STC5182-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5182-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02001-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Alicia Guti\u00e9rrez P\u00e1ez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como los intervinientes en el pleito radicado bajo el n\u00b0 2021-00152. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del ejecutivo promovido por \u00c1lvaro Antonio Fonseca Boh\u00f3rquez contra Carmen Alicia Guti\u00e9rrez P\u00e1ez y Ricardo Fl\u00f3rez Espinosa, con auto del 2 de marzo de 2022 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga la \u00abtuvo por enterada (\u2026) desde el 30 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 12 de abril de 2022, se aport\u00f3 poder de mi parte al abogado Hern\u00e1n Dar\u00edo Zapata Villar para notificarse del mandamiento de pago, reiterando esta petici\u00f3n los d\u00edas 21 del mismo mes y 2 de mayo de 2023, sin que haya sido posible acceder al expediente digital\u00bb; que \u00abel 6 de junio de [2022], se pidi\u00f3 la reducci\u00f3n de embargos y el levantamiento de medidas cautelares decretadas en el proceso, debido a que (\u2026), es excesivo pues todos los predios m\u00edos suman m\u00e1s que cualquier deuda o proceso judicial que hoy pueda llegar a tener\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 8 de junio de 2022, present\u00e9 nulidad por las causales 4 y 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026), porque no se remitieron los anexos con la providencia inicial, cuando recibo por primera vez un documento del proceso solo se inform\u00f3 de la existencia del proceso, pero nunca recib\u00ed ni demanda, ni anexo ni nada [ya que con la comunicaci\u00f3n que] se llev\u00f3 a cabo el 25 de noviembre de 2021 (\u2026), no se aport\u00f3 nada de lo exigido por el art\u00edculo 8 de la ley 2213 de 2022 o el decreto 806 de 2020, norma aplicable [para] la \u00e9poca\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abse resolvi\u00f3, por parte del despacho en menci\u00f3n la solicitud el d\u00eda 26 de octubre de 2022, indicando que no hab\u00eda lugar a nulidad en tanto el conteo de t\u00e9rminos se realiz\u00f3 en correcta manera y en todo caso, hubo convalidaci\u00f3n por el extremo demandado al haber solicitado la reducci\u00f3n de embargos (\u2026)\u00bb; tal determinaci\u00f3n fue confirmada en sede de reposici\u00f3n y se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Que la sala enjuiciada, mediante prove\u00eddo del 2 de mayo de 2023, mantuvo la decisi\u00f3n, aunque variando la argumentaci\u00f3n del a-quo, en el sentido de que la notificaci\u00f3n personal fue \u00abdefectuosa\u00bb, pero que dicho vicio \u00abfue saneado por la conducta impl\u00edcita de la interesada\u00bb, tesis que critica porque, \u00abno se atac\u00f3 ning\u00fan aspecto sustancial del proceso [sino] s\u00f3lo de \u00edndole accesorio [como lo es el atinente a] las medidas [cautelares]\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse deje sin efectos la providencia de fecha 02 de mayo de 2023 (\u2026), y se ordene (\u2026), proferir una nueva con la cual se revoque la decisi\u00f3n judicial y en su lugar declare la nulidad por indebida notificaci\u00f3n a la demandada Carmen Alicia Guti\u00e9rrez P\u00e1ez\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n refutada, manifest\u00f3 que esta \u00abse fund\u00f3 en un criterio jur\u00eddico razonable, que atiende las normas, el precedente que rigen la materia y la realidad f\u00e1ctica que enrostra el proceso, de consiguiente, no puede afirmarse que tal prove\u00eddo vulnere los derechos invocados por la actora\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, afirm\u00f3 que, en el proceso ejecutivo en cuesti\u00f3n, \u00abno se avizora violaci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales del accionante, toda vez que se surtieron las etapas y actuaciones judiciales con arreglo a las normas que resultaban aplicables\u00bb, por lo que pidi\u00f3 denegar el amparo deprecado. <\/p>\n
3. Hernan Dar\u00edo Zapata Villar, quien dijo actuar como apoderado judicial de la accionante, pidi\u00f3 \u00abse conceda la tutela y no se tenga por convalidada la evidente nulidad que en este caso se ha estructurado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la accionante, porque, en sede de apelaci\u00f3n surtida al interior de la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2021-00152, declar\u00f3 saneada la nulidad por indebida notificaci\u00f3n de la demandada, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
A tono con la decantada jurisprudencia constitucional, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la presente queja y cotejados con las pertinentes piezas procesales, la Sala denegar\u00e1 el amparo implorado, comoquiera que la decisi\u00f3n que la querellante refuta, no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
