STC5173-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00350-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 9 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Antonio Arley Grimaldo Contreras contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, los Juzgados Segundo y Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y el Centro de Servicios Administrativos todos de Valledupar, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, los Juzgados Segundo y Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, el Juzgado Primero Penal Especializado, el Juzgado Primero Penal Especializado de Descongesti\u00f3n, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, as\u00ed como las Fiscal\u00edas 10, 40,42, 69 y 5 Especializadas y el Centro de Servicios Administrativos, todos de C\u00facuta, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en los procesos penales con radicado n\u00b0 2008-00153, 2015-00275 y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la dignidad, legalidad, debido proceso, igualdad y los principios de favorabilidad y contradicci\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Del extenso escrito, se extrae que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta mediante sentencia anticipada de 2 de diciembre de 2008, conden\u00f3 a Antonio Arley Grimaldo Contreras a 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abfinanciaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas, concierto para delinquir con fines de homicidio, homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa\u00bb, frente a esa determinaci\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que no sustento, por lo que la condena qued\u00f3 ejecutoriada. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que ante la intimidaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda 42 de Derechos Humanos de la Seccional de C\u00facuta se acogi\u00f3 a sentencia anticipada y a aceptar cargos, \u00abpero nunca le dijeron que ten\u00eda delitos tan graves ya que solo le hablaban de un homicidio agravado y un concierto para delinquir\u00bb, sumado a que, al enterarse de la condena pidi\u00f3 a su defensor que le ayudara a presentar el recurso de apelaci\u00f3n, sin embargo, no lo hizo, dejando que fuera condenado por delitos que no cometi\u00f3. <\/p>\n
Sostuvo que tanto la Fiscal\u00eda como el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta vulneraron sus derechos fundamentales con esas falsas imputaciones, y le desconocieron el debido proceso y la falta de una defensa interesada en demostrar que no era responsable de esos delitos, adem\u00e1s, del insuficiente material probatorio que diera cuenta de su actuar terrorista, como lo present\u00f3 el ente acusador. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que pese a aceptar los cargos, no obtuvo ninguna rebaja de la pena y solo fue utilizado por la Fiscal\u00eda \u00abdiciendo que le iban a dar unos beneficios por colaboraci\u00f3n, le imputaron homicidios de los cuales nunca hab\u00eda declarado y nunca particip[\u00f3]\u00bb, y lo hicieron condenar por delitos que no hab\u00eda cometido y le cambiaron las propuestas hechas por el Fiscal. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar el 15 de diciembre de 2021 decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas con otros procesos penales adelantados en su contra y fij\u00f3 la condena en 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n, sin que a la fecha de formulaci\u00f3n de este amparo hubiera sido resuelta. <\/p>\n
Indic\u00f3 que solicit\u00f3 a la titular del referido despacho que no efectuara la acumulaci\u00f3n de las penas, porque ten\u00eda otro proceso pendiente por llegar a ese distrito judicial, no obstante, en su \u00abtemeridad o mala fe\u00bb, procedi\u00f3 a realizarla fijando \u00abuna sentencia que nadie en la vida la puede pagar sin derecho a ninguna clase de beneficios penales. 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n sin derecho a nada\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 que en un t\u00e9rmino razonable se d\u00e9 una soluci\u00f3n a su situaci\u00f3n jur\u00eddica, \u00aby que al menos tenga una igualdad jur\u00eddica y [su] pena sea redosificada a la mitad de la que [le] est\u00e1n imponiendo y as\u00ed se puedan subsanar los derechos que [le] est\u00e1n vulnerando\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, solicit\u00f3 enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que \u00absean ellos que den un veredicto y decisi\u00f3n definitiva sobre [su] situaci\u00f3n (\u2026) ya que est\u00e1 condenado a nunca salir de prisi\u00f3n y que hay una v\u00eda de hecho como \u00e9sta que se debe dar una justa decisi\u00f3n sobre su libertad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad del Valledupar, inform\u00f3 que Antonio Arley Grimaldo Contreras cumple una pena acumulada de 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n decretada en auto de 15 de diciembre de 2021, decisi\u00f3n frente a la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n el cual a\u00fan no ha sido resuelto, por circunstancias ajenas a ese Despacho. Asimismo, indic\u00f3 que el mismo d\u00eda en que rindi\u00f3 el informe dio contestaci\u00f3n a dos solicitudes pendientes por resolver mediante auto de 1\u00ba de marzo de 2023 reconociendo al sentenciado una redenci\u00f3n de 4 meses y 10 d\u00edas por trabajo. <\/p>\n
