STC5190-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5190-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25000-22-13-000-2023-00203-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 9 de mayo de 2023, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00d3scar Javier Velasco Rodr\u00edguez y Sandra Roc\u00edo Vega Rodr\u00edguez, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el hipotecario n\u00b0 2018-00182. <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de defensa y debido proceso, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que dentro del ejecutivo con garant\u00eda real seguido en su contra por Olga Patricia Oma\u00f1a Herr\u00e1n y Elsa Constanza Rey Zuluaga, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot pas\u00f3 por alto que \u00abdesde el a\u00f1o 2021 y hasta el 30 de octubre de 2022 se quedaron sin defensa ni representaci\u00f3n en el proceso\u00bb, por lo cual otorgaron poder a una nueva apoderada, quien el 31 de octubre siguiente solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate programada para el 1\u00b0 de noviembre de 2022, la \u00abnulidad de las actuaciones surtidas mientras no hubo defensa\u00bb, y, el env\u00edo del link de acceso al expediente. <\/p>\n
Refieren que como \u00abno se notific\u00f3 pronunciamiento alguno al respecto, ni sobre otorgar [a su abogada] personer\u00eda para actuar, ni sobre la nulidad por el evidente vicio que ten\u00eda de vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa, acuden al presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
3. En consecuencia, piden \u00abdeclarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso 2018-182, desde el 1 de septiembre de 2021 fecha desde la cual (\u2026) se quedaron sin defensa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Girardot, luego de relacionar de manera sucinta las actuaciones surtidas al interior del asunto criticado, se opuso a la prosperidad del petitum, aduciendo, en s\u00edntesis, que \u00ab frente al argumento que los demandados desde el a\u00f1o 2021 y hasta el 30 de octubre de 2022, se quedaron sin defensa ni representaci\u00f3n, es una situaci\u00f3n no atribuible al Despacho, pues la obligaci\u00f3n de designar los apoderados corresponde a las partes, salvo, cuando se solicite amparo de pobreza, lo cual no ocurri\u00f3 en el presenta asunto\u00bb. Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que no obra solicitud de nulidad presentada por los inconformes que haga viable dar apertura a incidente alguno, \u00abfaltando [\u00e9stos] a la verdad\u00bb. <\/p>\n
2. Olga Patricia Oma\u00f1a Herr\u00e1n y Elsa Constanza Rey Zuluaga, ejecutantes dentro del litigio revisado, solicitaron desestimar lo pretendido, recalcando que \u00ablos accionantes han contado con todas las garant\u00edas procesales, luego de haber sido agotadas todas las etapas y la ritualidad del proceso de acuerdo con lo establecido por la ley, a tal punto que llevamos cuatro a\u00f1os, sin que a\u00fan mis representados hayan satisfecho sus obligaciones. (\u2026) Por consiguiente, a los accionantes, no se le ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental, y, solo pretenden obstruir la acci\u00f3n de la justicia, para impedir y obstaculizar la diligencia de remate\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo concedi\u00f3 la protecci\u00f3n por mora judicial, porque \u00aba la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, el despacho judicial accionado no se ha pronunciado\u00bb sobre el reconocimiento de la apoderada de los gestores. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso \u00aborden[ar] al juzgado accionado que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, adopte las medidas necesarias con el fin de pronunciarse sobre el escrito a que se alude en esta providencia, cumpliendo con el deber de adelantar los tr\u00e1mites \u201cen condiciones de normalidad dentro de los plazos perentorios fijados por el legislador\u201d \u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El titular del despacho convocado recurri\u00f3 la precitada providencia, se\u00f1alando que \u00abordenar reconocer personer\u00eda a la apoderada de los se\u00f1ores OSCAR JAVIER VELASCO RODR\u00cdGUEZ y SANDRA ROCI\u00d3 VEGA RODR\u00cdGUEZ, cuando la misma ha venido actuando, ha tenido acceso al expediente, y jam\u00e1s se le ha impedido ejecutar el mandato conferido dentro del juicio ejecutivo, no configura violaci\u00f3n a los derechos de defensa y al debido proceso, y mucho menos mora judicial como lo afirma el Tribunal, cuando