STC5226-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5226-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2023-00146-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de abril de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Juan Manuel Aguilar Echeverri1 contra el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esa ciudad y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y Privados \u2013Zona Norte de Medell\u00edn-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Doralba Valencia Soto y a Juan Manuel Valencia Echeverri. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado en el juicio de radicado 2012-00928-00. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Doralba Valencia Soto instaur\u00f3 una demanda declarativa de pertenencia contra Aracelly Lugo de Meneces y personas indeterminadas, en la cual se reconoci\u00f3 al tutelante como litisconsorte de la demandante, en raz\u00f3n a la cesi\u00f3n de derechos litigiosos efectuada a su favor. <\/p>\n
2.2. En sentencia proferida por el Juzgado accionado en audiencia del 3 de mayo de 20172 se declar\u00f3 la pertenencia a nombre del accionante, \u00abas\u00ed como las dem\u00e1s personas indeterminadas que se creyeran con derecho sobre el inmueble ubicado en la calle 73 nro. 69-171 (\u2026)\u00bb; adem\u00e1s, se orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de esa decisi\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 01N-5078033, de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn, Zona Norte. Frente a esa providencia las partes guardaron silencio. <\/p>\n
2.3. El 3 de mayo de 20223, el apoderado de Aracely del Socorro Lugo Meneses radic\u00f3 una solicitud de \u00abrevisi\u00f3n\u00bb del proceso, exponiendo que su mandante era la propietaria del inmueble ubicado en la calle 73 n\u00b0 69-173, identificado con el FMI 5078033, y que la demanda se hab\u00eda instaurado frente al inmueble ubicado en la calle 73 n\u00b0 69-171 (148), con FMI 9300108051, pese a que hubiera mencionado el FMI 5078033, por lo que aleg\u00f3 que existi\u00f3 un error en el objeto, de lo cual se percataron en el tr\u00e1mite de compra de bienes adelantado por la Empresa de Desarrollo Urbano \u2013 EDU- del municipio de Medell\u00edn. <\/p>\n
2.4. Mediante auto del 7 de junio de 2022 se determin\u00f3 que lo pedido era improcedente, en tanto la sentencia estaba ejecutoriada y ese Juzgado no era el competente para adelantar el tr\u00e1mite requerido. <\/p>\n
3. El actor sostiene que, en el proceso de marras, se aclar\u00f3 que los linderos eran los establecidos en la inspecci\u00f3n judicial y no los de la escritura p\u00fablica 543 de 1994, pues esos correspond\u00edan al lote de mayor extensi\u00f3n y lo pedido en usucapi\u00f3n era una porci\u00f3n de este, por lo que se deb\u00eda crear otro folio de matr\u00edcula inmobiliaria, no obstante, en la sentencia se omiti\u00f3 ordenar a la Oficina de Registro lo pertinente. Se\u00f1ala, adem\u00e1s, que esa Oficina procedi\u00f3 a inscribir el fallo, pese a que los linderos se\u00f1alados all\u00ed no correspond\u00edan con los del certificado de libertad y tradici\u00f3n, lo cual fue evidenciado por el actor cuando el municipio de Medell\u00edn lo llam\u00f3 para \u00abexpropiar el bien de propiedad de la Sra. Aracelly Lugo, que queda distante del inmueble del que ejerce la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo narrado, que se declare parcialmente nula la sentencia referida y, en consecuencia, que se deje sin efecto el registro realizado en el FMI 01N-5078033, se corrija el numeral segundo de ese fallo y se ordene a la Oficina de Registro la apertura de un nuevo folio de matr\u00edcula, \u00abque se segrega del lote de mayor extensi\u00f3n y se inscriba la pertenencia, de acuerdo con los linderos esbozados por el juzgado en la sentencia del 3 de mayo de 2017\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado accionado destac\u00f3 que el ruego no cumple con el presupuesto de inmediatez, dada la fecha de la sentencia controvertida, ni con el de subsidiariedad, pues frente a esta el accionante no interpuso recurso, aunado a que cuenta con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y Privados de Medell\u00edn \u2013 Zona Norte- adujo que el actor no agot\u00f3 los recursos ordinarios de correcci\u00f3n registral y aclaraci\u00f3n jurisdiccional antes de interponer la tutela, por lo que esta resulta improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, tras considerar que no cumple con el requisito de inmediatez respecto de la sentencia del 3 de mayo de 2017 y el auto del 7 de junio de 2022, ni con el presupuesto de subsidiariedad, en tanto el interesado no ha solicitado la nulidad ante el Juzgado para obtener lo que ahora pretende a trav\u00e9s de esta senda. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien se\u00f1al\u00f3 que: i) el medio de defensa indicado no es procedente, dado que lo pedido no se adec\u00faa a ninguna de las causales de nulidad enlistadas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; ii) la situaci\u00f3n expuesta s\u00f3lo se evidenci\u00f3 en el 2022, cuando el municipio de Medell\u00edn pretendi\u00f3 comprar el inmueble que se registr\u00f3 a su nombre, que difiere del que realmente posee, raz\u00f3n por la que acudi\u00f3 a la revisi\u00f3n, que el Juzgado declar\u00f3 improcedente, actuaci\u00f3n desde la cual se debe contar el t\u00e9rmino tempestivo; y iii) no puede promover otro proceso por los mismos hechos. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con la sentencia del 3 de mayo de 2017, proferida por el Juzgado accionado en el proceso 2012-00928. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, esta Sala advierte la improcedencia del amparo invocado frente a la sentencia proferida el 3 de mayo de 2017, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez, dado que a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela -29 de marzo de 2023- se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de seis meses que se ha considerado razonable para promover esta acci\u00f3n4. <\/p>\n
Y, aunque ese t\u00e9rmino puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb5. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda. <\/p>\n
2.1. A lo anterior se suma que el ruego no cumple el presupuesto de subsidiariedad, dado que el actor no expuso la controversia aqu\u00ed planteada ante el Juzgado y la Oficina de Registro accionados, pues, si bien mencion\u00f3 una solicitud de \u00abrevisi\u00f3n\u00bb, esta fue instaurada por otro de los extremos de la litis, aunado a que aquella petici\u00f3n fue negada en auto del 7 de junio de 20226, decisi\u00f3n frente a la cual la tutela tampoco supera los presupuestos de inmediatez y de subsidiariedad, pues se emiti\u00f3 9 meses antes de acudir a esta senda y no fue recurrida por el interesado, todo lo cual torna improcedente la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Teniendo en cuenta el escrito de tutela inicial, radicada por aqu\u00e9l. <\/p>\n
2\u0002 Documento 063, cuaderno principal, expediente 2012-00928. <\/p>\n
3\u0002 Documento 083, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC, 29 Abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2283-2022. <\/p>\n
5\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
6\u0002 Notificado por estado electr\u00f3nico del 8 de junio siguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
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