STC5201-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5201-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2023-00007-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide de cara a las impugnaciones interpuestas por quien enunci\u00f3 fungir en representaci\u00f3n de Corporaci\u00f3n Cl\u00ednica -antes Corporaci\u00f3n Cl\u00ednica Universidad Cooperativa de Colombia- y las EPS\u00b4s Capital Salud y Sanitas, frente a la sentencia de 14 de abril de los corrientes emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Lizeth Giovanna Tello Camargo, la que adujo obrar como apoderada de Servicios en Gastrohepatolog\u00eda y Endoscopia Digestiva S.A.S., contra las entidades promotoras ahora recurrentes, as\u00ed como respecto a las EPS\u00b4s Famisanar, Salud Total, Coomeva, Medim\u00e1s, Cajacopi y Nueva EPS, extensiva al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La convocante deprec\u00f3 el pronto patrocinio de las prerrogativas esenciales al debido proceso y \u00abacceso a la [administraci\u00f3n de] justicia\u00bb de la empresa en cuyo nombre expuso comparecer, presuntamente conculcadas por los estamentos repelidos. Y en concreto, se conmine a impartir cumplimiento a la medida cautelar decretada dentro del expediente ejecutivo n.\u00b0 \u00ab2022-00113\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento manifest\u00f3, en lo de importancia, que las EPS\u00b4s ac\u00e1 encausadas han omitido acatar el embargo de dineros dispuesto, con auto de 9 de septiembre de 2022, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio en el arriba descrito litigio compulsivo -de Servicios en Gastrohepatolog\u00eda y Endoscopia Digestiva S.A.S., contra Corporaci\u00f3n Cl\u00ednica-, pese a los m\u00faltiples requerimientos hechos por ella como mandataria del extremo ah\u00ed ejecutante y con todo y la aclaraci\u00f3n del monto de la cautela en providencia posterior, permitida por el precedente jurisprudencial. A\u00f1adi\u00f3 que el despacho judicial en cita tampoco ha enviado a algunas de las entidades promotoras, oficio de ratificaci\u00f3n de la medida con la pertinente actualizaci\u00f3n de la cuant\u00eda. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Juzgado arguy\u00f3 que su proceder fue acorde y dio ingreso a la ejecuci\u00f3n en disenso. Corporaci\u00f3n Cl\u00ednica se opuso al \u00e9xito de la clama, por inviabilidad del mecanismo constitucional de marras cuando el pleito coercitivo est\u00e1 en curso. Las EPS\u00b4s Capital Salud, Nueva EPS, Famisanar, Medim\u00e1s, Cajacopi y Sanitas tambi\u00e9n se mostraron en disfavor de la s\u00faplica -por aparte-, por ausencia de vulneraci\u00f3n. Coomeva expres\u00f3 hallarse en tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Concedi\u00f3 la salvaguarda \u2013luego de la anulaci\u00f3n que declarara la Corte en CSJ ATC329-2023, 29 mar.\u2013, pues Nueva EPS, Famisanar, Capital Salud, Sanitas y Salud Total no honraron la medida de embargo, aun cuando se les comunic\u00f3 tal cautela por \u00faltima vez (ratificaci\u00f3n) con oficio de 20 de enero de los corrientes y sin que fuera de recibo hacer requerimientos por \u00abexcepci\u00f3n de inembargabilidad\u00bb. De otro flanco, porque el juzgado omiti\u00f3 informar debidamente a Cajacopi de dicha medida. Por consiguiente, exigi\u00f3 a las referidas EPS\u00b4s brindar \u00abrespuesta de fondo\u2026, respetando\u00bb las motivaciones del auto \u00abde nueve (9) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022)\u00bb, so pena de \u00abincurrir en responsabilidad\u00bb, mientras que a la agencia judicial la forz\u00f3 a \u00abcomunicar\u00bb a Cajacopi; todo, en lapsos perentorios. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Fueron intentadas separadamente por quien dijera venir en representaci\u00f3n de Corporaci\u00f3n Cl\u00ednica y, por las EPS\u00b4s Capital Salud y Sanitas, con el planteamiento com\u00fan de que ya hab\u00eda mediado contestaci\u00f3n a los oficios de cautela. Sanitas adem\u00e1s acot\u00f3 haber relatado al despacho de cognici\u00f3n no tener certeza sobre el porcentaje de los \u00abingresos brutos\u00bb al cual se aplicar\u00eda el embargo, sin eco. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un instrumento jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de incoar siempre que sean trasgredidos o permanezcan en peligro inminente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Delanteramente refulge, m\u00e1s all\u00e1 de los reparos impugnatorios, que la abogada Lizeth Giovanna Tello Camargo carece de legitimaci\u00f3n para buscar cuestionar en esta sede las aparentes pretermisiones dentro del expediente ejecutivo n.