STC5178-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5178-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2023-00044-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 4 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Llanos y Llanos S.A.S. y Llanos Rengifo Ltda. en liquidaci\u00f3n contra los Juzgados Civil del Circuito de Roldanillo y Primero Promiscuo Municipal de Zarzal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Jos\u00e9 Gabriel Vasco Ospina, Rosario Guerrero Guerrero -progenitores del causante Wilmer Orlay Vasco Guerrero-, el Banco de Bogot\u00e1, la Notar\u00eda \u00danica de Roldanillo y el Fondo Nacional de Vivienda, como intervinientes en la ejecuci\u00f3n rad. n.\u00b0 2022-00011. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado, las sociedades convocantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, sostienen lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Que celebraron con \u00abWilmer Orlay Vasco Guerrero (Q.E.P.D.) (\u2026) contrato de compraventa de una casa de inter\u00e9s social, contenido en la escritura p\u00fablica No. 518 del 06 de junio de 2019\u00bb, oblig\u00e1ndose el deudor a pagar $61\u00b4405.740, de los cuales pag\u00f3 $6\u00b4000.000, pues falleci\u00f3 \u00abantes de que fuera posible hacerse los desembolsos de los cr\u00e9ditos asignados por \u00b4mi casa ya\u00b4 y por el banco de Bogot\u00e1. Pero qued\u00f3 en firme la compraventa del bien objeto del contrato (casa de inter\u00e9s social), registrada la propiedad a su nombre, en el certificado de tradici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. Precisan que \u00ab[e]n el contrato se pact\u00f3 renuncia a la condici\u00f3n resolutoria\u00bb y que los herederos determinados del deudor -Jos\u00e9 Gabriel Vasco Ospina y Rosario Guerrero Guerrero- \u00abiniciaron sucesi\u00f3n intestada por notar\u00eda, y se adjudicaron el bien objeto de la compraventa en copropiedad con 50% cada uno, en la sucesi\u00f3n ocultaron a los acreedores accionantes, y no pagaron el saldo insoluto\u00bb, por lo que promovieron demanda ejecutiva en su contra \u00abpresentando como t\u00edtulo ejecutivo la escritura p\u00fablica 518\u00bb. <\/p>\n
2.3. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Zarzal, a quien correspondi\u00f3 por reparto el asunto (rad. n.\u00b0 2022-00011), \u00abNEG\u00d3 proferir el mandamiento de pago, motivando su decisi\u00f3n con el argumento que el t\u00edtulo (\u2026) no prestaba m\u00e9rito ejecutivo, al no cumplir con los requisitos contemplados en el ART 422 del CGP\u00bb, quien mantuvo su decisi\u00f3n al desatar el recurso horizontal que formularon y concedi\u00f3 el de apelaci\u00f3n, siendo asignado al Juzgado Primero Civil del Circuito de Roldanillo, que tambi\u00e9n confirm\u00f3 lo decidido. <\/p>\n
2.4. Los gestores cuestionan que \u00abAMBOS JUECES desconocieron que cuando se trata de procesos ejecutivos, se parte de la base de la certeza de la obligaci\u00f3n que se pretende hacer efectiva, es as\u00ed como la parte demandante tenedora del documento en el que conste la misma (escritura p\u00fablica 518) queda exonerado de la carga probatoria que le impone la ley, le bastara con allegar el t\u00edtulo (\u2026), por consiguiente los jueces no reconocieron los hechos que si hab\u00edan sido probados con la presentaci\u00f3n del t\u00edtulo (escritura 518), adem\u00e1s le impartieron una carga probatoria a los accionantes que era propia de los accionados\u00bb; asimismo, resalt\u00f3 que err\u00f3 el ad quem reprochado al \u00abcreer que se deb\u00eda anexar los soportes de no desembolso de los cr\u00e9ditos correspondientes para librar mandamiento de pago, el \u00fanico documento que deb\u00edan aportar los accionantes era el t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, aunado que \u00abdieron por probado (\u2026) que el precio de venta del inmueble hab\u00eda sido totalmente pagado, toda vez que no se aportaron documentos (certificados de no desembolso) que as\u00ed lo desvirt\u00faa\u00bb y que fueron \u00abpresentados al proceso de forma extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden a trav\u00e9s de este mecanismo, \u00ab[d]ejar sin efectos ambos autos interlocutorios (0446-237) que niegan librar mandamiento de pago\u00bb y, en su lugar \u00ab[o]rdenar al juzgado 01 promiscuo municipal de zarzal emitir el mandamiento de pago correspondiente con las medidas cautelares solicitadas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Zarzal hizo un detallado recuento de las actuaciones surtidas al interior del ejecutivo objeto de examen y se\u00f1al\u00f3 que \u00abel hecho de que la decisi\u00f3n no haya sido del benepl\u00e1cito del ejecutante no da pie para tacharla de ilegal, ni quebrantadora de derechos como los incoados, tanto la decisi\u00f3n de negar el mandamiento de pago, y lo resuelto en el recurso de reposici\u00f3n que fueron decisiones motivadas, al punto de que la segunda instancia confirmo el auto dictado, lo que la hace hasta ahora legalmente valida\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por su parte, el Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo, reiter\u00f3 los fundamentos expuestos en la decisi\u00f3n emitida a su cargo, que ahora se censura, y se opuso \u00aba la prosperidad de las pretensiones de la acci\u00f3n, por no haber incurrido el despacho