STC5238-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5238-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02051-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso. Narra que, present\u00f3 acci\u00f3n popular de radicado \u00ab66682 31 03 001 2022 00412 01\u00bb, en la cual, en primera instancia, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal concedi\u00f3 el amparo a los derechos colectivos, pero neg\u00f3 \u00ablas agencias en derecho\u00bb a su favor. Inconforme, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, en el cual -la accionada- concedi\u00f3 agencias en derecho a su favor, pero \u00fanicamente para la primera instancia. <\/p>\n
2. Solicita que se le ordene a la autoridad cuestionada \u00abCONCEDER AGENCIAS EN DERECHO A MI FAVOR, EN 2 INSTANCIA\u00bb y que estas sean fijadas \u00abaplicando acuerdo CSJ PSAA16-10554\u00bb. Tambi\u00e9n, pide la intervenci\u00f3n de la \u00abprocuradora gral naci\u00f3n (\u2026) y del defensor del pueblo Colombia\u00bb para que obren \u00aben esta tutela y se pronuncien a mi favor\u00bb e informen \u00abd\u00eda, mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1n a mi nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal de Pereira indic\u00f3 que su decisi\u00f3n \u00abse motiv\u00f3 debidamente\u00bb por lo que \u00abno media violaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados\u00bb2. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y manifest\u00f3 que \u00abno ha adelantado actuaci\u00f3n alguna en detrimento de los derechos del accionante\u00bb3. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine corresponde a la Corte establecer si se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado por el actor, con ocasi\u00f3n de la negativa de la accionada en reconocer agencias en derecho a su favor en segunda instancia dentro de la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00412-01. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la autoridad cuestionada -con sentencia del 29 de marzo de 2023- al resolver el recurso de apelaci\u00f3n presentado por el gestor, confirm\u00f3 parcialmente el fallo de primer grado y conden\u00f3 a la parte demandada a pagar al accionante las costas causadas en primera instancia. Para ello, centr\u00f3 el argumento de la alzada en que la juzgadora neg\u00f3 \u00abagencias en derecho [al actor], pese a que la acci\u00f3n sali\u00f3 avante, desconociendo el articulo 365-1 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, luego de un an\u00e1lisis normativo del tema debatido y debido a que la protecci\u00f3n de los derechos colectivos -en el caso- se logr\u00f3 \u00abpor la actividad del promotor popular\u00bb, concluy\u00f3 que s\u00ed hab\u00eda lugar a condena en costas por cuanto estas son \u00abuna consecuencia legal que pesa sobre la parte vencida, quien fue forzada a ejecutar la obra reclamada, por efecto de la formulaci\u00f3n de la demanda popular, cuya finalidad era que se pusiera fin a la amenaza del derecho colectivo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que su cuantificaci\u00f3n deb\u00eda hacerse \u00absin considerar los l\u00edmites m\u00e1ximos y m\u00ednimos, fijados en el Acuerdo No. PSAA16-10554 del CSJ\u00bb. Ello pues, de acuerdo con la sentencia SP-0104-2022 de esa Corporaci\u00f3n, el referido acuerdo no es aplicable por los siguientes motivos: \u00ab(i) El acto administrativo derog\u00f3 el Acuerdo 1887 de 2003 que regulaba las tarifas para acciones populares; y, (ii) La analog\u00eda ser\u00eda improcedente, en raz\u00f3n a que estos asuntos constitucionales son diferentes a los procesos que regula (Declarativos, ejecutivos, divisorios, etc), puesto que ning\u00fan cuestionamiento patrimonial o de inter\u00e9s particular o privado debaten, exclusivamente, se ejercer para evitar el da\u00f1o contingente (\u2026) sobre derechos e intereses colectivos\u00bb4. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Desde luego, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Corporaci\u00f3n la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable5. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis del tema debatido. <\/p>\n
Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir -a manera de autoridad- para \u00abdeterminar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (ver: CSJ STC 7 de marzo de 2008, rad. 2007-00514-01. Reiterada en CSJ STC4454-2020, 15 de julio). Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. <\/p>\n
4. De cara a las pretensiones dirigidas a la \u00abprocuradora gral naci\u00f3n\u00bb y \u00abdefensor del pueblo Colombia\u00bb, basta se\u00f1alar que el actor no acredit\u00f3 haber elevado solicitudes en esos sentidos frente a dichas autoridades, lo que imposibilita el uso de esta herramienta subsidiaria para lograr tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
5. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo deprecado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALFONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRACISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c11001020300020230205100-0002Demanda.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0010Informe_secretarial.pdf\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c0013Memorial.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c22Sentencia.pdf\u201d expediente digital proceso rad. 2022-00412-01. <\/p>\n
5\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, P\u00e1g. 128). <\/p>\n
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