STC5228-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5228-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00307-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de marzo de 2023 por la Hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que neg\u00f3 el amparo reclamado por la Unidad Administrativa Especial Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- contra Sala Penal Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y los Juzgados Primero Penal del Circuito y Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso censurado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La tutelante formul\u00f3 una denuncia contra Claudia Jimena C\u00e1rdenas Soto, como representante legal del establecimiento de comercio Gesti\u00f3n Hospitalaria de Colombia S.A., por la presunta comisi\u00f3n del delito de omisi\u00f3n de agente retenedor o recaudador, dado que no consign\u00f3 a la DIAN las sumas recaudadas, por la retenci\u00f3n en la fuente del per\u00edodo 3 del a\u00f1o 2006, cuya fecha l\u00edmite de pago fue el 20 de abril de 2006. <\/p>\n
2.2. El 4 de junio de 2019, ante el Juzgado Doce Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cali, se adelant\u00f3 la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n contra la indiciada por la Fiscal\u00eda Noventa y Siete Seccional de Cali. <\/p>\n
2.3. El 29 de junio de 2021, ante el Juzgado accionado, se celebr\u00f3 la audiencia de acusaci\u00f3n, en la que el defensor de la sindicada solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado, con fundamento en que desde el 21 de abril de 2018 (antes de la imputaci\u00f3n) se hab\u00eda extinguido la acci\u00f3n penal, dado que la Fiscal\u00eda, en la misma imputaci\u00f3n, asegur\u00f3 que la conducta reprochada se materializ\u00f3 el 20 de abril de 2006 y, para el caso concreto, el delito contemplaba una pena m\u00e1xima de 12 a\u00f1os. <\/p>\n
En la misma diligencia, el Juzgador accedi\u00f3 a tal petici\u00f3n, decisi\u00f3n que fue confirmada el 17 de agosto de 2022 por el Tribunal accionado. <\/p>\n
3. La parte actora sostiene que la postura acogida por los accionados interpreta indebidamente los art\u00edculos 83 y 84 del C\u00f3digo Penal y afecta el principio de legalidad, pues ese delito es de tipo omisivo (no instant\u00e1neo) y, de acuerdo con el inciso tercero del art\u00edculo 84 del C.P. y el precedente judicial 30017 del 14 de julio de 2011, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n debe empezar a contarse \u00abcuando cesa el deber de actuar, es decir, cuando el implicado ya no tiene la obligaci\u00f3n de pagar a la DIAN los dineros autorretenidos o recaudados\u00bb. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo narrado, que se dejen sin efectos los autos de instancia y, en su lugar, se ordene a los accionados proferir una nueva decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
Claudia Jimena C\u00e1rdenas Soto afirm\u00f3 que la entidad pretende un pronunciamiento frente a un tema de legalidad y no de constitucionalidad y agreg\u00f3 que aqu\u00e9l obr\u00f3 con incuria, porque no estuvo presente en la audiencia de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, tras considerar que la decisi\u00f3n cuestionada no era arbitraria. Destac\u00f3 que el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal establece que la acci\u00f3n penal prescribir\u00e1 en un tiempo igual al m\u00e1ximo de la pena fijada en la ley y que, cuando la conducta es cometida por un servidor p\u00fablico en ejercicio de sus funciones o con ocasi\u00f3n de ellas o por un particular que ejerza aqu\u00e9llas, ese lapso se incrementa en una tercera parte, con sujeci\u00f3n a las reglas establecidas en el art\u00edculo 85 de ese c\u00f3digo. Se\u00f1al\u00f3 que el tipo penal de omisi\u00f3n de agente retenedor es un delito de conducta instant\u00e1nea y de resultado, es decir, que la conducta se consuma y se torna il\u00edcita cuando el pago del respectivo tributo no se verifica en los dos meses siguientes a la fecha de exigibilidad establecida por el fisco, tal y como lo determinaron los convocados. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial e indic\u00f3 que el deber de actuar de Claudia Jimena C\u00e1rdenas Soto ces\u00f3 el 20 de abril de 2011, esto es, cinco a\u00f1os despu\u00e9s de su obligaci\u00f3n de pagar a la DIAN los dineros retenidos, fecha desde la cual se debe comenzar a contar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de 12 a\u00f1os. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de las providencias que declararon la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n, emitidas en el curso del proceso 2019-00244 en el que actu\u00f3 como denunciante. <\/p>\n
