STP5462-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STP5462-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 130950 <\/p>\n
(Aprobado Acta n\u00ba102) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
<\/p>\n
I. OBJETO DE LA DECISI\u00d3N <\/p>\n
La Sala resuelve la acci\u00f3n de tutela promovida por Hugo Boris Fern\u00e1ndez Mej\u00eda, contra el Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cali, y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, por la presunta vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
En s\u00edntesis, el accionante argumenta que las sentencias proferidas el 9 de noviembre de 2015 y el 29 de julio de 2016 por el Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cali, y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, respectivamente, incurrieron en una v\u00eda de hecho porque \u201c no tuvieron en cuenta (\u2026) la vulneraci\u00f3n al debido proceso dada la falta de materialidad de los delitos imputados y otras circunstancias de orden f\u00e1ctico y jur\u00eddico que hubiera dado lugar a que a mi favor se hubiera proferido una sentencia de car\u00e1cter absolutorio\u201d. <\/p>\n
Al presente tramite fueron vinculadas todas las partes e intervinientes dentro del proceso penal con radicado 760016000195201300637, seguido contra Hugo Boris Fern\u00e1ndez Mej\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
I. HECHOS <\/p>\n
1.- El 9 de noviembre de 2015, el Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cali, conden\u00f3 a Hugo Boris Fern\u00e1ndez Mej\u00eda y Wilson Saavedra Guevara, a la pena de doscientos cuarenta y ocho (248) meses de prisi\u00f3n por el delito de secuestro extorsivo agravado y secuestro simple en calidad de c\u00f3mplice. <\/p>\n
2.- El 29 de julio de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, en sede de segunda instancia, confirm\u00f3 \u00edntegramente el fallo de primer grado. Esta decisi\u00f3n qued\u00f3 debidamente ejecutoriada el 20 de octubre de esa anualidad, ante la falta de interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. ANTECEDENTES PROCESALES <\/p>\n
3.- La acci\u00f3n de tutela fue repartida al Despacho el 19 de mayo de 2023 y admitida mediante auto del 24 de mayo de 2023, en el que se orden\u00f3 enterar a las accionadas y vincular a todas las partes e intervinientes dentro del proceso penal seguido en contra del accionante, identificado con el radicado n\u00ba 760016000195201300637. <\/p>\n
4.- Hugo Boris Fern\u00e1ndez Mej\u00eda, promovi\u00f3 solicitud de amparo en contra de las decisiones que lo condenaron porque consider\u00f3 que las instancias incurrieron en v\u00eda de hecho. Al respecto, asegur\u00f3 que no se valoraron correctamente las razones de orden f\u00e1ctico y jur\u00eddico tratadas en su proceso, pues de ser as\u00ed, se hubiera dictado sentencia absolutoria, por lo cual depreca la nulidad de todo lo actuado. <\/p>\n
4.- En contestaci\u00f3n a esta tutela, el titular del Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cali, a trav\u00e9s de oficio 0183 del 24 de mayo de 2023, identific\u00f3 las providencias cuestionadas y, adem\u00e1s, manifest\u00f3 que su despacho no ha vulnerado derechos fundamentales, raz\u00f3n por la cual, solicit\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5.- Asimismo, un Magistrado integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, asegur\u00f3 que la decisi\u00f3n de segunda instancia aprobada seg\u00fan acta No. SA-188 del 29 de julio de 2016, se emiti\u00f3 conforme a derecho, la normatividad vigente y la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de justicia. En ese sentido, asegur\u00f3 que la providencia es razonable y no presenta ning\u00fan vicio o defecto especifico. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que, en contra de la misma, no interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por lo cual cobr\u00f3 ejecutoria el 20 de octubre de 2016, por tanto, el proceso fue remitido a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, vigilado actualmente por el Juzgado 29 de esa especialidad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que la acci\u00f3n constitucional debe ser declarada improcedente dado que, no cumple con los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
6.- Por \u00faltimo, la Procuradora Judicial ll en asuntos Penales, adver\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela se torna del todo improcedente, de igual manera, indica que no se pone de presente perjuicios irremediables para flexibilizar los respectivos requisitos. En consecuencia, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
7.- Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
a. Competencia <\/p>\n
8.- La Corte es competente para conocer de la petici\u00f3n de amparo al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, toda vez que el ataque involucra a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, respecto de la cual ostenta la calidad de superior funcional. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
