STC5227-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5227-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2023-00352-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de abril de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 la tutela promovida por Fernando Antonio contra la Comisar\u00eda Octava de Familia Kennedy (3) Marsella y el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes en los incidentes de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n de radicado 11001311001920220045000 (01)1. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 10 de mayo de 2022, Yomary Mar\u00eda solicit\u00f3 a la Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy (3) Marsella la imposici\u00f3n de una medida de protecci\u00f3n, por hechos de violencia intrafamiliar que el se\u00f1or Fernando Antonio propici\u00f3 en su contra y frente a sus hijas menores de edad, Mar\u00eda Antonia y Sandra Liliana. <\/p>\n
2.2. El 17 de mayo de ese mismo a\u00f1o, la citada Comisar\u00eda orden\u00f3 como medida de protecci\u00f3n a favor de la solicitante la prohibici\u00f3n para el querellado de ejercer cualquier hecho de maltrato f\u00edsico, econ\u00f3mico, verbal o psicol\u00f3gico en contra de ella y de sus hijas, el alejamiento total de aquella, as\u00ed como del lugar de su residencia y de su trabajo, el deber de asistir a un curso en la Personer\u00eda de Bogot\u00e1 sobre derechos de las v\u00edctimas de violencia intrafamiliar y el sometimiento a un tratamiento terap\u00e9utico. <\/p>\n
2.3. Ante nuevos actos de agresi\u00f3n verbal y psicol\u00f3gica, la se\u00f1ora Yomary Mar\u00eda promovi\u00f3 un incidente de incumplimiento y, el 23 de junio de 2022, la Comisar\u00eda demandada declar\u00f3 probado el primer incumplimiento por parte de Fernando Antonio a la medida de protecci\u00f3n del 17 de mayo de ese mismo a\u00f1o, por lo que le impuso una multa de 2 s.m.l.m.v., convertibles en arresto, decisi\u00f3n que el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 aval\u00f3 el 5 de septiembre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.4. El 6 de septiembre de 2022, dicha Comisar\u00eda declar\u00f3 probado el segundo incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, por lo que sancion\u00f3 al incidentado con arresto de 30 d\u00edas y, en audiencia del 9 de noviembre siguiente, declar\u00f3 probado el tercer incumplimiento y le impuso 45 d\u00edas de arresto. El 22 de noviembre de 2022, el Juzgado aval\u00f3 los 75 d\u00edas de arresto impuestos. <\/p>\n
2.5. El 16 de diciembre de 2022, la se\u00f1ora Yomary Mar\u00eda present\u00f3 otro incidente de desacato en contra del accionante, aduciendo que nuevamente hab\u00eda sido objeto de agresi\u00f3n verbal y psicol\u00f3gica el 28 de noviembre y el 15 y el 16 de diciembre de ese a\u00f1o. En audiencia del 25 de enero del a\u00f1o en curso, la Comisar\u00eda declar\u00f3 probado el cuarto incumplimiento y le impuso a Fernando Antonio 30 d\u00edas de arresto, determinaci\u00f3n que el Juzgado demandado confirm\u00f3 el 10 de marzo del presente a\u00f1o. <\/p>\n
3. El tutelante alega que las decisiones de la Comisar\u00eda y del Juzgado no cuentan con una valoraci\u00f3n probatoria id\u00f3nea y racional y menos a\u00fan con la participaci\u00f3n en el proceso de un experto en psiquiatr\u00eda o psicolog\u00eda forense capaz de establecer si en este caso se configuraron o no actos de violencia psicol\u00f3gica, lo cual comport\u00f3 una violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado, pide que se ordene suspender el cumplimiento de todas las decisiones emitidas, particularmente las medidas de arresto impuestas. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Comisar\u00eda Octava de Familia Kennedy (3) Marsella pidi\u00f3 negar la tutela, en consideraci\u00f3n a que ning\u00fan derecho fundamental del accionante vulner\u00f3. <\/p>\n
2. El Juzgado 19 de Familia de Bogot\u00e1 se refiri\u00f3 a las decisiones que ha tomado en el proceso de incumplimiento de medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que en dicha dependencia cursan algunas investigaciones contra el se\u00f1or Fernando Antonio, por el delito de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
