STC5232-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5232-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2022-00568-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 2 de diciembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo reclamado por TGA Asociados Ingenier\u00eda, Consultor\u00eda y Construcci\u00f3n S.A.S. contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2022-00241. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2. Ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga se adelant\u00f3 el proceso ejecutivo de radicado 2022-00146, promovido por Guillermo Enrique Guevara Pineda contra TGA Asociados Ingenier\u00eda, Consultor\u00eda y Construcci\u00f3n S.A.S., con el fin de cobrar las facturas electr\u00f3nicas de venta FE-1 y FE-2. <\/p>\n
2.1. El estrado judicial -con auto del 8 de julio de 2022- neg\u00f3 el mandamiento de pago solicitado, comoquiera que los documentos allegados \u00abno constitu\u00edan t\u00edtulo valor y los aspectos de ley de cuya falta adolec\u00edan no eran subsanables\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 19 de julio de 2022, se present\u00f3 nuevamente la demanda ejecutiva. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga -con prove\u00eddo del 7 de septiembre de 2022- la inadmiti\u00f3 -radicado 2022-00241-. Subsanado el escrito inicial, el 21 de septiembre siguiente1 se libr\u00f3 mandamiento de pago contra la sociedad actora. Inconforme, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. Sin embargo, la autoridad citada -con prove\u00eddo del 11 de noviembre ulterior- mantuvo su postura. <\/p>\n
2.3. En criterio de la parte actora, la autoridad judicial accionada, al librar la orden de apremio, incurri\u00f3 en defecto sustantivo por inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio, desconocimiento del numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 2.2.2.53.2 e inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2.2.2.5.4 de la Ley 1154 de 2020. Adujo un defecto f\u00e1ctico, al no contar la autoridad con pruebas suficientes sobre la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita o expresa de las facturas cobradas, pues los documentos aportados no ten\u00edan la firma del encargado de recibirlos y refer\u00edan un pago de contado, de manera que no hab\u00eda deuda pendiente por cancelar. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga dejar sin efectos el mandamiento de pago. Y, en consecuencia, se niegue la orden de pago impuesta en su contra. <\/p>\n
4. Desde esta Corporaci\u00f3n requiri\u00f3 al Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Superintendencia Financiera y Dian, con el fin de obtener concepto jur\u00eddico sobre las facturas electr\u00f3nicas. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga2 manifest\u00f3 que se remit\u00eda a las razones de hecho y de derecho expuestas en la providencia del 11 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2. Quien adujo ser el apoderado del ejecutante3 sostuvo que la sociedad accionante ha empleado los medios adecuados para ser o\u00eddo en el proceso. Y, por tanto, no se le han vulnerado derechos, sumado a que el Juzgado de conocimiento soport\u00f3 su decisi\u00f3n en las normas aplicables. <\/p>\n
3. De manera gentil, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero atendi\u00f3 la solicitud respecto al concepto jur\u00eddico sobre las facturas electr\u00f3nicas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo. Estableci\u00f3 que las decisiones emitidas por la autoridad judicial accionada estaban fundamentadas en las pruebas allegadas y eran el resultado de la interpretaci\u00f3n razonable de la normativa aplicable. Destac\u00f3 que no puede tomarse la tutela como otra instancia, o como el recurso de apelaci\u00f3n que no tiene el mandamiento de pago, para que el Tribunal \u00abvuelva y estudie los planteamientos relativos a los requisitos que deben tener los t\u00edtulos valores y decidir si las facturas fueron expresa o t\u00e1citamente aceptadas; nada de eso compete al juez de tutela, que solo ha de estudiar si los derechos fundamentales de la parte demandada est\u00e1n protegidos. Como ya se observ\u00f3 que s\u00ed los est\u00e1n, pues la demandada ha podido interponer recursos, formular excepciones, presentar pruebas; no