STC5185-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5185-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00107-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 3 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cJ\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de esa ciudad y la Comercializadora (\u2026), tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00ba \u201c2022-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, igualdad, salud y vida digna, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que siendo \u00abviudo hace m\u00e1s de seis a\u00f1os, con sesenta a\u00f1os de edad y seria afecci\u00f3n de movilidad en una de mis rodillas (\u2026), estoy actualmente embargado por obligaci\u00f3n alimentaria en un porcentaje que me afecta gravemente mi subsistencia\u00bb, ya que \u00abno cuento con el apoyo de nadie m\u00e1s que mi fuerza de trabajo y mi bast\u00f3n, [por lo que] desde febrero 27 de 2023 fui acogido por [un] ciudadano venezolano (\u2026), domiciliado y residenciado en el municipio de (\u2026), vendedor informal\u00bb. <\/p>\n
Que la medida cautelar en menci\u00f3n la decret\u00f3 el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d \u00aba favor del menor \u201cM\u201d [hoy con 17 a\u00f1os de edad], en proceso ejecutivo [rad. \u201c2022-00000\u201d], seg\u00fan oficio # 166 de marzo de 2023 [dirigido] a la empresa Seguridad (\u2026), en la que laboro\u00bb, y que adicionalmente, \u00abme descuentan del salario un cr\u00e9dito que tuve que solicitar a la empresa Comercializadora (\u2026), ante un estado de necesidad apremiante en que me vi\u00bb. <\/p>\n
Que seg\u00fan \u00abmi colilla de pago de marzo de 2023 (\u2026), con los $408.030 no me alcanza para subsistir ni para velar por mi salud, [y] con el exiguo pago del mes de abril de 2023, que no supera los $533.000, cifra que es totalmente absorbida por mis gastos (\u2026), se puede concluir que ese embargo y el monto de descuento del pr\u00e9stamo al cual tuve que acudir ante mi precariedad econ\u00f3mica, no me est\u00e1 dando para subsistir, afectando [su] m\u00ednimo vital y m\u00f3vil\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se disponga \u00abuna reducci\u00f3n del embargo vigente [dentro del pleito alimentario seguido en su contra]\u00bb, al igual que \u00abdel pr\u00e9stamo vigente con la [empresa] accionada, de manera que pueda contar con medios suficientes para llevar una vida digna\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE ACCIONADO <\/p>\n
La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, inform\u00f3 que dentro del ejecutivo de alimentos promovido por \u201cC\u201d a favor de su hijo adolescente, \u00abel 19 de septiembre de 2022 se libr\u00f3 mandamiento de pago (\u2026) por la suma de $7.873.089 (\u2026); mediante auto del 2 de marzo de 2023 se decret\u00f3 la medida cautelar de embargo sobre el 40% del salario, prestaciones sociales y\/o cualquier otro concepto percibido por [el demandado]\u00bb, obteniendo \u00abel 21 de abril la primera retenci\u00f3n por valor de $420.143\u00bb. <\/p>\n
Que, tras las gestiones pertinentes que realiz\u00f3 la ejecutante, \u00abde conformidad con el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 2213 de 2022, se entiende notificado al ejecutado (\u2026) el 19 de abril [de 2023], estando actualmente dentro del t\u00e9rmino dispuesto por el ordenamiento jur\u00eddico para proponer excepciones, [y que] a la fecha no ha presentado memorial alguno con el fin de estudiar su situaci\u00f3n f\u00e1ctica\u00bb, y con ello, \u00abrevaluarse el monto del embargo de cara a la situaci\u00f3n actual del actor y tambi\u00e9n de los derechos del menor de edad\u00bb, por tanto, la acci\u00f3n desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo al advertir que \u00abno se cumple con el requisito de subsidiariedad [en tanto que] el accionante previamente a la interposici\u00f3n de [esta] solicitud no realiz\u00f3 ninguna petici\u00f3n a la juez accionada ni a la empresa [Comercializadora], a la primera exponiendo lo manifestado en la acci\u00f3n de tutela, respecto a su pretensi\u00f3n de que se reduzca el porcentaje del embargo decretado sobre su salario, [y] a la segunda elevando solicitud para que se reduzca el monto de las cuotas de amortizaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. Acot\u00f3 que por haber sido el mismo interesado quien orden\u00f3 tales descuentos, \u00abninguna vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales podr\u00eda imput\u00e1rsele a la empresa de Seguridad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el reclamante pretextando que \u00abno puedo presentar memorial (\u2026), pues todav\u00eda no soy parte, [ya que] no me han notificado legalmente\u00bb, por lo que requiere del despacho \u00absea diligente frente a mi notificaci\u00f3n y me nombre con urgencia un abogado en amparo de pobreza\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los convocados vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por el actor, porque: (i) dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d, el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, decret\u00f3 el embargo del 40% de su salario y prestaciones sociales, y, (ii) la Comercializadora (\u2026), retiene de sus ingresos una cuota para la amortizaci\u00f3n de un cr\u00e9dito. <\/p>\n
