STC5208-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5208-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Wilson Evelio Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez y Jobany Serrato Tovar contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la que se hace extensiva a la Procuradur\u00eda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, mediante apoderado judicial, reclaman la salvaguarda constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dicen vulnerado por la autoridad acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan se \u00abrevoque la decisi\u00f3n del 8 de marzo de 2023, que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n\u2026 por haber incurrido en defecto sustantivo por falta de motivaci\u00f3n y configurar una violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb; y se ordene \u00abadmitir la demanda para ser evaluada en sede de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra Wilson Evelio Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez y Jobany Serrato Tovar, el Juzgado Penal del Circuito de Fredonia profiri\u00f3 sentencia el 8 de marzo de 2017, en la que los conden\u00f3 a la pena de 16 y 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n, como autor y c\u00f3mplice, respectivamente, por la comisi\u00f3n del punible de acceso carnal con menor de 14 a\u00f1os agravado. Esta decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En fallo de 6 de marzo de 2020 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca modific\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, suprimiendo la causal de agravaci\u00f3n, sin que ello incidiera en el quantum punitivo. Esta determinaci\u00f3n fue recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Con prove\u00eddo de 8 de marzo de 2023 la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda, por lo que presentaron mecanismo de insistencia, pero la Procuradur\u00eda no accedi\u00f3 a la misma. <\/p>\n
2.4. Indicaron los accionantes que la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n acusada fue proferida con una palpable falla en la observancia de la plenitud de formas de cada juicio; que una cosa era determinar si la demanda cumpl\u00eda con los requisitos formales y otra era determinar si estaba planteada de forma que pusiera en evidencia los yerros del fallo de segundo grado, raz\u00f3n por la que no se pod\u00eda en sede de admisi\u00f3n evaluar los argumentos de fondo. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1alaron que la inadmisi\u00f3n era un acto reglado, pero se sustent\u00f3 con argumentos propios de una sentencia de casaci\u00f3n; que la posici\u00f3n de la Sala acusada rayaba con el exceso ritual manifiesto, pues lo dicho en la decisi\u00f3n censurada y lo expuesto era lo mismo, lo que cambi\u00f3 fue el abordaje metodol\u00f3gico del asunto. <\/p>\n
2.6. Sostuvieron que los yerros alegados fueron debidamente identificados y demostrados de acuerdo con las reglas jurisprudenciales aplicables; que presentarlos en un orden espec\u00edfico no pod\u00eda convertirse en un obst\u00e1culo para acceder a la administraci\u00f3n de justicia; y que en cualquier caso, argumentaron la trascendencia del error. <\/p>\n
2.7. Aseveraron que la providencia efectu\u00f3 un analisis probatorio de lo ventilado en el juicio y lo plasmado en los fallos de instancia, sin embargo, ese no era el escenario para discutir cuestiones de fondo sino para determinar la correcci\u00f3n de la demanda presentada. <\/p>\n
2.8. Refirieron que la Sala convocada no inadmiti\u00f3 el cargo por t\u00e9cnica, sino porque no estaba llamado a prosperar, lo que era propio de una sentencia; y que si las instancias no hubieran incurrido en error de derecho sobre la prueba de referencia, los habr\u00edan absuelto. <\/p>\n
2.9. Relataron que los falladores construyeron la condena exclusivamente del relato de la menor, empero, era una prueba de referencia que solo serv\u00eda si se hubiere contado con probanza que la corroborara; y que las pruebas usadas para corroborar o completar la de referencia no fueron debidamente apreciadas. <\/p>\n