Luego de ser requerido por el a quo constitucional, en escrito posterior esa sede judicial inform\u00f3 que el env\u00edo del expediente digital a la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad se llev\u00f3 a cabo el 20 de mayo de 2022, sin embargo, el mismo esa Corporaci\u00f3n lo devolvi\u00f3 se\u00f1alando que deb\u00eda enviarse a la oficina judicial para que se hiciera el respectivo reparto entre los Magistrados integrantes de la Sala, correo que fue remitido en dos oportunidades al Centro de Servicios Administrativos de esa ciudad el 20 de mayo de 2022 y el 28 de febrero de 2023, con copia a ese Despacho, sin embargo, por error humano no se evidenci\u00f3 el correo. <\/p>\n
3. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas de Valledupar inform\u00f3 que consultada la bases de datos de evidenci\u00f3 que en contra del accionante existen dos condenas, una en el proceso con radicado n\u00b0 2008-00153 sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta en el que mediante auto de 15 de diciembre de 2021 se decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n de penas con otros asunto y otra, en el proceso n\u00b0 2009-00028 en sentencia proferida el 6 de noviembre de 2009 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Adjunto Descongesti\u00f3n de C\u00facuta. <\/p>\n
4. El Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de C\u00facuta, se\u00f1al\u00f3 que vigil\u00f3 el cumplimiento punitivo de la condena de Antonio Arley Grimaldo Contreras en el proceso n\u00b0 2017-00558, el cual fue remitido por competencia a los juzgados hom\u00f3logos de Valledupar el 27 de agosto de 2019. En ese orden, solicit\u00f3 declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva respecto a ese despacho. <\/p>\n
5. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de C\u00facuta, indic\u00f3 que el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de esa ciudad vigil\u00f3 la condena impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito a Antonio Arley Grimaldo Contreras en el proceso n\u00b0 2017-00061 a la pena de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n como autor del delito de homicidio agravado. Igualmente refiri\u00f3 que el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n vigilo la condena impuesta el 28 de noviembre de 2016 a 13 a\u00f1os y 4 meses de prisi\u00f3n por el mismo delito en el proceso 2017-00051. Agreg\u00f3 que el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n vigil\u00f3 a Antonio Arley Grimaldo Contreras en el proceso 2017-00558 donde el 16 de noviembre de 2017 se decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas de los procesos mencionados. <\/p>\n
6. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, expuso que vigil\u00f3 la pena de 536 meses de prisi\u00f3n como resultado de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas realizada por el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de C\u00facuta en providencia del 16 de noviembre de 2017. <\/p>\n
7. El Fiscal 100 Coordinador de DECVDH de C\u00facuta hizo alusi\u00f3n a la investigaci\u00f3n n\u00b0 6729 que adelant\u00f3 la extinta Fiscal\u00eda 42 Especializada de Derechos Humanos contra Antonio Arley Grimaldo Contreras por el delito de homicidio agravado en la que el sindicado se acogi\u00f3 a la sentencia anticipada en 2008. Agreg\u00f3 que han transcurrido 15 a\u00f1os de los presuntos hechos que afirma, desconocieron sus prerrogativas, raz\u00f3n por la cual no se hace procedente la reclamaci\u00f3n de presuntas vulneraciones ocurridas en esa \u00e9poca. <\/p>\n
8. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de C\u00facuta, explic\u00f3 que tuvo a su cargo la vigilancia de la pena principal de 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n impuesta al accionante el 2 de Diciembre de 2008 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, por el concurso de delitos de \u00abfinanciaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas, concierto para delinquir con fines de homicidio, homicidio, y homicidio agravado en la modalidad tentada\u00bb y el 27 de agosto de 2019 se orden\u00f3 remitir el proceso por competencia a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar por encontrase el sentenciado detenido en esa ciudad. <\/p>\n
9. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta, sostuvo que en ese Despacho se adelantaron dos procesos en contra del aqu\u00ed peticionario, el radicado bajo el n\u00b0 2008-00153 en el cual se profiri\u00f3 sentencia el 2 de diciembre de 2008 imponi\u00e9ndose una pena de 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n recurrida y no sustentada por el defensor, declar\u00e1ndose desierta la apelaci\u00f3n y, el radicado bajo el n\u00b0 2017-00329 por el delito de \u00abextorci\u00f3n agravada\u00bb en el que en sentencia de 4 de julio de 2019 se conden\u00f3 al accionante a la pena de 144 meses de prisi\u00f3n, apelada por el procesado y confirmada por el Tribunal Superior de C\u00facuta el 27 de abril de 2021. <\/p>\n
10. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta, comunic\u00f3 que el proceso penal referido por el solicitante adelantado bajo la Ley 600 de 2000 actualmente se encuentra asignado al Juzgado Tercero hom\u00f3logo de esa ciudad, al cual le corri\u00f3 traslado de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
11. La Coordinadora de las unidades especializadas de la Fiscal\u00eda indic\u00f3 que la extinta Fiscal\u00eda 10 Especializada de C\u00facuta conoci\u00f3 proceso penal seguido contra Antonio Arley Grimaldo Contreras por el delito de extorsi\u00f3n, en el cual el 23 de agosto de 2017 se profiri\u00f3 sentencia anticipada. <\/p>\n
12. El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones Mixtas (600 y 906) de C\u00facuta \u2013 antes Juzgado Cuarto Penal del Circuito-, indic\u00f3 que adelant\u00f3 el proceso n\u00b02015-00275 en contra de Antonio Arley Grimaldo Contreras por la conducta punible de \u00abhomicidio agravado y porte de armas\u00bb, en el que se dict\u00f3 sentencia anticipada conden\u00e1ndolo a 12 a\u00f1os y 11 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que no fue apelada oportunamente por el condenado. <\/p>\n
13. La Fiscal 9 Especializada refiri\u00f3 los antecedentes y procesos adelantados en contra del peticionario. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 la improcedencia del amparo, respecto de la sentencia condenatoria proferida el 2 de diciembre de 2008 por incumplimiento de los presupuestos de la subsidiariedad e inmediatez, en raz\u00f3n a que el accionante no agot\u00f3 los medios de defensa judicial que ten\u00eda a su disposici\u00f3n, pues si bien interpuso apelaci\u00f3n, el recurso se declar\u00f3 desierto por falta de sustentaci\u00f3n, adem\u00e1s porque el interesado tard\u00f3 15 a\u00f1os en solicitar el amparo de sus derechos, t\u00e9rmino que resulta desproporcionado. <\/p>\n
No obstante, ampar\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del accionante, en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite dado al recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la providencia de 15 de diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar que decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n de penas en 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n, al considerar que estuvo precedido de algunos errores imputables a las autoridades judiciales, que no pod\u00edan ser soportados por el actor. En consecuencia, dispuso, \u00ab(\u2026) Tercero. Ordenar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar que, en los ocho d\u00edas h\u00e1biles posteriores a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, resuelva de fondo el recurso de apelaci\u00f3n promovido por el actor y se lo comunique de la forma m\u00e1s expedita posible\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien manifest\u00f3 que antes no hab\u00eda interpuesto ninguna otra acci\u00f3n de tutela porque, no ten\u00eda dinero para contratar un abogado ya que el apoderado del momento nunca tuvo inter\u00e9s en defenderlo, adem\u00e1s, que desde hace aproximadamente 15 a\u00f1os que ha solicitado el acompa\u00f1amiento de la Defensor\u00eda del Pueblo para demostrar el abuso de funciones que estaban cometiendo las autoridades judiciales, al ver que no ten\u00eda quien lo defendiera de las falsas acusaciones. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, insisti\u00f3 en los argumentos iniciales y en remitir las actuaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que \u00abdesde all\u00ed haya una definitiva decisi\u00f3n en cuanto a [su] situaci\u00f3n, ya que no tiene garant\u00edas por parte del Estado Colombiano\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. (CSJ. STC11845-2021 y STC1526-2022). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Antonio Arley Grimaldo Contreras acude a este mecanismo en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, que considera vulnerados por las autoridades accionadas en los procesos penales que se adelantaron en su contra y por los cuales, luego de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas est\u00e1 pagando una condena de 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Al respecto, advierte la Sala la inviabilidad de la impugnaci\u00f3n y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada por inobservancia de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, dado que, analizadas las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, se evidenci\u00f3 que el accionante no solo no acudi\u00f3 en tiempo al juez constitucional, sino que, adem\u00e1s, no utiliz\u00f3 los medios de defensa que ten\u00eda a su alcance para exponer los reparos que alega a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
