STC5189-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5189-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01973-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por M\u00f3nica del Pilar y Patricia Mar\u00eda Sierra V\u00e1squez contra el Juzgado de Familia de Girardota y la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras del amparo reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, contradicci\u00f3n, defensa, \u00abacceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abde las v\u00edctimas de delitos\u2026 a verdad, justicia y no repetici\u00f3n\u00bb, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas en el juicio fustigado, por la dilaci\u00f3n en la entrega de los bienes relictos al albacea testamentario y la aprobaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos accediendo a la exclusi\u00f3n de unas armas de fuego y un cr\u00e9dito a favor del causante. <\/p>\n
Pidieron, entonces, \u00abse dejen sin efecto y\/o revoquen los autos proferidos en primera instancia, desde el\u2026 (26) de noviembre de\u2026 (2021), en que se llev\u00f3 a cabo la primera audiencia de inventarios y aval\u00faos, por el Juzgado de\u2026 Girardota\u2026[,] y todos los autos sucesivos, incluido\u2026 el del Tribunal\u2026, de segunda instancia, del\u2026 (16) de enero de\u2026 (2023)\u00bb; y \u00ab[o]rdenar a la Juez de\u2026 Girardota\u2026 fijar la fecha para la audiencia de entrega de todos los bienes sucesorales al albacea testamentario\u2026 Disponiendo\u2026 una modificaci\u00f3n del sistema de turnos, para evitar m\u00e1s perjuicios a la sucesi\u00f3n\u2026 por la indebida prolongaci\u00f3n de los procesos, al cambiar inopinadamente las reglas predeterminadas y las formas propias de esta actuaci\u00f3n judicial, incurriendo en mora injustificada\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de sucesi\u00f3n del causante Jos\u00e9 Vicente Sierra Mesa, impulsado por Stella Rend\u00f3n de Aristiz\u00e1bal (como su legataria), intervienen como herederas reconocidas las ac\u00e1 accionantes, junto con sus hermanos Juan Felipe y Jos\u00e9 Vicente Sierra V\u00e1squez, \u00faltimo que acept\u00f3 el cargo de albacea testamentario, por lo que el 4 de febrero de 2021 se le requiri\u00f3 para que allegara la relaci\u00f3n de los bienes y dineros sucesorales, tanto de los que tiene en su poder como de los que no, se\u00f1alando, respecto de los \u00faltimos, qui\u00e9n los detenta y d\u00f3nde est\u00e1n ubicados, \u00abpara fijar fecha para [su] entrega\u00bb. <\/p>\n
2.2. Luego, ante solicitud de los intervinientes en punto a que se entregaran al albacea \u00ablos bienes que expresa no tener en su poder\u00bb, el 12 de noviembre de 2021 el Juzgado dispuso que fijar\u00eda fecha para ello \u00abluego de la diligencia de inventarios y aval\u00faos y acreditada su existencia\u00bb. Decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin objeci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 26 de noviembre de 2021 se inici\u00f3 la audiencia de inventarios y aval\u00faos, en la que se decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de algunas pruebas para definir las objeciones propuestas, suspendi\u00e9ndose la misma. <\/p>\n
2.4. Entre el 1\u00ba de marzo y el 9 de agosto de 2022 los intervinientes presentaron m\u00faltiples solicitudes insistiendo en la entrega de los bienes sucesorales al albacea testamentario, las que el 21 de septiembre siguiente el Juzgado acusado dispuso no atender por carencia del derecho de postulaci\u00f3n por parte de los interesados. <\/p>\n
2.5. El 21 de octubre de 2022 se continu\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos, en la que, en lo que ac\u00e1 interesa, se declararon prosperas las objeciones encaminadas a excluir del activo las armas de fuego y un cr\u00e9dito a favor del causante, con cargo a Iv\u00e1n Dar\u00edo Cook Jaramillo. Decisi\u00f3n que, apelada por las ac\u00e1 accionantes y Jos\u00e9 Vicente Sierra V\u00e1squez, el pasado 16 de enero la confirm\u00f3 el Tribunal atacado. <\/p>\n
2.6. De otro lado, el 10 de noviembre de 2022, ante el requerimiento de los intervinientes en cuanto al pronunciamiento frente a sus solicitudes de entrega de los bienes al albacea testamentario, el Juzgado acusado les indic\u00f3 que deb\u00edan estarse a lo dispuesto en el auto emitido el 12 de noviembre de 2021, en cuanto a que ello se dispondr\u00eda, de ser necesario, \u00abluego de la diligencia de inventarios y aval\u00faos y acreditada su existencia\u00bb. Determinaci\u00f3n respecto de la cual est\u00e1n pendientes de definici\u00f3n los recursos de reposici\u00f3n propuestos por las apoderadas de Jos\u00e9 Vicente Sierra V\u00e1squez (quien tambi\u00e9n formul\u00f3, en subsidio, apelaci\u00f3n) y de las accionantes. <\/p>\n