2.10. Anotaron que la debida sustentaci\u00f3n de la demanda era suficiente para admitirla; que si las instancias no hubierran incurrido en error no estar\u00edan condenados; y que bastaba con ver las sentencias para entender la trascendencia del yerro, en tanto que se acomod\u00f3 lo ocurrido para respaldar lo dicho por la menor. <\/p>\n
2.11. Puntualizaron que al estudiarse el cargo tercero se expuso una posici\u00f3n contradictoria, ya que se indic\u00f3 que estaba planteado en debida forma, pero que no estaba llamado a prosperar; que se tervigerso el contenido de las entrevistas; y que el hecho delictivo no ocurri\u00f3. <\/p>\n
2.12. Afirmaron que se present\u00f3 una violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n y un defecto sustantivo por falta de motivaci\u00f3n; que se fund\u00f3 la determinaci\u00f3n criticada en presupuestos que no son propios de esta etapa procesal; y que la autoridad accionada incumpl\u00eda con los mandatos legislativos y actuaba de forma arbitraria. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzado Promiscuo del Circuito de la Palma indic\u00f3 que el 8 de marzo de 2017 emiti\u00f3 sentencia condenatoria, la que fue apelada, sin que a la fecha hubiere recibido de regreso el expediente. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Segunda Delegada para Casaci\u00f3n Penal se\u00f1al\u00f3 que al resolver la insistencia presentada consider\u00f3 que no exist\u00eda m\u00e9rito para acceder a la misma, en tanto que el recurrente no tuvo en cuenta los requisitos de ley y normativas para el efecto; que se agotaron las etapas dentro del proceso criticado, sin que el resultado final diferente a las pretensiones de los actores implicara violaci\u00f3n a los derechos fundamentales; y que se pretend\u00eda reabrir una instancia adicional, lo que no era procedente. <\/p>\n
3. La Coordinaci\u00f3n de los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema inform\u00f3 que como la casaci\u00f3n fue inadmitida el asunto no fue asignado a ning\u00fan fiscal de esa dependencia. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n refiri\u00f3 que no incurri\u00f3 en defecto al momento de inadmitir la demanda; que la intenci\u00f3n de los gestores era extender indebidamente la discusi\u00f3n propia de un juicio penal, sin demostrar circunstancia que permitiera la intervenci\u00f3n del juez de tutela; que no fue cierto que se violentaran las formas del juicio; que en las consideraciones se dej\u00f3 claro que conforme con el art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004 para admitir una demanda de casaci\u00f3n, la misma deb\u00eda ser id\u00f3nea, tanto formal como sustancial; que efectu\u00f3 una verificaci\u00f3n objetiva entre lo argumentado por el casacionista y que lo revelaba el fallo controvertido; que no se configur\u00f3 ning\u00fan presupuesto de procedencia del resguardo, en la medida en que actu\u00f3 dentro de los par\u00e1metros propios del auto inadmisorio y no efectu\u00f3 juicios o consideraciones de fondo propios de una sentencia. <\/p>\n
5. El Juzgado Cincuenta y Seis Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esta ciudad adujo que llev\u00f3 a cabo la audiencia preliminar de los ahora accionantes; que remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n; y que no se le hab\u00eda elevado petici\u00f3n alguna. <\/p>\n
6. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Sala de Casaci\u00f3n Penal acusada, en el prove\u00eddo de 8 de marzo de 2023, tras hacer referencia al recurso de casaci\u00f3n, su naturaleza y causales, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026es imperioso que el escrito sea id\u00f3neo, tanto en lo formal como en lo sustancial, lo que impone al recurrente exhibir una argumentaci\u00f3n l\u00f3gica y coherente, por conducto de la cual postule con absoluta transparencia y claridad los cargos y revele con suficiencia los fundamentos de los reproches, la relevancia del yerro en el sentido de la determinaci\u00f3n y el motivo por el cual se hace necesaria la intervenci\u00f3n de la Corte. <\/p>\n
Precisando sobre el primer cargo formulado que: <\/p>\n