9.- De acuerdo con los hechos del caso, a la Sala le corresponde determinar si las providencias judiciales proferidas por las autoridades accionadas incurrieron en v\u00eda de hecho por desconocimiento de supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos dentro del proceso penal seguido contra Hugo Boris Fern\u00e1ndez Mej\u00eda, lo cual gener\u00f3, en el sentir del actor, la nulidad del proceso. <\/p>\n
c. Sobre la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
11.- La Corte Constitucional ha precisado que la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo excepcional, de tal forma que, su aplicaci\u00f3n no puede generar afectaciones a la seguridad jur\u00eddica ni a la autonom\u00eda funcional de los jueces. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
12.- Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia CC C\u2013590 de 2005 expres\u00f3 que la tutela contra providencias judiciales es excepcional\u00edsima y solo procede cuando se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad: unos de car\u00e1cter general, que habilitan la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n y otros de car\u00e1cter espec\u00edfico, relacionados con la procedencia del amparo. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
12.1.- En relaci\u00f3n con los \u00abrequisitos generales\u00bb de procedencia deben acreditarse, y en su orden, los siguientes: (i) la relevancia constitucional del asunto; (ii) el agotamiento de todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; (iii) la inmediatez, (iv) que se trate de una irregularidad procesal que tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisi\u00f3n cuestionada; (v) que se identifiquen razonablemente los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n y los derechos afectados y que se hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dict\u00f3 la providencia atacada; y (vi) que no se trate de una tutela contra tutela. Si falta al menos uno de estos requisitos la solicitud de amparo debe declararse improcedente. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
12.2.- Por su parte, los \u00abrequisitos o causales espec\u00edficas\u00bb hacen referencia a determinados escenarios especiales que afectan la integridad de la decisi\u00f3n judicial y que justifican la intervenci\u00f3n del juez constitucional para salvaguardar los derechos fundamentales. En este sentido, para que prospere una tutela contra una providencia judicial se requiere que se presente, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos: defecto org\u00e1nico; procedimental absoluto; defecto f\u00e1ctico; defecto sustantivo; error inducido; falta de motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; o violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. En caso de que, luego de realizar el an\u00e1lisis de fondo, se advierta la configuraci\u00f3n de uno o m\u00e1s de estos defectos o vicios, lo que sigue por parte del juez constitucional es conceder el amparo y, en caso contrario, negarlo. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
13.- A pesar de que hoy estos par\u00e1metros son aceptados en las diferentes jurisdicciones, es necesario insistir en que ellos definen una metodolog\u00eda estricta de an\u00e1lisis frente a las tutelas contra providencias judiciales. As\u00ed, en primer lugar, deben analizarse siempre y en orden los \u00abrequisitos generales\u00bb de procedibilidad. La ausencia de uno solo de ellos supone necesariamente la declaratoria de improcedibilidad de la acci\u00f3n. Si, por el contrario, concurren los requisitos generales, en segundo lugar, lo que sigue es el an\u00e1lisis de la(s) \u00abcausal(es) espec\u00edfica(s)\u00bb de procedencia que eventualmente se configure(n) de acuerdo con los hechos y particularidades de cada caso. Si el juez constitucional encuentra acreditada al menos una de esas causales, lo que procede entonces es conceder el amparo solicitado. A continuaci\u00f3n, se realizar\u00e1 este an\u00e1lisis en el caso concreto. <\/p>\n
d. An\u00e1lisis de la configuraci\u00f3n de los \u00abrequisitos generales\u00bb de procedibilidad <\/p>\n
14.- En el caso concreto, el asunto sometido a consideraci\u00f3n ostenta relevancia constitucional, pues se discute la vulneraci\u00f3n al debido proceso. Sin embargo, el actor no agot\u00f3 todos los medios de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance para proteger sus derechos fundamentales. En consecuencia, la solicitud de amparo no satisface todos los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
15.- De acuerdo con la informaci\u00f3n obrante en este proceso constitucional, la causa penal seguida contra Hugo Boris Fern\u00e1ndez Mej\u00eda, \u00fanicamente surti\u00f3 la primera y segunda instancia y, en ambos escenarios procesales las autoridades judiciales concluyeron la responsabilidad penal del acusado en relaci\u00f3n con la comisi\u00f3n de los delitos de secuestro extorsivo agravado y secuestro simple en calidad de c\u00f3mplice. <\/p>\n
