STC5192-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5192-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01922-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Dora Stella Rond\u00f3n Urrego contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 el resguardo de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso e igualdad, presuntamente conculcadas por las autoridades acusadas, en su orden, al excluir la partida \u00fanica del pasivo social y emitir sentencia aprobatoria del trabajo distributivo en el juicio recriminado. <\/p>\n
Rog\u00f3, entonces, \u00ab[d]ejar sin efectos y revocar\u00bb: i) \u00abel fallo de primera instancia de\u2026 (03) de marzo de 2023[,] emitido por la Juez [encausada,]\u2026; as\u00ed como las actuaciones judiciales surtidas con posterioridad\u2026, en particular, la orden de entregar el 50% de [sus] cesant\u00edas\u2026, las cuales deber\u00e1n ser restituidas por el demandante\u00bb; y \u00ab[o]rdenar al Juzgado [convocado]\u2026 que\u2026 remita la\u2026 actuaci\u00f3n al Juez natural competente para que contin\u00fae adelantado el proceso\u2026[,] por haber perdido la competencia por vencimiento del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o para proferir sentencia\u00bb; y ii) \u00abel auto\u2026 del Tribunal [acusado,]\u2026 de\u2026 21 de septiembre de 2022\u2026 Para en su lugar, se emita nueva decisi\u00f3n teni\u00e9ndose en cuenta las pruebas aportadas\u2026 Principalmente el pagar[\u00e9] firmado por la accionante que dan m\u00e1s raz\u00f3n al pasivo existente\u00bb; adem\u00e1s, \u00ab[o]rdenar al demandante\u2026 Gonz\u00e1lez Torres que [le]\u2026 restituya las sumas pagadas por concepto de [sus] cesant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para la definici\u00f3n del presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que contra la accionante inco\u00f3 C\u00e9sar Eduardo Gonz\u00e1lez Torres, objetados los inventarios y aval\u00faos presentados por las partes, el 30 de marzo de 2022, en lo que ac\u00e1 interesa, el Juzgado acusado los aprob\u00f3 validando, como partida \u00fanica en el pasivo, la \u00ab[h]ipoteca que recae sobre el inmueble\u2026 con folio de matr\u00edcula inmobiliaria # 300-373552, teniendo como deuda al 3 de junio de 2021, \u2026$266.889.717\u00bb; determinaci\u00f3n que el 21 de septiembre siguiente revoc\u00f3 el Tribunal acusado para, en su lugar, excluir tal partida, \u00abpor no haberse cumplido el imperativo legal de identificar e individualizar correctamente el cr\u00e9dito ni haberse allegado t\u00edtulo ejecutivo que lo contenga\u00bb. <\/p>\n
2.2. Luego, allegado el respectivo trabajo de partici\u00f3n, el que no fue objeto de ning\u00fan reparo, el Juzgado convocado lo aprob\u00f3 con sentencia del pasado 3 de marzo. <\/p>\n
2.3. Mediante la acci\u00f3n de tutela del ep\u00edgrafe, incoada el 11 de mayo \u00faltimo, la accionante critic\u00f3 que el Tribunal encausado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al excluir, sin justificaci\u00f3n, el pasivo de la sociedad conyugal, \u00abdesconociendo la existencia de una obligaci\u00f3n pecuniaria\u00bb claramente demostrada, como acertadamente lo reconoci\u00f3 previamente el a-quo, a m\u00e1s que esa decisi\u00f3n fue, irregularmente, extrapetita, porque el all\u00e1 demandante lo que discuti\u00f3 fue el monto al cual ascend\u00eda ese cr\u00e9dito, nunca su vigencia; mientras que el Juzgado acusado, sumado a que por los anteriores motivos no debi\u00f3 atender lo dispuesto por el ad-quem, incurri\u00f3 en defecto org\u00e1nico al emitir sentencia por \u00abfuera del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o fijado por el art\u00edculo 121 del C.G.P. para proferir[la]\u2026, lo cual se constituye en una violaci\u00f3n del debido proceso, siendo nula la actuaci\u00f3n del despacho, quedando sin efecto algun[o] [su] providencia\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el ruego tutelar, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes contemplados en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta indic\u00f3 que, respecto de la providencia que se le reproch\u00f3, deb\u00eda denegarse el resguardo deprecado por incumplir con el presupuesto de la inmediatez; aunado a que, en todo caso, su decisi\u00f3n se ciment\u00f3 \u00aben que la relaci\u00f3n que del pasivo se hiciera en el escrito de inventarios y aval\u00faos, no reun\u00eda los requisitos legales para ser tenido en cuenta y por ello se hizo necesaria su exclusi\u00f3n[,] conforme se explic\u00f3 con suficiencia en la providencia atacada\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto de Familia de C\u00facuta limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a historiar las actuaciones surtidas en el juicio recriminado. <\/p>\n
