STC5171-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00255-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 21 de febrero de 20231, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Yeiner Andr\u00e9s Zapata Rueda contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario San Isidro y citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso penal con radicado n\u00b0 2009-80967. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, resocializaci\u00f3n progresiva y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Relat\u00f3 en s\u00edntesis que fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn a 307 meses de prisi\u00f3n, producto de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica2, por los delitos de \u00abhomicidio agravado, homicidio tentado, fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir agravado\u00bb, de los cuales -a la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n- hab\u00eda descontado 134 meses, equivalentes a m\u00e1s de la tercera parte de la pena impuesta. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que mediante Acta n\u00ba 2335044 de 5 de mayo de 2021 el Consejo de Evaluaci\u00f3n y Tratamiento del penal en el que se encuentra recluido, en cumplimiento del art\u00edculo 145 de la Ley 65 de 1993 lo clasific\u00f3 en fase de mediana seguridad, circunstancia indicativa de que su proceso de resocializaci\u00f3n ha sido progresivo y positivo durante los 8 a\u00f1os y 8 meses que ha permanecido privado de la libertad. <\/p>\n
Sostuvo que, ante el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, formul\u00f3 solicitud el permiso administrativo de hasta 72 horas para salir del establecimiento de reclusi\u00f3n, petici\u00f3n que neg\u00f3 el 19 de abril de 2022 y confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad el 16 de noviembre de 2022. <\/p>\n
Adujo que pese a su clasificaci\u00f3n en fase de mediana seguridad y a los avances que ha obtenido individualmente como lo ordena el procedimiento, las autoridades accionadas le negaron el beneficio, con fundamento en el numeral 5 del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, que exig\u00eda el descuento del 70% de la apena, norma que perdi\u00f3 vigencia en 1997. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002 prohibi\u00f3 de manera general los beneficios administrativos y judiciales cuando se trate de determinados delitos de conocimiento de los Jueces Especializados, precepto que fue derogado t\u00e1citamente por normas posteriores, por tanto, tampoco pod\u00eda servir de sustento para negarle el permiso reclamado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abse impartan ordenes perentorias para que se [le] conceda el permiso de salida por 72 horas al cual tiene derecho en el marco del principio de progresividad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n, manifest\u00f3 remitirse a los fundamentos plasmados en la decisi\u00f3n de 16 de noviembre de 2022, a trav\u00e9s de la cual resolvi\u00f3 confirmar el auto de 19 de abril del mismo a\u00f1o proferido por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, que neg\u00f3 el beneficio administrativo de permiso de 72 horas a Yeiner Andr\u00e9s Zapata Rueda. <\/p>\n
2. El director (E) de la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Alta y Mediana Seguridad de Popay\u00e1n, se\u00f1al\u00f3 que ese establecimiento no es competente para emitir respuesta favorable de acuerdo con las pretensiones del accionante, porque su competencia consiste en recolectar la documentaci\u00f3n aportada por la persona privada de la libertad y remitirla ante el juzgado que vigila la condena para que este decida de fondo sobre sus peticiones. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en el caso cuestionado, el Juzgado de Ejecuci\u00f3n neg\u00f3 la concesi\u00f3n del beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas por tratarse del delito de concierto para delinquir agravado, conducta que se encuentra entre las prohibiciones a que hace referencia el art\u00edculo 68 de la Ley 599 de 2000. <\/p>\n
3. El jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, argumentando que la competencia frente a lo manifestado por el accionante corresponde a la Direcci\u00f3n de la CPAMS Popay\u00e1n, autoridad a la que dio traslado de los documentos para que se pronuncie. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo constitucional al considerar que las decisiones cuestionadas no constitu\u00edan una v\u00eda de hecho pues estaban fundamentadas en la norma y la jurisprudencia aplicable al asunto debatido. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el beneficio pretendido fue negado por la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 68A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el art\u00edculo 32 de la Ley 1142 de 2007, teniendo en cuenta que el peticionario fue sentenciado por delitos dolosos dentro de los cinco a\u00f1os anteriores a la nueva condena. <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda lugar a que las autoridades judiciales entraran a aplicar por favorabilidad la legislaci\u00f3n que surgi\u00f3 con posterioridad a las Leyes 1142 de 2007 y 1474 de 2011 -vigentes para la fecha de los hechos por los cuales se emitieron las condenas-, toda vez que esta regulaci\u00f3n no reportaba mayores beneficios al caso del sentenciado, porque mantuvo la reincidencia como criterio objetivo de exclusi\u00f3n de beneficios y subrogados penales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante insistiendo en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Yeiner Andr\u00e9s Zapata Rueda acude a este mecanismo excepcional, en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con las decisiones proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, a trav\u00e9s de las cuales se neg\u00f3 la solicitud de permiso administrativo de hasta 72 de horas para salir del establecimiento de reclusi\u00f3n que present\u00f3. <\/p>\n
4. Analizada la inconformidad del peticionario y las pruebas allegadas, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n en la decisi\u00f3n reprochada, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
4.1 En efecto, la Sala accionada tras relatar los antecedentes del caso refiri\u00f3 que el fallador de primer grado neg\u00f3 la solicitud de concesi\u00f3n del beneficio administrativo de 72 horas, con fundamento en la prohibici\u00f3n expresa que consagra el art\u00edculo 32 de la Ley 1142 de 2007 que introdujo el art\u00edculo 68 A al C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
