STC5251-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5251-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01471-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luc\u00eda del Socorro Vargas Restrepo, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las autoridades accionadas, en el marco del proceso de sucesi\u00f3n intestada de Jos\u00e9 Evelio Restrepo Botero, radicado No. 05615318400220190059500. <\/p>\n
Solicita en consecuencia, \u00abdejar sin efecto el auto del 3 de febrero de 2023 del Tribunal Superior de Antioquia, por medio del cual se desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n del auto del 4 de agosto de 2022, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Rionegro, dentro [del referido juicio]\u00bb y en consecuencia \u00abordenar [a dicha Colegiatura] proferir una nueva providencia (\u2026) dando aplicaci\u00f3n a la garant\u00eda prevista en el art\u00edculo 516 del CGP\u00bb, y \u00abexhortar[la] a priorizar la resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de la sentencia dictada en el proceso con radicado 05615318400220190054600, atendiendo a la avanzada edad y grave estado de salud en que se encuentra la [actora]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Narra la accionante que debido a que convivi\u00f3 con Jos\u00e9 Evelio Restrepo Botero desde el 27 de diciembre de 1999 hasta que \u00e9ste falleci\u00f3 el 21 de septiembre de 2019, promovi\u00f3 demanda contra los herederos del causante para declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro, radicado 05615318400220190054600, quien dict\u00f3 sentencia donde declar\u00f3 la existencia del v\u00ednculo, pero que no surgi\u00f3 la sociedad patrimonial, debido a la preexistencia de un matrimonio no disuelto ni liquidado, decisi\u00f3n que apelaron ambos extremos, siendo admitido el recurso en el efecto suspensivo por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Antioquia. <\/p>\n
2.3. Sostiene la actora que la precitada decisi\u00f3n se fund\u00f3 en que, \u00absi bien la pretendida calidad de compa\u00f1era le dar\u00eda acceso a la sucesi\u00f3n, no pod\u00eda confundirse la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial con la liquidaci\u00f3n de la herencia\u00bb, con lo cual el Tribunal pas\u00f3 por alto que la \u00abporci\u00f3n marital\u00bb grava la sucesi\u00f3n del compa\u00f1ero difunto y beneficia a la sobreviviente con una parte o cuota de la masa herencial, pese a no ser una heredera, y sin que importe que se trate de uni\u00f3n marital de hecho seg\u00fan se extrae de la sentencia C-283\/2011 de la Corte Constitucional, de ah\u00ed que se configure la causal para suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n establecida en los art\u00edculos 516 del C\u00f3digo General del Proceso y 1387 del C\u00f3digo Civil, mientras se define la controversia sobre la calidad de compa\u00f1era permanente. <\/p>\n
2.4. Asegura que no puede aguardar a que culmine el precitado juicio declarativo para luego acudir a un proceso de petici\u00f3n de herencia, porque es una mujer de 70 a\u00f1os de edad, no tiene bienes propios ni ingresos para proveerse alimentos y sufre de asma. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro remiti\u00f3 el acceso a los expedientes de los procesos de sucesi\u00f3n y de uni\u00f3n marital de hecho cuestionados y defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 dentro de aquel decurso, con que neg\u00f3 la suspensi\u00f3n. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia indic\u00f3 que lo expuesto por la inconforme es la discrepancia con la interpretaci\u00f3n dada al art\u00edculo 516 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que la acci\u00f3n de tutela sirva para dirimirla. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que respeta el sistema de turnos para definir la alzada interpuesta en el proceso de declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, sin que se observe en este caso motivo alguno para hacer alguna excepci\u00f3n. <\/p>\n
3. Al momento de someterse el presente asunto al conocimiento de la Sala, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine, se constata que la queja de la actora recae en el auto de 3 de febrero de 2023 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 4 de agosto de 2022 del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro, de negar la suspensi\u00f3n del proceso de sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Evelio Restrepo Botero, tras considerar que no est\u00e1n dados los supuestos de los art\u00edculos 516 del C\u00f3digo General del Proceso y 1387 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