corresponde al juez de tutela resolver el proceso ejecutivo, como aqu\u00ed pretende la demandada\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al reproche de facto enrostrado -que las facturas no fueron aceptadas ni t\u00e1cita ni expresamente-, puntualiz\u00f3 que el Juez -con auto del 11 de noviembre de 2022- resolvi\u00f3 el punto de forma razonable. En efecto, relat\u00f3 que el a-quo \u00abargument\u00f3 que en los archivos 038 y 039 del expediente hay prueba de que el ejecutante remiti\u00f3 por correo electr\u00f3nico las facturas electr\u00f3nicas No. FE-1 y FE-2, el d\u00eda 3 de febrero de 2022 y fueron le\u00eddas en esa misma fecha, sin que el ejecutante haya elevado reclamaci\u00f3n alguna contra dichos t\u00edtulos valores\u00bb. En adici\u00f3n, frente al defecto con el registro en la plataforma RADIAN, recalc\u00f3 lo decidido por el Juzgado, y lo consider\u00f3 razonable y sin desbordar la interpretaci\u00f3n de la Ley. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que lo relativo al pago de las facturas no fue alegado por la interesada en el recurso de reposici\u00f3n invocado. Y lo aportado verificaba la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de los documentos adosados como base del recaudo pretendido. De manera que, independientemente de si este Tribunal \u00abest\u00e1 o no de acuerdo con la decisi\u00f3n adoptada por el juez accionado, no es la v\u00eda de tutela la indicada para realizar un nuevo estudio del mandamiento de pago\u2026\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial. Destac\u00f3 que el Tribunal no analiz\u00f3 la falta de certeza frente a la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de las facturas, sumado que no tuvo en cuenta que s\u00ed aleg\u00f3 lo relativo al pago, al indicar que los documentos no conten\u00edan una obligaci\u00f3n exigible. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la sociedad tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con la decisi\u00f3n de librar mandamiento de pago en su contra con fundamento en unas facturas electr\u00f3nicas de venta que, en su sentir, no cumplen los requisitos de ley. <\/p>\n
2. Escrutado el dossier procesal, observa la Sala que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga -con auto del 21 de septiembre de 20224- libr\u00f3 mandamiento de pago en contra de la aqu\u00ed accionante por las facturas electr\u00f3nicas de venta FE-1 y FE-2. Estableci\u00f3 que exist\u00eda una obligaci\u00f3n \u00abclara, expresa y actualmente exigible de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 422, 431 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Ulteriormente, el Juez -con prove\u00eddo del 11 de noviembre siguiente5- resolvi\u00f3 mantener su postura. <\/p>\n
2.1. En sustento, cit\u00f3 el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio referente a los requisitos de la factura. Destac\u00f3 que este establece que \u00abla omisi\u00f3n de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las se\u00f1aladas en el presente art\u00edculo, no afectar\u00e1 la calidad de t\u00edtulo valor de las facturas\u00bb. De manera que lo consagrado en el Decreto 1154 de 2020 sobre la factura electr\u00f3nica, su aceptaci\u00f3n t\u00e1cita o expresa, circulaci\u00f3n u otros, al ser adicional, no afectaba la validez y eficacia de las facturas electr\u00f3nicas de venta FE-1 y FE-2. <\/p>\n
2.2. En lo atinente al recibido y aceptaci\u00f3n de las facturas, afirm\u00f3 que, seg\u00fan consta en los folios 38 a 41 del expediente digital, la parte ejecutante las envi\u00f3 al deudor el 3 de febrero de 2022 al correo electr\u00f3nico ingenierosconstructores1973@hotmail.com) y fueron le\u00eddas en esa fecha, sin que se presentara objeci\u00f3n alguna por parte del receptor. En estos t\u00e9rminos, seg\u00fan lo dispuesto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 773 del C\u00f3digo de Comercio, consider\u00f3 que tal omisi\u00f3n constituye la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita. Agreg\u00f3 que el legislador \u00abno estableci\u00f3 que la remisi\u00f3n o entrega de la factura deba verificarse, \u00fanicamente, mediante su remisi\u00f3n f\u00edsica, por lo que v\u00e1lida era su entrega mediante correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, recalc\u00f3 que el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 774 de C\u00f3digo de Comercio no exige que las facturas contengan la firma de quien las recibe, pues ese es un requisito alternativo que, para el caso concreto, se superaba. Ello pues, ten\u00edan la fecha de recibido, fueron aceptadas por falta de reclamo e indicaban el nombre del encargado de recibirlas, tanto en el t\u00edtulo valor como en el destinatario del correo electr\u00f3nico al cual se remitieron, lo cual era suficiente. <\/p>\n