4. La se\u00f1ora Yomary Mar\u00eda pidi\u00f3 negar la tutela y afirm\u00f3 que ha sido v\u00edctima de toda clase de violencia, por lo que decidi\u00f3 acudir ante las respectivas autoridades. <\/p>\n
5. La Personer\u00eda de Bogot\u00e1 y la Secretar\u00eda Distrital de la Mujer alegaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El juez constitucional neg\u00f3 el amparo, pues, de un lado, no cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez respecto de la providencia emitida el 5 de septiembre de 2022 por el Juzgado 19 de Familia de Bogot\u00e1 y, de otro, porque las decisiones proferidas por ese Juzgado el 22 de noviembre de 2022 y del 10 de marzo de 2023 estaban soportadas en un discernimiento razonable, que no luc\u00eda subjetivo ni caprichoso. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y cuestion\u00f3 que el a quo constitucional se limitara a manifestar que las decisiones controvertidas se encuentran conforme a derecho, pues considera que, en los casos de violencia psicol\u00f3gica, la prueba debe valorarla un profesional en psicolog\u00eda y no un funcionario judicial sin conocimiento en esta materia, como ocurri\u00f3 en el caso bajo estudio. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por las decisiones que la Comisar\u00eda y el Juzgado accionados emitieron en los tr\u00e1mites incumplimiento de medida de protecci\u00f3n impuesta en su contra, en tanto no cuentan con una valoraci\u00f3n probatoria id\u00f3nea y racional, ni con la participaci\u00f3n de un experto en psicolog\u00eda. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la providencia del 5 de septiembre de 2022, la Sala advierte que no se cumple con el presupuesto de inmediatez, dado que la tutela se present\u00f3 el 11 de abril de 2023, superando el t\u00e9rmino de seis meses que se ha considerado razonable para promover esta acci\u00f3n2. <\/p>\n
3. En cuanto a la providencia del 22 de noviembre de 2022, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado demandado ratific\u00f3 las decisiones del 6 de septiembre y del 9 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, emitidas por la Comisar\u00eda Octava de Familia Kennedy (3) Marsella, que declararon probados el segundo y el tercer incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n por parte del se\u00f1or Fernando Antonio, es menester se\u00f1alar que la Comisar\u00eda encontr\u00f3, con fundamento en la denuncia de la ofendida y en un correo electr\u00f3nico que esta aport\u00f3 al proceso, que el incidentado la agredi\u00f3 verbal y psicol\u00f3gicamente \u00abcon leguaje soez y peyorativo\u00bb, lo cual fue aceptado por \u00e9l en sus descargos, justificando su actuaci\u00f3n en que la agraviada no le permit\u00eda ver a sus hijas; adem\u00e1s, tuvo en cuenta lo dicho por la testigo Silvia Juliana, quien declar\u00f3 que presenci\u00f3 en una oportunidad que el incidentado intent\u00f3 besar a la fuerza a Yomary Mar\u00eda y que \u00e9l ha incumplido la orden de alejamiento que le impuso la Comisar\u00eda de Kennedy, por lo que encontr\u00f3 \u00abdemostrado que si se han presentado nuevos hechos, los cuales han sido puestos en conocimiento, y que el agresor continua con su actuar violento y no tiene respeto por la ley y por las ordenes emitidas, pues bien podemos decir que claramente estamos frente a una violencia reiterada\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo acreditado en la Comisar\u00eda demandada, el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, luego de referirse a los alcances de la Ley 1257 de 2008, sobre la protecci\u00f3n de las mujeres contra cualquier forma de violencia, y de citar jurisprudencia de la Corte Constitucional, en cuanto a la violencia psicol\u00f3gica, ratific\u00f3 las sanciones de 30 y 45 d\u00edas de arresto impuesta en contra del se\u00f1or Fernando Antonio, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 7 de la Ley 294 de 1996, modificado por el 4 de la Ley 575 de 20003, pues consider\u00f3 que esta medida no resultaba \u00abdesacertada ni antojadiza\u00bb, en tanto se encontraban probados el segundo y el tercer incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n a favor de Yomary Mar\u00eda, m\u00e1xime teniendo en cuenta que aqu\u00e9l acept\u00f3 los hechos que esta denunci\u00f3. <\/p>\n
