STC5229-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5229-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01986-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela propuesta por Emiliana Yepes L\u00f3pez, contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclam\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a \u00abno ser separada de su hijo\u00bb, a \u00abdarle amor a su hijo y recibir lo propio de \u00e9l\u00bb, a \u00abla unidad familiar de un hijo menor que requiere los cuidados maternos\u00bb y a la dignidad humana, presuntamente conculcados por la sede judicial convocada, al definir el incidente de desacato a la orden de tutela emitida contra el Juzgado Segundo de Familia de Medell\u00edn, en el tr\u00e1mite constitucional que ella promovi\u00f3 contra dicho estrado, radicado No. 05001-2210-000-2023-00061-00. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, que se ordene a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn que \u00able restituya (\u2026) la custodia y el cuidado personal de su hijo menor SMY y se le ordene a las autoridades competentes regular el r\u00e9gimen de visitas y de alimentos en cabeza de su se\u00f1or padre\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso son los siguientes: <\/p>\n
2.1. La accionante interpuso acci\u00f3n de tutela contra las decisi\u00f3n de fondo emitida en su disfavor por la Comisar\u00eda de Familia Catorce del Poblado y en sede de apelaci\u00f3n por el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, en el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar iniciada en su contra por su ex pareja Daniel Esteban Moya Gonz\u00e1lez, en nombre propio y de su menor hijo, amparo solicitado por aquella porque consider\u00f3 que para proferir dicha determinaci\u00f3n, solo fueron apreciadas las pruebas favorables al prenombrado sin reparar en las aportadas por ella, como lo es la denuncia penal por violencia intrafamiliar que present\u00f3 contra aquel, que llev\u00f3 a que la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II, que inicialmente conoci\u00f3 del precitado tr\u00e1mite de familia, dictara una medida de protecci\u00f3n provisional a su favor. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn decidi\u00f3 el 16 de marzo del presente a\u00f1o acceder a la protecci\u00f3n por ella solicitada, tras evidenciar que al resolver la apelaci\u00f3n presentada contra la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda de Familia Catorce del Poblado, el Juzgado Segundo de Familia de Medell\u00edn no valor\u00f3 todos los medios de convicci\u00f3n, incluida la actuaci\u00f3n penal mencionada en l\u00edneas anteriores, por lo cual se le orden\u00f3 al estrado judicial emitir nueva determinaci\u00f3n teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la alzada, en conjunto con las pruebas incorporadas y las intervenciones de las partes, con observancia de las consideraciones plasmadas en el fallo constitucional. <\/p>\n
2.3. El 24 de marzo del corriente a\u00f1o el Juzgado Segundo de Familia de Medell\u00edn dict\u00f3 nueva decisi\u00f3n, en la que, dice la gestora, \u00abdej\u00f3 de tener en cuenta varios de los hechos ordenados por el fallo de tutela, especialmente, el que tiene que ver con la denuncia penal aludida\u00bb, por lo cual \u00e9sta present\u00f3 incidente de desacato, dentro del cual se le neg\u00f3 oficiar a la Fiscal\u00eda para que allegara las actuaciones de la mentada actuaci\u00f3n penal, y el juzgado incidentado neg\u00f3 que la misma obrara en el expediente de la medida de protecci\u00f3n, pese a que ven\u00eda incorporada en el archivo digital que le recibi\u00f3 a la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II; de manera que, tras agotar el tr\u00e1mite correspondiente, el incidente de desobedecimiento fue negado el 28 de abril siguiente. <\/p>\n