2. La Sala centrar\u00e1 el an\u00e1lisis en el auto del 17 de agosto de 2022, que zanj\u00f3 el debate, por el cual se confirm\u00f3 que la acci\u00f3n penal en el asunto de marras prescribi\u00f3 el 20 de junio de 2018, esto es, antes de que la Fiscal\u00eda formulara imputaci\u00f3n. <\/p>\n
Para ello, el Tribunal resalt\u00f3 que, si bien la Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida en el proceso de radicado 30017 del 14 de julio de 2011 sostuvo que, en vigencia de la Ley 599 de 2000, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en el delito de omisi\u00f3n de agente retenedor o recaudador comenzaba a contarse desde el momento en que cesaba el deber de actuar, tambi\u00e9n lo es que, en decisiones posteriores, en asuntos tramitados en vigencia de la referida ley, el \u00f3rgano de cierre penal concluy\u00f3 que, por tratarse de un delito de conducta instant\u00e1nea y de resultado, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal del delito de omisi\u00f3n del agente retenedor o recaudador, conforme a las reglas del art\u00edculo 84 del C.P., \u00abse contabiliza a partir de su consumaci\u00f3n, esto es, \u201ccuando el pago del respectivo tributo no se verifica dentro de los dos meses siguientes a la fecha de exigibilidad establecida por el fisco\u201d\u00bb, siendo este \u00faltimo criterio el que se aplica actualmente. <\/p>\n
En ese sentido, para el caso concreto, estableci\u00f3 que para el delito examinado (art\u00edculo 402 del C.P.) se prev\u00e9 una pena m\u00e1xima de prisi\u00f3n de 108 meses (9 a\u00f1os), al cual, para efectos de contabilizar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, se debe aumentar 1\/3 parte (3 a\u00f1os), dado que el sujeto activo asumi\u00f3 transitoriamente funciones p\u00fablicas, lo cual arroja 12 a\u00f1os. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, determin\u00f3 que la conducta omisiva se consum\u00f3 el 20 de junio de 2006, \u00abdos meses despu\u00e9s del 20 de abril de 2006 que, seg\u00fan el art. 25 del Dto.4714\/05 era la fecha m\u00e1xima fijada para la consignaci\u00f3n de los dineros retenidos en el periodo 03 (marzo) de 2006\u00bb y, en tal sentido, la potestad punitiva precluy\u00f3 el 20 de junio de 2018, mientras que la imputaci\u00f3n se efectu\u00f3 el 4 de junio de 2019. <\/p>\n
3. Al respecto, se evidencia que, en la providencia controvertida, la Sala accionada decidi\u00f3 el asunto con una interpretaci\u00f3n plausible del ordenamiento legal vigente y de la jurisprudencia relacionada. En efecto, en cuanto al punto de controversia, la Hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Penal ha sostenido que: <\/p>\n
la obligaci\u00f3n tributaria se causa cuando el contribuyente realiza el hecho generador de un determinado impuesto o tributo, s\u00f3lo que si lo incumple acarrea con las consecuencias de tal comportamiento, de ah\u00ed que en sus manos est\u00e9 la posibilidad de evitar la imposici\u00f3n de sanciones cuando oportunamente hace las declaraciones y pagos respectivos\u00bb, por lo que el delito examinado \u00abque describe la conducta omisiva, se configura en su parte objetiva cuando pasados dos meses despu\u00e9s de vencido el t\u00e9rmino fijado por el Gobierno Nacional para realizar el pago, el responsable del impuesto sobre las ventas o el encargado de retener o autorretener por concepto de retenci\u00f3n en la fuente, no cumple con esta obligaci\u00f3n, siendo por lo tanto una conducta instant\u00e1nea y de resultado (CSJ SP3423-2021 que a su vez cita la CSJ SP, 10 jun. 2015, rad: 41053). <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, como las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, la tutela no es viable, dado que el juez constitucional no est\u00e1 llamado a determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, con ese pretexto, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia, aunado a que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las probanzas consideradas, pues esa actividad corresponde al juez natural1, sin que el de tutela pueda anteponer su propio criterio ni desvirtuar las apreciaciones motivadas a las que arrib\u00f3 el operador judicial cognoscente, por cuanto ello vulnerar\u00eda los principios de autonom\u00eda e independencia. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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