STC5188-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5188-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00235-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 21 de febrero de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Omar Alirio Buitrago Caro, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, los Juzgados Segundo Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1 y el Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2018-00158. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, el actor fue condenado en ambas instancias a la pena de 237 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abtentativa de feminicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de arma de fuego o municiones\u00bb (sentencias de 18 de enero de 2019, del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1; y, del 2 de julio de 2020 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, en primera y segunda instancia, respectivamente). <\/p>\n
Dirigi\u00f3 el accionante sus cuestionamientos contra los referidos fallos condenatorios, principalmente, porque considera que la fiscal\u00eda lo imput\u00f3 y posteriormente lo acus\u00f3, bajo una incorrecta tipificaci\u00f3n de la conducta, pues, seg\u00fan su particular comprensi\u00f3n, los hechos se adecuaban m\u00e1s a una \u00abviolencia intrafamiliar [o] lesiones personales\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, critic\u00f3 que no cont\u00f3 con una debida defensa t\u00e9cnica, pues, \u00abun abogado no es solo para firme su asistencia a las audiencias, sino para que abogue por una condena justa y acorde con la realidad de los hechos, cosa que en mi caso no se dio\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 adicionalmente que, la condena \u00abfue muy alta\u00bb, pese a que indemniz\u00f3 a la v\u00edctima, quien acept\u00f3 el resarcimiento, circunstancia que, seg\u00fan afirm\u00f3, debi\u00f3 tenerse en cuenta para ser merecedor de alg\u00fan beneficio punitivo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 el actor que, en este caso debe prescindirse del an\u00e1lisis de la inmediatez y subsidiariedad; del primero porque, pese a reconocer que no se cumple \u00abpara desvirtuar esa teor\u00eda, presento esta acci\u00f3n preferente a trav\u00e9s del mecanismo transitorio (sic)\u00bb, y que se debe atender el precedente del \u00abConsejo de Estado [sentencia de unificaci\u00f3n 02201 de 2014]\u00bb que se\u00f1ala que, la tutela ser\u00e1 viable \u00abcuando se demuestre que la vulneraci\u00f3n es permanente en el tiempo [\u2026] la situaci\u00f3n es continua y actual (\u2026)\u00bb. En cuanto a la subsidiariedad, adujo que no present\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n contra el fallo del tribunal \u00abpor falta de recursos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, dirigi\u00f3 un reproche contra el Juez Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga pues, present\u00f3 el 11 de abril de 2022 solicitud de redosificaci\u00f3n de la pena, pero, \u00abhasta el d\u00eda de hoy y aunque le he enviado recordatorios [\u2026] no he recibido ninguna respuesta por parte del juzgado, el documento ya va a completar un a\u00f1o de estar en el juzgado de penas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1 relacion\u00f3 las incidencias del juicio penal que se adelant\u00f3 contra el aqu\u00ed accionante por los delitos de \u00abtentativa de feminicidio gravado y porte ilegal de arma de fuego\u00bb, los cuales, aclar\u00f3, Buitrago Caro acept\u00f3 de manera libre y voluntaria. Indic\u00f3 que en el tr\u00e1mite el procesado estuvo debidamente representado por defensores adscritos a la Defensor\u00eda P\u00fablica y de confianza. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja inform\u00f3 que, mediante sentencia de 2 de julio de 2020 confirm\u00f3 la condena impuesta a Buitrago Caro, determinaci\u00f3n contra la cual no fue interpuesto el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga expres\u00f3 que mediante auto del 10 de febrero de 2023 resolvi\u00f3 la solicitud de redosificaci\u00f3n de la pena formulada por el mencionado sentenciado, la cual le fue notificada a este el d\u00eda 15 siguiente. Por tal motivo, peticiona que el amparo sea negado al haber operado la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda al verificar que el accionante no recurri\u00f3 la sentencia condenatoria de segunda instancia a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, incumpliendo el requisito de la subsidiariedad de la acci\u00f3n. Y, en cuanto a la queja contra