STC5186-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5186-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00136-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga el 11 de mayo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que H\u00e9ctor Hernando Roa Ardila formul\u00f3 contra los Juzgados S\u00e9ptimo Civil del Circuito y Doce Civil Municipal, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Notar\u00eda Octava del C\u00edrculo Notarial de dicha localidad, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de negociaci\u00f3n de deudas de radicado n\u00famero 2021-00657-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el tr\u00e1mite fue posteriormente asignado al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga (Rad. 2022-00162-00) el que, por autos de 3 de agosto y 7 de septiembre de 2022, inadmiti\u00f3 y rechaz\u00f3 la demanda, porque el actor no hab\u00eda subsanado el defecto con el cual se le hab\u00eda solicitado que probara la calidad de \u00abcomerciante\u00bb que, asegur\u00f3, no ten\u00eda, ya que no contaba \u00abcon estados financieros, como tampoco con empleados, pues (\u2026) es un Cooperado de la Cooperativa Santandereana de Transportes Ltda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3, dejar sin efecto las referidas decisiones, y anular el tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Doce Civil Municipal de Bucaramanga, indic\u00f3 que el auto de 30 de noviembre de 2021 contiene un criterio razonable que no puede debatirse esta acci\u00f3n de car\u00e1cter excepcional, porque en todo caso, los alegatos propuestos por el actor eran extempor\u00e1neos, pues, desde entonces, transcurri\u00f3 aproximadamente 1 a\u00f1o, 3 meses y 3 semanas, lo que indicaba que la tutela carec\u00eda de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito Bucaramanga, inform\u00f3, que el 3 de agosto de 2022 inadmiti\u00f3 la demanda interpuesta por el accionante, y que el 7 de septiembre siguiente, la rechazo, por no haber sido subsanada en debida forma, decisi\u00f3n contra la que se interpusieron los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, que fueron posteriormente desestimados, junto con otra reposici\u00f3n y una queja. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Gobernaci\u00f3n de Santander dijo que el accionante le adeuda $2\u00b4649.724. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Scania Colombia SAS se\u00f1al\u00f3, que la actividad econ\u00f3mica del accionante era la prestaci\u00f3n del servicio de transporte, por s\u00ed mismo o a trav\u00e9s de interpuesta persona, es decir, una cooperativa, con lo que confes\u00f3 que ejerc\u00eda una actividad comercial, al tenor de lo normado en los art\u00edculos 1\u00b0, 10\u00b0, 20\u00b0 numerales 2\u00b0, 5\u00b0, 11\u00b0 y 25\u00b0 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed, las decisiones cuestionadas se encontraban ajustadas a derecho y se\u00f1al\u00f3, que, en todo caso, la acci\u00f3n carec\u00eda de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Banco Davivienda SA sostuvo que no era la llamada a atender los hechos y pretensiones de la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El Municipio de Bucaramanga manifest\u00f3 que no se encontraba vinculado a ese proceso.<\/p>\n
7. La Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, se\u00f1al\u00f3 las obligaciones que ten\u00eda el actor con esa entidad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bucaramanga, neg\u00f3 el amparo por ausencia del requisito de la inmediatez, debido a que transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o desde que se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de competencia expuesta por uno de los acreedores del actor, as\u00ed como porque el rechazo objeto de su inconformidad, se hab\u00eda presentado porque no hab\u00eda subsanado la demanda de insolvencia. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abla funcionaria judicial explic\u00f3 con suficiencia por qu\u00e9 no hab\u00eda lugar a rechazar la demanda por falta de competencia, ni era procedente provocar un conflicto de competencia, pues, precisamente, \u201c(\u2026) la demanda fue remitida por competencia por considerarse que le deudor es persona natural comerciante (\u2026)\u201d\u00bb, as\u00ed como que al juez de la tutela no le era permitido establecer \u00absi el actor ostenta (o no) la calidad de comerciante\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante para insistir en sus pretensiones, enfatizar en que \u00abla vulneraci\u00f3n al presente asunto viene ocasion\u00e1ndose desde la providencia de 30 de noviembre de 2021 por parte del juzgado Doce Civil Municipal\u00bb, y reiter\u00f3 que no tiene la calidad de comerciante que le solicit\u00f3 el Juzgado, y que no hab\u00eda acudido antes a la tutela, porque \u00aba\u00fan faltaban an\u00e1lisis y decisiones de la etapa ordinaria como era el estudio del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. (CSJ. STC1526-2022 reiterada, entre muchas otras, en STC1886-2023 y STC3021-2023). <\/p>\n