2.7. Por v\u00eda de tutela, en concreto, las accionantes criticaron i) la que consideran ileg\u00edtima dilaci\u00f3n en la entrega de los bienes al albacea testamentario; y ii) la aprobaci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos excluyendo del activo las armas de fuego y la deuda a cargo de Cook Jaramillo. <\/p>\n
Lo primero, porque, en su sentir, la entrega de bienes al albacea debi\u00f3 efectuarse desde la apertura del juicio de sucesi\u00f3n, por lo que el a-quo ha procedido contrariando lo reglado frente al particular en los c\u00e1nones 496 a 498 del C\u00f3digo General del Proceso, permitiendo, de forma irregular y a pesar de las m\u00faltiples solicitudes de los intervinientes, el agotamiento de etapas subsiguientes, lo que valid\u00f3 el Tribunal convocado al confirmar el pronunciamiento de primer grado. <\/p>\n
Lo segundo, porque la legataria Rend\u00f3n de Aristiz\u00e1bal, su apoderado judicial y Cook Jaramillo, vali\u00e9ndose de maniobras fraudulentas, indujeron a error a los juzgadores, i) benefici\u00e1ndose del ocultamiento de las referidas armas de fuego que estaban en su poder; y ii) sosteniendo que el \u00faltimo cancel\u00f3 la obligaci\u00f3n que ten\u00eda con el causante mediante pagos efectuados a los intervinientes en la causa mortuoria, bajo un acuerdo nunca avalado por todos los herederos. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn indic\u00f3 que las quejosas cuestionan \u00abel tr\u00e1mite que se ha dado a la solicitud de entrega de bienes dentro del proceso de sucesi\u00f3n -aspecto extra\u00f1o a lo que constituy\u00f3 el objeto del recurso de apelaci\u00f3n- as\u00ed como al auto del 16 de enero de 2023, por medio del cual [esa] corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo que decidi\u00f3 las objeciones propuestas a los inventarios y aval\u00faos\u00bb; por lo cual se aten\u00eda \u00aba las consideraciones consignadas en el auto mencionado\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado de Familia de Girardota pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la salvaguarda porque sus decisiones no fueron arbitrarias ni contentivas de defecto f\u00e1ctico alguno. <\/p>\n
3. El abogado Gustavo Le\u00f3n Garc\u00eda Tangarife, quien manifest\u00f3 actuar \u00aben [su] condici\u00f3n de apoderado de\u2026 Stella Rend\u00f3n de Aristiz\u00e1bal\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial que ella le confiri\u00f3 para intervenir en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Las actoras criticaron, en concreto, que en el juicio fustigado no se haya materializado la entrega de los bienes relictos al albacea testamentario y que, a pesar de ello, se continuara con las etapas regulares del juicio de sucesi\u00f3n, aprob\u00e1ndose los inventarios y aval\u00faos, con la exclusi\u00f3n de algunos bienes, cohonest\u00e1ndose las maniobras indebidas de sus antagonistas para lograr ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
3. Con base en tales premisas, concluye la Corte que el resguardo de que se trata est\u00e1 llamado al fracaso, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
3.1. En cuanto a la determinaci\u00f3n del Juzgado de no disponer a\u00fan la entrega de los bienes sucesorales al albacea testamentario, la protecci\u00f3n no se abre paso por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1.1. En primer lugar, porque frente a los prove\u00eddos mediante los cuales ese estrado judicial dispuso i) que s\u00f3lo fijar\u00eda fecha para tal diligencia luego de agotada la etapa de inventarios y aval\u00faos (12 de noviembre de 2021) y ii) no atender, por falta de postulaci\u00f3n, las solicitudes de los intervinientes en punto a la programaci\u00f3n de aquella (21 de septiembre de 2022); las censoras omitieron interponer el recurso de reposici\u00f3n que, acorde con el canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso, resultaba viable, siendo esa la oportunidad para exponer ante el fallador natural todas las inconformidades tra\u00eddas tard\u00edamente en la demanda de tutela. <\/p>\n