No obstante, del an\u00e1lisis de los expedientes del mentado proceso de sucesi\u00f3n y el del juicio para declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho, se extrae que, al margen del motivo que llev\u00f3 a no suspender el sucesorio mientras se defin\u00eda el anotado proceso declarativo, lo cierto es que, dichos decursos deben tramitarse de manera conjunta bajo la cuerda procesal de aquel, en aplicaci\u00f3n del fuero de atracci\u00f3n de la causa mortuoria, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que entonces impide que finiquite el precitado juicio, hasta tanto quede en firme la sentencia sobre el pretenso v\u00ednculo entre compa\u00f1eros, situaci\u00f3n que torna en procedente el amparo, pero por el anotado motivo. <\/p>\n
3. El art\u00edculo 23 del C\u00f3digo General del Proceso establece el aludido fuero de atracci\u00f3n al reglar que: <\/p>\n
Cuando la sucesi\u00f3n que se est\u00e9 tramitando sea de mayor cuant\u00eda, el juez que conozca de ella y sin necesidad de reparto, ser\u00e1 competente para conocer de todos los juicios que versen sobre nulidad y validez del testamento, reforma del testamento, desheredamiento, indignidad o incapacidad para suceder, petici\u00f3n de herencia, reivindicaci\u00f3n por el heredero sobre cosas hereditarias, controversias sobre derechos a la sucesi\u00f3n por testamento o abintestato o por incapacidad de los asignatarios, lo mismo que de los procesos sobre el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio y la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, relativos a la rescisi\u00f3n de la partici\u00f3n por lesi\u00f3n y nulidad de la misma, las acciones que resulten de la caducidad, inexistencia o nulidad de las capitulaciones matrimoniales, la revocaci\u00f3n de la donaci\u00f3n por causa del matrimonio, el litigio sobre la propiedad de bienes, cuando se disputa si estos son propios o de la sociedad conyugal, y las controversias sobre subrogaci\u00f3n de bienes o las compensaciones respecto de los c\u00f3nyuges y a cargo de la sociedad conyugal o a favor de esta o a cargo de aquellos en caso de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal o sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
La solicitud y pr\u00e1ctica de medidas cautelares extraprocesales que autorice la ley corresponde al juez que fuere competente para tramitar el proceso al que est\u00e1n destinadas. La demanda podr\u00e1 presentarse ante el mismo juez que decret\u00f3 y practic\u00f3 la medida cautelar, caso en el cual no ser\u00e1 sometida a reparto. Las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales tambi\u00e9n podr\u00e1n decretar y practicar las medidas cautelares extraprocesales autorizadas por la ley. <\/p>\n
Salvo norma en contrario, dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes a la pr\u00e1ctica de la medida cautelar, el solicitante deber\u00e1 presentar la demanda correspondiente, so pena de ser levantada inmediatamente. En todo caso el afectado conserva el derecho a reclamar, por medio de incidente, la liquidaci\u00f3n de los perjuicios que se hayan causado. La liquidaci\u00f3n de perjuicios se sujetar\u00e1 a lo previsto en el art\u00edculo 283. <\/p>\n
Lo que entonces, por expresa disposici\u00f3n legal, asigna al juez del proceso liquidatorio en tr\u00e1mite, si es de mayor cuant\u00eda, todos aquellos asuntos que tengan relaci\u00f3n con esa causa, para que sean definidos por el mismo juez en una sola actuaci\u00f3n, tem\u00e1tica sobre la cual la Sala ha considerado que, <\/p>\n
En atenci\u00f3n a los principios de celeridad y econom\u00eda adjetiva, el legislador previ\u00f3 un criterio de asignaci\u00f3n especial en materia de sucesiones, consagrado en el art\u00edculo 23 del estatuto procesal y orientado a que sea el mismo juez ante quien se est\u00e9 tramitando el proceso de sucesi\u00f3n de mayor cuant\u00eda, el que conozca de las dem\u00e1s causas conexas, expresamente enlistadas, en orden a evitar -o al menos disminuir- el riesgo de decisiones contradictorias. <\/p>\n
