STC5203-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5203-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2023-00209-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 5 de mayo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Margarita Mar\u00eda Latorre Abisanbra, quien funge en representaci\u00f3n de sus dos menores hijas, contra el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso e igualdad, que dice vulneradas por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos la sentencia proferida por el Juzgado [criticado]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Margarita Mar\u00eda Latorre Abisanbra, en representaci\u00f3n de sus dos hijas menores de edad, promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra el padre de las adolescentes Kelvin Ulises Guzm\u00e1n Cabrera, libr\u00e1ndose orden de pago el 21 de septiembre de 2021, entre otros conceptos, por \u00ab$4.572.450 por\u2026 cuota de alimentos\u2026, m\u00e1s los intereses del 6% anual desde que se hizo exigible la obligaci\u00f3n y las que en lo sucesivo se causen seg\u00fan lo dispuesto en el Art. 431 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el estrado acusado \u00abdesvi\u00f3 la atenci\u00f3n a las pruebas que [la] favorec\u00edan\u00bb; que en los alegatos de conclusi\u00f3n se indic\u00f3 que \u00abel demandado\u2026 deb\u00eda en total las cuotas alimentarias de julio a diciembre de 2020, que si bien no fueron solicitadas en la demanda\u2026, s\u00ed las solicit\u00f3 posteriormente al demostrar la inexistencia del pago de esas obligaciones\u00bb; y que \u00aben virtud de su facultad de fallar extra y ultra petita, tambi\u00e9n le solicit[\u00f3] al Juez que ordenara al [demandado que] se abstuviera de vender los equipos de cine y televisi\u00f3n que tiene en su poder y que [les] pertenecen por partes iguales, hasta tanto no constituya un capital que garantice el pago de las pr\u00f3ximas 24 cuotas alimentarias\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n reclam\u00f3 que \u00able [ordenara] que [le] devolviera el 50% de los equipos o de su valor comercial, que no le pertenecen\u00bb, pedimentos que omiti\u00f3 resolver el fallador accionado. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que, en la sentencia criticada, el fallador enjuiciado \u00abno se pronunci\u00f3 sobre las cuotas alimentarias del a\u00f1o 2020 ni de las once cuotas que ya hab\u00edan transcurrido de 2022, ni hizo la menor alusi\u00f3n a ellas\u00bb, pues \u00ab[s]e limit\u00f3 exclusivamente a las del a\u00f1o 2021, compensando en clara contrav\u00eda del art\u00edculo 425 del c\u00f3digo civil los dineros que el demandado dio de m\u00e1s en dinero al colegio\u00bb, desconociendo que el acuerdo alimentario se suscribi\u00f3 el \u00ab25 de junio de 2020\u2026, el cual fue refrendado el 19 de octubre de 2020 por un Defensor de Familia y elevado a escritura p\u00fablica el 6 de noviembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
2.5. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que \u00absuponiendo\u2026 que pudiesen esos dineros ser compensados, [se tiene] que los gastos educativos pagados por el demandado en 2021 ascendieron a $18.067.000, de algo m\u00e1s de $22.000.000, que deb\u00edan pagarse, los cuales le correspond\u00edan pagar el 50%, es decir, $11.000.000 de pesos\u00bb, por lo que quedaba \u00abun sobrante de solo $7.067.000, y siendo la sumatoria de las consignaciones dejadas de pagar, m\u00e1s los gastos de salud, $31.000.670, jam\u00e1s podr\u00eda entenderse como una compensaci\u00f3n total, como err\u00f3neamente la decret\u00f3 el Juez\u00bb. <\/p>\n
2.6. Esgrimi\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abentre la fecha de la sentencia y la presentaci\u00f3n de esta tutela\u2026, Kelvin Guzm\u00e1n Cabrera sigue acrecentando su deuda\u00bb, pues no ha pagado en su totalidad la obligaci\u00f3n alimentaria; que, tanto ella como sus hijas, han sido v\u00edctimas de violencia (f\u00edsica, psicol\u00f3gica y econ\u00f3mica) por parte del ejecutado, circunstancias que omiti\u00f3 valorar, con enfoque de g\u00e9nero, el fallador accionado; y que se desconoci\u00f3 jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n en materia de alimentos. <\/p>\n