Esa circunstancia evidencia el descuido de las reclamantes en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos ante el juzgador ordinario e impide al de tutela interferir el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al particular, la Sala ha sostenido que si quien impulsa la protecci\u00f3n \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 117 del C\u00f3digo General del Proceso] -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3.1.2. En segundo lugar, porque aunque ante la insistencia de los intervinientes en la causa mortuoria en punto a la materializaci\u00f3n de la entrega de los bienes sucesorales al albacea testamentario, en prove\u00eddo del pasado 10 de noviembre el a-quo atacado resolvi\u00f3 que dispondr\u00eda fecha para la respectiva diligencia, de ser necesario, tras la culminaci\u00f3n de la etapa de los inventarios y aval\u00faos; lo cierto es que tal determinaci\u00f3n no cobr\u00f3 firmeza, al haber sido recurrida por las apoderadas judiciales de Jos\u00e9 Vicente Sierra V\u00e1squez y de las quejosas; quienes formularon reposici\u00f3n e, incluso, la primea plante\u00f3 subsidiariamente apelaci\u00f3n, censuras actualmente en tr\u00e1mite. <\/p>\n
Entonces, muy a pesar de las alegaciones de las reclamantes, en cuanto a ese \u00faltimo prove\u00eddo, esta demanda de amparo deviene presurosa, en la medida en que el fallador ordinario no ha tenido la oportunidad de pronunciarse de manera definitiva respecto a la demandada entrega de bienes; circunstancia por la cual la petici\u00f3n de resguardo inobserva el car\u00e1cter subsidiario y residual de esta acci\u00f3n p\u00fablica, dado que con ella se pretende la usurpaci\u00f3n de las funciones propias del funcionario judicial com\u00fan, a lo que, al margen de los planteamientos de las censoras, no puede acceder el juzgador constitucional, so pena de desnaturalizar el cometido de esta herramienta excepcional. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sido enf\u00e1tica al sostener que: <\/p>\n
\u2026no resulta admisible que el accionante \u00aben apresurado actuar, haya instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador\u2026, desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga [dado que el] juzgador enjuiciado es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia. Luego, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que ata\u00f1e resolver al funcionario competente, am\u00e9n que, it\u00e9rase, la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como un escenario paralelo a las actuaciones judiciales, dado su apuntado car\u00e1cter y, mucho menos, fue prevista como una tercera instancia mediante la cual se pueda, sin que medien razones para as\u00ed proceder, antelar y suplantar las decisiones que han de emerger, como no, dentro de cada litigio, y por intermedio del funcionario judicial que est\u00e1 investido legalmente para lo propio\u00bb (CSJ STC, 1\u00b0 feb. 2011, rad. 2010-00958-01). <\/p>\n
3.2. Respecto a la aprobaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos, en lo que ac\u00e1 interesa, excluyendo las armas de fuego denunciadas como de propiedad del causante, as\u00ed como el cr\u00e9dito a favor de \u00e9ste y con cargo a Iv\u00e1n Dar\u00edo Cook Jaramillo, se halla que en la decisi\u00f3n del pasado 16 de enero, mediante la cual la Colegiatura accionada zanj\u00f3 de forma definitiva la situaci\u00f3n cuestionada, expres\u00f3 con suficiencia los motivos para confirmar la adoptada el 21 de octubre de 2022 por el a-quo, sin que tuviera que pronunciarse frente a la rogada diligencia de entrega de bienes al albacea, como err\u00f3neamente lo exigen las actoras, pues su competencia se hallaba circunscrita a lo primero, de conformidad con lo establecido en el precepto 328 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.2.1. En efecto, en esa providencia el Tribunal convocado, tras aludir al contenido del canon 501 del mencionado estatuto, procedi\u00f3 \u00aba analizar si deben o no incluirse dentro de los activos de la sucesi\u00f3n las armas que se relacionaron en el inventario por parte\u2026 del albacea testamentario Jos\u00e9 Vicente Sierra V\u00e1squez\u00bb, anticipando que: <\/p>\n