el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas Bucaramanga, neg\u00f3 el amparo porque \u00abse super\u00f3 la situaci\u00f3n presuntamente trasgresora de los derechos fundamentales del promotor del resguardo que dio origen a la demanda constitucional, en el entendido de que la autoridad accionada adopt\u00f3 las medidas necesarias para el logro del fin pretendido por el censor [auto de 10 de febrero de 2023]\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito introductorio en torno a las cr\u00edticas a los fallos penales y a la falta de defensa t\u00e9cnica. Refut\u00f3 que la Sala a quo considerara superada la vulneraci\u00f3n respecto a la mora judicial del juez de ejecuci\u00f3n de penas convocado pues, aqu\u00e9l procedi\u00f3 a resolver solo como consecuencia de la demanda de tutela y adem\u00e1s, aleg\u00f3 que, \u00abesa respuesta que me dio el juez de penas negando la redosificaci\u00f3n de mi pena va en contra de lo que actualmente se pregona de la humanizaci\u00f3n de las c\u00e1rceles, esencialmente por el hecho de que all\u00ed se habla de que todo beneficio que logren las personas condenas deber\u00e1 ser ganado con el cumplimiento cierto de los requisitos y especialmente por la indemnizaci\u00f3n que hagan a las v\u00edctimas, pues eso fue lo que yo hice pero el juez de penas, presionado por la tutela, y seguramente molesto por su impetraci\u00f3n, no tuvo en cuenta esta situaci\u00f3n que demostr\u00f3 mi inter\u00e9s por resarcir a la v\u00edctima [\u2026] considero que tengo derecho al estudio de la posibilidad jur\u00eddica de una disminuci\u00f3n de mi condena, por considerarla demasiado alta\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, (i) si el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1 y el Tribunal Superior de Tunja, Sala Penal, vulneraron las prerrogativas del actor al condenarlo a la pena de 237 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abtentativa de feminicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de arma de fuego o municiones\u00bb (fallos de18 de enero de 2019 y 2 de julio de 2020, de primera y segunda instancia, respectivamente), por no advertir que la conducta fue incorrectamente tipificada y que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica; y, (ii) del Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, por incurrir en mora judicial para resolver la solicitud de redosificaci\u00f3n de pena elevada el 11 de abril de 2022. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. La inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este principio impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder un semestre a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Este postulado, ciertamente no se cumple en la presente acci\u00f3n, dado que, la sentencia del Tribunal Superior de Tunja que confirm\u00f3 la condena del ac\u00e1 actor data del 2 de julio de 2020, mientras que la presente demanda constitucional fue formulada el 6 de febrero de 2023, es decir, se super\u00f3 con amplitud el t\u00e9rmino se\u00f1alado como razonable por la jurisprudencia para la interposici\u00f3n tempestiva de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.2. Ahora, es cierto que el requisito de la oportunidad eventualmente puede flexibilizarse a partir de razones suficientes que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la debilidad manifiesta por incapacidad f\u00edsica o mental, la minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional; as\u00ed lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, las situaciones se\u00f1aladas por la jurisprudencia en cita no se probaron por parte del actor y las razones que aqu\u00e9l arguy\u00f3, adem\u00e1s de no ser concretas, resultan insuficientes para exculpar su tardanza respecto al agotamiento oportuno del amparo. <\/p>\n
Por otra parte, como raz\u00f3n adicional del fracaso del auxilio, especial menci\u00f3n debe efectuarse al descuido que se advierte del tutelante y su defensa relativo al agotamiento del recurso de casaci\u00f3n, que bien pudo interponer contra la sentencia del ad quem, mecanismo id\u00f3neo con que contaba para plantear ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n sus reproches frente a la actuaci\u00f3n procesal y las irregularidades que habr\u00edan incidido en su allanamiento a cargos, entre ellas, la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica o lo que califica como indebido asesoramiento frente a las consecuencias de dicha aceptaci\u00f3n. En lo atinente, esta Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