3.1 Lo anterior teniendo en cuenta, de una parte, que la sentencia de la que se queja el reclamante fue proferida el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta el 2 de diciembre de 2008, mientras que la acci\u00f3n de tutela fue formulada el 13 de enero de 2023, esto es, luego de transcurrir quince a\u00f1os, t\u00e9rmino que supera considerablemente el plazo de seis (6) meses establecido por esta Sala como suficiente para reclamar la protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
No debe olvidar el solicitante, que en caso de considerar que una actuaci\u00f3n judicial amenaza sus garant\u00edas fundamentales, debe de acudir de manera oportuna a la acci\u00f3n constitucional, porque, de no hacerlo, dicho descuido es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al funcionario cuestionado. <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que tampoco acredit\u00f3 ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad en acudir a este mecanismo excepcional, tardanza que descarta la existencia de un proceder irregular imputable a las autoridades accionadas, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales, pues si bien, manifest\u00f3 que antes no hab\u00eda interpuesto ninguna otra acci\u00f3n de tutela, porque no ten\u00eda dinero para contratar un abogado que defendiera sus intereses, lo cierto es que, para acudir a este mecanismo lo puede hacer en nombre propio, como en efecto lo hizo en esta oportunidad, sin que requiriera estar representado por un abogado. <\/p>\n
3.2 De otra parte, se evidencia que el accionante dej\u00f3 de utilizar los mecanismos de defensa que ten\u00eda a su alcance para cuestionar la sentencia de primera instancia proferida el 2 de diciembre de 2008 en el proceso penal del que se queja, ya que formul\u00f3 apelaci\u00f3n pero fue declarada desierta, por tanto, la desidia en el empleo de los medios ordinarios de defensa, imposibilita el uso de la acci\u00f3n tutela, si se tiene en cuenta el car\u00e1cter residual y subsidiario de la misma, ya que tal y como lo ha se\u00f1alado esta Sala, la acci\u00f3n de tutela no fue incorporada al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias de las autoridades judiciales o administrativas, (CSJ. STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC 2012-00320- 01, y citada en STC8306-2021, STC10471-2021, STC1911-2022 y STC2655-2022, entre muchas). <\/p>\n
3.3 Adem\u00e1s, tampoco se evidenci\u00f3 que el interesado hubiese acudido ante los jueces ordinarios alegando lo que ahora expone a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, referente a las irregularidades que, en su criterio, se suscitaron en el desarrollo del proceso penal cuestionado y la falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
4. Ahora bien, sobre la supuesta ausencia de defensa t\u00e9cnica, y las inconformidades que plantea el peticionario respecto a los defensores p\u00fablicos designados, debe indicarse que las mismas resultan ser insuficientes para abrir paso a la protecci\u00f3n constitucional, ya que, si alega que la labor de los profesionales fue inapropiada, puede poner esas anomal\u00edas en conocimiento de las autoridades competentes. Sobre ese particular aspecto esta Corte ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00abEn relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado\u00bb. (CSJ. STC, 22 ene. 1999, exp. 5715, CSJ STC STC3925-2017 reiterado en STC13941-2021 y STC11762-2022). <\/p>\n
5. En punto a la pretensi\u00f3n del accionante dirigida a que esta Corporaci\u00f3n remita las actuaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que \u00abdesde all\u00ed haya una definitiva decisi\u00f3n en cuanto a [su] situaci\u00f3n, ya que no tiene garant\u00edas por parte del Estado Colombiano\u00bb, la misma desborda la competencia del juez constitucional, por lo que, si considera pertinente puede acudir directamente a dicha Instituci\u00f3n y exponer sus argumentos. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, la sentencia constitucional tambi\u00e9n ser\u00e1 confirmada en lo relacionado con el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del accionante para que, la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, resuelva en el t\u00e9rmino concedido por el fallador constitucional de primer grado, el recurso de apelaci\u00f3n promovido por el actor contra el auto de 15 de diciembre de 2021 proferido por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad que dispuso la acumulaci\u00f3n de penas. <\/p>\n
7. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5173-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00350-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73614","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73614","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73614"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73614\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73614"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73614"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73614"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}