STC5158-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5158-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2023-00179-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el pasado 5 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Jaime Humberto Restrepo Restrepo contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad y el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Sopetr\u00e1n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Secretar\u00eda de Hacienda de San Jer\u00f3nimo, Wilson Augusto Correa Castillo y las partes e intervinientes en el juicio ejecutivo 2011-00509. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, obrando a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que estima lesionado por las autoridades querelladas. <\/p>\n
2. Sostiene, en s\u00edntesis, que al interior del ejecutivo que promovi\u00f3 frente a la sociedad Jorge de la Cuesta & C\u00eda. S. en C. S. y que cursa actualmente en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn, con auto de 12 de marzo de 2014 se decret\u00f3 el embargo de remanentes al interior de un tr\u00e1mite de jurisdicci\u00f3n coactiva que se adelantaba contra la aludida persona jur\u00eddica en la Secretar\u00eda de Hacienda de San Jer\u00f3nimo1, de lo cual tom\u00f3 nota, seg\u00fan comunic\u00f3 en oficio de 16 de octubre siguiente. <\/p>\n
Agrega que el 4 de agosto de 2017 la entidad territorial inform\u00f3 al despacho ejecutor que, por virtud de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que dieron origen al proceso de cobro coactivo2, irregularmente se hab\u00eda ordenado el desembargo del bien; empero, aunque con posterioridad se enmend\u00f3 el yerro, dejando sin efectos la comunicaci\u00f3n del levantamiento de la cautela, el registro de tal orden no se materializ\u00f3, lo que permiti\u00f3 a la ejecutada vender la heredad a Wilson Correa Castillo el pasado 28 de febrero. <\/p>\n
Sostiene que en todo momento estuvo convencido de que el predio cautelado qued\u00f3 a disposici\u00f3n del compulsivo en que es demandante, pues as\u00ed fue indicado por la Secretar\u00eda de Hacienda; sin embargo, al agotar las etapas correspondientes de aval\u00fao de aquel para proceder a su remate pudo evidenciar la reciente compraventa, la cual, a su modo de ver, es ilegal dado que se trata del \u00fanico activo de la sociedad con el que pueda responder a satisfacci\u00f3n por el cr\u00e9dito adeudado, de all\u00ed que se hubiera incurrido en diversas faltas a la lealtad procesal e incluso, en conductas de connotaci\u00f3n penal. <\/p>\n
3. Solicita, de forma principal, ordenar \u00aba la oficina de Registro de instrumentos p\u00fablicos de Sopetran dejar sin efecto la anotaci\u00f3n anotaci\u00f3n n\u00famero 014 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria 029-110641 conforme la cual\u2026 Jorge de la cuesta y C\u00eda. s. En c. Vendi\u00f3 el inmueble a correa castillo Wilson. Registro [SIC]\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, pidi\u00f3 que se ordene al juzgado ejecutor \u00abemitir de manera inmediata\u2026 oficio de embargo del inmueble registrado bajo el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 029-110641 [SIC]\u00bb y que se conmine a la autoridad registral a que tome atenta nota de dicha medida cautelar. <\/p>\n
Subsidiariamente, deprec\u00f3: <\/p>\n
\u00abOrd\u00e9nese a la oficina e registro de instrumentos p\u00fablicos de Sopetran no autorizar la inscripci\u00f3n de ninguna acto dispositivo con el que se transfiera o se grave la propiedad del inmueble\u2026 durante un plazo de cuatro meses contados a partir de que se emita sentencia en firme en esta acci\u00f3n constitucional y que dichas medidas se prolonguen en el tiempo siempre y cuando en dichos cuatro meses el accionante interponga la acciones civiles a lugar para atacar el acto de venta contenido en la escritura p\u00fablica [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular de la c\u00e9lula judicial accionada inform\u00f3 que la situaci\u00f3n denunciada por el gestor, referente al levantamiento irregular de la cautela pese a haberse ordenado que quedara a disposici\u00f3n del ejecutivo 2011-00509, fue advertida con bastante antelaci\u00f3n, tanto as\u00ed que con auto del pasado 25 de abril dispuso nuevamente el embargo del predio, para lo cual expidi\u00f3 la respectiva comunicaci\u00f3n a la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos correspondiente. <\/p>\n
Pidi\u00f3 desestimar el ruego en lo que a ese despacho concierne pues \u00abla [presunta] vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, en este caso, no radica en una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n\u00bb suya, al tiempo que \u00ablas decisiones proferidas al interior del correspondiente tr\u00e1mite han estado enmarcadas en el respeto del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. La secretaria de Hacienda del municipio de San Jer\u00f3nimo solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa dependencia dado que el proceso de cobro coactivo adelantado contra la sociedad ejecutada \u00abya fue terminado y\/o archivado por pago total de las obligaciones tributarias por concepto de Impuesto Predial Unificado y complementarios\u00bb <\/p>\n