Es entonces querer del legislador el tramitar conjuntamente los procesos que puedan incidir en la conformaci\u00f3n de la masa sucesoral o afectar la universalidad del patrimonio, con el prop\u00f3sito de evitar contradicciones en los respectivos fallos, as\u00ed como demoras y congesti\u00f3n judicial por adelantar m\u00faltiples juicios conexos, procurando as\u00ed la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda procesal. <\/p>\n
4. En el presente caso, no cabe duda que el referido proceso de sucesi\u00f3n es de mayor cuant\u00eda y se encuentra en curso al no haber sido a\u00fan aprobada la partici\u00f3n, y que las resultas del juicio para declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho que alega la aqu\u00ed accionante tuvo con el causante y la eventual conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, tendr\u00e1n injerencia en las asignaciones a realizar en aquel juicio, en caso de optarse por la porci\u00f3n marital, y, siempre que se den los presupuestos para ello, ya que en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1236 del C\u00f3digo Civil (condicionalmente exequible en los t\u00e9rminos de la sentencia C-283 de 2011), la compa\u00f1era permanente sobreviviente podr\u00eda hacerse acreedora a la cuarta parte de los bienes del causante, excepto cuando hay descendientes, evento \u00e9ste en que le corresponder\u00e1 el equivalente a la leg\u00edtima rigurosa de un hijo. <\/p>\n
5. Amerita precisar que el conocimiento conjunto resultado de la aplicaci\u00f3n del comentado fuero, responde a una figura distinta de la acumulaci\u00f3n de procesos y por ende no est\u00e1 obstaculizada por la diferencia de tr\u00e1mite y naturaleza de sus pretensiones, de hecho, se impone con car\u00e1cter irrenunciable, al estar involucrados no solo los intereses particulares de los concernidos en dichas actuaciones, sino el inter\u00e9s general de la sociedad, en aras de la eficiente prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Le corresponder\u00e1 entonces al juez de la sucesi\u00f3n tramitar ambas acciones, no bajo las reglas de la acumulaci\u00f3n de procesos, sino atendiendo sus respectivos tr\u00e1mites, pero sin finiquitar la sucesi\u00f3n, hasta tanto quede definida o descartada la injerencia de las resultas del proceso para la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho y la eventual conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
6. De otro lado, aunque el proceso para declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho inici\u00f3 en este caso con anterioridad al juicio de sucesi\u00f3n, ello no impide el conocimiento conjunto, porque la interpretaci\u00f3n que exige que el juicio liquidatorio ya se est\u00e9 tramitando establece un condicionamiento insuficientemente sustentado, de cara al prop\u00f3sito final de la norma, de procurar la eficiencia en la administraci\u00f3n de justicia, pues, sin mayor fundamento, en este caso, solo por el hito de inicio de los juicios, se avocar\u00eda a la accionante a no solo continuar tramitando aparte el proceso para la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho y la eventual liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, sino adem\u00e1s, a eventualmente reclamar en un juicio posterior la parte de los bienes del causante que considere le corresponden, a t\u00edtulo de porci\u00f3n marital, cuando evidentemente todo ello puede incidir en la distribuci\u00f3n del patrimonio herencial y por ende, podr\u00eda quedar agotado en el sucesorio, por a\u00fan no haberse verificado la partici\u00f3n. <\/p>\n
7. La Corte consider\u00f3 en un asunto donde se concedi\u00f3 el amparo ante una situaci\u00f3n de contornos similares que, <\/p>\n
La competencia, seg\u00fan lo defini\u00f3 Chiovenda, es \u00abel conjunto de las causas en que, con arreglo a la ley, puede un juez ejercer su jurisdicci\u00f3n, y la facultad de ejercerla dentro de los l\u00edmites en que le est\u00e9 atribuida\u00bb1; y se determina conforme a los conocidos fueros por materia (ratione materia) y cuant\u00eda (lex rubria) del proceso (factor objetivo), calidad de las partes (ratione personae, factor subjetivo), naturaleza de la funci\u00f3n (factor funcional), lugar (factor territorial) que puede ser personal, real y contractual y por conexidad, econom\u00eda o unicidad procesal (fuero de atracci\u00f3n). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En virtud de la norma en cita [art. 23 del C.G. del P.] al juez de la sucesi\u00f3n de mayor cuant\u00eda se le impone, sin necesidad de reparto u otro tr\u00e1mite preliminar, conocer de otras causas judiciales que guardan relaci\u00f3n con la mortuoria, figura que, como lo explic\u00f3 el procesalista J. Ramiro Podetti, es propia de los juicios universales, es decir, aquellos \u201cen los que est\u00e1 involucrado un patrimonio como una universalidad jur\u00eddica\u201d.2 <\/p>\n