la \u00faltima decisi\u00f3n emitida por el Juzgado data del 14 de febrero de 2023, donde fijo fecha para la diligencia de remate el 10 de abril de 2023, la que tampoco se llev\u00f3 a cabo, por incumplimiento de las cargas de la parte ejecutante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho, al no reconocer personer\u00eda jur\u00eddica a la apoderada de los accionantes y, supuestamente, no dar tr\u00e1mite a la solicitud de nulidad presentada dentro del hipotecario seguido en su contra por Olga Patricia Oma\u00f1a Herr\u00e1n y Elsa Constanza Rey Zuluaga (n\u00b0 2018-00182). <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto- Inexistencia de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas premisas al asunto bajo estudio, y revisado el expediente contentivo del coercitivo cuestionado, se advierte la improsperidad de la solicitud de amparo en referencia, habida cuenta que la controversia planteada por los actores resulta infundada, tal y como pasa a verse. <\/p>\n
3.1. Aunque los accionantes alegan que a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, la autoridad criticada ning\u00fan pronunciamiento ha efectuado frente a la solicitud de \u00abnulidad de las actuaciones surtidas mientras no hubo defensa\u00bb al interior del ejecutivo n\u00b0 2018-000182, el expediente remitido da cuenta que, en escrito presentado el 31 de octubre de 2022 \u00fanicamente se solicit\u00f3 \u00ababstenerse de llevar a cabo la diligencia de remate el d\u00eda de ma\u00f1ana\u00bb, pero no la invalidez de lo actuado \u00abdesde el a\u00f1o 2021 y hasta el 30 de octubre de 2022\u00bb, tal y como se adujo en el escrito de tutela; as\u00ed mismo, se verific\u00f3 que fue en un correo electr\u00f3nico reciente (enviado el 10 de abril de 2023), que se pidi\u00f3 \u00absuspender la diligencia de hoy por vicio de nulidad al ser evidente la violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, situaci\u00f3n de la cual se desprende que ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n el despacho convocado ha amenazado y, menos quebrantado, el debido proceso de los interesados, lo que conlleva la inexistencia de yerro procesal, sustantivo o de otra \u00edndole que pueda habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.2. Por otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que aunque los querellantes tambi\u00e9n se duelen de la tardanza del juez convocado en reconocer personer\u00eda a su apoderada, lo cierto es que dicha circunstancia per se, no implica vulneraci\u00f3n superior alguna, en la medida en que la abogada ha venido actuando dentro del cobro presentando solicitudes y se le ha permitido tener acceso al expediente, por lo que, con independencia de que no se haya proferido una decisi\u00f3n puntual al respecto, t\u00e1citamente se le ha reconocido su condici\u00f3n dentro del litigio, aceptando la designaci\u00f3n efectuada por los demandados, situaci\u00f3n que no configura violaci\u00f3n al derecho de defensa ni al debido proceso, y tampoco mora judicial, a diferencia de lo considerado por el tribunal a quo, m\u00e1xime cuando la almoneda fue suspendida, tal y como lo reclam\u00f3 la parte aqu\u00ed interesada, y la \u00faltima decisi\u00f3n proferida por el juzgado data del 17 de mayo de 2023, se\u00f1alado para el 26 de junio a las 2:30 pm el remate. <\/p>\n
En las condiciones que acaban de describirse, la improcedencia del resguardo se funda en la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos iusfundamentales de los querellantes, comoquiera que la decantada jurisprudencia ha venido sosteniendo que para la prosperidad de este tipo de acciones, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC6835-2022, 2 jun., rad. 00297-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha dicho y reiterado, que para la viabilidad del amparo \u00abse requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada en STC609-2023, 1\u00b0 feb., rad. 01317-01, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo discurrido, es clara la improcedencia del ruego tuitivo, porque al no haberse consolidado afectaci\u00f3n alguna a prerrogativas superiores por parte del despacho querellado, no se justifica la intervenci\u00f3n del fallador excepcional deprecada por los accionantes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada; y, en su lugar, declara IMPROCEDENTE el amparo incoado por \u00d3scar Javier Velasco Rodr\u00edguez y Sandra Roc\u00edo Vega Rodr\u00edguez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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