2.4. En esta oportunidad la actora se duele de que se haya dado por hecho la ausencia de la denuncia penal en el expediente de la medida de protecci\u00f3n con la sola afirmaci\u00f3n al respecto por parte del juzgado accionado, sin analizar el caso con perspectiva de g\u00e9nero ni las condiciones particulares de edad y etapa de lactancia de su menor hijo, quien result\u00f3 separado de su progenitora a muy corta edad sin que mediara justificaci\u00f3n suficiente. En escrito posterior la gestora alleg\u00f3 la declaraci\u00f3n juramentada de una \u00absupuesta v\u00edctima\u00bb de violencia intrafamiliar por parte de Daniel Esteban Moya Gonz\u00e1lez, realizada ante la Notar\u00eda Segunda de Ch\u00eda, Cundinamarca. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de tutela, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn manifest\u00f3 atenerse a lo que decidi\u00f3 en el incidente de desacato cuestionado, sin que la acci\u00f3n de tutela sirva para discutir el raciocinio all\u00ed plasmado. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn hizo un recuento de lo acontecido dentro de la medida de protecci\u00f3n, la tutela y el incidente de desacato a la misma, y resalt\u00f3 que en el expediente de aquella no obra la denuncia penal a que alude la gestora, lo que entonces impidi\u00f3 su valoraci\u00f3n, en cambio, si obra prueba de la medida de protecci\u00f3n que la gestora promovi\u00f3 contra Daniel Esteban Moya Gonz\u00e1lez, que termin\u00f3 con la absoluci\u00f3n de \u00e9ste por no estar probados los hechos de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que lo relacionado con la custodia, cuidados personales y r\u00e9gimen de visitas de la menor involucrada en los hechos de la tutela ser\u00e1 estudiado en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos que cursa ante la Comisar\u00eda de Familia Catorce del Poblado. <\/p>\n
3. La Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensor\u00eda del Pueblo coadyuv\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n para que se examine en detalle el caso y se garanticen los derechos del menor de edad involucrado. <\/p>\n
4. Daniel Esteban Moya Gonz\u00e1lez, a trav\u00e9s de apoderada judicial, pidi\u00f3 que no se conceda el amparo, porque a la promotora se le han garantizado sus derechos fundamentales, para lo cual cit\u00f3 las principales actuaciones desarrolladas en la medida de protecci\u00f3n y resalt\u00f3 que la condici\u00f3n de mujer de la gestora no implica que se deba pasar por alto la normatividad aplicable. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que no es cierto que la gestora lo haya denunciado penalmente por maltrato f\u00edsico y verbal, pues lo allegado como prueba de ello son los pantallazos de una entrevista que rindi\u00f3 el 22 de julio de 2022, es decir en fecha posterior a la decisi\u00f3n emitida por la Comisar\u00eda de Familia Catorce del Poblado el 29 de abril anterior, y de la presentaci\u00f3n y sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n contra dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Enlist\u00f3 una serie de im\u00e1genes y conversaciones para evidenciar el supuesto descuido del menor cuando estaba bajo el cuidado de su progenitora; resalt\u00f3 que siempre ha cumplido con sus obligaciones alimentarias y que actualmente brinda a su hijo de 32 meses de edad, un ambiente adecuado, sin obstaculizar las visitas de la madre. <\/p>\n
5. La Asociaci\u00f3n Internacional Hero\u00ednas de la Fuerza P\u00fablica y la Fundaci\u00f3n Colombiana contra la Violencia Vicaria allegaron, por separado, escritos con que coadyuvaron la solicitud de protecci\u00f3n, para que el hijo de la accionante regrese a su custodia. <\/p>\n
6. Por lo dem\u00e1s, al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en este asunto, ning\u00fan otro de los convocados se hab\u00eda manifestado frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. Sea lo primero resaltar que, por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb. (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02) <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb. (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00) <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12). (Citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02) <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte, esta Sala concluye que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada al fracaso, comoquiera que el prove\u00eddo del 28 de abril de esta anualidad, que neg\u00f3 la imposici\u00f3n de sanci\u00f3n por desacato, no luce arbitrario, toda vez que el Tribunal acusado, tras citar ampliamente los fundamentos legales y jurisprudenciales del