El mencionado fuero supone -ha dicho esta Sala- \u00abproveer a un determinado juez de la facultad para conocer otros asuntos anejos a la causa respecto de la cual \u00e9l ha asumido; a trav\u00e9s de esta autorizaci\u00f3n legal, el funcionario que conoce de un asunto determinado atrae nuevos conflictos surgidos y, por esa v\u00eda, se vuelve juez competente para definirlos de manera conjunta\u00bb (CSJ, AC, 30 ago. 2013, rad. 2013-01558-00; se destaca). <\/p>\n
2.2. Son razones de conveniencia, econom\u00eda y unicidad procesal las que inspiran esta especie de competencia accesoria atribuida al juzgador de la sucesi\u00f3n, atendi\u00e9ndose el provecho que reporta a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia que las controversias suscitadas con ocasi\u00f3n de la herencia sean decididas por el juez que est\u00e1 conociendo de la mortuoria, por cuanto a \u00e9ste corresponde liquidar y distribuir en su totalidad el patrimonio del causante como universalidad jur\u00eddica. <\/p>\n
Es claro el inter\u00e9s del legislador en que los asuntos que tengan la aptitud de incidir \u001f\u001f\u001fdirecta o indirectamente en la conformaci\u00f3n de la masa sucesoral o de afectar la universalidad del patrimonio, sean tramitados y definidos en forma conjunta por un mismo juzgador, a fin de facilitar la liquidaci\u00f3n del haber hereditario y evitar o reducir el riesgo de contradicciones e incompatibilidades en las decisiones de m\u00e9rito, producto de la multiplicidad de juicios sobre causas judiciales que son conexas. <\/p>\n
2.3. En el caso que se examina, no es punto discutido si la juez de la sucesi\u00f3n en curso absorbi\u00f3 la competencia para conocer de la acci\u00f3n de prevalencia promovida por la accionante, lo que es claro dado que \u00e9sta se origin\u00f3 en raz\u00f3n de la primera, sino que el debate se centra en la procedencia del conocimiento conjunto de ambos procesos. <\/p>\n
Y frente a ello debe precisar la Sala que la aplicaci\u00f3n del \u201cfuero de atracci\u00f3n\u201d implica una modalidad de conocimiento conjunto de las controversias que difiere de la acumulaci\u00f3n de procesos y por ello no est\u00e1 sometida a los requisitos de \u00e9sta, de ah\u00ed que no constituya un obst\u00e1culo la circunstancia de que el litigio que se va a incorporar al proceso sucesoral no tenga previsto en la ley el mismo tr\u00e1mite o sus pretensiones sean de naturaleza diferente, yerro interpretativo en el que incurri\u00f3 la juez accionada y el a quo constitucional. <\/p>\n
2.4. La comentada figura, que no es tan novedosa, pues encuentra antecedente, respecto de esta causa liquidatoria, en el art\u00edculo 152 del C\u00f3digo Judicial (Ley 105 de 1931) y en el numeral 15 del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es un instituto de orden p\u00fablico procesal y por ello irrenunciable, pues involucra tanto el inter\u00e9s particular de los concernidos por el sucesorio como el general de la sociedad, en pro de una eficiente prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico esencial de administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Conlleva el desplazamiento de la competencia al juez de la sucesi\u00f3n como garant\u00eda de la uniformidad de criterio en la resoluci\u00f3n de los conflictos que ata\u00f1en o interesan a aquella. <\/p>\n
El juzgador debe agregar el diligenciamiento de que se trate al expediente de la sucesi\u00f3n y conocer conjuntamente ambas acciones con observancia de las especificidades de tr\u00e1mite que para cada una ha fijado la ley, procurando que la mortuoria no culmine sin definir previamente las controversias vinculadas, las cuales surgieron por causa o en raz\u00f3n de la herencia. <\/p>\n