…de entrada se avizora es que la censura, en su desarrollo argumentativo, no acredita c\u00f3mo el Tribunal pudo quebrantar la tarifa legal negativa del precepto 381 de la Ley 906 de 2004, sino que desv\u00eda el sentido de la cr\u00edtica propuesta para cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria llevada a cabo frente a la prueba de corroboraci\u00f3n, lo que revela una t\u00e9cnica equivocada. <\/p>\n
10. De otra parte, no es cierto que la providencia tra\u00edda a colaci\u00f3n por el memorialista implementara el m\u00e9todo de impugnaci\u00f3n utilizado por \u00e9l. All\u00ed, si bien la Corte sostuvo que, cuando se alega, \u00abno la inexistencia del medio directo que se sume a la prueba de referencia, sino su concreto valor probatorio, de cara al an\u00e1lisis que lleva a concluir en la existencia del delito y responsabilidad del acusado\u00bb, al demandante le corresponde demostrar \u00aben t\u00e9rminos de sana cr\u00edtica y bajo la \u00e9gida del error de hecho por falso raciocinio, que el examen valorativo adelantado por el tribunal atent\u00f3, en concreto, contra la l\u00f3gica, la ciencia o la experiencia\u00bb, no afirm\u00f3, como lo asimila equivocadamente el recurrente, que lo correcto fuese formular un cargo por falso juicio de convicci\u00f3n y desarrollarlo acudiendo a errores de hecho respecto de la prueba de corroboraci\u00f3n. La Corporaci\u00f3n no refiri\u00f3 a la necesidad de postular un \u00abcargo complejo\u00bb. <\/p>\n
11. El entendimiento adecuado es, justamente, que, si lo buscado es atacar el ejercicio de valoraci\u00f3n hecho por el fallador frente a la prueba que debe acompa\u00f1ar la de referencia, para luego reparar en que no se super\u00f3 la prohibici\u00f3n legal del art\u00edculo 351, la v\u00eda id\u00f3nea es acometer directamente el examen valorativo hecho frente a ellas y, una vez demostrados los yerros en ese \u00e1mbito, a efectos de acreditar la trascendencia, alegar que la condena no puede sostenerse porque se soport\u00f3 exclusivamente en prueba de referencia. <\/p>\n
12. As\u00ed las cosas, en casos como este, lo debido es postular directamente un cargo orientado a cuestionar las pruebas de corroboraci\u00f3n, ya sea por falso juicio de existencia, falso juicio de identidad, falso raciocinio o falso juicio de legalidad, y la conclusi\u00f3n en punto de la trascendencia, ser\u00eda que, al prosperar el reparo, solo queda la de referencia, por lo que no se super\u00f3 la prohibici\u00f3n legal. <\/p>\n
13. Aunado a esa imprecisi\u00f3n, que, por s\u00ed misma, dar\u00eda para inadmitir el cargo, se observa que las cr\u00edticas que por errores de hecho se postulan no satisfacen las exigencias necesarias para darles curso. <\/p>\n
14. El actor cuestiona, en su mayor\u00eda, la prueba indiciaria, pero deja de lado que las inferencias inherentes a \u00abla denominada \u201cprueba indiciaria\u201d pueden hacerse a partir de un solo dato o \u201checho indicador\u201d (como en el caso de los denominados \u201cindicios necesarios\u201d), o pueden estar fundamentadas en la convergencia y concordancia de varios datos, as\u00ed estos, individualmente considerados, no tengan la entidad suficiente para servir de soporte suficiente a la conclusi\u00f3n\u00bb (CSJ SP282-2017, rad. 40120). <\/p>\n
15. De igual manera, se equivoca el recurrente al sugerir que, en asuntos de esta \u00edndole, la prueba de corroboraci\u00f3n debe estar orientada a acreditar la ocurrencia del hecho, pues justamente, lo que al respecto se ha sostenido es -como bien lo adujo el ad quem- que aqu\u00e9lla permite \u00abdeterminar la credibilidad del dicho de la v\u00edctima\u00bb. As\u00ed lo tiene decantado la jurisprudencia\u2026 <\/p>\n
16. El casacionista violenta, adem\u00e1s, el principio de correcci\u00f3n material, pues, una simple revisi\u00f3n de la audiencia preparatoria y del juicio oral, permite evidenciar que a la defensa no se le impidi\u00f3 pedir pruebas y menos ejercer el contradictorio frente a las aducidas por la parte contraria. <\/p>\n