Sobre la queja puntual del actor, sostuvo que, en efecto, mediante oficio 0750 de 26 de febrero 2018 indic\u00f3 a la Oficina de Registro de instrumentos P\u00fablicos de Sopetr\u00e1n \u00abque dejara sin efectos la cancelaci\u00f3n del embargo y\/o se registrara nuevamente la medida cautelar de embargo\u00bb; no obstante, la autoridad registral \u00abno tom\u00f3 nota de lo ordenado\u00bb, sin que las consecuencias de dicha omisi\u00f3n puedan ser atribuibles al ente territorial. <\/p>\n
3. El Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Sopetr\u00e1n inform\u00f3 que mediante acto administrativo de 5 de marzo de 2018 orden\u00f3 devolver, sin registrar, la comunicaci\u00f3n \u00ab750 de fecha 26\/02\/2018 Secretar\u00eda de Hacienda Municipal San Jer\u00f3nimo\u00bb por cuanto \u00abfalta[ba] citar los datos del oficio con el cual se comunic\u00f3 la medida cautelar que se cancela (art\u00edculos 31, 61 y 52 Ley 1579 de 2012)\u00bb, situaci\u00f3n que no fue corregida por la autoridad correspondiente. <\/p>\n
Resalt\u00f3, adem\u00e1s, que a trav\u00e9s del oficio 1574 de 20 de marzo de 2016 la Secretar\u00eda solicit\u00f3 nuevamente la cancelaci\u00f3n de la cautela al haberse dispuesto la finalizaci\u00f3n del tr\u00e1mite en el que fue decretada, anotaci\u00f3n que s\u00ed fue asentada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, por lo que \u00abcuando ingresa la escritura 514 del 28 de febrero de 2023 de la notaria 4 de Medell\u00edn\u2026 no exist\u00eda medida cautela, que dejara el inmueble fuera del comercio. Es por ello que se procedi\u00f3 con su registro. Toda vez que no exist\u00eda impedimento legal [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Wilson Augusto Correa Castillo, comprador del inmueble sobre el que recay\u00f3 el embargo, se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00ablas inconformidades que tenga el accionante deben ser objeto de otro escenario, no de este, pues no puede predicar\u2026 que le estoy vulnerando un derecho fundamental cuando actu[\u00f3] conforme la ley lo permite\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, advirti\u00f3 que la adquisici\u00f3n de la aludida heredad se encuentra amparada por la presunci\u00f3n de legalidad, en tanto obr\u00f3 de buena fe y no ha sido invalidada por autoridad judicial alguna, de all\u00ed que para ventilar cuestiones como las que se proponen en esta oportunidad, existan medios id\u00f3neos que no deben ser reemplazados por la acci\u00f3n supralegal, m\u00e1xime cuando no se advierte la inminencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
5. La representante legal de la sociedad Jorge de la Cuesta & C\u00eda. S. en C. S. (en liquidaci\u00f3n) tambi\u00e9n solicit\u00f3 desestimar la protecci\u00f3n. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el predio que era de su propiedad fue desembargado debido a la declaratoria de nulidad dispuesta por la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo respecto de los actos que dieron origen al proceso de cobro coactivo, raz\u00f3n por la cual el embargo de remanentes tambi\u00e9n corri\u00f3 la misma suerte. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el ente territorial inicio un nuevo compulsivo que culmin\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n tributaria; entonces, \u00abno existiendo otro pendiente\u00bb, se dispuso el levantamiento de la cautela comoquiera que los interesados no solicitaron nuevas medidas cautelares y el despacho ejecutor tampoco orden\u00f3 embargar remanentes, de all\u00ed que no tuviera impedimento alguno para enajenar el bien, pues al momento de la negociaci\u00f3n no exist\u00eda limitaci\u00f3n al derecho de dominio y aquel \u00abno era garante del pago del proceso (no es un juicio hipotecario)\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el ruego al considerar que, de un lado, \u00ablas actuaciones del juez al interior del proceso ejecutivo no resultan arbitrarias o antojadizas, pues despleg\u00f3 todos los requerimientos posibles a la Secretar\u00eda de Hacienda de Sopetr\u00e1n\u00bb al punto que en providencia del pasado 25 de abril decret\u00f3 nuevamente el embargo del bien tantas veces mencionado. <\/p>\n
