STC5170-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5170-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00449-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 16 de marzo, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Robinson Arley Gonz\u00e1lez Echavarr\u00eda contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes reconocidos en el proceso penal 2014-00017. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abdebido proceso\u2026 defensa\u2026 principio de legalidad y preexistencia de 1 ley al momento de acto\u2026 confianza leg\u00edtima\u2026 desconocimiento del precedente constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n allegados se extracta que contra Robinson Arley Gonz\u00e1lez Echavarr\u00eda se adelant\u00f3 el proceso penal indicado precedentemente, por el delito de concierto para delinquir, dentro del cual, con sentencia de 3 de agosto de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto lo conden\u00f3 a 36 meses de internamiento penitenciario1, neg\u00e1ndole los mecanismos sustitutivos de la pena. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por el ac\u00e1 gestor, a trav\u00e9s de su defensor, siendo confirmada \u00edntegramente por la Sala Penal del Tribunal Superior de aquel distrito judicial, el 3 de mayo de 2019. <\/p>\n
El condenado, a su turno, formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n que fue inadmitido por la Hom\u00f3loga Penal mediante AP4284 de 15 de septiembre de 2021. <\/p>\n
3. Gonz\u00e1lez Echavarr\u00eda dirige su queja exclusivamente contra los fallos de primer y segundo grado aduciendo que, al haberse desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia2 en el marco de la Ley 975 de 2005, no pod\u00eda darse aplicaci\u00f3n retroactiva de la sentencia C-730 de 2006 que declar\u00f3 inexequible el art\u00edculo 71 del referido cuerpo normativo3. <\/p>\n
Refiere que solo se enter\u00f3 de la condena proferida en su contra cuando se hizo efectiva la orden de captura el 26 de octubre de 2022, pues \u00abten\u00eda la firme convicci\u00f3n que esta pena hab\u00eda sido declarada mediante resoluci\u00f3n inhibitoria [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita \u00abdeclarar la nulidad en consecuencia dejar sin efectos la sentencia atacada y emitida por el juzgado accionado\u00bb y disponer \u00absu libertad inmediata [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto confirm\u00f3 que, en efecto, mediante sentencia de 3 de mayo de 2019 resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el quejoso contra el fallo condenatorio de 3 de agosto de 2017 emanado del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de aquel distrito judicial, en el sentido de confirmarlo, determinaci\u00f3n contra la cual aquel, a su turno, formul\u00f3 recurso extraordinario que fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante auto AP4298-2021, 15 de sep., rad. 56003. <\/p>\n
Solicit\u00f3 desestimar el resguardo por desatender los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez. Frente al primero advirti\u00f3 que el quejoso no hizo un uso adecuado del medio de impugnaci\u00f3n consagrado en el ordenamiento procesal, al tiempo que no acudi\u00f3 de forma tempestiva a esta herramienta pues \u00abdesde la \u00faltima decisi\u00f3n judicial ha transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Primera Penal del Circuito Especializado de Pasto tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del resguardo \u00aben tanto se ataca una decisi\u00f3n judicial, cuyo proceso finiquito y dentro del cual el sentenciado tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa\u2026 as\u00ed no convergen los requisitos generales y espec\u00edficos para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela [SIC]\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal 111 Especializada, adscrita a la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional, luego de referirse al procedimiento seguido en contra del ac\u00e1 accionante, al amparo de leyes 975 de 2005 y 1424 de 2010, dijo que las decisiones all\u00ed adoptadas no lesionaron sus garant\u00edas fundamentales pues se soportaron en diversos precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
4. Una funcionaria adscrita a la Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Nari\u00f1o solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese organismo por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva \u00abporque\u2026 no particip\u00f3 en el desconocimiento de derechos fundamentales invocados por el accionante, en la medida que su funci\u00f3n de intervenci\u00f3n en los procesos judiciales penales es facultativa y para el caso no se ejercicio [SIC] dentro del proceso seguido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda por no acreditarse los presupuestos de la subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
Frente al primero resalt\u00f3 que \u00abcontra la sentencia\u2026 de segunda instancia se instaur\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue inadmitido y la acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando no son agotados los recursos ordinarios o extraordinarios, y tambi\u00e9n cuando son utilizados de forma indebida. Por tanto, la acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada como un mecanismo para corregir esas falencias [sic]\u00bb. <\/p>\n