tr\u00e1mite incidental en comento, expres\u00f3 los motivos por los que consideraba no reunidos los requisitos necesarios para sancionar al titular del Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, sobre lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Dando alcance a lo anterior, se tiene que la decisi\u00f3n de tutela proferida en este asunto involucraba una espec\u00edfica acci\u00f3n a cargo del se\u00f1or Juez Segundo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, doctor Jes\u00fas Tiberio Jaramillo Arbel\u00e1ez, para que en el t\u00e9rmino concedido analizara: \u201c\u2026nuevamente con la debida motivaci\u00f3n del caso, los temas objeto de discusi\u00f3n en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la accionante contra la Resoluci\u00f3n 042 del 29 de abril de 2022 dictada por la Comisar\u00eda de Familia Catorce de El Poblado, en conjunto con las pruebas incorporadas y las intervenciones de las partes en el tr\u00e1mite de violencia intrafamiliar\u201d, decisi\u00f3n que se fundament\u00f3 en el defecto f\u00e1ctico en el que incurri\u00f3 el incidentado en la sentencia que profiri\u00f3 el 18 de enero del corriente a\u00f1o, por medio de la cual confirm\u00f3 la Resoluci\u00f3n 042 del 29 de abril de 2022 dictada por la Comisar\u00eda de Familia Catorce de El Poblado, en la que se declar\u00f3 responsable a la se\u00f1ora Emiliana Yepes L\u00f3pez por los hechos de violencia intrafamiliar en contra del se\u00f1or Daniel Esteban Moya Gonz\u00e1lez y de su hijo S.M.Y., pues la misma fue precaria en su motivaci\u00f3n frente a los medios de prueba obtenidos en el curso del tr\u00e1mite de violencia intrafamiliar y en lo tocante con la medida de protecci\u00f3n que en favor del ni\u00f1o se adopt\u00f3 en contra de su progenitora. <\/p>\n
Conforme a las pruebas recogidas en este tr\u00e1mite incidental, se tiene que mediante prove\u00eddo del 24 de marzo de 2023 el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn confirm\u00f3 la Resoluci\u00f3n 042 del 29 de abril de 2022 dictada por la Comisar\u00eda de Familia Catorce de El Poblado, en la que se declar\u00f3 responsable a la se\u00f1ora Emiliana Yepes L\u00f3pez por los hechos de violencia intrafamiliar en contra del se\u00f1or Daniel Esteban Moya Gonz\u00e1lez y de su hijo S.M.Y. y para fundamentar su decisi\u00f3n hizo un recuento de cada uno de los medios de prueba sobre los cuales la Comisar\u00eda de Familia de El Poblado edific\u00f3 la mentada decisi\u00f3n y las pruebas allegadas por las partes, enfatizando en las incorporadas por la se\u00f1ora Yepes L\u00f3pez, relativas al escrito del 29 de marzo de 2022 a trav\u00e9s de las cuales se opuso a que la custodia de su hijo fuera detentada por el se\u00f1or Moya Gonz\u00e1lez y a las atenciones m\u00e9dicas que recibi\u00f3 el menor de edad en los a\u00f1os 2020 y 2021, anteriores a la fecha de la ocurrencia de los hechos que dijo importar para el tr\u00e1mite de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que fue acertada la decisi\u00f3n de la autoridad administrativa consistente en declarar a la se\u00f1ora Y\u00e9pez L\u00f3pez como responsable de los hechos de violencia intrafamiliar investigados, sustentado en el material f\u00edlmico en el que se le ve grabando al infante mientras cuestiona al denunciante por ser mal padre, las conversaciones de WhatsApp en las que lo amenaza con no dejarle ver a su hijo hasta que pacte la cuota alimenticia y con afectar su buen nombre en el \u00e1mbito laboral. Adem\u00e1s, la querellada admiti\u00f3, en su escrito del 29 de marzo de 2022, la forma irrespetuosa en la que se dirige al padre de su hijo, sin mediar prueba en el plenario de las provocaciones o de los malos tratos de \u00e9ste contra ella y que incluso, la medida de protecci\u00f3n presentada por la actora en la Comisar\u00eda de Familia de Usaqu\u00e9n II concluy\u00f3 en la absoluci\u00f3n del se\u00f1or Moya Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Y frente a la medida de protecci\u00f3n adoptada mediante auto del 18 de marzo de 2022 por la mentada Comisar\u00eda, que implic\u00f3 la custodia del ni\u00f1o S.M.Y. a cargo de su padre, record\u00f3 que all\u00ed se ordenaron valoraciones m\u00e9dicas en las que se evidenci\u00f3 su precario estado de