Solo en esa eventualidad se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, H\u00e9ctor Hernando Roa Ardila acudi\u00f3 inconforme con los Juzgados Doce Civil Municipal y S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, por cuanto, el primero, en auto de 30 de noviembre de 2021, declar\u00f3 fundada la \u00abfalta de competencia\u00bb planteada por uno de sus acreedores, en el proceso de negociaci\u00f3n de deudas que inici\u00f3 bajo el radicado n\u00famero 2021-00657-00, y orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del mismo a la Notar\u00eda Octava del C\u00edrculo Notarial de esa ciudad, para que lo remitiera a los despachos que consider\u00f3 competentes, esto es, a los juzgados del circuito de esa ciudad; y frente al segundo, se queja por los autos de 3 de agosto y 7 de septiembre de 2022, que inadmiti\u00f3 y rechaz\u00f3 la demanda, (Rad. 2022-00162-00) por no haberla subsanado, decisi\u00f3n \u00faltima esta que mantuvo en providencias de 13 de enero y 27 de febrero de 2023. <\/p>\n
3. Visto lo anterior, frente a la determinaci\u00f3n adoptada por el Juzgado Doce Civil Municipal de Bucaramanga de 30 de noviembre de 2021, surge notoria la ausencia del requisito de la inmediatez, pues al momento de la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional el 24 de marzo de 2023, hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y tres (3) meses desde esa providencia, sin que el actor hubiera acudido a este mecanismo a denunciar la supuesta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, indicando alguna raz\u00f3n para justificar su demora, en la medida en que, era claro, para el momento en el que se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de su demanda de insolvencia a la Notar\u00eda Octava involucrada, ya hab\u00eda agotado todos los medios defensivos que ten\u00eda a su alcance para controvertir el auto que, hasta ahora de manera tard\u00eda, opt\u00f3 por se\u00f1alar irregular, lo que quiere decir que se hab\u00eda superado el lapso de seis (6) meses se\u00f1alado de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC12287-2016, STC10554-2018, STC8525-2022 y STC8539-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
En consecuencia, el amparo, en tal sentido, estaba llamado a su fracaso desde el inicio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En auto de 3 de agosto de 2022, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, inadmiti\u00f3 la petici\u00f3n de insolvencia presentada por el se\u00f1or H\u00e9ctor Hernando Roa Ardila, para que este, <\/p>\n
– Estableciera, \u00abclaramente desde cu\u00e1ndo se encuentra en cesaci\u00f3n de pago de sus obligaciones. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 9 de la ley 1116 de 2006 precisar los eventos en los cuales el deudor se encuentra en cesaci\u00f3n de pagos, por lo cual se deben detallar y acreditar, a la fecha de corte, comprobando las dos (2) o m\u00e1s obligaciones, originadas en su actividad comercial que de conformidad con la norma deben \u201crepresentar no menos del diez por ciento (10%) del pasivo total a cargo del deudor\u201d. Sobre la causal debe allegar certificaci\u00f3n de las deudas actualizadas a la fecha del \u00faltimo corte. En tales certificaciones debe constar el monto de la deuda, el plazo y la tasa de inter\u00e9s pactada, el tiempo y monto de la mora, de manera que pueda establecerse si las obligaciones insolutas fueron contra\u00eddas en desarrollo de su actividad y representan al menos el 10% del total de los pasivos del deudor de conformidad al numeral 1 del art\u00edculo 9 de la Ley 1116 de 2006.\u00bb <\/p>\n
– Allegara, \u00ablos cinco (5) estados financieros b\u00e1sicos, con corte al \u00faltimo d\u00eda calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de reorganizaci\u00f3n, de conformidad al numeral 2 Articulo 13 Ley 1116 de 2006.\u00bb <\/p>\n
– Aportara, \u00ablas Certificaciones de las Normas Internacionales de Informaci\u00f3n Financiera \u2013Niif-\u00bb -sic- y, <\/p>\n
<\/p>\n
* Acreditara, \u00abla calidad de persona natural comerciante.\u00bb <\/p>\n
4.2 En auto de 7 de septiembre de 2022, rechaz\u00f3 la solicitud, por cuanto <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el actor allega el resumen de las acreencias, sin que se establezca de manera clara desde cu\u00e1ndo se encuentra en cesaci\u00f3n de pagos, sin que allegue certificaciones en las que haga constar el monto de la deuda, el plazo y la tasa de inter\u00e9s pactada, el tiempo y monto de la mora, de manera que pueda establecerse si las obligaciones insolutas fueron contra\u00eddas en desarrollo de su actividad y representan al menos el 10% del total de los pasivos del deudor de conformidad al numeral 1 del art\u00edculo 9 de la Ley 1116 de 2006\u00bb (\u00c9nfasis no original), <\/p>\n