3. De lo expuesto, para esta Sala Civil y Agraria, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a-quo constitucional-, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Esto es, desde muy limitadas facultades, este juez constitucional no podr\u00eda recibirse como una autoridad natural, a prop\u00f3sito del debate en la apreciaci\u00f3n de las facturas electr\u00f3nicas aportadas, las constancias de los correos electr\u00f3nicos enviados, los soportes generados y la falta de una objeci\u00f3n formal, lo cual condujo a que el operador judicial resolviera librar el mandamiento de pago. Todo lo anterior, con respecto a que las facturas FE-1 y FE-2 s\u00ed constitu\u00edan t\u00edtulo valor, pues reun\u00edan los requisitos contemplados en el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio. Incluso, esta Sala, al validar los CUFE de cada una de las facturas rebatidas en la plataforma del Radian6, se observa lo relativo a la entrega, recibido y lectura por parte del comprador, en cumplimiento del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 2.2.2.53.4 del Decreto 1154 de 2020. <\/p>\n
Se reitera, la razonabilidad es cuesti\u00f3n ancha. En gracia de discusi\u00f3n, podr\u00eda tambi\u00e9n apoyarse incluso sobre el disenso con respecto a lo decidido por la autoridad natural, siempre que no se aprecie una ostensible v\u00eda de hecho. En efecto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto o definirlo como si fuese otra instancia. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente (ver en CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021) <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Salvamento de Voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2022-00568-01 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, me permito expresar los motivos de mi disenso. <\/p>\n
1. Precisiones sobre el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
En el caso analizado, la sociedad TGA Asociados Ingenier\u00eda, Consultor\u00eda y Construcci\u00f3n S.A.S. reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales derivadas del debido proceso, toda vez que, en el curso del ejecutivo que promovi\u00f3 Guillermo Enrique Guevara Pineda en su contra (rad. n.\u00ba 2022-00241), con el prop\u00f3sito de cobrar unas facturas electr\u00f3nicas, se libr\u00f3 mandamiento de pago, sin presuntamente contar con pruebas suficientes que dieran cuenta de la aceptaci\u00f3n \u2013expresa o t\u00e1cita\u2013, pues los documentos aportados no ten\u00edan la firma del encargado de recibirlos y refer\u00edan un \u00abpago de contado\u00bb, por lo que, a su juicio, no hab\u00eda deuda pendiente por cancelar, aunado a que no se registr\u00f3 en debida forma la operaci\u00f3n en la plataforma RADIAN, dispuesta para esos efectos. <\/p>\n
En la providencia de la cual me aparto, en relaci\u00f3n con la queja referenciada, la mayor\u00eda de la Sala opt\u00f3 por ratificar la providencia desestimatoria del tribunal a quo; porque \u00abla decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Esto es, desde muy limitadas facultades, este juez constitucional no podr\u00eda recibirse como una autoridad natural, a prop\u00f3sito del debate en la apreciaci\u00f3n de las facturas electr\u00f3nicas aportadas, las constancias de los correos electr\u00f3nicos enviados, los soportes generados y la falta de una objeci\u00f3n formal, lo cual condujo a que el operador judicial resolviera librar el mandamiento de pago. Todo lo anterior, con respecto a que las facturas FE-1 y FE-2 s\u00ed constitu\u00edan t\u00edtulo valor, pues reun\u00edan los requisitos contemplados en el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
2. Sobre la necesidad de hacer precisiones sobre las facturas electr\u00f3nicas y sus requisitos. <\/p>\n