17. De igual manera, fracasa al intentar acreditar la trascendencia de cada uno de los reparos, puesto que la sentencia de segunda instancia no refleja que el Tribunal hubiese planteado que los hechos indicadores, individualmente considerados, fuesen suficientes para soportar la condena, siempre se refiri\u00f3 a ellos en su conjunto, lo que denota que sus conclusiones se fundamentaron en la convergencia y concordancia de los mismos, aspectos \u00e9stos frente a los cuales el demandante no se ocup\u00f3. <\/p>\n
18. Como si fuera poco, fall\u00f3 al momento de confeccionar los argumentos de los reproches, habida cuenta que los soporta en una visi\u00f3n particular de los medios de convicci\u00f3n y en su personal y parcial valoraci\u00f3n de ellos, proceder que, adem\u00e1s, se margina de la obligaci\u00f3n de hacer una apreciaci\u00f3n conjunta e integral acorde con la realidad que reflejan los que fueron v\u00e1lidamente allegados al juicio, no otros. Por consiguiente, sugerir que el desgarro antiguo hallado en el cuerpo de la menor…, pudo obedecer a un acto de penetraci\u00f3n realizado por uno de sus novios, es especulativo. Las otras hip\u00f3tesis alternativas, como las rotula el casacionista, para poder ser susceptibles de ser reclamadas como de necesaria consideraci\u00f3n, deben estar demostradas o por lo menos surgir de la prueba v\u00e1lidamente practicada en juicio, lo que, como bien lo indic\u00f3 el Tribunal, no acaeci\u00f3. <\/p>\n
19. Ahora, en criterio del recurrente, el precedente for\u00e1neo tra\u00eddo a colaci\u00f3n por el Tribunal no es conveniente, ya que la prueba de corroboraci\u00f3n no aplica cuando se trata de prueba de referencia, y considera imperiosa la intervenci\u00f3n de la Corte en orden a que unifique su jurisprudencia frente al est\u00e1ndar de prueba para el medio llamado a acompa\u00f1ar la de referencia. <\/p>\n
20. Respecto a lo primero, importa decir que el juez de segundo grado no hizo otra cosa que apoyarse en decisiones de esta Sala de Casaci\u00f3n, las cuales, en contrav\u00eda con lo aducido por el memorialista, reflejan una postura consolidada. <\/p>\n
21. En cuanto a lo segundo, resulta importante se\u00f1alar que, cuando se aspira a la unificaci\u00f3n, es necesario ense\u00f1ar las providencias que contienen posiciones dis\u00edmiles, a efectos de que se puedan consolidar, tarea que no efectu\u00f3 el defensor, pues una aclaraci\u00f3n de voto no constituye jurisprudencia discordante, en la medida que aqu\u00e9lla solo la hace la Sala mayoritaria y \u00e9sta, en torno al tema que convoca la atenci\u00f3n, ha sido reiterativa en sostener (SP1177-2022, rad. 58668)\u2026 <\/p>\n
22. Espec\u00edficamente, en relaci\u00f3n con la prueba de corroboraci\u00f3n, la Corte, en CSJ SP3332-2016, rad. 43866): manifest\u00f3\u2026 <\/p>\n
23. Exigir una condici\u00f3n espec\u00edfica o un n\u00famero determinado de medios para corroborar la prueba de referencia, ri\u00f1e con el principio de libertad probatoria que rige nuestro sistema procesal penal (art\u00edculo 373 de la Ley 906 de 2004). <\/p>\n
24. De otra parte, el censor acusa al Tribunal por falsos raciocinios, al recaer -seg\u00fan dice- en falacias de atinencia, sin embargo, fundamenta las cr\u00edticas en tesis que no corresponden a las de la sentencia, lo que da al traste con su pretensi\u00f3n… <\/p>\n
37. Ahora, los errores de raciocinio y el falso juicio de existencia por omisi\u00f3n que el casacionista delata frente a los an\u00e1lisis link llevados por la Fiscal\u00eda, est\u00e1n anidados en razonamientos elaborados a partir de apreciaciones subjetivas, resultantes de una deducci\u00f3n acomodada y alejada por completo de la realidad que revela la prueba… <\/p>\n
38. De cualquier manera, vale la pena resaltar, en torno al falso juicio de identidad, que el Tribunal no ignor\u00f3 el contenido objetivo de esos elementos, sino que, a partir del mismo, razon\u00f3 de manera contraria a la deseada por el libelista y concluy\u00f3 que Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez utiliz\u00f3 otra l\u00ednea celular, \u00abpues no otra explicaci\u00f3n puede tener especialmente su ausencia absoluta de comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica durante un interregno tan amplio, esto es, de 6 meses, con las personas con quienes naturalmente deb\u00eda hacerlo\u00bb. De all\u00ed que la censura debi\u00f3 encaminarse por otra v\u00eda: la del falso raciocinio… El sentenciador puntualiz\u00f3 al respecto que en la vista p\u00fablica se logr\u00f3 demostrar que\u2026 <\/p>\n