en conducta u omisi\u00f3n constitutiva de vulneraci\u00f3n a ninguno de los derechos fundamentales se\u00f1alados como violados por este despacho. Se cometi\u00f3 un error de la parte ahora accionante, y se busca un culpable diferente ahora por v\u00eda de tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Fondo Nacional de Vivienda afirm\u00f3 que \u00abla presente tutela adolece de pretender resolver conflictos de naturaleza econ\u00f3mica\u00bb y se\u00f1al\u00f3 que \u00abla Resoluci\u00f3n N\u00famero 0813 11 Mayo 2022 aportada por los accionantes fue expedida con el lleno de los requisitos legales para dichos actos administrativos y sustentada la declaraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de ejecutoriedad del subsidio en el art\u00edculo 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo situaci\u00f3n que se explic\u00f3 en la mencionada resoluci\u00f3n y me permito transcribir: \u201cQue la situaci\u00f3n presentada se enmarca en el numeral 2o de la norma antes transcrita, como quiera que desaparece el sujeto activo del beneficio en cuesti\u00f3n a causa de su muerte, por lo que se hace necesario declarar la p\u00e9rdida de ejecutoriedad de la Resoluci\u00f3n No. 0300 del 24 de abril de 2019, sobre el hogar del se\u00f1or WILMER ORLAY VASCO GUERRERO, identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 1113303614 y Id del hogar 233454, por la extinci\u00f3n de los fundamentos de hecho que dieron lugar a la asignaci\u00f3n del mismo, y de los fundamentos de derecho, que sirvieron de sustento jur\u00eddico para tomar la decisi\u00f3n administrativa en estudio, afect\u00e1ndose con ello la eficacia del acto administrativo particularmente en la asignaci\u00f3n del Subsidio Familiar de Vivienda del se\u00f1or WILMER ORLAY VASCO GUERRERO.\u201d Situaci\u00f3n que no se controvirti\u00f3 en su momento\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio deprecado, tras considerar que \u00abse tiene que el juzgador, ciertamente, no cometi\u00f3 un desafuero, en la medida que al desatar el recurso vertical allegado al juicio como insumo para la definici\u00f3n del mandamiento de pago, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a confirmar la decisi\u00f3n de negar el mandamiento de pago, en tanto que, el auto criticado por la suplicante se fundament\u00f3 en la normatividad que gobierna la tem\u00e1tica, esto es, los art\u00edculos 422 y 430 del Estatuto General Adjetivo con una herm\u00e9tica respetable bajo una \u00f3ptica Civil y dentro de los est\u00e1ndares racionales objetivos (\u2026). Adem\u00e1s, debe resaltarse que el juzgador no tuvo en cuenta los documentos acoplados al plenario como la certificaci\u00f3n del Banco y del subsidio, empero, no fue por mero capricho o antojo, en el sentido que expuso que se adjuntaron de manera tard\u00eda y tal como se explic\u00f3, ello daba lugar porque en la fase procesal en que fueron aportados, ya se encontraba precluida, la cual, como se revel\u00f3 en precedencia, era desde el inicio de la demanda a la luz del art\u00edculo 430 del Estatuto General Adjetivo. Por la misma l\u00ednea, en cuanto a la cr\u00edtica relativa a que el Juzgado de Circuito deb\u00eda haber decretado como prueba de oficio los documentos aportados despu\u00e9s de la demanda, es de reiterar que, en el umbral de un proceso ejecutivo dispuesto para la materializaci\u00f3n de un derecho, no existe espacio para el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas, lo cual est\u00e1 reservado para la fase declarativa\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, agreg\u00f3 que \u00abaunque se estipul\u00f3 en la escritura p\u00fablica que en caso de que la entidad bancaria no desembolsara o aprobara el cr\u00e9dito, el comprador se obligar\u00eda a cancelar el saldo de $30.562.280, ello no sirve para hacer exigible la obligaci\u00f3n, habida cuenta que se vislumbra por su ausencia alg\u00fan precepto que indique un plazo que estableciera una \u00e9poca exacta para su cumplimiento, tal como lo asegur\u00f3 el Juez Municipal. Igualmente, en la escritura p\u00fablica aludida no se indic\u00f3 la consecuencia obligacional respecto de la posibilidad de que el subsidio de vivienda no fuera desembolsado o se perdiera, lo cual no arroja claridad en torno, cuando menos, al momento de exigibilidad de la suma que cubr\u00eda aquel\u00bb y por ende, estim\u00f3 que \u00abla providencia criticada no vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la accionante, debido a que su decisi\u00f3n est\u00e1 soportada en las pruebas y en la interpretaci\u00f3n de las normas que presiden el asunto sometido a sus consideraciones frente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que prudentemente dilucid\u00f3, motivo por el cual no es posible tildarlas como abiertamente arbitrarias o caprichosas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los promotores insistiendo en que lo decidido \u00abse traduce en un claro exceso ritual manifiesto (\u2026) los juzgados accionados desconocieron pruebas indispensables para el proceso (\u2026) argumentado que se presentaron de forma extempor\u00e1nea, desconociendo la prevalencia del Derecho sustancial\u00bb y pidieron que \u00abse tenga en cuenta como parte integral de este recurso de impugnaci\u00f3n, el salvamento de voto proferido en esta sentencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por los querellantes en el proceso ejecutivo rad. n.\u00ba 2022-00011, en el que son demandantes, al confirmar la decisi\u00f3n del juzgado de primera instancia de abstenerse de librar mandamiento ejecutivo. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los prove\u00eddos de primera y segunda instancia, proferidos al interior del ejecutivo bajo estudio, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 21 de marzo de 2023 por el Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que les sirvieron a las autoridades convocadas para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9llas no son resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores del actor. <\/p>\n