3. De lo expuesto surge palpable que en las providencias reprochadas por esta v\u00eda, la juzgadora accionada incurri\u00f3 en el defecto sustantivo que se le endilga por desconocer en su recta inteligencia la norma rectora del fuero de atracci\u00f3n, la cual -como se dijo- impone el conocimiento conjunto del sucesorio y de la controversia aneja a \u00e9ste, litigios que deben incorporarse en un mismo expediente, lo que no implica, de modo alguno, proceder a su acumulaci\u00f3n y a prodigarles un mismo tr\u00e1mite (CSJ STC170-2020). <\/p>\n
8. La situaci\u00f3n evidenciada habilita la intervenci\u00f3n sobre el particular por parte del juez constitucional, al margen de si la misma compagina o no con la puntual inconformidad expuesta en el escrito inicial, pues, el juez de tutela, cuando los asuntos a su cargo lo impongan, al evidenciar el desconocimiento de garant\u00edas esenciales, est\u00e1 investido de facultades especiales para emitir decisiones ultra y extra petita en pro del principio de prevalencia del derecho sustancial (art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991), conforme se verifica en este caso, donde se encontr\u00f3 conculcada la garant\u00eda superior al debido proceso por parte del Juzgado convocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo solicitado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que una vez culmine el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida en el proceso para declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho (rad. 05615318400220190054600), remita las actuaciones al juzgador de primera instancia, pero con destino al juicio de sucesi\u00f3n de la referencia (rad. 05615318400220190059500). <\/p>\n
Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro que, mientras recibe el expediente del juicio declarativo, no emita decisi\u00f3n frente a la aprobaci\u00f3n o no de la partici\u00f3n, y una vez recepcione dicho asunto, dentro de los diez d\u00edas siguientes emita prove\u00eddo para tramitarlo de manera conjunta con la sucesi\u00f3n y le d\u00e9 el impulso correspondiente, en la forma indicada en esta providencia. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01471-00 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto me permito manifestar que, si bien comparto lo decidido por la Sala en cuanto concedi\u00f3 el amparo solicitado por la accionante Luc\u00eda del Socorro Vargas Restrepo, disiento de las razones que se expusieron para adoptar esa decisi\u00f3n, por los motivos que paso a explicar. <\/p>\n
1. En la solicitud de tutela la peticionaria reproch\u00f3, particularmente, la negativa de los accionados a suspender la sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Evelio Restrepo Botero, mientras se defin\u00eda la apelaci\u00f3n que promovi\u00f3 contra la sentencia dictada en el proceso de uni\u00f3n marital de hecho que impuls\u00f3 respecto de los herederos del prenombrado, pues, en su criterio, debi\u00f3 darse plena aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1387 del C\u00f3digo Civil que se\u00f1ala: \u00abCONTROVERSIAS SUCESORALES. Antes de proceder a la partici\u00f3n se decidir\u00e1n por la justicia ordinaria las controversias sobre derechos a la sucesi\u00f3n por testamento o abintestato, desheredamiento, incapacidad o indignidad de los asignatarios\u00bb y al correspondiente art\u00edculo 516 del C\u00f3digo General del Proceso, relativo a la \u00absuspensi\u00f3n de la partici\u00f3n\u00bb, toda vez que su intenci\u00f3n, una vez concluido el juicio que inici\u00f3, era la de reclamar la \u00abporci\u00f3n marital\u00bb prevista en el art\u00edculo 1236 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Cuestionamiento, que no fue objeto de pronunciamiento, nada se dice respecto de la vulneraci\u00f3n de derechos respecto de lo considerado por el Juzgado y el Tribunal accionados para denegar la mencionada suspensi\u00f3n y advirti\u00f3 que lo procedente era tramitar la sucesi\u00f3n enunciada y el asunto de uni\u00f3n marital de hecho \u00abde manera conjunta en aplicaci\u00f3n del fuero de atracci\u00f3n de la causa mortuoria, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que entonces impide que finiquite el precitado juicio, hasta tanto quede en firme la sentencia sobre el pretenso v\u00ednculo entre compa\u00f1eros, lo que entonces torna en procedente el amparo\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso: <\/p>\n
