STC5184-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC5184-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02027-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juana Patricia Olga Cecilia Caycedo Guti\u00e9rrez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y los Juzgados Treinta y Cuatro Civil del Circuito y Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, igualdad, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. La actora present\u00f3 demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas contra sus hermanos Marco Rafael Alfonso Enrique Ernesto y Jos\u00e9 Alejandro Caycedo Guti\u00e9rrez, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (rad. n.\u00ba 2016-00449), quien, el 9 de febrero de 2018, dict\u00f3 sentencia declarando probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; decisi\u00f3n confirmada el 10 de mayo de esa calenda por la Sala Civil del Tribunal Superior de esa localidad1, tras considerar, entre otros aspectos, que \u00abparte de los requerimientos son frente a frutos recibidos de bienes relictos y (\u2026) que es la sucesi\u00f3n donde debe resolverse la distribuci\u00f3n de dichos frutos\u00bb. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, pese a la anotada precisi\u00f3n, en la sucesi\u00f3n que se adelant\u00f3 ante el estrado Veintisiete de Familia de esa ciudad (rad. n.\u00ba 2011-01003), el 3 de septiembre de 2021 se neg\u00f3 la inclusi\u00f3n de algunos rubros relacionados para tramitar las objeciones a los inventarios y aval\u00faos; determinaci\u00f3n ratificada el 28 de febrero de 2022 por la Sala de Familia de ese colegiado, por cuanto concluy\u00f3 que \u00abtodos los herederos tenemos derechos a los frutos de los bienes, pero, si se trata de establecer la existencia de estos frutos, porque el asunto es incierto, el tr\u00e1mite adecuado es el proceso declarativo, no el tr\u00e1mite sucesoral que es de naturaleza estrictamente liquidatario\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, censur\u00f3 que en el primer proceso se hayan proferido las sentencias desfavorables, ya que, en su decir, ese era el escenario id\u00f3neo para discutir lo concerniente a los frutos presuntamente causados respecto de los bienes que forman parte del activo sucesoral, raz\u00f3n por la cual insisti\u00f3, expresamente, en que las decisiones atacadas son \u00fanicamente las del rad. n.\u00ba 2016-00449. <\/p>\n
3. En consecuencia pidi\u00f3, en compendio, \u00abrevocar la sentencia proferida por el juzgado 34 civil del circuito en el proceso No1100130303420160044900 actualmente en ejecuci\u00f3n en el juzgado 3 civil del circuito y la sentencia el magistrado Marco Antonio \u00c1lvarez G\u00f3mez del tribunal Superior Sala Civil Familia Laboral (sic) de Bogot\u00e1 en audiencia verbal el 10 de mayo de 2018 y todas las decisiones que se deriven de estas. Ello como \u00fanica opci\u00f3n para proceder a cumplir con la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. Sala de Familia, magistrada Luc\u00eda Josefina Herrera L\u00f3pez y proceder a radicar el correspondiente proceso declarativo en el cual pueda hacer efectivos mis derechos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones de la sucesi\u00f3n a su cargo y remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digitalizado. <\/p>\n
2. Alejandro Caycedo Guti\u00e9rrez indic\u00f3 que el amparo es inviable, porque \u00abse adelant\u00f3 tutela con el mismo prop\u00f3sito, la cual fue objeto de sentencia el pasado 17 de mayo de 2023, siendo magistrado ponente el doctor Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo (\u2026), sentencia que declar\u00f3 \u201cimprocedente el resguardo solicitado\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. Marco Rafael Caycedo Guti\u00e9rrez solicit\u00f3 que \u00abadem\u00e1s del rechazo que procede dar a este segundo constitucional amparo, le pido se adopten en su contra, las determinaciones que, sentando el debido precedente Constitucional, impidan que se pueda continuar abusando de estas imperiosas garant\u00edas constitucionales, con franco desmedro de la Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 anot\u00f3 que \u00abla accionante ha presentado tutela con anterioridad por los mismos hechos, la cual fue conocida por el Honorable Magistrado AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, quien emiti\u00f3 fallo el 17 de mayo de 2023. (STC4669-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01757-00)\u00bb. <\/p>\n
