STC5225-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5225-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2023-00164-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de abril de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Juan Guillermo San\u00edn Posada, quien dijo actuar \u00aben nombre y representaci\u00f3n de las sucesiones de RAFAEL Y ANGELA POSADA LONDO\u00d1O\u00bb, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, al Edificio San Gabriel P.H. y a los herederos indeterminados de Rafael y de \u00c1ngela Mar\u00eda Posada Londo\u00f1o. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor, \u00abobrando en nombre y representaci\u00f3n de las sucesiones de RAFAEL Y ANGELA POSADA LONDO\u00d1O, (\u2026) de las cuales soy apoderado judicial\u00bb, demanda la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado en el juicio de radicado 2006-01188. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La propiedad horizontal Edificio San Gabriel instaur\u00f3 una demanda ejecutiva contra \u00c1ngela Mar\u00eda Olga Posada Londo\u00f1o, como heredera determinada de Rafael Posada Londo\u00f1o, y los herederos indeterminados de aqu\u00e9l, por el no pago de las cuotas de administraci\u00f3n y extraordinarias, en el cual se libr\u00f3 mandamiento de pago el 3 de junio de 20081. <\/p>\n
2.2. El 20 de junio siguiente, el tutelante, Juan Guillermo San\u00edn Posada, se notific\u00f3 del mandamiento de pago como apoderado de la accionada \u00c1ngela Maria Olga Posada Londo\u00f1o y, por auto del 22 de septiembre de 2009, se le reconoci\u00f3 personer\u00eda para actuar en esa condici\u00f3n2. <\/p>\n
2.3. El 7 de diciembre de 2012, el Juzgado Veintis\u00e9is Civil Municipal Adjunto de Medell\u00edn declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de pago parcial propuesta por el apoderado de \u00c1ngela Mar\u00eda Olga Posada Londo\u00f1o, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n contra aquella por las cuotas en mora a partir del 31 de agosto de 2005 y la conden\u00f3 al pago de costas y agencias en derecho junto con los herederos indeterminados. <\/p>\n
2.4. El 28 de febrero de 2013 se orden\u00f3 liquidar las costas del proceso y, en la misma fecha, se corri\u00f3 traslado de la liquidaci\u00f3n efectuada y se requiri\u00f3 a las partes para que aportaran la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito; el 12 de abril de 2013 se neg\u00f3 la aclaraci\u00f3n de la sentencia y se aprobaron las costas procesales; el 8 de octubre del mismo a\u00f1o no se acept\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito allegada por la parte ejecutante, por lo cual el Despacho procedi\u00f3 a realizarla. <\/p>\n
2.5. Estando el asunto a cargo del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn, el 30 de septiembre de 2014 se incorporaron al expediente las constancias de pago remitidas por el apoderado de la accionada y, el 6 de junio de 2015, la ejecutante present\u00f3 una actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, que fue modificada por el Juzgado el 10 de julio siguiente. <\/p>\n
2.6. El 15 de febrero de 2016, el expediente se envi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn, que avoc\u00f3 el conocimiento del asunto el 27 de julio posterior; el 10 de agosto de 2016, la apoderada de la actora radic\u00f3 una nueva actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito, que se acept\u00f3 el 11 de octubre de esa anualidad; el 29 de agosto de 2017 se aport\u00f3 otra actualizaci\u00f3n de la deuda, aprobada el 20 de septiembre siguiente; el 11 de julio de 2018, la apoderada de la ejecutante renunci\u00f3 al poder, lo cual se acept\u00f3 el 18 de julio de ese a\u00f1o; el 30 de julio de 2021, el tutelante solicit\u00f3 la perenci\u00f3n del proceso; el 27 de septiembre, la propiedad horizontal otorg\u00f3 poder a un nuevo abogado y, el 21 de octubre, pidi\u00f3 que se requiriera al Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medell\u00edn el traslado del embargo de remanentes que ten\u00eda autorizado ese Despacho, en referencia al proceso de radicado 2002-00084. <\/p>\n
2.7. El 22 de octubre de 20213, el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, por desistimiento t\u00e1cito, dado que estaba pendiente de resolver lo relativo al poder otorgado por la propiedad horizontal ejecutante, por lo cual la requiri\u00f3 para que remitiera el certificado que acreditara que el mandante era el representante legal del Edificio. <\/p>\n
