1mite del proceso hasta tanto no se obtengan las resultas de la actuaci\u00f3n administrativa (\u2026) decisi\u00f3n que no fue recurrida\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abel JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA AGUACHICA, CESAR, est\u00e1 tomando parte en el proceso de sucesi\u00f3n, vulnerando los principios de imparcialidad, pues en el expediente se denotan los presupuestos para que (\u2026) en derecho, desde hace mucho tiempo, hubiese tomado una decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades encartadas vulneraron las prerrogativas reclamadas por el gestor en la sucesi\u00f3n rad. n.\u00b0 2016-00097, por cuanto: (i) el despacho Promiscuo de Familia de Aguachica se abstuvo de continuar el tr\u00e1mite judicial, hasta que se resuelva la actuaci\u00f3n administrativa iniciada por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos Seccional Aguachica; y, (ii) las dem\u00e1s entidades convocadas no \u00abhan sido incapaces de entregar una respuesta clara, concisa y ajustada a la ley\u00bb respecto de la titularidad del inmueble objeto del litigio. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta salvaguarda. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; reiterada en STC1457-2023, 22 feb.). <\/p>\n
Revisado el asunto, con observancia en las premisas que anteceden, deviene di\u00e1fano para la Sala que, en lo que respecta al embate frente al auto por medio del cual, la c\u00e9lula judicial censurada se abstuvo de continuar el tr\u00e1mite hasta que se defina la actuaci\u00f3n administrativa iniciada por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos Seccional Aguachica, la parte actora pese a las inconformidades tra\u00eddas a esta sede, no acredit\u00f3 haber ejercido el medio de defensa de que dispon\u00eda para controvertir lo resuelto, esto es, el recurso de reposici\u00f3n, en virtud de la previsi\u00f3n general contenida en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC1457-2023, 22 feb.). <\/p>\n
Y sobre la aptitud del recurso horizontal, ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada, entre otras, en STC1200-2023, 15 feb.). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n transitoria, porque, aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad del medio ordinario de defensa que el extremo inconforme desaprovech\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, en particular, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada en STC3346-2023, 12 abr.). <\/p>\n
3.2. Sobre la definici\u00f3n de la titularidad del inmueble objeto de la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC3346-2023, 12 abr.). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la inobservancia de la subsidiariedad se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley \u2013lo cual constituye incuria\u2013, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclama o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro. <\/p>\n
En ese orden, precisa la Sala que, de acuerdo con la informaci\u00f3n obrante en este asunto, en especial, el \u00abauto de iniciaci\u00f3n expediente AA-196-2022-001\u00bb expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos Seccional Aguachica5, dicha autoridad se encuentra adelantando el tr\u00e1mite respectivo a fin de determinar la \u00abverdadera y real situaci\u00f3n jur\u00eddica del predio\u00bb, actuaci\u00f3n que, a la fecha, no se ha resuelto, lo que refuerza la inviabilidad del auxilio; ya que, en esas condiciones, cualquier pronunciamiento en relaci\u00f3n con la controversia planteada resultar\u00eda anticipado. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones constitucionales, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial [y] debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva [decisi\u00f3n], en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una [disposici\u00f3n] que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver, entre otras: STC6172-2015, 21 may., y STC3346-2023, 12 abr.). <\/p>\n
Finalmente, se hace un especial llamado a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos Seccional Aguachica y a la Agencia Nacional de Tierras -ANT- para que, a la mayor brevedad posible y de acuerdo con sus competencias, definan lo propio respecto del inmueble vinculado a la actuaci\u00f3n judicial rad. n.\u00b0 2016-00097. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 lo resuelto en primer grado, en tanto que, (i) en lo que ata\u00f1e al reclamo frente a lo resuelto por el estrado convocado en el prove\u00eddo del 15 de febrero de 2023, no se ejerci\u00f3 el medio de defensa disponible; y, (ii) en lo que concierne a la definici\u00f3n de la titularidad del predio objeto de la sucesi\u00f3n, se encuentra en curso la actuaci\u00f3n administrativa encaminada a establecer la \u00abverdadera y real situaci\u00f3n jur\u00eddica [de dicho bien]\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En calidad de hijo de \u00abROSA ISABEL MIRAVAL RINC\u00d3N, fallecida el 25 de noviembre de 1974, [quien era] hermana de la causante\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Determinaci\u00f3n del 19 de mayo de 2020. <\/p>\n
3\u0002 Prove\u00eddo del 24 de octubre de 2022. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u00abCuaderno12\u00bb fl. 24 expediente rad. 2016-00097 <\/p>\n
5\u0002Archivo \u00abCUADERNO1\u00bb fls 20-23 expediente rad. 2016-00097 <\/p>\n
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STC5153-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC5153-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01486-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73601","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73601","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73601"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73601\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73601"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73601"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73601"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}