La discusi\u00f3n sobre esta tem\u00e1tica ha suscitado recientes pronunciamientos orientados a revestir de uniformidad las exigencias en esta materia, por lo que respetuosamente considero que, en atenci\u00f3n a esos criterios, en el sub-ex\u00e1mine era importante ahondar en los argumentos expuestos por la sociedad actora y contrastar los fundamentos de las decisiones recriminadas, teniendo en cuenta que se confut\u00f3 de manera expresa la validez de las operaciones, en tanto que, adem\u00e1s de endilgar la indebida valoraci\u00f3n, insisti\u00f3 en el cuestionamiento sobre la manera en que deben tenerse por agotados los requisitos del C\u00f3digo de Comercio, el Decreto 1154 de 20207 \u2013en especial, su canon 2.2.2.5.4.\u20138 y dem\u00e1s normas concordantes, as\u00ed como lo atinente a la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita o expresa. <\/p>\n
Sobre el particular, en asuntos similares (v. gr., (STC16019-2022, 30 nov.), esta Sala ha concedido la protecci\u00f3n reclamada cuando, al hacer dicha contrastaci\u00f3n, se evidencia que los prove\u00eddos atacados no abarcaron adecuadamente el estudio de esos t\u00f3picos, pues, ciertamente, es necesario constatar si efectivamente los documentos base del recaudo prestan m\u00e9rito ejecutivo, en aras de garantizar el debido proceso de las partes. <\/p>\n
Por ello, en ese evento se resalt\u00f3 que \u00ab[es] indispensable para corroborar si el mandamiento de pago hab\u00eda sido librado con base en un documento que prestara m\u00e9rito ejecutivo, de conformidad con la norma referida, y, como en este caso se presentaron para esa finalidad facturas electr\u00f3nicas (\u2026) que cada una correspondiera a \u00abun t\u00edtulo valor en mensaje de datos, expedido por el emisor o facturador electr\u00f3nico, que evidencia una transacci\u00f3n de compraventa de un bien o prestaci\u00f3n de un servicio, entregada y aceptada, t\u00e1cita o expresamente, por el adquirente\/deudor\/aceptante, y que cumple con los requisitos establecidos en el C\u00f3digo de Comercio y en el Estatuto Tributario, y las normas que los reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan\u00bb (numeral 9 del numeral 2.2.2.53.2. del Decreto 1154 de 2020)\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, se precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [la autoridad accionada] mantuvo la orden de apremio, pese que la parte demandada de conformidad con el art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, en el recurso de reposici\u00f3n denunci\u00f3 las enlistadas falencias, que a su juicio eran de car\u00e1cter formal, sin que se hubiese analizado cada una de esas alegaciones con miras a verificarlos (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) Otro argumento que sirvi\u00f3 de base para resolver el recurso de reposici\u00f3n fue el siguiente, que tampoco resulta razonable, \u00abQuiere decir entonces que al evaluar el m\u00e9rito ejecutivo de los instrumentos cambiarios que soportan la ejecuci\u00f3n en el marco de una acci\u00f3n compulsiva, deben tenerse los supuestos anteriormente descritos, los cuales habilitan el ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria, sin que sea plausible en este marco exigir requisitos adicionales\u00bb haciendo de lado, que el mencionado Decreto 1154 de 2020 se\u00f1ala que la factura electr\u00f3nica debe cumplir, \u00abcon los requisitos establecidos en el C\u00f3digo de Comercio y en el Estatuto Tributario, y las normas que los reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan\u00bb (numeral 9 del numeral 2.2.2.53.2. del Decreto 1154 de 2020). <\/p>\n
Ahora bien, pese que se puso de presente que las facturas electr\u00f3nicas presentadas fueron consultadas en https:\/\/catalogo-vpfe.dian.gov.co\/User\/SearchDocument, y que por esta v\u00eda se pudo verificar que \u00abcontiene la informaci\u00f3n del emisor y legitimo tenedor, la constancia de recepci\u00f3n, un n\u00famero de serie y folio, la fecha de su expedici\u00f3n y la constancia de ser un documento validado por la Dian\u00bb, no se observa en la providencia cuestionada la constataci\u00f3n de todas las falencias denunciadas por el accionante, en orden a examinar si encajan como requisitos formales en los requisitos establecidos en el C\u00f3digo de Comercio y en el Estatuto Tributario o en las reglas que las gobiernan y frente a cada t\u00edtulo cobrado, requisito indispensable para librar mandamiento de pago (art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso), razones todas que eran suficientes para conceder el amparo rogado\u00bb (STC16019-2022, 30 nov.). <\/p>\n