En ese sentido, inicialmente advirti\u00f3 que le asist\u00eda raz\u00f3n a la apelante, ya que si ella, \u00abestaba notificada del pleito desde el 30 de noviembre de 2021, no ten\u00eda por qu\u00e9 hablarse de un traslado en fecha posterior, porque el acto [procesal] de notificaci\u00f3n es uno solo (\u2026) de doble protecci\u00f3n, legal [art\u00edculo 133 del estatuto adjetivo] como constitucional [canon 29 superior], que busca garantizar la defensa y contradicci\u00f3n de quien es llamado a juicio (\u2026), cuyo prop\u00f3sito es restarle valor a toda notificaci\u00f3n defectuosa que no siga las ritualidades prescritas en la ley (\u2026), hacen obligatorio que al convocado se le suministre la reproducci\u00f3n de la demanda y de sus anexos, [lo cual] de ninguna manera (\u2026) puede \u201cfraccionarse\u201d la disposici\u00f3n, suponiendo que una cosa es la notificaci\u00f3n del \u201cauto admisorio de la demanda\u201d y otra, el traslado para ejercer la contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, advirti\u00f3 que en virtud al \u00abprincipio de convalidaci\u00f3n [cuyo fundamento radica] en la autonom\u00eda de la voluntad de los sujetos (\u2026) para defender o no una determinada prerrogativa sustancial o procesal\u00bb, en el sub j\u00fadice tal irregularidad estaba llamada a \u00abdesaparecer\u00bb conforme a lo preceptuado en los art\u00edculos 135 y 136 del C\u00f3digo General del Proceso, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la actitud pasiva de Carmen Alicia Guti\u00e9rrez P\u00e1ez, abri\u00f3 paso en el pleito, para aplicar los efectos de las normas inmediatamente referidas, ya que, independiente [de] las falencias advertidas, con anterioridad a la formulaci\u00f3n de la nulidad, el Dr. Hern\u00e1n Dar\u00edo Zapata Villar; radic\u00f3 mandato otorgado por Carmen Alicia Guti\u00e9rrez P\u00e1ez, para notificarse del mandamiento de pago (12 abr. 2022); insisti\u00f3 en sus pedimentos el 21 de abril y el 2 de mayo y luego solicit\u00f3 la reducci\u00f3n de embargos y levantamiento de medidas cautelares el 6 de junio de 2022, situaciones que no pueden pasarse por inadvertidas, porque implican que la incidentante estaba presta a la acci\u00f3n judicial interpuesta en su contra, y le exig\u00edan presentarse al proceso, bajo las formalidades prescritas en la ley procesal. <\/p>\n
Del mismo modo, el apoderado debi\u00f3 conocer cuales mecanismos id\u00f3neos ten\u00eda a la mano, para que sus actuaciones no fueran entendidas como una actitud silente, menos convalidadoras de alg\u00fan vicio o falencia ya advertida. Cosa que no sucedi\u00f3, pues, contrario a ello, tras insistir en la notificaci\u00f3n, arremeti\u00f3 con los cuestionamientos sustanciales frente a las medidas cautelares, validando el proceder del Juzgado en cuanto a la intervenci\u00f3n de la pasiva en el pleito. <\/p>\n
No se trata, entonces, de establecer si Carmen Alicia estuvo o no notificada desde el \u201c30 de noviembre de 2021\u201d, porque en realidad nunca lo estuvo en esa fecha porque el acto no sigui\u00f3 los ritos procesales, ni se le suministr\u00f3 la reproducci\u00f3n de la demanda y de sus anexos. El punto medular que descarta la invalidaci\u00f3n, es que aqu\u00ed no se aleg\u00f3 desde la primera intervenci\u00f3n, como lo exige el art\u00edculo 135 del C.G.P., al referir \u201cNo podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u201d (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
Aspecto donde la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resalta: <\/p>\n
\u201c(\u2026) A prop\u00f3sito del \u00absaneamiento\u00bb por la referida causa, que es uno de los principios orientadores de la figura abordada, esta Corporaci\u00f3n en STC18651-2017 reiter\u00f3 que \u00absi el petente de la nulidad no la propuso en su primera intervenci\u00f3n, sino que actu\u00f3 sin proponerla, con tal conducta la sane\u00f3 y por ello no puede alegarla posteriormente (\u2026)\u201d (CSJ STC8733-2017, STC926-2020, STC4297-2020 y STC944-2023). <\/p>\n
Ahora bien, en la alzada se alega que solo con el reconocimiento de la personer\u00eda en auto del 3 de junio de 2022, se abri\u00f3 paso a la proposici\u00f3n de la nulidad, para lo cual, el Despacho cita a la misma Corporaci\u00f3n [CSJ STC080-2023], para dejar sin piso jur\u00eddico tal posici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con el tema esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para empezar a ejercer su gesti\u00f3n profesional dentro del pleito, el apoderado no requiere de reconocimiento expreso de su personer\u00eda, seg\u00fan la normativa que rige el derecho de postulaci\u00f3n (art\u00edculos 73 a 77 del C\u00f3digo General del Proceso), por el contrario, la jurisprudencia ha definido que la falta de esa declaraci\u00f3n judicial, lejos est\u00e1 de constituir una excusa v\u00e1lida para que el abogado omita actuar en los t\u00e9rminos y para los efectos del poder especial a \u00e9l conferido. <\/p>\n