salud, se le prohibi\u00f3 su salida de esta ciudad y tambi\u00e9n orden\u00f3 la apertura del tr\u00e1mite administrativo para el restablecimiento de sus derechos, que se efectu\u00f3 mediante auto del 20 de abril del a\u00f1o anterior. <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo t\u00f3pico consider\u00f3 que, precisamente en dicho proceso de restablecimiento, se definir\u00e1n las obligaciones paterno filiares, por lo que no era de su competencia acometerlo en esa instancia, aunado a que en caso tal de que la Comisar\u00eda correspondiente perdiera competencia por vencimiento de los t\u00e9rminos para decidir el asunto, le corresponder\u00eda al Juez de Familia, por reparto, asumir su conocimiento. <\/p>\n
Por \u00faltimo, puso en conocimiento que una vez revisadas las actuaciones de la Comisar\u00eda a cargo del mentado tr\u00e1mite administrativo, vislumbr\u00f3 medidas definitivas y provisionales de protecci\u00f3n en favor del se\u00f1or Moya Gonz\u00e1lez y de su hijo y que en dicho expediente obran las pruebas aportadas por las partes. <\/p>\n
Efectuado el anterior recuento de la providencia con que el Juzgado Doce de Familia de Oralidad de Medell\u00edn busc\u00f3 acatar la orden que le fue impartida en el incidente de desobedecimiento, el Tribunal accionado sostuvo que, <\/p>\n
Empero, en la nueva decisi\u00f3n reflejada en el prove\u00eddo del 24 de marzo de los corrientes, elabora un recuento detallado de las pruebas allegadas al proceso, que seg\u00fan su criterio mostraban los hechos de violencia intrafamiliar persistentes de la actora y agregando que en virtud de la apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor del ni\u00f1o, no estaba dentro de su competencia decidir sobre su custodia, pues era precisamente objeto de estudio en dicho tr\u00e1mite y que de llegar a perder competencia dicha autoridad administrativa, ser\u00eda del Juez de Familia conforme al repartimiento del caso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En lo referente a los reparos aqu\u00ed expuestos por la se\u00f1ora Emiliana Yepes L\u00f3pez, acerca de la decisi\u00f3n emitida por el incidentado en el mentado proceso de violencia intrafamiliar, se advierte que el disgusto que trae a este escenario procesal es el mismo que plasm\u00f3 en el mentado recurso de apelaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela estudiada por esta Sala y la solicitud de aclaraci\u00f3n de ella, encaminados todos, a la revocatoria de la Resoluci\u00f3n 042 del 29 de abril de 2022 de la Comisar\u00eda de Familia Catorce de El Poblado para devolver a su hijo al seno de su hogar ubicado en esta localidad. <\/p>\n
Con este rasero debe aclar\u00e1rsele a la parte incidentista que la orden emitida por esta Sala se dirigi\u00f3 a que el se\u00f1or Juez Segundo de Familia de Medell\u00edn estudiara nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n por ella interpuesto con la motivaci\u00f3n suficiente, m\u00e1s no a que emitiera su decisi\u00f3n en alg\u00fan sentido, pues como se expuso l\u00edneas arriba, rayar\u00eda con la autonom\u00eda e independencia que se le reconoce a los funcionarios judiciales, quedando impedido el Juez Constitucional para inmiscuirse en un asunto que le fue asignado al mentado despacho. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Y fue precisamente que en virtud del defecto f\u00e1ctico percibido en la decisi\u00f3n emitida por el despacho accionado, en el auto del 18 de enero del corriente a\u00f1o, que esta Sala mediante sentencia del 16 de marzo tutel\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso reclamado por la se\u00f1ora Emiliana Yepes L\u00f3pez, a trav\u00e9s de abogado, en favor suyo y de su hijo menor de edad S.M.Y., con la finalidad de que se plasmara una debida fundamentaci\u00f3n en su decisi\u00f3n, m\u00e1s no para entrometerse en la manera en la que deb\u00eda analizar cada una de las pruebas recaudas en el proceso de violencia intrafamiliar, pues se repite, ello es competencia exclusiva del juzgado al que le correspondi\u00f3 por reparto el conocimiento del recurso de apelaci\u00f3n presentado por la actora, en tanto: \u201cno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u201d <\/p>\n
Lo expuesto le permiti\u00f3 a la Colegiatura accionada concluir que, <\/p>\n