2. Del principio de la subsidiariedad <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que, para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de actuaciones judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la querella constitucional se haya agotado todas las opciones defensivas al alcance del demandante. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otras posibilidades judiciales para la protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC4025-2023, 27 abr., rad. 00121-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, revisados los argumentos de la demanda y confrontados con la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales adosada al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, porque incumple el presupuesto de la subsidiariedad en raz\u00f3n a la existencia de otros medios de defensa para satisfacer lo pretendido. <\/p>\n
3.1. En efecto, el impedimento de procedibilidad emerge respecto de la censura dirigida contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, porque contra la cautela decretada sobre su salario y prestaciones sociales, el accionante no ha concurrido ante la funcionaria competente para poner de manifiesto su inconformidad a trav\u00e9s de los recursos y acciones que la ley contempla. <\/p>\n
De cara a la exculpaci\u00f3n presentada en sede de impugnaci\u00f3n, consistente en que no ha refutado la actuaci\u00f3n en comento porque la actora no ha gestionado su notificaci\u00f3n, la misma deviene infundada, pues ante la existencia de una decisi\u00f3n judicial que en sentir del accionante \u00abafecta gravemente [su] subsistencia\u00bb, el ordenamiento jur\u00eddico lo habilita para acudir al juicio y proponer los medios de defensa que estime conducentes y pertinentes, sin necesidad de esperar a que sea convocado. <\/p>\n
Del mismo modo, se advierte que, si la excusa para tal proceder es la falta de capacidad econ\u00f3mica para contratar los servicios profesionales de un abogado de confianza, tal falencia puede suplirse mediante la invocaci\u00f3n al juzgado del amparo de pobreza, o acudiendo al sistema de Defensor\u00eda P\u00fablica para que se le provea representante judicial, empero, ninguna de esas gestiones acredit\u00f3 haberlas adelantado antes de invocar el presente resguardo. <\/p>\n
En las condiciones descritas, al no avizorarse situaci\u00f3n que permita la flexibilizaci\u00f3n del car\u00e1cter subsidiario y residual que caracteriza a este remedio extraordinario, deber\u00e1 confirmarse su desestimaci\u00f3n bajo el criterio jur\u00eddico expuesto por el tribunal a-quo, seg\u00fan el cual, mientras haya posibilidad al interior del proceso de discutir los aspectos tra\u00eddos por esta v\u00eda, el juez de tutela no puede incursionar para reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional remedio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad a cargo del funcionario llamado a resolver el juicio. <\/p>\n
En este orden, por cuanto el demandante ha omitido agotar los instrumentos ordinarios cuya idoneidad y eficacia no admiten reproche alguno, al juez constitucional le est\u00e1 prohibido arrogarse facultades que no le corresponden para decidir lo que le compete a otro, puesto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada entre otras en STC1245-2023, 15 feb., rad. 00001-01). <\/p>\n
3.2. Ahora, similar tratamiento debe darse frente a la pretensi\u00f3n enfilada contra la Comercializadora (\u2026), pues la retenci\u00f3n que \u00e9sta realiza por n\u00f3mina, tuvo lugar en virtud a la autorizaci\u00f3n que el deudor le otorgara en aras a amortizar el cr\u00e9dito adquirido con dicha entidad, y en esas condiciones, la manera de hacer efectiva la obligaci\u00f3n, en principio est\u00e1 regida por la voluntad de los contratantes. <\/p>\n
De ah\u00ed que, mientras el interesado no gestione lo pertinente ante la referida cooperativa en procura de una eventual reducci\u00f3n del descuento, su variaci\u00f3n en sede judicial s\u00f3lo podr\u00eda darse en el evento de que se impusiera como embargo y este excediera el tope m\u00e1ximo legal (art\u00edculo 344 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo). <\/p>\n
Finalmente, frente a la posibilidad de conceder la tutela para prevenir un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se haya planteado y menos que se hubiera probado, la configuraci\u00f3n de las exigencias que hagan posible la salvaguarda en tales condiciones, comoquiera que para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, en STC5111-2022, 27 abr., rad. 00102-01, entre otras). <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como en el caso particular esos elementos determinantes no fueron acreditados, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme al anterior entendimiento, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el cual no se satisface, se ratificar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia de la tutela, advirtiendo que tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla transitoriamente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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