STC5212-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5212-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00619-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 de abril de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que resolvi\u00f3 el amparo reclamado por Noris del Socorro Burgos Ochoa, en calidad de madre y agente oficiosa de Javier Eduardo Vergara Burgos1, contra los Juzgados Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y Once Laboral del Circuito y las Sala Penal y Laboral del Tribunal Superior, todos de Barranquilla, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y la C\u00e1rcel de Media Seguridad de Barranquilla. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de los derechos fundamentales de su agenciado al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2.1. El 17 de noviembre de 20152, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo conden\u00f3 a Javier Eduardo Vergara por el delito de homicidio en grado de tentativa y le impuso \u00abla medida de seguridad, consistente en internaci\u00f3n en establecimiento psiqui\u00e1trico por el t\u00e9rmino m\u00ednimo indicado en la ley, esto es, el tiempo que requiera el procesado para su rehabilitaci\u00f3n mental, misma que deber\u00e1 cumplir en el centro psiqui\u00e1trico que coordine el INPEC con la empresa prestadora de servicios en salud\u00bb, teniendo en cuenta su inimputabilidad, por padecer de esquizofrenia paranoide y la evaluaci\u00f3n psiqui\u00e1trica que establece la necesidad de un tratamiento de por vida. <\/p>\n
2.2. El 4 de enero de 20223, el condenado, mediante apoderado, solicit\u00f3 la libertad inmediata al Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, encargado de vigilar la pena, con fundamento en que, pese a lo dispuesto en la sentencia condenatoria, de manera arbitraria lo mantuvieron en un centro penitenciario por once a\u00f1os y veintiocho d\u00edas, hasta que fue trasladado por el INPEC al \u00abCentro de psicoterapia Villa 76\u00bb, sin que se le realizara control judicial de la medida con los ex\u00e1menes pertinentes para establecer si esta deb\u00eda continuar. <\/p>\n
2.3. El 10 de febrero de 20224, el condenado instaur\u00f3 acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus5 contra el Juzgado de Ejecuci\u00f3n, con fundamento en que la petici\u00f3n de libertad promovida no hab\u00eda sido desatada. El 11 de febrero de 2022, el Juzgado Once Laboral del Circuito de la misma ciudad declar\u00f3 improcedente el ruego formulado, decisi\u00f3n confirmada el 15 de febrero siguiente por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, dado que el asunto estaba en tr\u00e1mite ante el competente. <\/p>\n
2.4. El 25 de abril de 20226, el Juzgado de Ejecuci\u00f3n dispuso oficiar al Instituto de Psicoterapias Villa 76 y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el objetivo de indagar el estado de salud f\u00edsico y mental del inimputable, previo los ex\u00e1menes correspondientes. <\/p>\n
3. La parte actora sostiene que la petici\u00f3n de libertad elevada en enero de 2022 ante el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas accionado \u00abno ha sido resuelta\u00bb, raz\u00f3n por la cual impetr\u00f3 la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, pero le fue negada. Destac\u00f3 que, pese a lo ordenado en el fallo que conden\u00f3 a Javier Eduardo, \u00e9l cumpli\u00f3 injustamente su condena en diferentes establecimientos carcelarios y s\u00f3lo hasta el 19 de mayo de 2021 fue trasladado por el INPEC al \u00abCentro de psicoterapia Villa 76\u00bb, habiendo superado el tiempo de la condena impuesta. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo narrado, que se restablezcan los derechos vulnerados por los accionados con la negativa a otorgar la libertad del condenado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dio cuenta de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus referida. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad convocado inform\u00f3 el tr\u00e1mite surtido frente a la petici\u00f3n de libertad radicada el 4 de enero de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo indic\u00f3 que remiti\u00f3 las diligencias al Juzgado de Ejecuci\u00f3n desde el 30 de diciembre de 2016. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo en lo relativo a la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, por no cumplir con el presupuesto de inmediatez, y sobre la petici\u00f3n de libertad, porque no se demostr\u00f3 que hubiera sido radicada ante el Juzgado accionado. En cuanto al INPEC neg\u00f3 la salvaguarda implorada, porque el condenado fue trasladado al Instituto de Psicoterapias Villa 76. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la actora, quien manifest\u00f3 que se debe tener en cuenta que su hijo, pese a ser inimputable, estuvo m\u00e1s de diez a\u00f1os privado de la libertad en instituto penitenciario y s\u00f3lo por \u00abestas presiones es que se dignaron a enviarlo a un Centro de poblaci\u00f3n de inimputable\u00bb, donde sigue pagando una condena que no le fue impuesta, vulnerando con ello su derecho a la libertad. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende el amparo de sus derechos fundamentales de su agenciado, pues considera que debe ser dejado en libertad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala advierte que el amparo propuesto es improcedente frente a la providencia que resolvi\u00f3 el h\u00e1beas corpus, proferida el 15 de febrero de 2022, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez, dado que, a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela -23 de marzo de 2023-, se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de seis meses que se ha considerado razonable para promover esta acci\u00f3n7. <\/p>\n
3. Ahora bien, sobre la solicitud de libertad, debe tenerse en cuenta que se han adoptado las medidas necesarias para resolver el asunto, pues, entre otros, el 10 de marzo del a\u00f1o en curso se analizan los informes aportados y se dispuso oficiar a la EPS para que manifestara si est\u00e1 en condiciones de suministrar de manera ambulatoria el tratamiento m\u00e9dico prescrito; y, el pasado 16 de mayo de 2023, se comision\u00f3 a un asistente social, para que realizara una visita a la residencia materna del condenado, \u00abcon el fin de verificar si est\u00e1n dispuestos a recibir a su familiar, brindarle el apoyo que requiera y estar atentos al tratamiento m\u00e9dico que necesite\u00bb, lo cual evidencia que el asunto sigue el tr\u00e1mite ante el competente, lo cual torna inviable la tutela, pues no puede el juez constitucional decidir sobre los aspectos sometidos a consideraci\u00f3n del juez natural (Ver CSJ STC4250-2022, entre otras). <\/p>\n
A lo anterior se suma que no corresponde al juez de tutela definir la procedencia de la libertad ni sobre la legalidad de la continuidad en la privaci\u00f3n de esta, pues, para el efecto, el ordenamiento jur\u00eddico tiene prevista la acci\u00f3n constitucional especial de h\u00e1beas corpus. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Calidad reconocida por el a quo constitucional en auto del 27 de marzo de 2023, por el cual avoc\u00f3 el conocimiento de la tutela, por cuanto Javier Eduardo Vergara Burgos fue condenado como inimputable, pues padece de esquizofrenia paranoide y requiere tratamiento intrahospitalario de por vida. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia visible en folio 42 de la demanda de tutela. <\/p>\n
3\u0002 Documento 08, expediente 2010-80185. <\/p>\n
4\u0002 Seg\u00fan acta de reparto, documento 03, expediente de h\u00e1beas corpus. <\/p>\n
5\u0002 Conocida bajo el radicado 08-001-31-05-011-2022-00034-01 <\/p>\n
6\u0002 Documento 09, expediente 2010-80185. <\/p>\n
7\u0002 CSJ STC, 29 Abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2283-2022. <\/p>\n
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