\u00abPrimero: Ordenar a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, que una vez culmine el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida en el proceso para declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho (rad. 05615318400220190054600), remita las actuaciones al juzgador de primera instancia, pero con destino al juicio de sucesi\u00f3n de la referencia (rad. 05615318400220190059500). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro que, mientras recibe el expediente del juicio declarativo, no podr\u00e1 emitir decisi\u00f3n frente a la partici\u00f3n, y una vez reciba dicho expediente, dentro de los diez d\u00edas siguientes deber\u00e1 emitir prove\u00eddo para tramitarlo de manera conjunta con la sucesi\u00f3n, en la forma indicada en esta providencia\u00bb. <\/p>\n
2. Para la suscrita de manera diferente a lo considerado por la Sala, se abr\u00eda paso la protecci\u00f3n constitucional exigida por la accionante, atendiendo simplemente a la aplicaci\u00f3n del citado art\u00edculo 1387 del C\u00f3digo Civil, ya que el mismo encontraba plena recepci\u00f3n en el caso estudiado porque la accionante reclam\u00f3 la suspensi\u00f3n de la sucesi\u00f3n de quien, adujo, en vida fue su compa\u00f1ero permanente, mientras se resolv\u00eda el anotado asunto de uni\u00f3n marital de hecho, petici\u00f3n en la que expres\u00f3 su intenci\u00f3n de reclamar la \u00abporci\u00f3n marital\u00bb, lo que evidenciaba, sin duda, que previo a la partici\u00f3n se requer\u00eda la definici\u00f3n de la \u00abcontroversia\u00bb planteada por la accionante en el referido asunto de uni\u00f3n marital de hecho, a fin de establecer su eventual \u00abderecho (\u2026) a la sucesi\u00f3n (\u2026) abintestato\u00bb del causante, como lo dispone el citado art\u00edculo 1387 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que esta Corte ha indicado que los cuestiones anteriores a la partici\u00f3n, conforme al mencionado art\u00edculo, se refieren \u00aba las controversias sobre derechos a la sucesi\u00f3n por testamento o abintestato, desheredaci\u00f3n, incapacidad o indignidad de los asignatarios (\u2026) [pues] es incuestionable que todo lo que afecte los derechos de los part\u00edcipes o su extensi\u00f3n, como su calidad misma de tales, debe ser materia de previa resoluci\u00f3n judicial a fin de que pueda haber certidumbre sobre la condici\u00f3n y derecho de los coasignatarios para poder liquidarle lo que a cada uno de ellos se deba\u00bb; adem\u00e1s, \u00abpor derechos sucesorales deben entenderse los que de manera concreta conciernen con esa aptitud para sustituir al de cujus; y por controversias sobre tales derechos aquellas en las cuales se discute la existencia de ese derecho o sus condiciones\u00bb (CSJ SC de 27 de octubre de 2003, exp. 7552, que cita SC de octubre 3 de 1942, SC de 28 de mayo de 1996 y SC de 6 de mayo de 1998, G.J. CCLII, p\u00e1g. 1388, postura similar citada en AC3743-2017). <\/p>\n
3. Ahora, considera la Suscrita en cuanto al \u00abfuero de atracci\u00f3n\u00bb aplicado por la Sala conforme al contenido del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo General del Proceso, que la aplicaci\u00f3n del mismo resultaba intrascendente para el caso, comoquiera que los dos litigios en comento est\u00e1n cursando en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro, quien debe tramitar, cada proceso, de acuerdo con las reglas procedimentales establecidas para \u00e9stos y, sin que la tramitaci\u00f3n \u00abconjunta\u00bb que se orden\u00f3 en la sentencia materia de esta aclaraci\u00f3n, pueda conllevar el desconocimiento de dichas normas, entre otras cosas porque parece m\u00e1s que se trata de una acumulaci\u00f3n de procesos, figura procesal diferente. <\/p>\n
Al punto, se advierte que dicho \u00abfuero de atracci\u00f3n\u00bb es entendido como una herramienta que facilita la liquidaci\u00f3n de patrimonios en ciertos procesos, de forma que se tramiten las acciones dirigidas contra una misma persona o respecto de un mismo patrimonio ante un \u00fanico juez, pero no en un solo expediente como, al parecer, lo estim\u00f3 la Sala en este caso al ordenar que la remisi\u00f3n del litigio de uni\u00f3n marital de hecho, una vez definido por el Tribunal se enviara \u00abcon destino al juicio de sucesi\u00f3n de la referencia (rad. 05615318400220190059500)\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo discurrido, se observa que el citado art\u00edculo 23 del C\u00f3digo General del Proceso indica que \u00abCuando la sucesi\u00f3n