2.7. Finalmente, manifest\u00f3 que se trasgredi\u00f3 lo reglado en el art\u00edculo 1627 del C\u00f3digo Civil, al reconocerse como pago de la obligaci\u00f3n alimentaria, las sumas que cancel\u00f3 el demandado por gastos educativos; y que el despacho judicial criticado \u00abno solo vulner\u00f3 el imperio de la ley, tambi\u00e9n criterios auxiliares tan caros como lo es la equidad\u2026 [al] pretender que con $1.500.000 pagados directamente al colegio, el padre d\u00e9 por resuelta las obligaciones alimentarias de sus menores hijas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La sede judicial accionada guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2. Con posterioridad al proferimiento del fallo de primera instancia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, comoquiera que la providencia cuestionada \u00abcuenta con un fundamento probatorio y argumentativo id\u00f3neo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora manifest\u00f3 que la providencia impugnada \u00abdenota un af\u00e1n por negar la tutela, al detenerse en valorar tan solo una de las nueve consideraciones esgrimidas como contentivas de v\u00edas de hecho por el juez accionado\u00bb. Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que la autoridad enjuiciada cometi\u00f3 varios desafueros que ameritaban la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto, en primer lugar, al compensar los pagos que realiz\u00f3 el demandante por gastos educativos de sus menores hijas, con las cuotas alimentarias que se reclamaban en el juicio criticado, desconoci\u00f3 la jurisprudencia que, sobre ese particular, ha dictado esta Sala Especializada. <\/p>\n
3.1. Y es que, t\u00e9ngase en cuenta que, en un caso similar al ahora analizado, la Corte tuvo la oportunidad de sostener: <\/p>\n
\u2026 como se evidencia de las piezas adosadas a este tr\u00e1mite, el gestor aleg\u00f3 que debe tenerse en cuenta lo que sufrag\u00f3 para solventar las \u00abnecesidades b\u00e1sicas del menor\u00bb as\u00ed: <\/p>\n
[p]ara los tres meses siguientes: abril, mayo y junio de 2017 (\u2026) deb\u00eda cancelar la suma total de $8\u2019975.000, para lo cual hizo diferentes tipos de abonos que responden a las necesidades del ni\u00f1o Samuel, por la suma de $8\u2019389.418, como se puede observar en la tabla 1, y los dem\u00e1s pagos por compensaci\u00f3n por deudas adquiridas por la pareja antes del divorcio, por la suma de $24\u2019.486.735. Ver tabla No. 2., tal como se prueba con los recibos adjuntos. <\/p>\n
Respecto de la \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb ense\u00f1\u00f3 tambi\u00e9n que: [f]undamento esta excepci\u00f3n en el hecho cierto e indiscutible que el se\u00f1or Hansel de Jes\u00fas Gari Garc\u00eda, ha cumplido cabalmente con su obligaci\u00f3n alimentaria para con su hijo Samuel, pues no solamente ha cubierto los dineros que se comprometi\u00f3 sino que viene cubriendo gastos adicionales, tal y como se prueba con los recibos que relaciono a continuaci\u00f3n: Ver tabla No. 2. <\/p>\n
En la tabla 1 relaciona bajo el r\u00f3tulo de \u00abtipo de abono\u00bb: \u00abImportaciones (USD) para Samuel, Transferencia a Indira, Gastos fijos vivienda y servicios (mensual) [cuota de administraci\u00f3n, recibo agua, recibo gas, recibo luz, recibo internet], Salud (mensual), Costo env\u00edo importaciones\u00bb. Y en la 2 discrimina \u00abtipo de gasto\u00bb: \u00abSeguros (anual) [Allianz Seguros (Mayo)]\u00bb, \u00abCuotas cr\u00e9ditos (mensual) [Auto Indira, Cr\u00e9dito Colpatria y Cr\u00e9dito BBVA], \u00abgastos fijos, vivienda y servicios (mensual)\u00bb [Administraci\u00f3n Cartagena, Recibo Agua, Recibo Gas, Recibo Luz, Recibo internet]. <\/p>\n