El incidentado mediante providencia del 24 de marzo de los corrientes expuso los argumentos que dan sustento a la confirmaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 042 del 29 de abril de 2022 dictada por la Comisar\u00eda de Familia Catorce de El Poblado, basado en las pruebas recaudadas y en la falta de competencia para decidir sobre la medida de protecci\u00f3n referente a la custodia del menor de edad en raz\u00f3n al proceso administrativo de restablecimiento de derechos que est\u00e1 en curso, sin que se trate de una decisi\u00f3n infundada que atente en contra de los derechos del menor de edad. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Sala no puede ocuparse de la valoraci\u00f3n de las pruebas adosadas por la incidentista, pues pertenecen a la esfera de su juez natural, por lo que no queda duda de que en el t\u00e9rmino concedido al doctor Jes\u00fas Tiberio Jaramillo Arbel\u00e1ez, Juez Segundo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, en el fallo tutelar proferido por esta Sala el 16 de marzo de 2023, efectivamente cumpli\u00f3 con el mandato impartido, pues adopt\u00f3 la decisi\u00f3n que estim\u00f3 pertinente en cuanto a la apelaci\u00f3n interpuesta por la accionante frente a la Resoluci\u00f3n 042 del 29 de abril de 2022 dictada por la Comisar\u00eda de Familia Catorce de El Poblado, en la que se declar\u00f3 responsable a la se\u00f1ora Emiliana Yepes L\u00f3pez por los hechos de violencia intrafamiliar en contra del se\u00f1or Daniel Esteban Moya Gonz\u00e1lez y de su hijo S.M.Y. en el marco de otras medidas de protecci\u00f3n, y justific\u00f3 la raz\u00f3n por la cual no se pronunciaba frente a la medida atinente a la custodia del infante a cargo de su padre. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se tiene que la orden judicial tendiente a garantizar el derecho fundamental al debido proceso reclamado por la se\u00f1ora Emiliana Yepes L\u00f3pez, a trav\u00e9s de abogado, en favor suyo y de su hijo menor de edad S.M.Y. se satisfizo \u00edntegramente, incluso, con antelaci\u00f3n a la formulaci\u00f3n del incidente de desacato que se resuelve. <\/p>\n
De aqu\u00ed que al haber acreditado el doctor Jes\u00fas Tiberio Jaramillo Arbel\u00e1ez, Juez Segundo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, que dio cumplimiento \u00edntegro al fallo tutelar proferido por esta Sala el 16 de marzo de 2023, puede concluirse que la responsabilidad subjetiva como presupuesto indispensable para el ejercicio del poder disciplinario sancionatorio por parte del Estado se eche de menos y siendo ello as\u00ed, el camino a seguir supone no imponerle sanci\u00f3n alguna. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la citada decisi\u00f3n no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la inconforme es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Tribunal accionado valor\u00f3 el an\u00e1lisis que el juzgado incidentado hizo sobre las pruebas allegadas a la medida de protecci\u00f3n y concluy\u00f3 que no se evidenciaba el incumplimiento achacado a \u00e9ste, toda vez que, conforme lo orden\u00f3 el juez constitucional, de un lado, la orden consisti\u00f3 en volver a decidir dicho tr\u00e1mite sopesando el conjunto de los medios suasorios de los extremos, sin sugerir el sentido de la decisi\u00f3n a emitirse, y de otro, el estrado fund\u00f3 suficientemente el motivo para no inmiscuirse en el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n en lo atinente a la custodia, cuidado personal y alimentos del menor involucrado, porque ello era objeto de actual estudio en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos adelantado ante la Comisar\u00eda de Familia. <\/p>\n
Lo antelado evidencia que no fue antojadiza la determinaci\u00f3n del Tribunal convocado de considerar que el juzgado hab\u00eda cumplido con la orden tutelar, a la par que, resalta la Sala, el tr\u00e1mite del anotado procedimiento administrativo resulta id\u00f3neo para establecer las mentadas regulaciones sobre el hijo de los concernidos, sin que entretanto se observe la causaci\u00f3n a \u00e9ste de un perjuicio irremediable, lo que entonces impide la intervenci\u00f3n sobre el particular por parte del juez de tutela. <\/p>\n