que se est\u00e9 tramitando sea de mayor cuant\u00eda, el juez que conozca de ella y sin necesidad de reparto, ser\u00e1 competente para conocer de todos los juicios que versen sobre nulidad y validez del testamento, reforma del testamento, desheredamiento, indignidad o incapacidad para suceder, petici\u00f3n de herencia, reivindicaci\u00f3n por el heredero sobre cosas hereditarias\u00bb (subraya fuera de texto), entre otros, cuesti\u00f3n que, como se anot\u00f3, se presenta en el caso bajo conocimiento, ya que, se insiste, es el mismo juez quien conoci\u00f3 en primer grado de los litigios aqu\u00ed comentados \u2013sucesi\u00f3n y uni\u00f3n marital de hecho-. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resulta pertinente se\u00f1alar que esta Sala, frente al entonces vigente numeral 15 del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ya hab\u00eda indicado que esa norma \u00abconcreta el lugar del territorio nacional donde deben ventilarse los procesos que se promuevan contra los asignatarios, el c\u00f3nyuge o los administradores de la herencia, por causa o en raz\u00f3n de \u00e9ste, se\u00f1alando como competente al juez que tramite el proceso de sucesi\u00f3n mientras \u00e9ste dure y en cuanto lo fuere por raz\u00f3n de la cuant\u00eda y si no lo fuere, lo ser\u00e1 el juez que ejerza jurisdicci\u00f3n en el lugar donde cursa el sucesorio. Cons\u00e1grase en este numeral uno de los foros o lugares que como aspectos del factor territorial, vienen a determinar el \u00f3rgano jurisdiccional a que le corresponde el entendimiento de determinados asuntos y desarrolla el f\u00f3rum hereditatis, o sea el lugar donde cursar\u00e1n los procesos contra los asignatarios, el c\u00f3nyuge o los administradores de la herencia por causa o en raz\u00f3n de \u00e9sta. D\u00edcese tambi\u00e9n que constituye un modo del fuero de atracci\u00f3n, es decir que el lugar donde cursa el proceso de sucesi\u00f3n atrae los asuntos que se susciten por causa o en raz\u00f3n de la herencia\u00bb (CSJ, SC-223 (23061988) de 23 de junio de 1988), de donde se desprende que el \u00abfuero de atracci\u00f3n\u00bb, como antes se dijo, se refiere a la competencia del mismo juez para adelantar procesos como los se\u00f1alados, sin que nada imponga que se surtan en un mismo expediente. <\/p>\n
4. En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignada mi aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO: OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Expediente. 11001-02-03-000-2023-01471-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los dem\u00e1s integrantes de la Sala, considero que la acci\u00f3n de tutela estaba llamada a ser denegada. Ello, porque el an\u00e1lisis debi\u00f3 limitarse a la negativa a suspender el juicio de sucesi\u00f3n, por las razones invocadas por la accionante, sin que la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo General del Proceso impusiera, en el caso, de manera necesaria y contundente, conceder el amparo. <\/p>\n
Es cierto que el juez constitucional puede adoptar medidas distintas a las solicitadas por el tutelante, con el fin de proteger sus derechos fundamentales. Pero as\u00ed debe proceder cuando las diligencias revelen, claramente, una acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad judicial distinta a la denunciada. <\/p>\n
Ahora, dicha situaci\u00f3n no se configura en el caso o, al menos, no con la claridad que exige la intervenci\u00f3n constitucional extra petita, pues, si el legislador ha previsto la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n y las reglas bajo las cuales ella procede, cualquier decisi\u00f3n que se adopte alrededor del tema debe ser evaluada a la luz de las directrices que regulan la materia y no de otras distintas a ella. <\/p>\n
De ese modo, como la peticionaria reclam\u00f3 la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n, mientras se defin\u00eda el declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho que promovi\u00f3, la acci\u00f3n de tutela debi\u00f3 juzgarse teniendo en cuenta el art\u00edculo 516 del C\u00f3digo General del Proceso, en armon\u00eda con los preceptos 1387 y 1388 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, considero que la Sala, a efectos de desatar el amparo, debi\u00f3 evaluar la razonabilidad de la decisi\u00f3n mediante la cual el Tribunal ratific\u00f3 la negativa a suspender la sucesi\u00f3n mientras se defina el declarativo de uni\u00f3n marital de hecho. Y, por ese camino, hubiera concluido que esa determinaci\u00f3n no es arbitraria y, por tanto, que la tutela no pod\u00eda abrirse paso. <\/p>\n