3.2. Ahora, el funcionario reconvenido para desatender el hecho seg\u00fan el cual hab\u00eda efectuado \u00ababonos al cr\u00e9dito\u00bb por medio de las erogaciones descritas en la tabla 1 explic\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el demandado ha imputado como pago de la obligaci\u00f3n alimentaria el pago de gastos fijos de vivienda y servicios, administraci\u00f3n, salud, inclusive costos de importaciones tal y como se relaciona en la tabla No. 1, sin embargo, para este despacho judicial dichos pagos no ser\u00e1n tenidos en cuenta para el proceso ejecutivo, pues la obligaci\u00f3n alimentaria se pact\u00f3 como una cuota mensual \u00fanica que cubre los gastos mensuales que demanda el infante Samuel y cuya administraci\u00f3n se encuentra en cabeza de su progenitora quien es la que ostenta la custodia y cuidado personal de su menor hijo, por tal raz\u00f3n no es factible reputar dichos pagos como abono a la cuota alimentaria, pues si los extremos procesales hubiesen querido distribuir as\u00ed los pagos, as\u00ed debi\u00f3 haber quedado en la audiencia de conciliaci\u00f3n, sin embargo la voluntad de los sujetos procesales fue otra, y por consiguiente, no puede haber alteraci\u00f3n a lo pactado y aprobado por este estrado judicial. <\/p>\n
Apreciaci\u00f3n que concuerda con la realidad, ya que la soluci\u00f3n de los compromisos estipulados en la \u00abconciliaci\u00f3n\u00bb se convino a trav\u00e9s de la entrega peri\u00f3dica de un valor representado en dinero, y conforme a las reglas sobre el pago contempladas en el C\u00f3digo Civil, \u00e9ste \u00abes la prestaci\u00f3n de lo que se debe\u00bb (art. 1626), am\u00e9n que \u00abse har\u00e1 bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligaci\u00f3n (\u2026)\u00bb, sin que el acreedor pueda \u00abser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni a\u00fan a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida\u00bb (art. 1627 ib\u00eddem). <\/p>\n
Frente al t\u00f3pico, en un asunto de similares contornos a \u00e9ste, la Sala expuso que <\/p>\n
[b]ajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n reclamada, en la medida en que, no est\u00e1n acreditadas las ostensibles circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudiera abrir las puertas del \u00e9xito a la tutela, toda vez que la exposici\u00f3n de motivos decisorios al efecto manifestado por el querellado para \u00abno declarar probada la excepci\u00f3n de pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb propuesta por Guillermo Solano Garnica (aqu\u00ed accionante); y ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, se guarecen en t\u00f3picos normativos y jurisprudenciales que regulan el preciso tema abordado, esto es, que luego de un juicioso an\u00e1lisis de las demostraciones arrimadas, aplicando los art\u00edculos 115, 177, 294 y 488 del Estatuto Procesal Civil, determin\u00f3 no tener en cuenta los desembolsos que efectu\u00f3 el demandado en especie, dado que en el acuerdo que sirvi\u00f3 de base para el recaudo nada se dice al respecto; es decir, que la cuota alimentaria debi\u00f3 cancelarse en la forma y t\u00e9rminos convenida (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se descarta as\u00ed cualquier asomo de vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales invocados, ya que la interpretaci\u00f3n que al particular caso se le dio el juzgador de conocimiento no est\u00e1 desprovista de la suficiente y necesarias razones que, independientemente que la Corte la proh\u00edje, mal pueden tenerse por antojadizas en grado sumo para conculcar las presunciones de apego a derecho y acierto que de tal se reviste; por consiguiente, dicha determinaci\u00f3n no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional (STC3551-2015). <\/p>\n