Corresponde agregar que, una vez revisado por la Sala el expediente de la medida de protecci\u00f3n, se encontr\u00f3 que, tal como lo manifest\u00f3 el Tribunal accionado en la decisi\u00f3n cuestionada, no obra all\u00ed la denuncia penal que la actora alega que el Juzgado Segundo de Familia de Medell\u00edn omiti\u00f3 valorar, por lo que ning\u00fan reproche puede elev\u00e1rsele a \u00e9ste a ese respecto. <\/p>\n
A\u00fan al margen de la anterior situaci\u00f3n, lo cierto es que no emerge claro como la existencia de dicha actuaci\u00f3n penal desvirt\u00faa o si quiera var\u00eda el contenido y sentido de la decisi\u00f3n emitida por dicho juzgado en la apelaci\u00f3n a la medida de protecci\u00f3n, pues, en gracia de discusi\u00f3n, a lo sumo evidenciar\u00eda que la actora est\u00e1 atribuyendo a su ex compa\u00f1ero unos hechos con posible connotaci\u00f3n penal, pero en modo alguno ser\u00eda prueba suficiente de los mismos, sin que, se enfatiza, esa sola eventualidad reste m\u00e9rito a los hechos de violencia intrafamiliar que resultaron probados en la medida de protecci\u00f3n, lo que entonces impide darle a esa supuesta prueba la trascendencia que la accionante pretende en el presente decurso. <\/p>\n
Entonces, las inferencias del Tribunal criticado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050) <\/p>\n
4. Finalmente, aunque la gestora afirma que en lo decidido el Tribunal debi\u00f3 aplicar perspectiva de g\u00e9nero, porque ser\u00eda v\u00edctima de violencia vicaria al supuestamente estar siendo perjudicada por su ex pareja con la privaci\u00f3n de la custodia de su hijo, no observa la Sala que tal situaci\u00f3n imponga aplicar un enfoque diferencial al caso, pues, lo atendible e imparcial que se hall\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada y la manera como se agot\u00f3 el tr\u00e1mite para su obtenci\u00f3n, no permite afirmar que la accionante fuera puesta por la Colegiatura en una posici\u00f3n de debilidad manifiesta o de inferioridad, derivada de su condici\u00f3n de mujer, ni se verifica en el caso concreto una asimetr\u00eda que amerite un trato especial. <\/p>\n
Cuesti\u00f3n diferente, y lo que realmente se entrev\u00e9, es que una decisi\u00f3n en la forma querida por la accionante, tal vez le hubiere resultado m\u00e1s conveniente, pero no necesariamente legal, lo que en modo alguno puede abrir paso a la protecci\u00f3n tutelar, tem\u00e1tica sobre la cual la Sala ha considerado que, \u00abla administraci\u00f3n de justicia con enfoque de g\u00e9nero no implica el desconocimiento del debido proceso de las partes y tampoco debe afectar la imparcialidad del Juez, por eso la Corte ha establecido que \u00ab[e]s necesario aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano\u00bb de forma tal que se materialice la igualdad prevista en la Declaraci\u00f3n de Derechos Humanos y reconocida en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Nacional. Por eso, se itera que \u00abJuzgar con \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminaci\u00f3n entre los sujetos del proceso o asimetr\u00edas que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categor\u00edas sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como ser\u00eda cuando se est\u00e1 frente a mujeres, ancianos, ni\u00f1o, grupos LGBTI, grupos \u00e9tnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener conciencia de que ante situaci\u00f3n diferencial por la especial posici\u00f3n de debilidad manifiesta, el est\u00e1ndar probatorio no debe ser igual (\u2026) (STC2287-2018)\u00bb (citado en STC7683-2021). <\/p>\n
5. Lo dicho impone despachar adversamente la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, de no impugnarse este veredicto, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5229-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC5229-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01986-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela propuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73653","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73653","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73653"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73653\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73653"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}