STC5255-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5255-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Camilo Guti\u00e9rrez Rodr\u00edguez, quien dice actuar como apoderado de Marketin e Inversiones S.A.S. contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e91. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso de quien dice representar, con ocasi\u00f3n del proceso de responsabilidad civil extracontractual de radicado 2016-00117. <\/p>\n
2. De las pruebas obrantes se resaltan los siguientes hechos para lo que interesa resolver: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo -Tolima-, Santiago Lozano Triana y Stella Mar\u00eda Triana, promovieron proceso de responsabilidad civil extracontractual en contra de N\u00e9stor Casta\u00f1eda Ram\u00edrez, Marketing Inversiones S.A.S. y Colpatria Seguros S.A., tr\u00e1mite en el cual, la autoridad judicial el 19 de septiembre de 2016 admiti\u00f3 la demanda. <\/p>\n
2.2. Surtidos los tr\u00e1mites de rigor y decretada la nulidad de lo actuado, el 23 de marzo de 2022, el juzgado profiri\u00f3 sentencia que (i) declar\u00f3 civil y solidariamente responsable a N\u00e9stor Casta\u00f1eda Ram\u00edrez y a Marketing e Inversiones S.A.S. solamente de los perjuicios morales causados a Santiago Lozano Triana, los cuales taz\u00f3 en $5.000.000, (ii) declar\u00f3 probadas algunas excepciones y neg\u00f3 otras de las propuestas por Axa Colpatria y Marketing e Inversiones S.A.S., (iii) deneg\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones de la demanda y, (iv) conden\u00f3 en costas \u00fanicamente a Marketing e Inversiones S.A.S. Frente a lo determinado, el apoderado de los demandantes de dicha contienda interpuso recurso de apelaci\u00f3n, en cuanto a la negaci\u00f3n de los perjuicios morales. <\/p>\n
2.3. El 17 de marzo de 2023, la Corporaci\u00f3n enjuiciada, profiri\u00f3 sentencia que (i) modific\u00f3 el numeral segundo y tercero de la parte resolutiva y en su lugar conden\u00f3 a N\u00e9stor Casta\u00f1eda Ram\u00edrez y a Marketing e Inversiones S.A.S. a pagarle a Santiago Lozano Triana $15.000.000 y a Stella Mar\u00eda Triana Andrade $10.000.000 por concepto de perjuicios morales causados por el fallecimiento de su padre y esposo Julio Gentil Lozano, (ii) declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n denominada \u201cINEXISTENCIA DE PRUEBA DEL DA\u00d1O MORAL RECLAMADOS POR LOS DEMANDANTES\u201d, propuesta por la demandada Marketing e Inversiones S.A.S, y, (iii) confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s numerales recurridos. <\/p>\n
3. El actor cuestiona que se hubiera modificado el fallo de primera instancia en el sentido de condenar por perjuicios morales a la sociedad que dice representar, porque el Colegiado acusado no valor\u00f3 adecuadamente las pruebas obrantes que daban cuenta que entre la demandante y el fallecido no exist\u00eda un v\u00ednculo afectivo y \u00aben cambio si hay prueba expresa, la cual es la confesi\u00f3n, que prueba justamente su inexistencia\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, pretende que se deje sin valor la sentencia proferida por el Tribunal accionado y \u00abque vuelva a proferir sentencia confirmatoria del fallo de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Corporaci\u00f3n querellada, respald\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo se\u00f1al\u00f3 que el promotor \u00absolo critica la actuaci\u00f3n del superior\u00bb. <\/p>\n
3. Quien dijo ser el apoderado de Santiago Lozano Triana y Stella Mar\u00eda Triana de Lozano, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la tutela. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el censor pretende la protecci\u00f3n de los derechos de la sociedad Marketing Inversiones S.A.S. presuntamente vulnerados por el Colegiado accionado, al modificar el fallo de primera instancia y condenarla al pago de perjuicios morales causados por el fallecimiento de Julio Gentil Lozano y declarar no probada la excepci\u00f3n de \u201cinexistencia de prueba de da\u00f1o moral reclamados por los demandantes\u00bb. <\/p>\n
2. Revisadas las piezas procesales allegadas, observa la Sala que la promotora no se encuentra legitimada para instaurar la presente tutela, dado que no alleg\u00f3 poder especial, otorgado en debida forma, que la faculte a intervenir en esta causa. <\/p>\n
2.1. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales, de manera que el profesional del derecho que la representa en el proceso rebatido o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n2. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, la tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Luis Eduardo Figueroa S\u00e1nchez, sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, por cuanto, aunque se precisa la autoridad accionada, no se determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni se hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las providencias que originan el mandado otorgado para una acci\u00f3n constitucional ni los derechos invocados lo cual impide analizar el fondo del asunto3. <\/p>\n
3. En consecuencia, la tutela es improcedente. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo -Tolima-, Sociedad Marketin e Inversiones S.A.S., N\u00e9stor Casta\u00f1eda Ram\u00edrez, Santiago Lozano Triana, Stella Mar\u00eda Triana Andrade, Axa Colpatria Seguros S.A. <\/p>\n
2\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
3\u0002 En t\u00e9rminos similares ver CSJ STC2529-2023, CSJ STC3112-2023, CSJ STC3116-2023. <\/p>\n
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