3.3. En cuanto a la \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb, si bien afirma el recurrente el fallador, estableci\u00f3 que es inadmisible alegarla en los \u00abejecutivos por alimentos\u00bb, los supuestos en que funda el pluricitado \u00abmedio de defensa\u00bb no dan cuenta de esa forma de \u00abextinci\u00f3n de las obligaciones\u00bb, en vista que no adujo ni demostr\u00f3 que es rec\u00edprocamente acreedor del \u00abalimentario\u00bb, como lo disponen los art\u00edculos 1714 y 1716 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Esto, porque lo que opuso a la prestaci\u00f3n \u00aben dinero\u00bb a la que se \u00aboblig\u00f3\u00bb fue el pago por concepto de \u00abseguros\u00bb, \u00abcuotas cr\u00e9ditos [Colpatria y BBVA], \u00abgastos fijos, vivienda y servicios (mensual) [recibo agua, recibo gas, recibo luz, recibo internet], pretendiendo adem\u00e1s descontar deudas derivadas de la relaci\u00f3n conyugal que sostuvo con Indira Ruiz, quien no es la titular de los \u00abalimentos\u00bb reclamados, sino el peque\u00f1o que tienen en com\u00fan. Sobre el particular, recu\u00e9rdese que al replicar los pedimentos de ese litigio arguy\u00f3: \u00ab(\u2026) y los dem\u00e1s pagos por compensaci\u00f3n por deudas adquiridas por la pareja antes del divorcio, por la suma de $24\u2019.486.735\u00bb, lo que descarta la viabilidad de ese alegato. (CSJ STC12783-2018; sobre el particular ver tambi\u00e9n STC2020-2020). <\/p>\n
En sentido similar, en sentencia STC13676-2021, se precis\u00f3 que: <\/p>\n
Ahora, respecto del \u00abpago total\u00bb, el juzgado precis\u00f3 que el hecho de haber aportado documentaci\u00f3n que da cuenta de la cancelaci\u00f3n de algunos \u00abbonos\u00bb de medicina prepagada y la adquisici\u00f3n de vestuario, no eran suficientes para demostrar que fueron saldadas las obligaciones derivadas del acuerdo conciliatorio que funge como t\u00edtulo ejecutivo, pues en lo atinente a \u00abcopagos\u00bb no se establece si corresponden a los \u00ab10 vales mensuales\u00bb a que se oblig\u00f3, y similar situaci\u00f3n acontece con las prendas de vestir, al punto que las \u00abfacturas\u00bb no evidencian si fueron compradas para la menor y efectivamente entregadas a la beneficiaria. <\/p>\n
Ello porque, aunado a que las declaraciones de parte y de terceros que fueron recibidas, tampoco arrojan certeza del punto en comento y en raz\u00f3n a la contraposici\u00f3n que al respecto mostr\u00f3 la demandante, dijo que de aceptarse la tesis del tutelante, se estar\u00eda contrariando la jurisprudencia de esta Sala, seg\u00fan la cual si la satisfacci\u00f3n de los alimentos se determin\u00f3 mediante la entrega de una suma de dinero, no es posible admitir la \u00abalteraci\u00f3n\u00bb unilateral de su forma de pago, pues reiter\u00f3 que sobre el particular, en el plenario no hab\u00eda asentimiento de la actora que diera lugar a un entendimiento diferente de la conciliaci\u00f3n base de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En apoyo de lo anteriormente resuelto por el accionado, esta Corporaci\u00f3n ha avalado que se mantenga el cobro de alimentos pese a que se alegue que su pago se realiz\u00f3 \u00aben especie\u00bb, cuando, como en este caso, no est\u00e1 probada ni la variaci\u00f3n por las partes de la manera en que se cumplir\u00eda la tasaci\u00f3n, ni que los pagos que se aducen realizados, realmente se dirigieron a atender las obligaciones a su cargo y que seg\u00fan la demanda son objeto de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Entonces, al momento de resolver sobre la excepci\u00f3n de pago en procesos ejecutivos de alimentos, el fallador debe atender la forma en que se pact\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la cuota alimentaria en el t\u00edtulo soporte de la ejecuci\u00f3n, pues si se acord\u00f3 el pago de una suma liquida de dinero, no se le puede obligar al acreedor a recibir cosa diferente, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 1626 y 1627, a menos que se demuestre la variaci\u00f3n de los compromisos adquiridos. <\/p>\n