En esa l\u00ednea, en otro pronunciamiento (STC14417-2022, 26 oct.) se aval\u00f3 la razonabilidad del prove\u00eddo que deneg\u00f3 la expedici\u00f3n de la orden de apremio, teniendo en cuenta que no se corrobor\u00f3 en debida forma la aceptaci\u00f3n de la factura electr\u00f3nica, de acuerdo con lo dispuesto en el mentado Decreto 1154 de 2020, ya que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el sub judice no era viable apoyar la tesis de la promotora, seg\u00fan la cual, el \u00abt\u00edtulo valor allegado fue aceptado de forma t\u00e1cita\u00bb por el deudor al no repudiarlo dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la fecha de recepci\u00f3n -art\u00edculo 2.2.2.53.4. del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1154 de 2020-, en tanto que, para ello, it\u00e9rese, \u00abresulta indispensable que sobre ese hecho se deje constancia electr\u00f3nica dentro del aplicativo de RADIAN\u00bb; empero, al auscultar el C\u00f3digo \u00danico de Facturaci\u00f3n Electr\u00f3nica (CUFE) que se crea al momento de perpetrar ese labor\u00edo y permite identificar \u00abun\u00edvocamente la factura electr\u00f3nica en el territorio nacional\u00bb, no lo observ\u00f3 y, en consecuencia, \u00abla aceptaci\u00f3n t\u00e1cita a la que se refiere el ejecutante no ha sido registrada, situaci\u00f3n que va en contrav\u00eda de lo dispuesto en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 2.2.2.53.4 del Decreto 1074 de 2015\u00bb. <\/p>\n
En caso an\u00e1logo, esta Corte esboz\u00f3: (\u2026) Esclarecido lo anterior, en cuanto a la exigibilidad del \u00abt\u00edtulo de cobro\u00bb a trav\u00e9s del \u00abregistro\u00bb de la factura electr\u00f3nica, para el ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria, es menester aclararle a la accionante que tal requisito lo establece el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.2.53.1. del Decreto 1074 del 2015, que a la letra dice: \u00abLas facturas electr\u00f3nicas como t\u00edtulo valor de que trata este cap\u00edtulo ser\u00e1n las: 1. Emitidas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2242 de 2015, o en la norma que lo modifique o sustituya. 2. Aceptadas conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 2.2.2.53.5 de este decreto. 3. Registradas en el registro de facturas electr\u00f3nicas\u00bb, presupuestos que, seg\u00fan lo constat\u00f3 el tribunal, no fueron cumplidos por la ejecutante, toda vez que las facturas se aportaron sin el referido \u00abt\u00edtulo de cobro\u00bb, lo que imped\u00eda su ejecuci\u00f3n por la v\u00eda judicial. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, nada reprochable resulta a la decisi\u00f3n del juzgador cognoscente, pues fue en ejercicio de sus funciones y facultades legales que procedi\u00f3 de la forma en que lo hizo, constatando en el decurso confutado que los t\u00edtulos base del recaudo no reun\u00edan los presupuestos necesarios para que prestaran m\u00e9rito ejecutivo, razonamiento que no es arbitrario ni caprichoso y, por lo mismo, no vulnera ni los derechos ni los principios a los que se refiere la promotora del amparo (\u2026). CSJ rad. 2020-00101-00; 17 jun. 2020\u00bb. <\/p>\n
En otro asunto, la Sala tambi\u00e9n prohij\u00f3 el raciocinio del tribunal acusado (STC14542-2022, 27 oct.), quien ratific\u00f3 la negativa de expedir el mandamiento de pago, entre otros argumentos, porque: <\/p>\n