\u2026los bienes a inventariar como activos son aquellos que conforman el patrimonio del causante o acervo sucesoral, el cual se define como \u201c(…) el patrimonio que queda o deja el finado a sus herederos y legatarios, para su aceptaci\u00f3n o repudiaci\u00f3n. Comprende el conjunto de bienes, derechos y deudas que deja el causante (…) Existen varias clases de acervos hereditarios: 1\u00ba. EL COMUN O BRUTO, todos los bienes que deja el muerto, sin consideraci\u00f3n de cuales son de su propiedad y cu\u00e1les son los sociales; 2\u00ba. EL ILIQUIDO, despu\u00e9s de liquidada la sociedad conyugal, los bienes, derechos y deudas que quedan; y 3\u00ba. EL LIQUIDO o PARTIBLE, es el que queda, despu\u00e9s de pagadas las bajas o deudas de la herencia, contempladas en el art\u00edculo 1016 del C.C.\u201d, componente en el que se incluir\u00edan hipot\u00e9ticamente, las armas sobre las cuales versan los reparos de la alzada. <\/p>\n
Por ese sendero, anot\u00f3 que \u00abpara que tales activos puedan ser considerados como parte del haber hereditario, no s\u00f3lo deben cumplir con las caracter\u00edsticas propias de los elementos patrimoniales conformantes del activo social bruto; esto es, que se trate de bienes pertenecientes al causante, sino tambi\u00e9n \u201c(\u2026) que realmente existan al momento de su [fallecimiento] (\u2026)\u201d; por lo que, habi\u00e9ndose presentado objeci\u00f3n al respecto, corresponde a la parte interesada en su inclusi\u00f3n en los inventarios y aval\u00faos acreditar la existencia del activo a inventariar con las caracter\u00edsticas denunciadas y la titularidad del causante sobre el mismo\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, consign\u00f3 que aunque frente a los mentados bienes \u00abse aport\u00f3 una certificaci\u00f3n poco legible\u2026 donde se enlistan una serie de armas registradas al parecer a nombre del causante\u2026, se enuncian sus caracter\u00edsticas m\u00e1s relevantes como el tipo, calibre, fecha de novedad, compra y vencimiento entre otros datos\u00bb; igualmente era innegable que \u00abde ese documento particular no se constata la titularidad del causante sobre las armas ni la existencia cierta y real para el momento de su fallecimiento conforme a la prueba de la certificaci\u00f3n que al respecto se arrim\u00f3\u00bb, destacando que, acorde con lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en la sentencia C-296\/95, se concluye que \u00abel monopolio de las armas\u2026 est\u00e1 en cabeza del Estado, lo que significa que la relaci\u00f3n entre quien detenta el arma y el bien como tal, es precaria que no de propiedad, raz\u00f3n por la cual no pueden ingresar dichos elementos al inventario de bienes\u00bb, por lo que no le asist\u00eda \u00abraz\u00f3n a las apelantes para predicar la incorporaci\u00f3n de dichos elementos en el inventario de la sucesi\u00f3n, con el fin de que los mismos sean sometidos a partici\u00f3n o adjudicaci\u00f3n, pues como se ve, quien detenta un arma, lo hace como mero tenedor precario de la misma que no como propietario, raz\u00f3n por la que la regulaci\u00f3n vigente, hable del otorgamiento de permisos de acuerdo a lo consignado por el art\u00edculo 40 del Decreto 2535 de 1993\u00bb, aparte normativo que \u00abestablece la obligaci\u00f3n de los interesados, para que, al fallecimiento de una persona con autorizaci\u00f3n para porte o tenencia de arma, informen a la autoridad militar competente a efectos de que tramiten el correspondiente permiso en caso que deseen hacerse con el mismo, lo que significa que las armas que pudiera tener en su poder el causante, con ocasi\u00f3n de las autorizaciones que otrora le pudieren haber otorgado las autoridades militares colombianas, no deben ser incorporadas a su inventario de bienes, por cuanto el mismo no es el titular del derecho real de dominio sobre estas sino que el Estado a trav\u00e9s del tr\u00e1mite del permiso, le otorg\u00f3 la posibilidad de tener o portar dichos elementos, autorizaci\u00f3n que al no ser la que se relacion\u00f3 en el inventario, no puede ser objeto de decisi\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, pas\u00f3 a pronunciarse en torno \u00aba la inclusi\u00f3n en el inventario de la sucesi\u00f3n del causante\u2026, de la acreencia por valor de $80.000.000 que se dice le adeuda\u2026 Iv\u00e1n Dar\u00edo Cook, con motivo de la celebraci\u00f3n en vida del difunto, de un contrato de mutuo entre estos\u00bb. <\/p>\n