Al respecto, f\u00edjese que la resoluci\u00f3n materia de reproche est\u00e1 soportada en que el legislador no autoriza la suspensi\u00f3n de una partici\u00f3n en virtud de aqu\u00e9l proceso. Asimismo, advirti\u00f3 que el inter\u00e9s que le asiste a la actora para que se declare que es compa\u00f1era permanente del causante no es suficiente para paralizar ese litigio, ya que el derecho a intervenir en \u00e9l depend\u00eda de que tuviera, previamente, reconocida esa calidad. Para ello record\u00f3, entre otros aspectos, que a voces del art\u00edculo 456 del C\u00f3digo General del Proceso \u201c(\u2026) las sucesiones testadas, intestadas o mixtas se liquidar\u00e1n por el procedimiento que se\u00f1ala este Cap\u00edtulo, sin perjuicio del tr\u00e1mite notarial previsto en la ley. Tambi\u00e9n se liquidar\u00e1n dentro del mismo proceso las sociedades conyugales o patrimoniales que por cualquier causa est\u00e9n pendientes de liquidaci\u00f3n a la fecha de la muerte del causante, y las disueltas con ocasi\u00f3n de dicho fallecimiento\u201d. Igualmente, resalt\u00f3 que el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 54 de 1990 prev\u00e9 que: \u201c[c]ualquiera de los compa\u00f1eros permanentes o sus herederos, podr\u00e1n pedir la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial y la adjudicaci\u00f3n de los bienes. Cuando la causa de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n sea la muerte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, la liquidaci\u00f3n podr\u00e1 hacerse dentro del respectivo proceso de sucesi\u00f3n, siempre que exista la prueba de la uni\u00f3n marital de hecho, en la forma exigida por el art\u00edculo 2o. de la presente Ley. <\/p>\n
Adicionalmente, en mi criterio, el art\u00edculo 23 del C\u00f3digo General del Proceso no autorizaba el tr\u00e1mite simult\u00e1neo de los juicios de sucesi\u00f3n y el declarativo de uni\u00f3n marital de hecho, por cuanto, a tono con lo anterior, los casos que en virtud del fuero de atracci\u00f3n est\u00e1n llamados a conocer el juez del primer litigio, son aquellos que tienen incidencia directa, real y actual en la distribuci\u00f3n del patrimonio del causante, y no el eventual que se predica de quien ha demandado para que se declare que es compa\u00f1era permanente de este. <\/p>\n
N\u00f3tese que, para el caso del c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, la norma alude a <\/p>\n
(\u2026) los procesos sobre el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio y la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes (\u2026), el litigio sobre la propiedad de bienes, cuando se disputa si estos son propios o de la sociedad conyugal, y las controversias sobre subrogaci\u00f3n de bienes o las compensaciones respecto de los c\u00f3nyuges y a cargo de la sociedad conyugal o favor de \u00e9sta o a cargo de aquellos en caso de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal o sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
En suma, en mi criterio era improcedente que, en el caso, se hiciera uso de facultades extra petita. En su lugar, la Sala debi\u00f3 limitarse a estudiar la decisi\u00f3n reprochada y negar la salvaguarda debido a su razonabilidad. <\/p>\n
Fecha, ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CHIOVENDA, Jos\u00e9. Derecho Procesal Civil, Tomo I, p. 621. <\/p>\n
2\u0002 Tratado de la Competencia. Buenos Aires, 1954, p. 482. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC5251-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC5251-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01471-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luc\u00eda del Socorro Vargas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73665","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73665","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73665"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73665\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73665"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73665"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73665"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}