Posteriormente, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Al respecto, en el presente evento, se tiene establecido que al se\u00f1or YEINER ANDR\u00c9S ZAPATA RUEDA, le figuran dos sentencias condenatorias ejecutoriadas, en distintas fechas \u2013por diferentes delitos -, lo cual equivale a una condena \u2013antecedente penal- dictada con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1142 de 2007. <\/p>\n
Los hechos por los cuales se expidieron las dos sentencias referidas, ocurrieron el 4 de abril de 2009 y enero de 2012, pero los fallos fueron emitidos el 24 de agosto de 2015 y el 3 de mayo de 2019, el primero de ellos, por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO, HOMICIDIO TENTADO AGRAVADO, FABRICACI\u00d3N, TR\u00c1FICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES y CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, y el segundo, por las conductas punibles DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO y CONCIERTO PARA DELINQUIR\u00bb (May\u00fasculas del texto original). <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que no era posible proferir concepto favorable para que el sentenciado accediera al beneficio administrativo, en atenci\u00f3n a lo estipulado en el art\u00edculo 32 de la Ley 1142 de 2007 que comenz\u00f3 a regir el 28 de julio de esa anualidad, porque la fecha de la sentencia que se tuvo como antecedente y los hechos que motivaron el proferimiento de esa decisi\u00f3n, son posteriores a la entrada en vigencia de la referida norma. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dicho precepto era claro al explicar que la persona que hubiera sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco a\u00f1os anteriores era sujeto de esa prohibici\u00f3n o exclusi\u00f3n de beneficios, circunstancia que se cumpl\u00eda en el caso estudiado, en raz\u00f3n a que el antecedente penal, es decir la sentencia condenatoria de 24 de agosto de 2015, ocurri\u00f3 en vigencia del art\u00edculo 32 de la Ley 1142 de 2007, por tanto era aplicable esa norma, lo que imped\u00eda atender de manera favorable la pretensi\u00f3n encaminada a obtener el beneficio administrativo, pese a que se cumpliera con las condiciones estipuladas en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, aserci\u00f3n que soport\u00f3 con la sentencia 31063 de 8 de julio de 2009 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) En ese contexto, al estar cobijado el penado por la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 68 A del C. Penal, adicionado por el art. 32 de la Ley 1142 de 2007, no puede desconocer el operador judicial tal circunstancia, so pretexto de la aplicaci\u00f3n del PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD y la RESOCIALIZACI\u00d3N PROGRESIVA, como equivocadamente lo sugiere el penado, en el escrito de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Para aclarar la confusi\u00f3n que al parecer presenta el penado, es necesario precisar que el art\u00edculo 38 numeral 7 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, establece que los jueces ejecutores conocen \u201cDe la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducci\u00f3n, modificaci\u00f3n, sustituci\u00f3n, suspensi\u00f3n o extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal\u201d, es decir, que dicho principio es aplicable solo en los casos en los que una ley posterior le reporta un beneficio al penado, lo cual no es del caso, pues no estamos frente a una coexistencia de normas que plantean dos soluciones distintas para una misma situaci\u00f3n; en otras palabras, no hay otra norma vigente que establezca que es procedente el permiso pretendido, para quienes tienen un antecedente penal, dentro de los 5 a\u00f1os anteriores. <\/p>\n
De manera que, al no presentarse en este evento un tr\u00e1nsito de normas, no ser\u00eda aplicable el principio de favorabilidad, que \u2013infundadamente reclama el impugnante\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 que no ser\u00eda tenido en cuenta lo manifestado por el solicitante, en relaci\u00f3n con el auto de 7 de junio de 2012 del Tribunal Superior de Tunja y el auto AP2977 de 12 de julio de 2022 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por tratarse de argumentos nuevos y pretensiones que no fueron expuestos en primera instancia, pues de hacerlo implicar\u00eda un desconocimiento al principio de doble instancia. <\/p>\n
4.2 Con fundamento en esas consideraciones, determin\u00f3 que la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n el 19 de abril de 2022 se encontraba ajustada a derecho y dispuso su confirmaci\u00f3n, resaltando que para obtener el beneficio invocado se deb\u00edan cumplir las exigencias de la ley. <\/p>\n
5. Puestas, as\u00ed las cosas, encuentra la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 arbitrariedad manifiesta en los razonamientos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n que revele los defectos o la v\u00eda de hecho alegados por Yeiner Andr\u00e9s Zapata Rueda. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, esa Corporaci\u00f3n fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en las normas y jurisprudencia que rigen la materia, de las cuales concluy\u00f3 que la sentencia condenatoria de 24 de agosto de 2015, fue proferida en vigencia del art\u00edculo 68 A del C\u00f3digo Penal, adicionado por el art\u00edculo 32 de la Ley 1142 de 2007 de modo que deb\u00eda ser aplicada al caso estudiado, la cual excluye de los beneficios y subrogados penales a las personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos o preterintencional dentro de los cinco a\u00f1os anteriores como en el caso del solicitante, circunstancia que imped\u00eda otorgar el beneficio administrativo de 72 horas aunque se cumpliera con las condiciones estipuladas en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993. <\/p>\n
6. En ese orden, las divergencias exteriorizadas por Yeiner Andr\u00e9s Zapata Rueda a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, -por cierto, muy similares a las expuestas en el recurso de apelaci\u00f3n formulado ante el juez natural-, frente a lo decidido en el pronunciamiento objeto de inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de las autoridades judiciales en el \u00e1mbito de su competencia o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
7. Igualmente, se destaca que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ. STC12805-2021). <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala mediante oficio n\u00ba 005483 de 18 de mayo de 2023 y asignada con Acta de reparto de 19 de mayo de los corrientes. <\/p>\n
2\u0002 La acumulaci\u00f3n de penas fue declarada por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n. <\/p>\n
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