De manera que, ante el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que exist\u00edan al interior del juicio penal no puede esta justicia excepcional erigirse como remedio \u00faltimo para rescatar oportunidades preclu\u00eddas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los recursos o los medios de defensa judiciales legalmente establecidos, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Adicionalmente, cabe precisar que, con miras a agotar el se\u00f1alado remedio extraordinario contra la sentencia de segunda instancia, bien pudo acudir a la Defensor\u00eda P\u00fablica para solicitar la asistencia de cara a la presentaci\u00f3n y sustentaci\u00f3n del mismo, de forma que, no resulta admisible la excusa de encontrarse privado de la libertad, as\u00ed como tampoco lo ser\u00eda la falta de recursos econ\u00f3micos, por lo que a las autoridades tuteladas no puede vincul\u00e1rselas a dicha omisi\u00f3n. <\/p>\n
En definitiva, el car\u00e1cter intempestivo de la s\u00faplica y el desperdicio de los medios de defensa legalmente previstos por el ordenamiento, requisitos generales de la protecci\u00f3n rogada, son criterios suficientes que conducen indefectiblemente a ratificar su improcedencia, por lo cual, no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de estos presupuestos. <\/p>\n
5. Carencia actual de objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el cuestionamiento que el gestor del amparo plante\u00f3 respecto del Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, en cuanto a que, supuestamente, habr\u00eda incurrido en mora judicial frente al requerimiento de redosificaci\u00f3n de la pena que impetr\u00f3, se tiene lo siguiente. <\/p>\n
Conforme indic\u00f3 el titular del mencionado despacho judicial al contestar al traslado de la demanda tutelar, con prove\u00eddo del 10 de febrero anterior, se pronunci\u00f3 denegando la pretensi\u00f3n de redosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal, decisi\u00f3n que comunic\u00f3 al interesado el 15 de ese mismo mes, seg\u00fan la constancia que aport\u00f3 a estas diligencias. <\/p>\n
De manera que, en efecto, como lo destac\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, el hecho que origin\u00f3 el reclamo frente a la omisi\u00f3n endilgada al juzgado de ejecuci\u00f3n de penas, ces\u00f3 en el transcurso de la primera instancia de esta acci\u00f3n, al proferir esa autoridad la determinaci\u00f3n echada de menos por el tutelante, y su notificaci\u00f3n en debida forma, configur\u00e1ndose lo que la jurisprudencia y la doctrina denominan \u00abcarencia actual de objeto\u00bb. <\/p>\n
De la figura descrita esta Sala ha dicho \u00ab[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, y STC11007, 10 ago. 2016, rad. 00420-01, entre otras). <\/p>\n
De esta forma, por no existir una transgresi\u00f3n actual de los derechos fundamentales invocados, de acuerdo a lo decantado en la actuaci\u00f3n, se ratificar\u00e1 la negativa del amparo frente a este espec\u00edfico punto. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. Se confirma la improcedencia del auxilio porque, el tutelante, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional para cuestionar las decisiones dictadas en sede ordinaria, sin que se advierta una raz\u00f3n que justifique la tardanza. Adicionalmente, actu\u00f3 con incuria porque no recurri\u00f3 por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia confirm\u00f3 su condena, desaprovechando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este mecanismo propone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
6.2. El hecho que origin\u00f3 la queja frente al Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bucaramanga se encuentra superado, ya que antes de resolverse el asunto en la primera instancia constitucional, ese despacho profiri\u00f3 la decisi\u00f3n reclamada, configur\u00e1ndose la carencia actual de objeto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 19 de mayo de 2023 \u2013 Ingres\u00f3 al despacho del ponente, 23 de mayo de 2023. <\/p>\n
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STC5188-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC5188-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00235-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73624","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73624","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73624"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73624\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73624"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73624"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}