\u00abEn relaci\u00f3n con los estados financieros b\u00e1sicos, antes referidos, indica que el reorganizado no es comerciarte, raz\u00f3n por la cual es imposible dar cumplimiento a este ac\u00e1pite\u00bb <\/p>\n
Indic\u00f3, \u00abque el reorganizado por ser persona natural independiente no est\u00e1 obligado a llevar contabilidad, por lo que este tipo de normas no tiene aplicabilidad en el tema financiero. Conforme a lo anterior no fueron aportadas las certificaciones requeridas\u00bb y, <\/p>\n
\u00abno fue aportado el certificado de persona natural comerciante, por considerarse persona natural no comerciante, conforme lo ha venido manifestando\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En providencia de 13 de enero de 2023, al resolver la reposici\u00f3n que present\u00f3 el interesado, puntualiz\u00f3, que \u00abla demanda fue rechazada, se repite, por no haber sido subsanada en debida forma\u00bb, en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, y para despachar otro recurso de reposici\u00f3n acompa\u00f1ado de una queja, en auto de 27 de febrero de 2023 le indic\u00f3 que ninguno proced\u00eda, por estar dirigido contra una decisi\u00f3n que defin\u00eda una reposici\u00f3n, y porque el asunto era de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En ese orden, ninguna de las determinaciones transcritas se observ\u00f3 caprichosa, habida cuenta que, el demandante no subsan\u00f3 la demanda a cabalidad, y no fue solo porque, no acredit\u00f3 su calidad de comerciante, sino debido a que, si bien alleg\u00f3 el resumen de acreencias solicitado por el Juzgado, no estableci\u00f3 \u00abde manera clara desde cu\u00e1ndo se encuentra en cesaci\u00f3n de pagos\u00bb y, tampoco adjunt\u00f3 \u00abcertificaciones en las que haga constar el monto de la deuda, el plazo y la tasa de inter\u00e9s pactada, el tiempo y monto de la mora\u00bb de manera que se pudiera establecer \u00absi las obligaciones insolutas fueron contra\u00eddas en desarrollo de su actividad y representan al menos el 10%\u00bb del total de sus pasivos\u00bb, conforme a lo dispuesto en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Debe tenerse presente, que al tenor de lo establecido en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, si el demandante no corrige los defectos que el juez observa en el respectivo auto inadmisorio la demanda debe rechazarse, a lo que debe sum\u00e1rsele, que debe ser inadmitida \u00abCuando no re\u00fana los requisitos formales\u00bb, entre otros, \u00abLos dem\u00e1s que exija la ley\u00bb -numeral 11 art\u00edculo 82 ibidem- y, para estos casos, adem\u00e1s de demostrar la calidad de \u00abcomerciante\u00bb, debe encontrarse en el supuesto se\u00f1alado en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 1116 referida, tal como lo solicit\u00f3 el juez del concurso, lo que fue desatendido por el interesado, por lo que el rechazo resultaba, apenas natural. <\/p>\n
<\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, la inconformidad exteriorizada por el actor no resulta suficiente para acudir al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos expuestos por los de instancia para sustentar sus decisiones en el \u00e1mbito de sus competencias, e intentar reabrir un debate legal ya definido, como si se tratara de una tercera instancia, en evidente ausencia de las irregularidades denunciadas o de una verdadera vulneraci\u00f3n constitucional. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en STC1212-2022, STC16655-2022 y STC3021-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Tampoco proced\u00eda la acci\u00f3n como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, habida cuenta que, para el evento relatado, se requer\u00eda que el da\u00f1o denunciado revistiera cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pudiera evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela (CSJ STC860-2018, STC9985-2022 y STC3021-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5186-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5186-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00136-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73623","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73623","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73623"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73623\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73623"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73623"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73623"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}