3. C\u00e9sar Eduardo Gonz\u00e1lez Torres deprec\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda por insatisfacer los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, lo primero, respecto de la decisi\u00f3n cuestionada al Tribunal; mientras que, lo segundo, en cuanto al pronunciamiento reprochado al Juzgado, ante el sepulcral silencio de la quejosa respecto al trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. La demanda de amparo se dirige frente al prove\u00eddo mediante el cual el Tribunal acusado, el 21 de septiembre de 2022, resolvi\u00f3 excluir la partida \u00fanica del pasivo social; y contra la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n, emitida el pasado 3 de marzo por el Juzgado convocado en el juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal impulsado por C\u00e9sar Eduardo Gonz\u00e1lez Torres contra la quejosa. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, se anticipa el fracaso del ruego tutelar, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En cuanto al auto que dict\u00f3 la Colegiatura accionada el 21 de septiembre de 2022, la salvaguarda planteada se muestra inviable por carecer de actualidad, comoquiera que entre la emisi\u00f3n de la referida providencia y la interposici\u00f3n del presente ruego tutelar -11 de mayo de 2023-, transcurrieron m\u00e1s de seis (6) meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la jurisprudencia de la Sala como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de situaci\u00f3n alguna que justifique tal tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto, insistentemente ha sostenido esta Corte que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera… el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
2.2. Ahora, respecto a la sentencia aprobatoria del trabajo distributivo que profiri\u00f3 el a-quo accionado el pasado 3 de marzo, la formulaci\u00f3n del amparo desconoce el requisito de la subsidiariedad, lo que lo torna improcedente. <\/p>\n
Y, en segundo lugar, porque se advierte que la promotora fue debida notificada de la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite liquidatorio recriminado, en el que actu\u00f3 a trav\u00e9s de apoderada judicial, por lo que pudo defenderse al interior de ese juicio y presentar los recursos de ley, pero muy a pesar de sus alegaciones, lo cierto es que no lo hizo, desperdiciando los instrumentos ordinarios de defensa que all\u00ed tuvo a su alcance para controvertir la determinaci\u00f3n que le fue adversa, destacando, espec\u00edficamente, que no objet\u00f3 el trabajo distributivo, proceder con el que renunci\u00f3 a la posibilidad de apelar la sentencia que lo aprob\u00f3, acorde con lo reglado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso, quedando, entonces, por su propia incuria, atada a lo definido en la decisi\u00f3n que reprocha. <\/p>\n
En consecuencia, de cara a los t\u00f3picos que en este apartado se analizan, si la tutelante ten\u00eda los medios de defensa judicial id\u00f3neos para invocar ante el juzgador com\u00fan los yerros que tard\u00edamente se\u00f1ala por esta v\u00eda, la presente demanda constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, a voces del numeral 1\u00b0 del precepto 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales acaecidas. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte ha dicho en diversidad de oportunidades que: <\/p>\n
\u2026el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC, 14 en. 2003, rad. 23023; reiterada en CSJ STC5341-2014; y STC, 27 may. 2016, rad. 2016-00401-01). <\/p>\n
3. Lo sucintamente consignado impone despachar adversamente la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el resguardo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, en caso de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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