De otro lado, recalc\u00f3 que el resguardo frente a la autoridad registral desatend\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta que para cuestionar las determinaciones por ella adoptadas, el actor debe acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, al tiempo que la pretensi\u00f3n de dejar sin valor el negocio jur\u00eddico celebrado entre la sociedad ejecutada y Wilson Augusto Correa Castillo se presume leg\u00edtimo hasta tanto un juez de la Rep\u00fablica disponga lo contrario, de manera que para obtener la invalidaci\u00f3n del mismo debe acudirse a la herramienta procesal adecuada, la cual no puede ser reemplazada por la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante se mostr\u00f3 en desacuerdo insistiendo en la presunta irregularidad del levantamiento de la cautela por parte del ente territorial y la autoridad registral. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Circunscrita a los t\u00e9rminos de la impugnaci\u00f3n, la Sala deber\u00e1 establecer si el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Sopetr\u00e1n vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por el promotor, al cancelar la anotaci\u00f3n de la medida de embargo asentada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria de un bien de propiedad de la empresa Jorge de la Cuesta & C\u00eda. S. en C. S., la cual es demandada en el proceso ejecutivo 2011-00509 que cursa en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha reiterado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias exclusivas de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance instrumentos ordinarios de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio <\/p>\n
3. Improcedencia del resguardo contra actos administrativos <\/p>\n
3.1. Por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada\u00bb. (CSJ. STC5278 4 may. 2015). <\/p>\n
3.2. Efectuado el an\u00e1lisis correspondiente del escrito introductorio, de la impugnaci\u00f3n y los medios de convicci\u00f3n aportados al tr\u00e1mite, la Corte advierte, en consonancia con la sala a quo, que el amparo invocado no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de subsidiariedad previamente referido, en la medida en que la tutela se dirige contra un acto administrativo de car\u00e1cter particular, cuyo control corresponde al juez contencioso administrativo, a trav\u00e9s de los medios de control pertinentes, siempre y cuando el interesado cumpla los requisitos propios del instrumento respectivo (v. gr., t\u00e9rmino de caducidad). <\/p>\n
De esta manera, adem\u00e1s de ser id\u00f3neo el mecanismo defensivo dispuesto en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tambi\u00e9n resulta eficaz, dada la posibilidad de solicitar medidas cautelares, de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 229 \u00eddem, herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb. (CSJ STC4654-2016, 15 abr.). <\/p>\n
4. Del perjuicio irremediable <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, contrario a lo afirmado por el quejoso, en el presente caso la tutela no podr\u00eda abrirse paso como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan probado las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), y porque \u00abesta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, atendiendo las circunstancias expuestas por el libelista, se reitera que, sobre este aspecto, los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011 se muestran id\u00f3neos y eficaces para conjurar las eventuales amenazas o vulneraciones, porque, como se se\u00f1al\u00f3 en l\u00edneas anteriores, en ese escenario procede la solicitud de medidas cautelares en las condiciones descritas \u2013siempre que se cumplan sus presupuestos normativos\u2013, circunstancia que, por s\u00ed misma, derruye la pretensi\u00f3n de conceder este resguardo de forma transitoria. <\/p>\n
5. Cuesti\u00f3n final <\/p>\n
Las anteriores consideraciones tambi\u00e9n resultan aplicables frente a la pretensi\u00f3n encaminada a declarar la invalidaci\u00f3n de la compraventa celebrada entre la sociedad Jorge de la Cuesta & C\u00eda. S. en C. S. y Wilson Augusto Correa Castillo, pues para tal efecto el legislador ha dise\u00f1ado diversos instrumentos procesales que, como bien lo se\u00f1al\u00f3 la sala de primer nivel, no pueden ser reemplazados por la acci\u00f3n tuitiva, habida cuenta que esta no fue establecida para zanjar ese tipo de cuestiones. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo, en lo que fue objeto de impugnaci\u00f3n, pues el ruego desatiende el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza la acci\u00f3n tutelar, al contar el reclamante con otra v\u00eda para hacer valer sus s\u00faplicas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En dicho asunto se encontraba embargado el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 029-10641 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sopetr\u00e1n. <\/p>\n
2\u0002 Por parte de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
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