2.8. El 25 de noviembre de 2021, la ejecutante pidi\u00f3 decretar el embargo de remanentes de los bienes y dineros que se llegaran a desembargar por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medell\u00edn en el expediente 2009-00069 y solicit\u00f3 requerir a la alcald\u00eda de esa ciudad, para que informara el estado del proceso 1000568166, teniendo en cuenta la autorizaci\u00f3n de traslado de remanentes realizada en el juicio de radicado 2002-00084. <\/p>\n
2.9. El 9 de marzo de 2022, el Juzgado resolvi\u00f3 \u00abla REPOSICI\u00d3N presentada por el apoderado judicial de la parte ejecutada\u00bb, Juan Guillermo San\u00edn Posada, reponiendo su decisi\u00f3n y decretando la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo seguido contra \u00ab\u00c1NGELA MAR\u00cdA OLGA POSADA y herederos Indeterminados del se\u00f1or Rafael Posada Londo\u00f1o\u00bb, porque desde el auto del 18 de julio de 2018, que acept\u00f3 la renuncia del poder de la ejecutada, hasta el 30 de julio de 2021, cuando se pidi\u00f3 la perenci\u00f3n del asunto, no se realiz\u00f3 gesti\u00f3n alguna, dado que el poder otorgado por la ejecutante se adjunt\u00f3 con posterioridad a esa solicitud, esto es, el 27 de septiembre de 2021. Contra esa decisi\u00f3n, la ejecutante interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, en el cual manifest\u00f3, entre otros, que la demandada hab\u00eda fallecido en 2011. <\/p>\n
2.10. El 6 de mayo de 2022, el abogado Juan Guillermo San\u00edn Posada precis\u00f3 que, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso, la muerte de su mandante no pon\u00eda fin al poder otorgado por ella; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que era heredero de su poderdante fallecida, \u00c1ngela Mar\u00eda Olga Posada, pero que en ese tr\u00e1mite actuaba \u00abcomo apoderado judicial y no como heredero\u00bb, seg\u00fan el poder \u00abotorgado en vida de \u00c1ngela, que aparece en el expediente desde el mes de febrero de 2008\u00bb. <\/p>\n
2.11. El 5 de julio de 2022 se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la demandante, manteniendo el auto del 9 de marzo anterior, y se concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.12. El 29 de marzo de 2023, el Juzgado Segundo Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn revoc\u00f3 el prove\u00eddo que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, porque las solicitudes radicadas por la ejecutante despu\u00e9s de que el apoderado de la accionada pidiera el desistimiento t\u00e1cito, \u00abfueran presentadas o no dentro del lapso de los dos a\u00f1os que se\u00f1ala la norma, (\u2026) interrumpen los t\u00e9rminos prescriptos en dicha regla procesal\u00bb, por lo que no pod\u00eda finalizarse el litigio con posterioridad a ellas, dado que las actuaciones realizadas antes del auto que decidi\u00f3 el asunto ten\u00edan por objeto impulsar el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El tutelante aduce que el Juzgado del Circuito accionado interpret\u00f3 mal el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, porque este no menciona que el desistimiento t\u00e1cito opere a partir de su decreto, sino trascurridos dos a\u00f1os de inactividad despu\u00e9s de la sentencia, los cuales se consolidaron en este caso, pues el 18 de julio de 2018 se acept\u00f3 la renuncia al poder radicada por la apoderada de la ejecutante sin que se realizara gesti\u00f3n alguna hasta el 30 de julio de 2021, cuando se solicit\u00f3 su terminaci\u00f3n, de manera que las peticiones posteriores de la demandante no pod\u00eda interrumpir un plazo ya vencido. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pretende que se deje sin efectos el auto que revoc\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias Medell\u00edn afirm\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. El Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn indic\u00f3 que sus argumentos para decretar el desistimiento t\u00e1cito fueron expuestos en el auto del 9 de marzo de 2022. <\/p>\n
3. Quien fue designado como curador ad litem por el a quo constitucional, para representar a los herederos indeterminados de Rafael y \u00c1ngela Mar\u00eda Olga Posado Londo\u00f1o, afirm\u00f3 que el despacho accionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis jurisprudencial exhaustivo, claro y concreto, para justificar por qu\u00e9 no proced\u00eda el desistimiento t\u00e1cito, sin vulnerar los derechos de las partes. <\/p>\n