Con tal fin, apoy\u00e1ndose en pronunciamiento de esta Corte (Gaceta Jurisprudencial, Tomo LXXX, 1925), consign\u00f3 que \u00abla masa herencial a liquidar comprender\u00e1 el patrimonio del causante; esto es, tanto los activos como los pasivos de los que fuere titular\u00bb; y que aunque con fundamento en ello, \u00ablos herederos interesados, \u2026Jos\u00e9 Vicente, Patricia Mar\u00eda, M\u00f3nica y Juan Felipe Sierra V\u00e1squez, inventariaron en el activo sucesoral una acreencia por valor de $80.000.000 m\u00e1s los intereses generados al 1.25% mensual desde el mes de abril de 2018, adeudados por\u2026 Iv\u00e1n Dar\u00edo Cock al causante, con motivo de un pr\u00e9stamo realizado en el a\u00f1o 2005\u00bb; el a-quo la excluy\u00f3 \u00abbajo el entendido que conforme a la prueba testimonial practicada y a los documentos que aport\u00f3\u2026 Iv\u00e1n Dar\u00edo al absolver su declaraci\u00f3n, se demostr\u00f3 que se hab\u00eda pagado la suma descrita\u00bb, aseveraci\u00f3n que el Tribunal encontr\u00f3 digna de ratificaci\u00f3n, in extenso, bajo los siguientes supuestos: <\/p>\n
\u2026revisada la declaraci\u00f3n del se\u00f1or\u2026 Cook, este refiri\u00f3 que conoci\u00f3 al se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Sierra, con quien tuvo negocios; que, a su muerte, le deb\u00eda una plata desde hac\u00eda 20 o 30 a\u00f1os; que la suma adeudada ascend\u00eda a $180.000.000 que le prest\u00f3 el causante en el a\u00f1o 2005, obligaci\u00f3n que estaba soportada en cheques. Cuando se le pregunt\u00f3 por los valores que hab\u00eda cancelado de dicha deuda, el testigo refiri\u00f3 que cuando muri\u00f3 el se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente, se deb\u00eda toda la obligaci\u00f3n, pero que en el mes de abril del 2018, hab\u00eda recibido en una finca de su propiedad ubicada en el Totumo, una visita del hijo mayor del causante Jos\u00e9 Vicente, del hijo Juan Felipe y de su esposa Stella Rend\u00f3n, quienes fueron \u201ccon el \u00e1nimo de ver c\u00f3mo les iba a cancelar el dinero\u201d, agregando que ellos llegaron a un acuerdo ese d\u00eda seg\u00fan el cual de esos ciento ochenta millones de pesos, se le repartiera a los 4 hijos del causante, $100.000.000 y a la viuda le dejaran los $80.000.000 restantes. Dijo que dicho acuerdo fue verbal, pero que ten\u00eda los respaldos del dinero que entreg\u00f3 a los hijos, representados en 4 cheques por $25.000.000 cada uno y que le qued\u00f3 debiendo a la viuda 80 millones, de los cuales el d\u00eda que hizo entrega de los 4 cheques, aquella le solicit\u00f3 que le hiciera la entrega de $5.000.000 en efectivo, quedando un saldo a su favor por valor de 75 millones de pesos, de los cuales viene cancelando intereses al 1.25% mensual a la se\u00f1ora Stella, dinero con el que dice aquella deriva su subsistencia. Cuando se le pregunt\u00f3 si aquel ten\u00eda en su poder alg\u00fan dinero de la sucesi\u00f3n, dijo categ\u00f3ricamente que no, por cuanto el remanente ya lo hab\u00eda entregado a la viuda, pues aquella ten\u00eda a su nombre 3 cheques por valor de $25.000.000 cada uno, que pod\u00eda hacer efectivos en cualquier momento y que, si bien ven\u00eda cancelando intereses todav\u00eda sobre el saldo, aquello era as\u00ed porque la acreedora se lo hab\u00eda solicitado debido a la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica que ven\u00eda atravesando. <\/p>\n
Estudiado el contenido del testimonio, encuentra la Sala que el mismo merece total credibilidad pues, adem\u00e1s de ser claro, coherente y conciso, proviene del propio deudor de la obligaci\u00f3n, quien aport\u00f3 adem\u00e1s recibos de pago de intereses y los cheques por los valores entregados tanto a los 4 hijos del causante como a la presunta compa\u00f1era, los que adem\u00e1s de validar el dicho del declarante frente al acuerdo que dijo se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda 24 de abril de 2018, dan cuenta que la deuda inicialmente contra\u00edda por este con el se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente lo fue por valor $180.000.000 y que con motivo del abono realizado por $100.000.000 repartidos a los herederos y $5.000.000 millones a la se\u00f1ora Stella Rend\u00f3n de lo cual tambi\u00e9n hay soporte documental en el plenario, qued\u00f3 un saldo por valor de $75.000.000. <\/p>\n
De ah\u00ed que dichas pruebas si tengan la fuerza persuasiva suficiente para representar el comentado acuerdo que dijo celebrarse en el mes de abril de 2018, el cual si bien no incluy\u00f3 la totalidad de los herederos del causante seg\u00fan el mismo testigo relatare, si es manifiesto de la intenci\u00f3n de los representantes de la herencia, m\u00e1s cuando en dicho acuerdo estuvo involucrado el albacea designado, de darle soluci\u00f3n a una obligaci\u00f3n, pero ya de una forma diferente. <\/p>\n
