STC5161-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5161-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00389-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 7 de marzo de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Adolfo V\u00e9lez Arango contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
Ante el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas (a cargo actualmente de la vigilancia de la pena) V\u00e9lez Arango solicit\u00f3 la concesi\u00f3n del permiso administrativo de 72 horas por fuera del penal, petici\u00f3n que dicho despacho le neg\u00f3 mediante prove\u00eddo de 12 octubre de 2022, confirmado en su integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio el 16 de enero de 2023. <\/p>\n
El actor cuestiona las referidas determinaciones pues considera que, en su caso, no aplica la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal \u00abdebido a la fecha de ocurrencia de los hechos y porque los beneficios administrativos no pueden negarse, toda vez que est\u00e1n ligados a la resocializaci\u00f3n y como tal, a los principios de favorabilidad y pro homine\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se dejen sin efecto las rese\u00f1adas decisiones y que se le otorgue el beneficio administrativo deprecado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas se remiti\u00f3 a los argumentos expuestos en su decisi\u00f3n, de la cual alleg\u00f3 copia. <\/p>\n
2. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio ponente de la decisi\u00f3n recriminada precis\u00f3 que la decisi\u00f3n emitida en segunda instancia, obedeci\u00f3 a la aplicaci\u00f3n expresa de la norma que regula la materia. <\/p>\n
3. El Fiscal Coordinador de la Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Direcci\u00f3n Seccional de Medell\u00edn defendi\u00f3 la actuaci\u00f3n desplegada por la Fiscal\u00eda e indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional para reabrir un debate que culmin\u00f3, solo porque la decisi\u00f3n no fue favorable a los intereses del accionante. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables, en la medida en que se apoyaron adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante quien reiter\u00f3 las alegaciones del escrito introductor en torno a que, \u00abno tiene cabida la aplicaci\u00f3n extensiva de la ley restrictiva o excluyente a todos los delitos acumulados, puesto que se tornar\u00eda en desventaja de quien fue objeto de la aplicaci\u00f3n de ese instituto\u00bb. Insisti\u00f3 en que, como el delito de \u00abhomicidio\u00bb no est\u00e1 dentro de aquellos que tienen la prohibici\u00f3n frente al beneficio administrativo (aunque el \u00abhurto calificado\u00bb s\u00ed lo est\u00e1) debe decidirse conforme al principio de favorabilidad en consonancia con el de la resocializaci\u00f3n que se busca con el tratamiento penitenciario <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el promotor del amparo (quien cumple una pena de prisi\u00f3n acumulada de 292 meses de prisi\u00f3n), al negarle el permiso administrativo de 72 horas por fuera del centro de reclusi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993, con fundamento en la prohibici\u00f3n legal contenida en el art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal para el delito de hurto calificado por el que tambi\u00e9n fue condenado. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 16 de enero de 2023 por el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Sobre la determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la determinaci\u00f3n de la magistratura censurada, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En efecto, para refrendar el auto de primer grado, el ad quem rese\u00f1\u00f3 que la negativa del beneficio por parte del juez de penas tuvo sustento en el canon 68A del C\u00f3digo Penal \u2013 reforma introducida por el art\u00edculo 32 de la ley 1709 de 2014 \u2013, que restringe todo tipo de subrogados punitivos cuando la condena fue impuesta, entre otros, por el delito de \u00abhurto calificado\u00bb, como es el caso del aqu\u00ed accionante. Al respecto, indic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido condenado, entre otros, por el delito de hurto calificado por hechos cometidos el 8 de noviembre de 2014, cuando la norma ya estaba vigente, el se\u00f1or Gustavo Adolfo V\u00e9lez Arango no puede hacerse acreedor a dicho beneficio, sin que sea necesario entrar a verificar el cumplimiento de cada uno de los presupuestos previstos en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993. <\/p>\n
Por consiguiente, acert\u00f3 el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, al despachar de manera desfavorable el beneficio solicitado por expresa prohibici\u00f3n legal, pues esta no es contraria a los mandatos constitucionales y legales, por el contrario, lo resuelto se aviene a la normatividad, que por dem\u00e1s resulta de una constataci\u00f3n muy objetiva\u00bb. <\/p>\n
Y finaliz\u00f3 aclarando el tribunal que, aunque, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el condenado expone en su alzada que no es posible efectuar una valoraci\u00f3n de su conducta, sin embargo, ello no es un presupuesto para el otorgamiento del beneficio administrativo de 72 horas, ni fue objeto de an\u00e1lisis por parte del a quo. Frente a sus dem\u00e1s planteamientos relacionados con la importancia del otorgamiento de dichos beneficios para el proceso de resocializaci\u00f3n, lo cierto es que hay una prohibici\u00f3n de car\u00e1cter legal\u00bb <\/p>\n
As\u00ed entonces, lo adoptado por la colegiatura acusada estuvo acorde con el contexto procesal analizado y las normativas espec\u00edficas que rigen la materia, esto es, el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, cotejado con la proscripci\u00f3n consagrada en el canon 68A del estatuto sustantivo penal que refiere a la existencia de una condena por delito doloso \u00abdentro de los 5 a\u00f1os anteriores\u00bb, as\u00ed como la limitaci\u00f3n expresa frente a varios punibles all\u00ed enlistados, entre ellos, el hurto calificado, por el cual descuenta pena V\u00e9lez Arango. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se halla incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la negativa reprochada estuvo sustentada en una hermen\u00e9utica coherente, labor en la que no es viable interferir y, adem\u00e1s, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada, que confirm\u00f3 la negativa del permiso administrativo de 72 horas por fuera del penal, no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda al advertirse razonable y ajustada a las preceptivas aplicables. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 16 de mayo de 2023. \u2013 Ingreso al despacho del Magistrado Ponente, 18 de mayo de 2023. <\/p>\n
<\/p>\n
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