En torno al requisito de la tempestividad, advirti\u00f3 que el presente resguardo \u00abfue instaurad[o]\u2026 diecisiete\u2026 meses despu\u00e9s\u00bb sin que el argumento esgrimido por el gestor de que \u00absolo se enter\u00f3 de la condena cuando fue capturado\u00bb tenga la virtualidad de alterar la contabilizaci\u00f3n del plazo establecido jurisprudencialmente pues \u00abconoc\u00eda de la existencia del proceso penal en tanto estuvo vinculado \u2013 incluso acept\u00f3 cargos \u2013 y adem\u00e1s present\u00f3 recursos ordinarios y extraordinarios contra las sentencias condenatorias\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El quejoso discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n aduciendo que en efecto s\u00ed agot\u00f3 todos los mecanismos de impugnaci\u00f3n consagrados al interior de la actuaci\u00f3n ordinaria, al punto que formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la inmediatez reiter\u00f3 que \u00abhasta el d\u00eda de [su] captura 26 de octubre de 2022\u2026 daba por descontado que [su] condena\u2026 a\u00fan contaba con la suspensi\u00f3n provisional\u2026 siendo que [se encontraba] gozando de [la] libertad\u2026 y era por eso que para ese entonces no ve\u00eda la vulneraci\u00f3n de [sus] derechos\u2026 ni la necesidad de demandar [SIC]\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si las autoridades judiciales querelladas vulneraron las garant\u00edas fundamentales referidas por Robinson Arley Gonz\u00e1lez Echavarr\u00eda dentro del proceso penal que se adelant\u00f3 en su contra, por cuanto, seg\u00fan dice, en su caso particular no pod\u00eda darse aplicaci\u00f3n retroactiva de la sentencia C-730 de 2006 que declar\u00f3 inexequible el art\u00edculo 71 de la Ley 975 de 2005. <\/p>\n
2. La tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye, en consonancia con la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que la presente salvaguarda desatiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que la \u00faltima decisi\u00f3n judicial proferida al interior del proceso adelantado contra Gonz\u00e1lez Echavarr\u00eda (CSJ SCP AP4298-2021), data del 15 de septiembre de 20214, en tanto que la presente tutela fue radicada el pasado 28 de febrero5, de acuerdo con el acta de reparto anexa en formato digital, es decir superado con amplitud el semestre establecido jurisprudencialmente como razonable para acudir al resguardo. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con las actuaciones y decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a lo atacado, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no. <\/p>\n
Sin embargo, las alegaciones del actor, dirigidas a justificar su inactividad por tan prolongado tiempo, no tienen la entidad suficiente para permitir al juez constitucional atemperar la rigurosidad con la que debe valorarse el requisito en comento, en tanto resulta inadmisible que aquel pretenda poner de presente su desconexi\u00f3n con el proceso, pues siendo conocedor de la existencia del mismo (al punto que acept\u00f3 cargos, apel\u00f3 la sentencia de primera instancia y promovi\u00f3 el recurso extraordinario contra la de segunda), le correspond\u00eda permanecer vigilante para as\u00ed evitar, precisamente, el resultado que hoy considera lesivo de sus intereses y no acudir a este remedio excepcional despu\u00e9s de m\u00e1s de un a\u00f1o de haberse proferido el auto por medio del cual no fue admitida la demanda de casaci\u00f3n, con el \u00fanico fin de tratar de reabrir un debate legalmente concluido. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda torna improcedente el resguardo, siendo esta raz\u00f3n suficiente para ratificar el fallo impugnado. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como consecuencia de lo discurrido se ratificar\u00e1 el fallo confutado, dada la evidente desatenci\u00f3n del presupuesto de la inmediatez, en la medida que desde la fecha en que alcanz\u00f3 firmeza la sentencia condenatoria -luego de la inadmisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n-, hasta la interposici\u00f3n del presente resguardo, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre considerado prudente por el precedente de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y a la Sala a quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Adicionalmente se le impuso la sanci\u00f3n accesoria de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino de la corporal y una multa de 1000 s.m.l.m.v. <\/p>\n
2\u0002 El 25 de julio de 2005. <\/p>\n
3\u0002 El quejoso fue inicialmente procesado por el delito de sedici\u00f3n; sin embargo, por virtud de la Resoluci\u00f3n de 26 de noviembre de 2012, proferida por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la calificaci\u00f3n jur\u00eddica fue encuadrada en el delito de concierto para delinquir, cargo que acept\u00f3 anticipadamente. <\/p>\n
4\u0002 Notificada mediante anotaci\u00f3n en estado de 30 de septiembre siguiente. <\/p>\n
5\u0002 No el 3 de marzo como equivocadamente lo indic\u00f3 la Sala A Quo. <\/p>\n
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