No resulta de recibo para la Sala desechar el dicho del testigo, as\u00ed como la existencia del mentado acuerdo, cuando se acept\u00f3 t\u00e1citamente el pago de al menos $105.000.000 de los $180.000.000; encontrando en dicho relato la explicaci\u00f3n para ello, y por provenir de un tercero ajeno a la masa sucesoral, quien de todos modos sea a unos u a otros debe cancelar la obligaci\u00f3n aceptada, merece plena aceptaci\u00f3n. <\/p>\n
En suma, estableci\u00f3 que confirmar\u00eda la decisi\u00f3n del Juzgado de mantener \u00abpor fuera del inventario de bienes la mentada acreencia, pues si bien en un inicio la misma figuraba a favor del causante, con motivo de un acuerdo, donde los hijos de Jos\u00e9 Vicente tambi\u00e9n salieron beneficiados al recibir las sumas de $25.000.000 cada uno, se dispuso que el resto de la deuda se girara a favor de\u2026 Stella Rend\u00f3n\u00bb. A lo cual a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
\u2026recu\u00e9rdese que a voces del art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, en el activo de la sucesi\u00f3n se incluir\u00e1n los bienes denunciados por cualquiera de los interesados, y que una caracter\u00edstica es que dichos bienes existan y est\u00e9n en cabeza del causante, siendo entonces que si por virtud del probado acuerdo, el acreedor del saldo remanente de los $75.000.000 ya no es el causante Jos\u00e9 Vicente Sierra ni la sucesi\u00f3n, el cr\u00e9dito que representa esa suma ya no pueda incluirse como uno de los activos a partir, resultando v\u00e1lidas las transacciones que ha realizado el deudor en virtud de lo que denomina buena fe, pues por mandato de algunos de los herederos y del albacea, se dispuso que un cr\u00e9dito inicialmente radicado a favor de la sucesi\u00f3n, se solucionara en la forma referida anteriormente. <\/p>\n
Esto \u00faltimo no quiere decir nada diferente a que, por virtud del acuerdo legalmente celebrado entre las personas llamadas a ocupar la posici\u00f3n del causante sobre sus bienes, se dispuso que dicho activo fuera pagado de una forma determinada, estipulaci\u00f3n que se viene cumpliendo y que tiene el alcance de ser un derecho crediticio que pertenece a otro patrimonio diferente y que por tanto no debe ser incluido en el inventario. <\/p>\n
3.2.2. De tal manera, muy a pesar de las alegaciones de las quejosas, para la Sala la decisi\u00f3n auscultada no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que su reclamo no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon no es m\u00e1s que una diferencia de criterio acerca de los motivos por los cuales el Tribunal acusado, muy a pesar de sus alegaciones, con suficiencia, apalancado en las pruebas recaudadas y fundado en las normas aplicables al caso concreto, concluy\u00f3 que las armas de fuego y la mentada acreencia no pod\u00edan hacer parte del activo sucesoral; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
3.3. Finalmente, si las inconformes consideran que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades judiciales acusadas, sus antagonistas o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que deben agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tienen, han de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica, lo que no les es ajeno en tanto aluden haber acudido ante el ente fiscal a formular parte de sus reclamos, por lo menos, frente a la legataria Rend\u00f3n Aristiz\u00e1bal. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al de ahora, dej\u00f3 dicho esta Colegiatura que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Lo consignado impone despachar adversamente la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5189-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC5189-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01973-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73625","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73625","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73625"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73625\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73625"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73625"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73625"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}