3.3. Bajo ese horizonte, revisado el expediente contentivo de la ejecuci\u00f3n acusada, se verifica que el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n cuestionada lo constituye la escritura p\u00fablica 488 del 6 de noviembre de 2020, contentiva de la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico celebrado entre Margarita Mar\u00eda Latorre Abisanbra y Kelvin Ulises Guzm\u00e1n Cabrera, acto en el que los ex c\u00f3nyuges acordaron, respecto de los alimentos de las hijas comunes, que: \u00abKelvin Ulises Guzm\u00e1n Cabrera asume y paga el valor mensual de un mill\u00f3n quinientos mil pesos mensuales\u2026 los cuales ser\u00e1n consignados a la cuenta de ahorros del banco Davivienda a nombre de la madre Margarita Mar\u00eda Latorre Abisanbra, los primeros cinco\u2026 de cada mes\u2026\u00bb; compromiso que, seg\u00fan la ejecutante, ven\u00eda incumpliendo su antagonista. <\/p>\n
Por su parte, el demandado en el litigio cuestionado, en su escrito de excepciones, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u2026 , la\u2026 demandante falta a la verdad al afirmar que se le adeuda conceptos de alimentos desde el mes de noviembre de 2020, cuando la obligaci\u00f3n inici\u00f3 en el mes de diciembre de la misma anualidad, por cuanto la escritura p\u00fablica fue protocolizada exactamente el d\u00eda 6 de noviembre y entregada al demandado a finales del mismo mes, se le recuerda\u2026, Margarita Mar\u00eda Latorre Abisambra, que usted le solicit\u00f3 a nuestro representado: \u201cpagar el saldo del colegio hasta diciembre de 2.020, ya que de no cancelar, no se recibir\u00edan notas de las adolescentes, ni se podr\u00edan matricular para el siguiente a\u00f1o (2.021)\u201d, por lo que\u2026 procedi\u00f3 a transferir el d\u00eda 01 de diciembre del a\u00f1o 2020, el valor de Tres Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Doscientos Pesos\u2026 al Colegio Liceo Campestre\u2026, igualmente la se\u00f1ora demandante de mala fe y perjudicando al padre de sus hijas, manifiesta que el se\u00f1or demandado debe los meses de mayo, junio y julio del a\u00f1o 2021, faltando a la verdad reiteradamente y se le olvid\u00f3\u2026 las consignaciones que recibi\u00f3 desde el mes de enero hasta el mes de junio en su cuenta de ahorros por la suma de Un Mill\u00f3n Quinientos Mil Pesos M\/L ($ 1.500.000.oo) mensualmente por cada mes por concepto de alimentos, en consecuencia no se adeudan ese concepto por los meses de mayo y junio; y partir del mes de julio hasta el mes de septiembre de 2020\u2026 transfiri\u00f3 directamente al Colegio Liceo Campestre el valor de Dos Millones de Pesos M\/L (2.000.000.oo) mensualmente, como se evidencia en las transferencias realizadas, por solicitud de la madre de las adolescentes\u2026 Margarita Mar\u00eda Latorre, quien le manifest\u00f3: \u201cTe sugiero que en vez de darme la cuota por conceptos de alimentos, lo pagues directamente al colegio mientras ambos nos nivelamos\u201d \u201cTransfiere al colegio mientras nos capitalizamos, mis tarjetas van a explotar\u201d como se evidencia en los screenshot de los mensajes de whatsApp que se adjunta a la presente\u2026 <\/p>\n
Luego, compet\u00eda al fallador acusado verificar si, como lo aleg\u00f3 el ejecutado, \u00e9l no estaba en mora en el pago de los alimentos reclamados, atendiendo los valores que cancel\u00f3 directamente a la progenitora de sus hijas y al colegio de aquellas, as\u00ed como tambi\u00e9n debi\u00f3 dilucidar si este \u00faltimo abono (a la instituci\u00f3n educativa) ten\u00eda la virtualidad de enervar la ejecuci\u00f3n, atendiendo las pautas jurisprudenciales rese\u00f1adas en precedencia. <\/p>\n
3.4. Sin embargo, tal estudio no se efectu\u00f3 por el juzgador querellado, pues se limit\u00f3 a tener por cumplida la obligaci\u00f3n alimentaria, sin entrar a examinar la forma en que se pact\u00f3 su pago en el t\u00edtulo ejecutivo y si aquella (la forma de pago) fue modificada por los intervinientes, de manera que lo cancelado por gastos educativos de las adolescentes por su progenitor, realmente pudiese extinguir los cr\u00e9ditos objeto de recaudo en el tr\u00e1mite acusado. <\/p>\n
Ciertamente, revisada la sentencia criticada, encuentra la Sala que, para acoger el pago que esgrimi\u00f3 el ejecutado, la sede judicial acusada solamente expres\u00f3: <\/p>\n