\u00b0 \u00ab2022-00113\u00bb, toda vez que ella no es parte en esa contienda, no ostenta calidad de representante legal -como lo supuso el Tribunal a-quo-, ni aport\u00f3 poder especial id\u00f3neo en procura de acudir aqu\u00ed en nombre de la all\u00e1 demandante Servicios en Gastrohepatolog\u00eda y Endoscopia Digestiva S.A.S. (a diferencia de lo dicho a lo largo del presente rito), aunado a que dej\u00f3 de pregonar y acreditar los supuestos que validaran un comparecimiento a\u00fan como \u00abagente oficiosa\u00bb de tal empresa. <\/p>\n
Sobre la habilitaci\u00f3n para activar este escenario iusfundamental, los art\u00edculos 10 y 31 del decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta conculcaci\u00f3n generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos en calidad de intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, sobre el alcance del descrito canon 10, la Corte constitucional decant\u00f3 que, <\/p>\n
la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07). <\/p>\n
Consecuentemente, ese m\u00e1ximo tribunal ha recordado los elementos necesarios para que opere la figura de la agencia oficiosa \u2013ninguno de los cuales fue aqu\u00ed aducido ni satisfecho\u2013, precisando que: <\/p>\n
La jurisprudencia(\u2026) ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n
3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d… <\/p>\n
3.13.1. La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Tovar no fue parte dentro de los procesos [fustigados]… En ese orden, la accionante, por no ser parte dentro de los citados expedientes, no tiene legitimidad para emprender una acci\u00f3n que, conforme al art\u00edculo 86 de la Carta, s\u00f3lo puede hacerlo directamente el afectado. <\/p>\n
3.13.2. No obstante lo anterior, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha rese\u00f1ado, la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para interponer la acci\u00f3n de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso. <\/p>\n
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de tutela no se indic\u00f3 que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compa\u00f1ero permanente. Aspecto que si bien puede inferirse de la misma demanda, moderando un poco la exigencia procesal, seg\u00fan lo ha ense\u00f1ado la Corte para algunos casos excepcionales y con el fin de garantizar los principios del acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, no ocurre lo mismo con la exigencia probatoria relativa a que el se\u00f1or Torres se encuentra en imposibilidad para interponer, de manera aut\u00f3noma y directa, la tutela\u2026 (CC T-406\/17). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, vislumbrado que Tello Camargo no es parte ni interviniente en el decurso materia de reproche, tampoco alleg\u00f3 poder apto a la salvaguarda para actuar en representaci\u00f3n de Servicios en Gastrohepatolog\u00eda y Endoscopia Digestiva S.A.S. (all\u00ed ejecutante), ni adujo o demostr\u00f3 los supuestos que posibilitaran su condici\u00f3n de \u00abagente oficiosa\u00bb de la prenombrada compa\u00f1\u00eda, es evidente que adolece de legitimaci\u00f3n para promover el presente reclamo tutelar. Cabe resaltar que el mandato especial adjunto a la demanda constitucional fue conferido pero en procura del adelanto de la contienda ejecutiva, que no para la iniciaci\u00f3n y prosecuci\u00f3n del implemento tutelar del ep\u00edgrafe. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En complemento, recu\u00e9rdese que, tal cual se ha doctrinado en este nivel, \u00ab[l]a falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u2026\u00bb (\u00c9nfasis adrede. CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145-01; reiterada en STC8139, 25 jun. 2015, rad. 00365-01 y STC11880, 5 sep. 2019, rad. 01378-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, infirmar el veredicto del tribunal a-quo, pues al margen de los basamentos de las opugnaciones interpuestas lo cierto es que la querella iusfundamental de marras no satisfizo el elemento general de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, declara improcedente el resguardo implorado. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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