La autoridad judicial demandada sostuvo que la imposici\u00f3n de dicha sanci\u00f3n ten\u00eda como prop\u00f3sito la protecci\u00f3n de las relaciones familiares, evitando comportamientos violentos que afectaran la integridad mental o f\u00edsica de sus integrantes, y que se trataba de una medida de car\u00e1cter legal y, por tanto, \u00abde obligatorio cumplimiento, pues ha sido establecida por la ley para casos que resultan altamente reprochables para el Estado y la sociedad, como lo es la violencia intrafamiliar, normas instituidas adem\u00e1s, para evitar que episodios como los estudiados se repitan\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, en la providencia del 10 de marzo del a\u00f1o en curso y ante el cuarto incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n adoptada el 17 de mayo de 2022 por la Comisar\u00eda de Familia de Kennedy, el Juzgado demandado aval\u00f3 la sanci\u00f3n de 30 d\u00edas que esta impuso al se\u00f1or Fernando Antonio el 25 de enero de ese mismo a\u00f1o, al encontrar, con fundamento en el material probatorio aportado (3 audios del 16 y del 28 de diciembre 2022, 5 correos electr\u00f3nicos del 16, del 18, del 19 y del 20 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, capturas de pantallas del celular de las hijas del incidentado del 28 de noviembre y una entrevista que la psic\u00f3loga de la Comisar\u00eda de Familia practic\u00f3 a la ni\u00f1a el 20 de enero de 2023), que existi\u00f3 evidentemente una agresi\u00f3n psicol\u00f3gica y emocional en contra de la solicitante, pero particularmente hacia dicha menor de edad, quien evidenci\u00f3 malestar emocional asociado a situaciones de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
3.1. Pues bien, analizados los anteriores razonamientos, se observa que las decisiones censuradas, independientemente de que sean o no compartidas, no resultan arbitrarias o manifiestamente alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, pues se motivaron razonadamente y se sustentaron en las pruebas, la normatividad y la jurisprudencia aplicables al asunto, todo lo cual llev\u00f3 a determinar que el tutelante incumpli\u00f3 en cuatro oportunidades la medida de protecci\u00f3n que la Comisar\u00eda Octava de Familia Kennedy (3) Marsella implement\u00f3 el 17 de mayo de 2022. <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, no cabe duda de que, entre las providencias controvertidas y lo argumentado por el accionante, se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro, para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, mucho menos para imponer el criterio del actor sobre la valoraci\u00f3n probatoria efectuada, m\u00e1xime que, como se indic\u00f3, la misma se sustent\u00f3 en las reglas de la sana cr\u00edtica, en cuanto el an\u00e1lisis se motiv\u00f3 detalladamente y en forma razonada. <\/p>\n
3.2. Adicionalmente, sobre las aseveraciones del actor, relativas a que en los casos de violencia psicol\u00f3gica la prueba debe valorarla un profesional en psicolog\u00eda y no un funcionario judicial, resulta pertinente se\u00f1alar que es en el respectivo tr\u00e1mite que aqu\u00e9l debe presentar y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer, as\u00ed como que, al tenor de lo dispuesto en los art\u00edculos 164 y 176 del C.G.P., \u00abToda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u2026\u00bb, las cuales \u00abdeber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb por el juez de conocimiento, quien \u00abexpondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC, 29 Abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2283-2022. <\/p>\n
3\u0002 \u00abb) Si el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se repitiere en el plazo de dos (2) a\u00f1os, la sanci\u00f3n ser\u00e1 de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
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