En otro punto a exponer, antes de definir, est\u00e1 basado en el fundamento de las excepciones de la parte demandada en las cuales se [alega] el pago o cumplimiento de lo acordado debido en educaci\u00f3n, que es del 50%, que manifiesta y aporta las pruebas del pago del 100% de dichos rubros, dejando como claro el pago total de la obligaci\u00f3n adeudada, sino tambi\u00e9n un pago extra que, seg\u00fan los pretendido por la parte ejecutada, debe ser compensada de otro monto adeudado, pero que para la parte ejecutante debe ser tomada como regalo. Sobre este punto se dilucida que se demostr\u00f3 el pago de $18.067.000 pesos a t\u00e9rmino de educaci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
\u2026no puede el juzgado dejar por fuera la intenci\u00f3n del padre, que paga un excedente en salud, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n, etc\u00e9tera, de cubrir la cuota alimentaria, de la cual es responsable como deudor alimentario teniendo en cuenta lo establecido en el art\u00edculo 24 [del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia]. <\/p>\n
Muy al contrario, el pago que hace el padre de bienes, muebles o servicios que, aunque sean beneficios de su menor hija\u2026, no tiene c\u00f3mo financiar el pago de lo adeudado en una cuota alimentaria. Aqu\u00ed sabe ejemplo, no podr\u00e1 compensarse o entenderse como pago de la obligaci\u00f3n alimentaria adeudada cuando el padre regala a su hija un carro, un celular, le pagu\u00e9 un plan de telefon\u00eda m\u00f3vil, etc\u00e9tera, pues si esto s\u00ed entra en las liberalidades que posee como padre y no intentan cubrir los rumbos del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de infancia y adolescencia. Entre ellos, sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. <\/p>\n
Dicho lo anterior, dispone que no podr\u00e1 aplicarse en la mencionada, en cualquier caso, sino con especificaciones concretas, primero, que el pago en especie o como excedente tengan como fin cubrir uno de los \u00edtems del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de la Infancia y adolescente. Segundo, que no busque cubrir una cuota futura sino cubrir un monto adeudado. <\/p>\n
Dicho lo anterior, y conforme a las especificaciones dadas, existe lugar a declarar la excepci\u00f3n de pago total de la obligaci\u00f3n alimentaria, pues el ejecutado en el caso de marras busc\u00f3 con el pago de $18.007.000 cubrir el gasto de educaci\u00f3n de las menores de edad y adem\u00e1s aliviar las cargas de la madre y ejecutante en este caso concreto, por lo cual ser\u00eda il\u00f3gico desconocer que hay compensaci\u00f3n sobre las causas atrasadas que evidentemente son compensables\u2026 <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, se reitera, evidente es que el despacho judicial acusado tuvo por cancelados los alimentos reclamados, con las sumas que el progenitor abon\u00f3 directamente al colegio en el que estudian las alimentarias, sin entrar a analizar la forma en que se pact\u00f3 el pago en el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n o si \u00e9sta (la forma de pago) fue modificada por las partes, examen que resultaba forzoso, atendiendo los precedentes jurisprudenciales antes citados. <\/p>\n
3.6. Atendiendo lo anterior, evidente es que el juzgado acusado desconoci\u00f3 los par\u00e1metros establecidos por esta Corporaci\u00f3n en la jurisprudencia antes citada, lo que impone la concesi\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
4. En este punto, cabe a\u00f1adir que, si bien las consideraciones precedentes resultan suficientes para acceder a las s\u00faplicas de la gestora del amparo, importante es analizar las dem\u00e1s quejas que se enrostraron a la sede judicial acusada. <\/p>\n