40. El reparo, entonces, no ser\u00e1 admitido. <\/p>\n
En cuanto al segundo cargo, sobre el falso juicio de legalidad, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Aunque la Sala advierte que esa cr\u00edtica no fue planteada en los recursos de apelaci\u00f3n, lo cierto es que el Tribunal no pas\u00f3 por alto el tema. <\/p>\n
44. En efecto, el juez colegiado, tras reconocer con acierto que el a quo se equivoc\u00f3 al sostener que las versiones anteriores constitu\u00edan prueba anticipada, consider\u00f3 que, en su aducci\u00f3n, se cumplieron las exigencias legales, pues, si bien en la audiencia preparatoria el delegado de la Fiscal\u00eda no adujo que expresamente incorporar\u00eda, en calidad de prueba de referencia, las diversas versiones que sobre los hechos dio…, lo cierto es que \u00abmanifest\u00f3 que dichos testigos dar\u00edan cuenta de lo que al respecto les narr\u00f3 la menor v\u00edctima, siendo as\u00ed decretada la prueba, situaci\u00f3n que es admisible legalmente, seg\u00fan lo previsto en el literal e) del art\u00edculo 438 del C.P.P., adicionado por el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1652 de 2013, as\u00ed como jurisprudencialmente\u00bb. <\/p>\n
45. De igual manera, para el juez de segundo grado su aducci\u00f3n y valoraci\u00f3n no fue ilegal, en cuanto la menor no acudi\u00f3 al juicio oral para evitar ser revictimizada, dadas las m\u00faltiples versiones ofrecidas y en la vista p\u00fablica se leyeron los contenidos de sus versiones anteriores, al paso que a la defensa se le garantizaron los derechos de contradicci\u00f3n y confrontaci\u00f3n, con los l\u00edmites propios de la prueba de referencia. As\u00ed reliev\u00f3 que los registros de la audiencia preparatoria revelan que el entonces apoderado de los acusados pidi\u00f3 y le fue decretada como prueba el testimonio de la psic\u00f3loga…, con quien pretend\u00eda \u00abrefutar la versi\u00f3n que la v\u00edctima brind\u00f3 sobre los hechos en sus diferentes salidas procesales, as\u00ed como restarles valor probatorio a las labores efectuadas por los profesionales que entrevistaron a la menor\u00bb. <\/p>\n
46. Para la Corte, pese a la falta de precisi\u00f3n del ente acusador, la naturaleza de la prueba qued\u00f3 en evidencia. Es as\u00ed como, por ejemplo, al justificar la pertinencia, conducencia, utilidad y admisibilidad del testimonio de… Comisaria de Familia, el fiscal manifest\u00f3: \u00abdesde ya, es una de las testigos de referencia que la ley procesal penal y la jurisprudencia permiten allegar en estos casos\u00bb y que con ella incorporar\u00eda la entrevista que le recibi\u00f3 a la v\u00edctima, de quien siempre dio cuenta era menor de 14 a\u00f1os. No hubo oposici\u00f3n frente a ello y solo se discuti\u00f3 su calidad de comisaria. <\/p>\n
47. Ahora, el demandante reprueba al juez de segundo grado, porque, pese a que acertadamente dej\u00f3 de apreciar la entrevista rendida por L.D.S.G. por ser prueba de referencia inadmisible, no actu\u00f3 con el mismo rigor frente a las declaraciones de la v\u00edctima. <\/p>\n
48. Ante este reproche, la Sala ha de recordarle que son dos situaciones bien distintas que merecen trato diferente, pues, como bien lo explic\u00f3 el Tribunal, mientras la menor… es la ofendida en esta ocasi\u00f3n y no fue al juicio, …s\u00ed estuvo disponible y no se acredit\u00f3 alguna de las causales previstas en el art\u00edculo 438 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. Es un punto ya decantado por la jurisprudencia y as\u00ed se refleja en CSJ, SP3332-2016, rad, 43866\u2026 <\/p>\n
49. El censor pretende que se declare la nulidad de los testimonios de familiares de la v\u00edctima, pero no revela cu\u00e1l ser\u00eda la causal (principio de taxatividad) ni demuestra cu\u00e1les fueron las garant\u00edas constitucionales violentadas. <\/p>\n
