STC5219-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5219-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de abril de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Henry Capera Cardozo y Mariela Cardozo de Capera contra el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral y el Juzgado Promiscuo Municipal de Ataco, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Los convocantes deprecaron, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcadas por las dependencias jurisdiccionales requeridas. <\/p>\n
Y en concreto, se conmine a dejar sin valor \u00abla Sentencia de Segunda Instancia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral Tolima y la revocatoria parcial de la Sentencia de Primera Instancia del Juzgado Promiscuo Municipal de Ataco \u2013 Tolima y, a contrario sensu, se d\u00e9 plena aplicaci\u00f3n con su efectividad jur\u00eddica al T\u00edtulo Valor Complejo\u00bb, as\u00ed mismo, depreca el levantamiento de las medidas cautelares decretadas al interior del proceso ejecutivo atacado y, que recaen sobre los bienes de propiedad de los actores. <\/p>\n
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2. Son hechos relevantes, los que enseguida se develan: <\/p>\n
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1. Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Ataco se adelant\u00f3 proceso ejecutivo en contra de los accionantes, en el cual se profiri\u00f3 sentencia el 29 de julio de 2021, en la cual se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada cobro de lo no debido y, se modific\u00f3 el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, decisi\u00f3n que fue apelada, siendo desatado el recurso por el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral, el cual mediante providencia del 5 de agosto de 2022, revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia y, en su lugar declar\u00f3 no probada los medios exceptivos propuestos y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
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2. Los tutelantes criticaron la determinaci\u00f3n adoptada por el juzgado en segunda instancia, pues consideran que se debi\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a lo estipulado en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, en atenci\u00f3n que las pretensiones est\u00e1n respaldadas con titulo complejo, toda vez que el pagar\u00e9 se encontraba atada a un negocio causal, situaci\u00f3n que se omiti\u00f3 en la demanda. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Civil del Circuito de Chaparral indic\u00f3 que conoci\u00f3 en segunda instancia el proceso ejecutivo atacado, en el cual profiri\u00f3 sentencia el 5 de agosto de 2022, manifestando que no hubo vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de los actores, toda vez que el procedimiento se surti\u00f3 de cara a la normatividad vigente que regula la materia. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, arguy\u00f3 que no se cumplen con los requisitos legales ni jurisprudenciales para conceder el amparo deprecado, puesto que el abogado promotor no cuenta con poder para actuar en representaci\u00f3n de los accionantes y, adem\u00e1s, la acci\u00f3n de tutela fue presentada pasados mas de 6 meses de la fecha en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n confutada, incumpliendo as\u00ed con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
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2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Ataco rindi\u00f3 informe respecto al tr\u00e1mite surtido en el proceso ejecutivo atacado. <\/p>\n
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3. H\u00e9ctor Adolfo Morales Torres, alleg\u00f3 escrito de r\u00e9plica mediante el cual manifest\u00f3 que los argumentos esbozados en la acci\u00f3n de tutela ya fueron debatidos al interior del proceso ejecutivo, asegurando que lo pretendido por los actores es crear una tercera instancia en un tramite que ya est\u00e1 terminado, solicitado incluso pruebas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un instrumento jur\u00eddico en defensa de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
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2. No cabe duda que el prove\u00eddo de 5 de agosto de 2022 proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral, es la determinaci\u00f3n en torno a la cual los aqu\u00ed quejosos atribuye la conculcaci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Por el demarcado sendero, cierto es que entre la aducida fecha y la formulaci\u00f3n del pedido de amparo \u201313 de abril de 2023\u2013 transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la jurisprudencia como razonable y proporcional para que la persona supuestamente afectada ejerciera tal mecanismo, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo real que justifique tan visible tardanza. <\/p>\n
Acerca del tema, se ha delimitado que, <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (\u00c9nfasis. CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01; reiterada en STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
No es de recibo la excusa tra\u00edda en la impugnaci\u00f3n para flexibilizar la carencia de prontitud avizorada, pues, como lo ha sostenido esta Sala, \u00abla vacancia judicial no tiene incidencia respecto del t\u00e9rmino para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ STC6753, 3 sep. 2020, rad. 01903-001) y, en adici\u00f3n, el lapso de acudida en cuesti\u00f3n \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140, 31 ag. 2018, rad. 01150-01), que no desde su enteramiento o firmeza. <\/p>\n
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3. Lo consignado, sin m\u00e1s, impone cerrar paso a cualquier estudio de fondo dentro de la controversia de marras. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fallo en el que, a rengl\u00f3n seguido se acot\u00f3: \u00ab[s]i bien es cierto que, como se advirti\u00f3, este mecanismo constitucional no admite la caducidad, habr\u00e1 de reconocerse que el t\u00e9rmino jurisprudencialmente alcanzado fue dispuesto en 6 meses\u00bb (Subrayado ajeno). <\/p>\n
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