Ciertamente, se ha sostenido que al menos para las etapas inaugurales del litigio (instauraci\u00f3n de la demanda y su contestaci\u00f3n), y con ello las actividades conexas como las solicitudes de medidas cautelares o la interposici\u00f3n de recursos, nulidades o cualquier otra gesti\u00f3n que deba impetrarse mediante la primera intervenci\u00f3n, no se requiere reconocimiento previo del mandatario judicial, m\u00e1xime cuando por la perentoriedad en la realizaci\u00f3n de dichos actos iniciales, su inobservancia puede acarrear perjuicio a los intereses de quien le encomend\u00f3 dicho encargo. <\/p>\n
En otras palabras, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y por tanto el derecho a demandar y\/o a ejercer la defensa en los casos en los que se exija acreditar derecho de postulaci\u00f3n, no se condiciona a una autorizaci\u00f3n judicial previa al apoderado del interesado, sino que aquel puede fungir como tal en la oportunidad que corresponde y su reconocimiento t\u00e1cito o expreso, se produce al responder su pedimento. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dado que el recurrente estima insaneable la \u201cnulidad\u201d esgrimida, debido a que no obstante haber presentado el escrito de apoderamiento, el juzgado no le reconoci\u00f3 personer\u00eda al \u201cmandatario judicial\u201d, lo cual seg\u00fan \u00e9l, impidi\u00f3 el ejercicio de su derecho de defensa, la Sala no advierte posible el derrumbamiento de lo actuado con base en la circunstancia planteada, si se tiene en cuenta la ausencia de imperativo legal que condicione la actuaci\u00f3n del apoderado hasta despu\u00e9s de emitir la providencia que le reconozca personer\u00eda. Si ello fuera as\u00ed, se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n, inadmisible desde luego, que antes de tal decisi\u00f3n, el \u201crepresentante judicial\u201d no podr\u00eda adelantar actuaciones iniciales, verbi gratia, la presentaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n por la opositora, etc., las que en principio se cumplen sin haberse emitido dicho pronunciamiento. <\/p>\n
Adem\u00e1s cabe acotar, que la se\u00f1alada decisi\u00f3n tiene un car\u00e1cter declarativo, mas no de habilitaci\u00f3n para que el \u201capoderado judicial\u201d pueda promover las actuaciones que estime pertinentes, puesto que para su adopci\u00f3n \u00fanicamente compete al juzgador realizar un control de legalidad dirigido a verificar que el \u201cpoder\u201d se haya otorgado cumpliendo las \u201cformalidades legales\u201d y que el \u201cmandatario\u201d tenga la condici\u00f3n de \u201cabogado inscrito\u201d, o que para el caso se halle investido del \u201cderecho de postulaci\u00f3n\u201d, criterio \u00e9ste que ha sido avalado por la doctrina jurisprudencial\u00bb (CSJ SC, 17 jul. 2012, rad. 2003-00574-01, reiterada en STC6174-2015, 21 may., rad. 00702-01)\u00bb (CSJ STC080-2023, 18 ene. 2023, rad. 2022-00379-01). Se subraya. <\/p>\n
3.3. Conforme a lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n del auto de 2 de mayo de 2023, se muestra ajustada a la normativa y jurisprudencia aplicable, pues la nulidad procesal debi\u00f3 ser planteada por el apoderado judicial en el momento en que concurri\u00f3 al proceso para representar los intereses de la persona afectada, y no con posterioridad a ello como aconteci\u00f3 en el asunto sub lite. <\/p>\n
As\u00ed, la decisi\u00f3n del tribunal desvirtuando los reparos formulados por la all\u00ed demandada y ac\u00e1 tutelante, y, por tanto, manteniendo inc\u00f3lume el saneamiento de la nulidad planteada \u00abpor la conducta impl\u00edcita de la interesada\u00bb al no atacar \u00abprimeramente\u00bb la irregular notificaci\u00f3n personal, obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por tanto lejos de constituir yerro susceptible de enmendarse por esta senda. <\/p>\n
En este orden, por cuanto la resoluci\u00f3n criticada no revela arbitrariedad, capricho o desmesura, sino solo una divergencia conceptual, ello no la descalifica para abrirle paso a la protecci\u00f3n deprecada, en tanto no constituye actuaci\u00f3n que desencadene en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial alegada. <\/p>\n
Sobre el particular, la decantada jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que el hecho de que el resultado del litigio no se avenga a los intereses de una de las partes, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada, escapa al \u00e1mbito del remedio invocado, pues este, \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada en STC2485-2023, 15 mar., rad. 00938-00, entre otras). <\/p>\n
De igual modo se ha reiterado que: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC2422-2023, 15 mar., rad. 00024-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con lo discurrido en precedencia, se denegar\u00e1 el auxilio solicitado, comoquiera que la providencia reprochada, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tengan la aptitud para lesionar las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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