STC5164-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5164-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-30-000-2022-00033-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 7 de junio de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Libia Amparo Mina Ochoa contra el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad (Coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas) y el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral reforzada, m\u00ednimo vital y seguridad social, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas, al no garantizarle su permanencia en el cargo que ocupa en provisionalidad desde el 18 de noviembre de 2015. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, a ra\u00edz del concurso de m\u00e9ritos para proveer de forma definitiva los cargos de carrera dentro de la Rama Judicial, mediante Acuerdo CSJMEA22-65 del 18 de marzo de 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta elabor\u00f3 la lista de elegibles para el cargo de \u00abcitador grado III\u00bb del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de ese Distrito, el que ocupa actualmente en provisionalidad. <\/p>\n
Relat\u00f3 que solicit\u00f3 a la juez coordinadora del referido centro de servicios administrativos, le reconociera el fuero de estabilidad laboral reforzada por su condici\u00f3n de prepensionada; sin embargo, en Resoluci\u00f3n n\u00ba 019 del 21 de abril de 2022, la titular del despacho nominador no solo le neg\u00f3 esa petici\u00f3n sino que nombr\u00f3 en propiedad a Bleidy Lorena Mu\u00f1oz S\u00e1nchez, decisi\u00f3n que mantuvo al resolver el recurso de reposici\u00f3n (acto administrativo n\u00ba 30 del 18 de mayo de 2022, que rechaz\u00f3 el recurso por incongruente). <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las determinaciones administrativas relacionadas por cuanto desconocieron que \u00abostenta la calidad de prepensionada de que trata la Ley 2040 de 2020 y el Decreto 1415 de 2021, ya que cuento con 54 a\u00f1os de edad [\u2026] adem\u00e1s cuanto con las semanas de cotizaci\u00f3n al Sistema de Seguridad Social en Pensiones requeridas para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, encontr\u00e1ndome afiliada al R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida (\u2026)\u00bb; as\u00ed mismo, arguy\u00f3 que, es cabeza de hogar ya que su progenitora que tiene 82 a\u00f1os de edad, depende econ\u00f3micamente de ella y no cuenta con m\u00e1s ingresos que su salario de la Rama Judicial. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, \u00abse ordene a las autoridades accionadas que den cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 8 de la ley 2040 de 2020 y el decreto 1415 de 2021 y apliquen en mi caso la estabilidad laboral reforzada que me asiste por tener la calidad de prepensionada (\u2026) que como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de la protecci\u00f3n laboral reforzada que me asiste, se abstengan que las personas relacionadas en el Acuerdo CSJMEA22-65 del 18 de marzo de 2022 tomen posesi\u00f3n del cargo de citador grado III del Centro de Servicios Administrativos de los juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, que actualmente ocupo (\u2026) en caso de no ser posible lo peticionado [\u2026] solicito que se me reubique laboralmente en otro cargo con las mismas garant\u00edas laborales y salario que tengo actualmente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, se opuso a las pretensiones de la demanda tutelar indicando que, \u00ab(\u2026) por nuestra parte no se le est\u00e1 vulnerando ning\u00fan derecho fundamental en el entendido que simplemente se emiti\u00f3 el acto administrativo de lista de elegibles sin conocimiento alguno que la accionante presuntamente tuviera calidad de prepensionada, ya que no reposa acto administrativo de su nominador reconociendo la misma (\u2026)\u00bb; y a\u00f1adi\u00f3 que, \u00ab(\u2026) corresponder\u00e1 al respectivo nominador establecer si concede estabilidad laboral reforzada al servidor nombrado en provisionalidad y su t\u00e9rmino de duraci\u00f3n e informar tal decisi\u00f3n al Consejo Seccional, quien deber\u00e1 en todo caso efectuar la publicaci\u00f3n de las vacantes, advirtiendo que respecto a ella existe determinada situaci\u00f3n administrativa\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, replic\u00f3 que, \u00ab(\u2026) mediante Resoluci\u00f3n No 019 de fecha 21 de abril de 2022, este Despacho Judicial, resolvi\u00f3 negar la solicitud de garant\u00eda de estabilidad laboral reforzada presentada por la se\u00f1ora Libia Amparo Mina Ochoa, como quiera que la Corte Constitucional en la sentencia SU-003 de 2018, reiterada en la sentencia T-500 de 2019, se\u00f1al\u00f3 que la garant\u00eda de estabilidad laboral de los pre pensionados, se predica respecto del trabajador que le faltare el cumplimiento del n\u00famero m\u00ednimo de semanas de cotizaci\u00f3n para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, ello con relaci\u00f3n a que el requisito de la edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculaci\u00f3n laboral y en consecuencia, dando prevalencia a la carrera judicial y de conformidad con el art\u00edculo 167 de la ley 270 de 1996, nombra a Bleidy Lorena Mu\u00f1oz S\u00e1nchez, [\u2026] quien ocupa el cuarto lugar en la lista de elegibles a ocupar la vacante definitiva, desempe\u00f1ada en provisionalidad por la se\u00f1ora Libia Amparo Mina Ochoa\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la desvinculada present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la anterior resoluci\u00f3n, el cual sustent\u00f3 con un argumento descontextualizado de la petici\u00f3n inicial, esta vez aludiendo a su condici\u00f3n de madre cabeza de hogar a fin de que se le reconozca