\u00abPara el caso de marras, analiz\u00f3 lo manifestado por el apelante relacionado con que \u00abla aceptaci\u00f3n de las facturas, [se llev\u00f3 a cabo] de forma \u201cautom\u00e1tica\u201d por cuanto no se realiz\u00f3 ninguna acci\u00f3n sobre el documento, tal como lo certific\u00f3 la empresa SIIGO SAS, en su condici\u00f3n de proveedor tecnol\u00f3gico autorizado por la DIAN; lo anterior, quiere decir que, en consideraci\u00f3n del ejecutante, la factura fue aceptada t\u00e1citamente. Sin embargo, no puede pasarse inadvertido que la normativa antes referida estableci\u00f3 que, en caso de ser necesario acudir a la figura de la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita, resulta indispensable que, sobre ese hecho, se deje constancia electr\u00f3nica dentro del aplicativo de RADIAN <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por otra parte, verific\u00f3 el CUFE de cada uno de los t\u00edtulos objeto de ejecuci\u00f3n a trav\u00e9s del aplicativo de la DIAN. Frente a ello, determin\u00f3 que \u00ab\u2026esos documentos no tienen ning\u00fan evento asociado; es decir, la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita que refiere el ejecutante, no ha sido registrada, situaci\u00f3n que va en contrav\u00eda de lo dispuesto en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 2.2.2.53.4 del Decreto 1074 de 2015\u00bb. En ese sentido, destac\u00f3 que contrario a lo manifestado por el recurrente, \u00ablo cierto es que no hay prueba, conforme las disposiciones legales que rigen la materia, que la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita o expresa de las facturas de venta, lo que permite inferir que las mismas no pueden calificarse como exigibles\u00bb. Agreg\u00f3 que si bien la demandante alleg\u00f3 \u00abal plenario una certificaci\u00f3n expedida por el proveedor tecnol\u00f3gico SIIGO SAS, en la que consign\u00f3 que \u201c[t]eniendo en cuenta la auditor\u00eda interna realizada se evidencia que no se realiz\u00f3 [sic] acci\u00f3n alguna sobre el documento (Acusa-Aceptaci\u00f3n-rechazo) motivo por el cual se asume la aceptaci\u00f3n autom\u00e1tica luego de tres d\u00edas h\u00e1biles de remitido el documento (\u2026)\u201d\u00bb, resalt\u00f3 que lo cierto es que \u00abese documento no suple el registro del evento en el aplicativo RADIAN m\u00e1xime, cuando esa es la \u00fanica forma en la que, conforme a la regulaci\u00f3n vigente, se demuestra la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita del t\u00edtulo en cuesti\u00f3n\u00bb <\/p>\n
(\u2026) En el punto, es necesario destacar que la providencia cuestionada abord\u00f3 el estudio relativo a la configuraci\u00f3n de los elementos de la factura electr\u00f3nica para su exigibilidad, sin embargo, de lo arrimado el fallador colegiado no encontr\u00f3 cumplido que los t\u00edtulos valores hubiesen sido aceptados t\u00e1citamente por cuanto no hay constancia de registro en el aplicativo de RADIAN As\u00ed las cosas, no era posible seguir adelante con la ejecuci\u00f3n pretendida, pues las facturas adosadas no acataban lo exigido por la norma especial \u2013par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 2.2.2.53.4 del cap\u00edtulo 53 del Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1154 de 2020- y la Resoluci\u00f3n n\u00famero 00085 del 8 de abril de 2022 expedida por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales-, circunstancia que, en \u00faltimas, impide su exigibilidad de acuerdo con lo reglado por el numeral 2\u00b0 del canon 774 de del Decreto 410 de 1971\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, respetuosamente considero que, en la decisi\u00f3n de la cual me aparto, debi\u00f3 haberse realizado la contrastaci\u00f3n pertinente de los argumentos de la sociedad tutelante \u2013sobre las presuntas deficiencias de los t\u00edtulos, las alegadas irregularidades en la aceptaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita y las formas de acreditar esos presupuestos cuando se trata de facturas electr\u00f3nicas\u2013, con lo resuelto en el ejecutivo, de cara al cumplimiento de las exigencias legales, para que la Sala tuviera ocasi\u00f3n de puntualizar y precisar lo pertinente, con la finalidad de evitar interpretaciones abiertamente dis\u00edmiles, lo cual, a su vez, comedidamente estimo que, deb\u00eda conducir a concederse la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentado mi salvamento de voto, con la reiteraci\u00f3n del respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 1, archivo \u201c042MandamientoPago\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1, archivo \u201c10Contesta Tutela 2022 – 568\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11 RTA TUTELA TIBUNAL 202200568\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folio 1, archivo \u201c042MandamientoPago\u201d del expediente digital. <\/p>\n