1. En efecto, para arribar a la anterior determinaci\u00f3n, el ad quem convocado, empez\u00f3 por indicar que la \u00abEscritura P\u00fablica adosada con la demanda a manera de t\u00edtulo ejecutivo, realmente tiene otra finalidad diferente, pues esta clase de documentos normalmente se aporta a un proceso de semejantes caracter\u00edsticas, para servir de prueba de la transacci\u00f3n realizada, que en ella se contiene, para identificar el objeto de la misma, a las partes que intervienen en el acto, se\u00f1alar el precio de la transacci\u00f3n, su forma de pago, as\u00ed como en trat\u00e1ndose de compraventa de inmuebles, el momento en que ha de producirse su entrega. Su objeto principal, es informar sobre los t\u00e9rminos y condiciones del negocio jur\u00eddico celebrado, y por tanto servir de prueba de su celebraci\u00f3n, pudiendo ser utilizada en caso de un incumplimiento total o parcial de la obligaci\u00f3n adquirida, como fundamento de la acci\u00f3n que se acomode a la naturaleza de un proceso verbal declarativo\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, luego de destacar los par\u00e1metros que prev\u00e9 el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso frente a los t\u00edtulos ejecutivos, precis\u00f3 que \u00abse debe auscultar en toda ejecuci\u00f3n, en primer lugar es la existencia del t\u00edtulo ejecutivo, para determinar que se cumplan las exigencias del art. 422 del C.G.P., que son las que le dan esa connotaci\u00f3n de verdadero t\u00edtulo ejecutivo, pero fue precisamente lo que no encontr\u00f3 el A \u2013 quo, porque no dimanan del texto de la mencionada Escritura P\u00fablica adosada como t\u00edtulo ejecutivo, las mencionadas caracter\u00edsticas o exigencias que catalogan la obligaci\u00f3n como clara, expresa y exigible\u00bb, e indic\u00f3 que \u00abaunque esta instancia no se aparta de las conclusiones a que arrib\u00f3 el A \u2013 Quo, encuentra que m\u00e1s que ello, lo que se present\u00f3 como base de la ejecuci\u00f3n, fue un t\u00edtulo incompleto, y por ende no id\u00f3neo para sustentar una ejecuci\u00f3n, encontr\u00e1ndose que para el fin propuesto para la ejecutante, hicieron falta otros documentos no acompa\u00f1ados en su momento con la demanda genitora del proceso, tales como la certificaci\u00f3n o constancia del banco de Bogot\u00e1, indicativa de la ausencia de desembolso, en vida del adquirente del inmueble, y del documento en este caso acto administrativo tipo resoluci\u00f3n, que diera cuenta de la p\u00e9rdida del subsidio asignado al adquirente, en raz\u00f3n de su fallecimiento, para entender las razones por las que el vendedor pretende el cobro del valor del inmueble, en raz\u00f3n de no haber recibido su precio\u00bb, y que \u00absi bien fueron allegados al expediente, ello ocurri\u00f3 de manera tard\u00eda, sin poderse considerar o tener en cuenta, ya que la posibilidad de hacerlo exig\u00eda que hubieran sido allegados como pruebas con la demanda inicial\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, concluy\u00f3 entonces que \u00abel t\u00edtulo no pod\u00eda dar cuenta de una obligaci\u00f3n clara, expresa ni exigible, y en consecuencia tampoco resultaba posible librar el mandamiento de pago ejecutivo pretendido por la parte ejecutante, como en efecto sucedi\u00f3 en la primera instancia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, dicha determinaci\u00f3n no luce antojadiza o caprichosa en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria resuelta en ese espec\u00edfico escenario, de forma que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello se abrir\u00eda camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo; sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 entonces el fallo impugnado, toda vez que los convocantes pretenden desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, sustituyendo a los funcionarios de instancia, am\u00e9n que la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de enmendarse por esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC5178-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC5178-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2023-00044-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73617","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73617","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73617"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73617\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73617"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73617"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73617"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}