5. El hom\u00f3logo Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa urbe esclareci\u00f3 que \u00abcualquier discrepancia con las decisiones adoptadas en el proceso ejecutivo (\u2026) no constituye desde ning\u00fan punto de vista violaci\u00f3n a los derechos fundamentales alegados por la convocante\u00bb. <\/p>\n
6. El despacho Veintisiete de Familia de la precitada localidad remiti\u00f3 el enlace de acceso del asunto que all\u00ed curs\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas que inici\u00f3 la gestora (rad. n.\u00ba 2016-00449), por confirmar la sentencia desestimatoria de primer grado, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los pronunciamientos de 9 de febrero y 10 de mayo de 2018, proferidos por los despachos denunciados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el del ad quem, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015, 5 mar.). <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que el sub-lite se enmarca en la anterior hip\u00f3tesis, ya que Juana Patricia Olga Cecilia Caycedo Guti\u00e9rrez promovi\u00f3 con antelaci\u00f3n otro amparo, de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, en el cual tambi\u00e9n pretendi\u00f3 la invalidaci\u00f3n de las sentencias dictadas en el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas, con soporte en similares argumentos. <\/p>\n
3.1. En efecto, esa acci\u00f3n constitucional correspondi\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, quien, con providencia STC4669-2023, 17 may., declar\u00f3 la inviabilidad del reclamo, tras colegir que: <\/p>\n
\u00abLa demanda de amparo se dirige frente a las actuaciones surtidas en el proceso de rendici\u00f3n de cuentas que culmin\u00f3 con la sentencia que el 10 de mayo de 2018 emiti\u00f3 el Tribunal acusado, en segunda instancia, confirmatoria de la proferida el 9 de febrero de ese a\u00f1o por el Juzgado encausado, la cual fue adversa a la accionante; as\u00ed mismo, frente al mandamiento de pago de 30 de abril de 2019 y la orden de seguir adelante el cobro de 29 de mayo de ese a\u00f1o, emitidos en el juicio ejecutivo seguido a continuaci\u00f3n de aqu\u00e9l. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se anticipa el fracaso del ruego tutelar, por carecer de actualidad, comoquiera que entre la emisi\u00f3n de las referidas providencias y la interposici\u00f3n del presente ruego tutelar -4 de mayo de 2023-, transcurrieron mucho m\u00e1s de seis (6) meses, super\u00e1ndose, con creces, el lapso que ha fijado la jurisprudencia de la Sala como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de situaci\u00f3n alguna que justifique tal tardanza. <\/p>\n
(\u2026) En adici\u00f3n, de cara a todos los dem\u00e1s planteamientos, si la inconforme considera que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades acusadas o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, es claro para la Corte que las s\u00faplicas de estas causas son fundamentalmente las mismas, dado que se orientan, por igual, a censurar las supuestas irregularidades en que habr\u00edan incurrido las autoridades que conocieron del rese\u00f1ado proceso al desestimar su petitum, aspectos que fueron zanjados en la tramitaci\u00f3n que viene de memorarse. <\/p>\n
Sobre el particular, ha sostenido el precedente que: \u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
3.3. Finalmente, la Sala estima oportuno resaltar que, respecto del precitado pronunciamiento2, y cumpliendo los t\u00e9rminos y dem\u00e1s exigencias legales para el efecto, la actora eventualmente cuenta con la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes para reiterar sus pedimentos; lo que ratifica la improsperidad de la salvaguarda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Esta queja resulta temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, en el que se replante\u00f3 un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio y definici\u00f3n del juez constitucional, y no se suscita variaci\u00f3n alguna que permita reabrir el debate jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 A continuaci\u00f3n, se inici\u00f3 el ejecutivo en procura del recaudo de la condena en costas impuesta en esos fallos, en virtud del cual se libr\u00f3 orden de apremio y desde el 2019 se orden\u00f3 seguir adelante el recaudo. <\/p>\n
2\u0002 Expedido el 17 de mayo de 2023 y notificado al d\u00eda siguiente. <\/p>\n
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