4.1. En este orden de ideas, se verifica que, como lo acus\u00f3 la actora, en la sentencia acusada el fallador omiti\u00f3 pronunciarse sobre las cuotas causadas de junio de 2020 a diciembre de 2020, cuyo pago suplic\u00f3 la demandante en sus alegatos de conclusi\u00f3n (en uso de las facultades extra y ultra petita que ostenta el fallador en materia de familia), as\u00ed como tampoco resolvi\u00f3 nada sobre las cuotas causadas en el curso de la ejecuci\u00f3n, a pesar de que en el mandamiento de pago librado en el asunto (el 21 de septiembre de 2021), se orden\u00f3 al ejecutado el pago de \u00ab\u2026 $4.572.450 por concepto de cuota de alimentos\u2026, m\u00e1s los intereses del 6% anual desde que se hizo exigible la obligaci\u00f3n y las que en lo sucesivo se causen seg\u00fan lo dispuesto en el Art. 431 del C.G. P.\u00bb. <\/p>\n
4.2. En suma, la decisi\u00f3n objeto de la petici\u00f3n de amparo carece de la debida fundamentaci\u00f3n, omisi\u00f3n que, sin duda, tambi\u00e9n trasgrede las garant\u00edas fundamentales de las menores ejecutantes, por cuanto \u00ab\u2026 la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00), raz\u00f3n por la cual habr\u00e1 de concederse el amparo. <\/p>\n
5. Finalmente, en lo que ata\u00f1e a las inconformidades relacionadas con que el juzgador accionado no se pronunci\u00f3 sobre la supuesta defraudaci\u00f3n que sufri\u00f3 la promotora en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que tuvo con su ex c\u00f3nyuge y sobre los actos de violencia de los cuales aduce ser v\u00edctima ella y sus hijas, evidencia la Sala que la propia demandante, en su libelo, manifest\u00f3 que ha presentado: <\/p>\n
\u2026 dos demandas: a. Demanda ejecutiva de alimentos Rad. 2021-00312-00 ante el Juzgado 5\u00b0 de Familia; b. Demanda de restituci\u00f3n doblada de bienes ante el Juzgado 3\u00b0 de Familia\u2026 Adicionalmente, dos denuncias penales a. Por violencia intrafamiliar y ejercicio arbitrario de la custodia, b. Alzamiento de bienes y administraci\u00f3n desleal, impetradas el 27 de febrero de 2023\u2026 <\/p>\n
Entonces, comoquiera que dichos mecanismos judiciales est\u00e1n en curso, est\u00e1 vedado al juzgador constitucional pronunciarse sobre dichos cuestionamientos, pues no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
6. Las consideraciones que anteceden, imponen la revocatoria del fallo impugnado, para en su lugar, acceder el resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso de las menores representadas en este tr\u00e1mite, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que, tras dejar sin efecto la providencia de 16 de noviembre de 2022 y toda la actuaci\u00f3n que dependa de esa decisi\u00f3n, proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n que atienda los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada, en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de las menores representadas en este tr\u00e1mite por Margarita Mar\u00eda Latorre Abisanbra. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla que, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efecto la sentencia que profiri\u00f3 el 16 de noviembre de 2022, as\u00ed como tambi\u00e9n todas las decisiones que se desprendieron de esa actuaci\u00f3n, en el proceso que promovi\u00f3 Margarita Mar\u00eda Latorre Abisanbra, en representaci\u00f3n de sus hijas menores de edad, contra Kelvin Ulises Guzm\u00e1n Cabrera (radicaci\u00f3n 08001-31-10-005-2021-00312). <\/p>\n
Segundo: Cumplido lo anterior y en un t\u00e9rmino no superior a quince (15) d\u00edas, contados desde la misma data, la mencionada sede judicial dictar\u00e1 una nueva providencia, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Rem\u00edtase copia de esta providencia al a quo constitucional para que vele por su cumplimiento. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC5203-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC5203-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2023-00209-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73632","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73632","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73632"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73632\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73632"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73632"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73632"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}