STC5274-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5274-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2023-00278-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 30 de marzo de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por EGCG contra el Juzgado D\u00e9cimo de Familia y la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II, ambas autoridades de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso debatido1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes para lo que se debe resolver: <\/p>\n
2.1. La Comisaria Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II, el 4 de junio de 2015 dict\u00f3 medida de protecci\u00f3n en favor de SMAG, en el proceso administrativo adelantado en su contra por violencia intrafamiliar de radicado XXX-20XX RUG XXX-20XX. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, en raz\u00f3n a los nuevos hechos de violencia denunciados y acreditados, se sancion\u00f3 al accionante con el pago de 2 smlmv en providencia del 10 de febrero de 2017. Decisi\u00f3n confirmada por el Juzgado D\u00e9cimo de Familia el 14 de marzo de 2017. <\/p>\n
2.3. El 23 de agosto de 2021, la Comisar\u00eda declar\u00f3 probado el segundo incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n y sancion\u00f3 al actor a 30 d\u00edas de arresto entre otras determinaciones. En grado jurisdiccional de consulta el juzgado, el 27 de julio de 2022, confirm\u00f3 el ordinal primero, que declar\u00f3 el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n y revoc\u00f3 el numeral segundo, para en su lugar imponer multa equivalente a 3 smlmv, convertibles en arresto a raz\u00f3n de 3 d\u00edas por cada salario dejado de cancelar. Concedi\u00f3 5 d\u00edas para realizar el pago. <\/p>\n
2.4. El 1 de noviembre de 2022, el juzgado acusado profiri\u00f3 orden de arresto contra el accionante por el t\u00e9rmino de 9 d\u00edas, en raz\u00f3n a que no acredit\u00f3 el pago respectivo. El 28 de noviembre siguiente, previo a resolver la petici\u00f3n del actor de autorizar el cumplimiento de arresto en el domicilio, dispuso correr traslado a la incidentante y Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
2.5. El 9 de febrero de 2023, neg\u00f3 la solicitud de cumplimiento del arresto ordenado el 1 noviembre de 2022 en el lugar del domicilio del incidentado. <\/p>\n
2.6. El promotor censura que cuando se acerc\u00f3 a la Comisaria de Familia \u00abel 14 de marzo de 2023 me notificaron la decisi\u00f3n y me indicaron que contaba con tres d\u00edas, pero no me indicaron para que\u00bb, y que su intenci\u00f3n es pagar la sanci\u00f3n impuesta, sin embargo al no generarle un recibo para su pago antes de que se hiciera efectiva la orden de arresto, lo perjudic\u00f3, ya que es una persona \u00abcerca de la tercera edad, padezco unos problemas de salud, aunado a que en la actualidad soy padre de cabeza de un hijo quien en la actualidad se encuentra estudiando, y al hacer efectiva la sanci\u00f3n dejar\u00eda desprotegido a mi hijo\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, a las autoridades accionadas \u00abproferir nueva providencia con el fin de que ordenen la expedici\u00f3n del respectivo recibo de pago para la sanci\u00f3n impuesta\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. Las autoridades judiciales accionadas, en escritos separados, respaldaron lo actuado y remitieron los enlaces de acceso al expediente. <\/p>\n
2. SAG, se opuso a la prosperidad del ruego. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda exigida, de una parte, encontr\u00f3 razonable le decisi\u00f3n recurrida, de 9 de febrero de 2023 que resolvi\u00f3 la sustituci\u00f3n de la medida de arresto en establecimiento carcelario por detenci\u00f3n domiciliaria. Frente a solicitud de expedici\u00f3n de un nuevo recibo para el pago de la sanci\u00f3n no encontr\u00f3 acreditado que el accionante lo hubiese solicitado expresamente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor manifestando \u00abimpugno la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad de Familia cuestionada, vulner\u00f3 los derechos del accionante, con ocasi\u00f3n de la decisi\u00f3n proferida el 9 de febrero del presente a\u00f1o que resolvi\u00f3 la solicitud de sustituci\u00f3n de la medida de arresto en establecimiento carcelario por detenci\u00f3n domiciliaria deprecada por el actor. <\/p>\n
2. Centrado el an\u00e1lisis en el prove\u00eddo proferido por el Juzgado del Circuito encartado, el 9 de febrero del presente a\u00f1o, se observa que, el despacho tras analizar el r\u00e9gimen de incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n, advirti\u00f3, que si bien la ley 294 de 1996 no contempla la posibilidad de modificar a domiciliario la sanci\u00f3n de arresto, en caso de no pago de la multa por incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, \u00ablo cierto es que, de acuerdo a lo indicado por la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 11 de mayo de 2020, llama a hacerlo teniendo en cuenta la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb; luego resalt\u00f3 que: <\/p>\n
en el presente asunto, se tiene que el demandado se encuentra obligado a responder econ\u00f3micamente por sus hijos de acuerdo a lo establecido por autoridad judicial, sin embargo del dicho de la accionante y atendiendo la documental aportada por el se\u00f1or C, se tiene que dicha obligaci\u00f3n corresponde al 50% de los gastos de educaci\u00f3n (matr\u00edcula, pensiones, libros, \u00fatiles escolares, uniformes, seguro m\u00e9dico y gastos extracurriculares) sin que se hubiera demostrado que la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n de arresto afectara de alguna manera el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias pues esta se dispuso por 9 d\u00edas. <\/p>\n
[\u2026] frente a sus afecciones m\u00e9dicas, [\u2026] no se aport\u00f3 al plenario documento alguno en los t\u00e9rminos exigidos por la Ley 23 de 1981 en consonancia con el Decreto 780 de 2016, esto es, un certificado m\u00e9dico que acredite con el lleno de los requisitos exigidos en el art\u00edculo 51 de la norma citada que el accionado no puede cumplir su sanci\u00f3n en los t\u00e9rminos legales establecidos [\u2026] <\/p>\n
Aunado a lo anterior, estableci\u00f3 que en virtud de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m Do Par\u00e1 y reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional -T-338-2018-, no se permisible tolerar agresiones contra la mujer u otro tipo de grupos especialmente protegidos y, \u00absi bien se dio al solicitante la oportunidad para acreditar los fundamentos de su petici\u00f3n de arresto domiciliario, no menos cierto es que no alleg\u00f3 prueba alguna que lleve a la convicci\u00f3n a esta Juzgadora de autorizar su prerrogativa\u00bb y, con fundamento en ello, deneg\u00f3 la solicitud de arresto domiciliario deprecado. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las actuaciones surtidas y las pruebas allegadas, bajo una hermen\u00e9utica plausible y con argumentos que no lucen irrazonables ni carentes de fundamento objetivo y, por tanto, la intervenci\u00f3n del juez constitucional es inviable, pues no est\u00e1 instituido para realizar una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb2, aunado a que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb3. <\/p>\n
4. A lo anterior se suma que el actor no acredit\u00f3 haber solicitado la expedici\u00f3n del recibo de pago de la multa ante ninguna de las autoridades accionadas, por ninguno de los canales habilitados para ello, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda residual y subsidiaria. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular ver sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
3\u0002 Ver cita en los fallos CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022 y CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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