el fuero de estabilidad laboral; en decisi\u00f3n del 18 de mayo de 2022, rechaz\u00f3 el recurso \u00abpor falta de congruencia, entre lo decidido y los motivos de disenso con la decisi\u00f3n adoptada, ello de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 77 de la ley 1437 de 2011\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a quo, neg\u00f3 la tutela por ausencia de vulneraci\u00f3n, pues consider\u00f3 que la juez accionada se apoy\u00f3 v\u00e1lidamente en la jurisprudencia constitucional pertinente, que permite establecer que la actora no detenta la calidad de \u00abprepensionada\u00bb, conclusi\u00f3n que se desprende de pronunciamientos de la Corte Constitucional tales como, las sentencias SU-003 y T-325 de 2018, T-500 de 2019, entre otras; al respecto, precis\u00f3 que, en el caso de la se\u00f1ora Mina Ochoa no pod\u00eda predicarse dicha protecci\u00f3n por cuanto aqu\u00e9lla \u00fanicamente le faltar\u00eda por el cumplir el requisito de la edad, dado que cuenta con el de las semanas cotizadas, y los precedentes en cita indican que, el de la edad \u00abpuede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculaci\u00f3n laboral vigente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La querellante impugn\u00f3 el fallo para insistir en los argumentos de su demanda tutelar. Refut\u00f3 los razonamientos de la colegiatura a quo pues aduce que, los precedentes en que apoy\u00f3 su decisi\u00f3n son anteriores a la expedici\u00f3n de la ley 2040 de 2020 y del decreto 1415 de 2021, en los que, en sus art\u00edculos 8\u00ba y 3\u00ba, respectivamente, se indica que, \u00ab(\u2026) a las personas que les falten 3 a\u00f1os o menos para cumplir los requisitos que les permitir\u00edan acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y de vejez\u2026 deber\u00e1n ser reubicados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas con el acto administrativo, Resoluci\u00f3n n\u00ba 019 de 21 de abril de 2022, que neg\u00f3 la petici\u00f3n elevada por la aqu\u00ed accionante, de reconocimiento de estabilidad laboral reforzada por su condici\u00f3n de prepensionada, a fin de obtener la protecci\u00f3n laboral en el cargo que ocupa en provisionalidad en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas de esa ciudad \u2013 Citador grado III \u2013 y abstenerse de nombrar y posesionar a las personas que conforman la lista de elegibles relacionadas en el acuerdo CSJMEA22-65 de 18 de marzo de 2022. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha reiterado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias exclusivas de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance instrumentos ordinarios de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
3. Improcedencia del resguardo contra actos administrativos. <\/p>\n
Por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada\u00bb (CSJ. STC5278 4 may. 2015). <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis correspondiente del escrito introductorio, de la impugnaci\u00f3n y los medios de convicci\u00f3n aportados al tr\u00e1mite, la Sala confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, pero declarar\u00e1 su improcedencia, tras advertir que el mismo no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de subsidiariedad previamente referido. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida que la demanda de tutela bajo estudio se dirige contra un acto administrativo de car\u00e1cter particular, cuyo control corresponde al juez contencioso administrativo, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando el interesado cumpla con los requisitos propios de ese medio de control (v. gr, t\u00e9rmino de caducidad, legitimaci\u00f3n, etc.). <\/p>\n
De esta manera, adem\u00e1s de ser id\u00f3neo dicho mecanismo de defensa, tambi\u00e9n resulta eficaz, dada la posibilidad de solicitar medidas cautelares, de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr.). <\/p>\n
Lo expuesto, conlleva la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n
4. De la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Finalmente, sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esa modalidad para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
En definitiva, la inobservancia del criterio de procedibilidad resaltado emerge suficiente para declarar la inviabilidad de la s\u00faplica. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dado su car\u00e1cter estrictamente subsidiario y residual, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no es el escenario id\u00f3neo para demandar las actuaciones administrativas \u2013 como la resoluci\u00f3n aqu\u00ed atacada \u2013, puesto que para ello est\u00e1n previstas las acciones ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo; adicionalmente, no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable que permitiera el amparo transitorio. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Mediante ATC1056-2022, de 19 de julio de 2022, esta Sala declar\u00f3 la nulidad de la sentencia de primer grado por falta de competencia, resolviendo remitir la actuaci\u00f3n al Tribunal Administrativo del Meta, que a su vez (auto de 19 de agosto de 2022), plante\u00f3 conflicto negativo de competencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Con auto 1541 del 13 de octubre de 2022 (expediente ICC4257), la Corte Constitucional, dirimi\u00f3 el conflicto, dispuso dejar sin efecto el prove\u00eddo de la Sala de Casaci\u00f3n Civil que declar\u00f3 la nulidad y orden\u00f3 regresar el expediente a esta Corporaci\u00f3n para resolver la impugnaci\u00f3n presentada por la accionante contra la sentencia del 7 de junio de 2022 proferida por la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio. <\/p>\n
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