4. La propiedad horizontal Edificio San Gabriel sostuvo la representaci\u00f3n judicial que ejerce el tutelante de la ejecutada prescribi\u00f3 desde la muerte de aquella en 2011 y que su hijo y apoderado no solicit\u00f3 la sucesi\u00f3n procesal en el juicio ejecutivo censurado, de manera que, al carecer de poder para actuar en dicho tr\u00e1mite, no pod\u00eda solicitar su terminaci\u00f3n y tampoco estaba legitimado para hacer petici\u00f3n alguna relacionada con ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
III. SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional precis\u00f3, en primer lugar, que el actor estaba legitimado en la causa porque era heredero de \u00c1ngela Mar\u00eda Posada Londo\u00f1o, ejecutada en el proceso cuestionado. De otro lado, neg\u00f3 la salvaguarda propuesta, pues la decisi\u00f3n censurada no era arbitraria, caprichosa ni antojadiza, pues, como no se hab\u00eda declarado la terminaci\u00f3n del proceso, la intervenci\u00f3n de la abogada demandante reactiv\u00f3 el t\u00e9rmino. <\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante afirm\u00f3 que carece de fundamento manifestar que el Juzgado de conocimiento ten\u00eda a su cargo actuaciones pendientes, pues las solicitudes presentadas por la apoderada del Edificio San Gabriel deb\u00edan ser tramitadas por los Juzgados Dieciocho y Veinte Civiles del Circuito. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor, \u00abobrando en nombre y representaci\u00f3n de las sucesiones de RAFAEL Y ANGELA POSADA LONDO\u00d1O, (\u2026) de las cuales soy apoderado judicial\u00bb, reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado del Circuito accionado, al revocar la decisi\u00f3n de primera instancia, que termin\u00f3 el compulsivo cuestionado por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2. Revisadas las actuaciones del proceso rebatido, se advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del actor, por cuanto, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, esta \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb, frente a lo cual la Sala ha sostenido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una tutela contra las decisiones emitidas en los respetivos procesos y no sus apoderados judiciales, de manera que <\/p>\n
cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal. (Se subraya. CSJ STC10027-2022, CSJ STC10757-2022). <\/p>\n
En el caso concreto, el tutelante ha intervenido en el proceso ejecutivo cuestionado como apoderado de \u00c1ngela Maria Olga Posada Londo\u00f1o, condici\u00f3n en la cual no est\u00e1 legitimado para acudir a la acci\u00f3n de tutela, a efectos de cuestionar las providencias judiciales que all\u00ed se hayan proferido. <\/p>\n
Y, aunque en el asunto, la apoderada de la ejecutante expuso en un escrito que \u00e9l era hijo de la demandada y que ella falleci\u00f3 desde 2011, allegando en sustento unas decisiones adoptadas en otros tr\u00e1mites, lo cierto es que en el proceso refutado el aqu\u00ed accionante no ha sido reconocido como sucesor procesal, de manera que no puede el juez de tutela determinar que aqu\u00e9l es heredero de la demandada, como lo hizo el a quo constitucional, ni reconocerlo como parte, pues es el Juez natural el que debe establecer si el abogado puede actuar en el tr\u00e1mite como sujeto procesal, una vez se alleguen las pruebas id\u00f3neas para definir esa condici\u00f3n, an\u00e1lisis que no puede hacerse en esta instancia y, por tanto, la tutela es improcedente, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado, en cuanto neg\u00f3 la salvaguarda propuesta, pero por la improcedencia de la tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 79, expediente digital del cuaderno principal. <\/p>\n
2\u0002 Folios 83, 84 y 117 expediente digital del cuaderno principal. <\/p>\n
3\u0002 Folio 380, expediente digital del cuaderno principal. <\/p>\n
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STC5225-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC5225-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2023-00164-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73649","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73649","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73649"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73649\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73649"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73649"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73649"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}