50. Si su pretensi\u00f3n era excluirlos del plexo probatorio, inadvirti\u00f3 que, para el Tribunal fue determinante lo que la v\u00edctima narr\u00f3 al \u00abm\u00e9dico forense…, a las funcionarias de la Comisar\u00eda de Familia de Yacop\u00ed… (Comisaria) y… (psic\u00f3loga), as\u00ed como a la psic\u00f3loga del C.T.I…; versiones en las que -puntualiz\u00f3 el ad quem- \u00abfue coincidente en lo central, respecto a las circunstancias en que acaecieron los hechos y a la manera en que se dieron a conocer los mismos\u00bb. Ello porque, para el sentenciador, lo depuesto por el padre, la madre, la t\u00eda y la abuela de la ofendida permiten \u00abrobustecer la credibilidad del dicho de la menor\u00bb. <\/p>\n
51. La censura no ser\u00e1 admitida. <\/p>\n
Y frente al tercer cargo, precis\u00f3: <\/p>\n
…la Sala no percibe cu\u00e1l pudo ser el falso juicio de identidad, pues el Tribunal entendi\u00f3 que esos d\u00edas corresponden \u00aba los primeros de dicho mes\u00bb. Si ese razonamiento es considerado errado por el demandante, la v\u00eda de ataque era la del falso raciocinio. <\/p>\n
56. Si el sentenciador de manera equ\u00edvoca lig\u00f3 esa data con la movilidad de la periodista a la regi\u00f3n de Yacop\u00ed, no con la de ocurrencia de los sucesos, ninguna relevancia tiene, toda vez que la fuerza suasoria que de ese elemento pretend\u00eda la defensa fue descartada por el juez plural en la medida en que no \u00abse\u00f1ala cu\u00e1l, d\u00f3nde ni como aquella… logr\u00f3 entrevistarse con la v\u00edctima, sus familiares y con el entonces Alcalde de Yacop\u00ed\u00bb y, de cualquier manera, la \u00e9poca de los sucesos se logr\u00f3 dilucidar con otros medios de prueba. <\/p>\n
57. En lo que ata\u00f1e al presunto falso juicio de identidad por cercenamiento de algunos an\u00e1lisis link, la Corte encuentra que el censor, de nuevo, elabora su cr\u00edtica a partir de una realidad distinta a la que exhibe la actuaci\u00f3n y el fallo impugnado, pues el Tribunal, al examinar esos elementos, reconoci\u00f3 que, respecto de ciertas l\u00edneas, no hubo comunicaci\u00f3n, pero s\u00ed en otras, en tanto uno de los interlocutores ten\u00eda m\u00e1s de una l\u00ednea telef\u00f3nica, dato \u00faltimo pasado desapercibido por el libelista\u2026 <\/p>\n
58. Finalmente, frente al reproche que por cercenamiento se eleva respecto del testimonio de Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez, ha de decirse que una cosa es que se omita valorar un segmento de la prueba y otra muy distinta, que es la que ocurre en esta ocasi\u00f3n, que ese fragmento no haya tenido el eco o la fuerza suasoria querida por el demandante. <\/p>\n
59. En efecto, el sentenciador consider\u00f3 que no se demostraron las actividades realizadas por el aludido incriminado para ser desvinculado de los hechos y que, adem\u00e1s, aqu\u00e9l incurri\u00f3 en contradicciones frente a lo depuesto por… <\/p>\n
60. Lo expuesto en precedencia conduce a inadmitir la demanda y, al amparo del art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004, concordante con las reglas definidas por la Sala en CSJ AP, 12 dic. 2005, rad. 24322 y precisadas en CSJ AP3481-2014, procede la insistencia. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los tutelantes es una diferencia de criterio frente a la determinaci\u00f3n con la que se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, encuentra la Sala que el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que al alcance del promotor estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela alega, medio de defensa que no aprovech\u00f3 adecuadamente, pues su libelo fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 8 de marzo de 2023, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir la valoraci\u00f3n efectuada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo <\/p>\n
(\u2026) desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5208-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC5208-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Wilson Evelio Gonz\u00e1lez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73634","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73634"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73634\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}