16.- Ahora bien, de acuerdo con el art\u00edculo 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal actual, el recurso de casaci\u00f3n procede, sin excepci\u00f3n, \u201ccontra las sentencias proferidas en segunda instancia \u2026\u201d. Adem\u00e1s, este recurso se ofrece id\u00f3neo y eficaz para resolver el debate que el actor plantea ahora en sede de tutela, pues con su interposici\u00f3n se hubiera habilitado la competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia para ejercer el control constitucional y legal sobre las providencias condenatorias de instancia, bajo los presupuestos alegados por el accionante seg\u00fan los cuales su condena no qued\u00f3 debidamente estructurada. <\/p>\n
17.- Sin embargo, Fern\u00e1ndez Mej\u00eda, no promovi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n y, una vez consultadas las bases de datos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corporaci\u00f3n no se tiene constancia que el proceso haya llegado a instancias de la Corte para su conocimiento. Es m\u00e1s, el Magistrado que integra la Sala Penal del Tribunal accionando, inform\u00f3 que el 23 de noviembre de 2016, el expediente se remiti\u00f3 a Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali para lo de su competencia, y actualmente es vigilado por el Juzgado 29 de esa especialidad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
18.- El demandante no argumenta posibles yerros en el proceso de notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de segunda instancia o cualquier otra eventualidad que le haya impedido interponer el recurso de casaci\u00f3n en el tiempo legalmente estimado. Adem\u00e1s, la Sala tampoco advierte, de oficio, deficiencias procesales en el acto de comunicaci\u00f3n de la providencia refutada que puedan habilitar la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
19.- La Sala considera que al juez constitucional no le est\u00e1 permitido anticiparse a las causas ordinarias o intervenir en ellas, debido a que el ordenamiento jur\u00eddico ofrece a los sujetos procesales alternativas id\u00f3neas y eficaces para impulsar sus pretensiones al interior de los procesos especializados y la inobservancia de esos escenarios naturales de discusi\u00f3n genera la improcedencia de la solicitud de amparo. Adem\u00e1s, la acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada como medio para revivir oportunidades procesales o actuaciones que los intervinientes dejaron vencer o superar de acuerdo a los par\u00e1metros legales del tr\u00e1mite. <\/p>\n
20.- Asumir una postura como la pretendida por el actor, implicar\u00eda desconocer y pretermitir los procedimientos y decisiones que en ejercicio de su competencia deben emitir los funcionarios judiciales y las ritualidades procesales que el legislador a dispuesto para cada asunto en concreto, lo cual est\u00e1 en abierta contraposici\u00f3n a la finalidad y alcance de la tutela, pues el mecanismo constitucional ha sido instituido para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales, pero, se reitera, no es una instancia adicional o alternativa a la de los jueces u organismos competentes. <\/p>\n
21.- Adem\u00e1s, para la Sala no pasa inadvertido el hecho de que la providencia de segunda instancia la profiri\u00f3 el Tribunal Superior de Cali el 29 de julio de 2016, lo que implica que han transcurrido aproximadamente seis (6) a\u00f1os y diez (10) meses desde emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n refutada y la formulaci\u00f3n de la solicitud de amparo. En consecuencia, la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Fern\u00e1ndez Mej\u00eda desconoce el requisito de inmediatez, pues el lapso comprendido entre la ocurrencia de la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales y la instauraci\u00f3n del ruego constitucional es desproporcional e irrazonable. <\/p>\n
e. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
23.- La Sala declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela formulada por Hugo Boris Fern\u00e1ndez Mej\u00eda, porque incumple los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, en concreto, el de subsidiariedad y el de inmediatez, ya que el actor no agot\u00f3 todos los medios de defensa judicial que ten\u00eda a su disposici\u00f3n y, adem\u00e1s, acudi\u00f3 al juez de tutela seis a\u00f1os y diez meses despu\u00e9s de la presunta configuraci\u00f3n de la violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n.\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero. Declarar improcedente la solicitud de amparo formulada por Hugo Boris Fern\u00e1ndez Mej\u00eda. <\/p>\n
Segundo. Ordenar que, si la decisi\u00f3n no es impugnada ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta corporaci\u00f3n, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
FERNANDO LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N <\/p>\n
Nubia Yolanda Nova Garc\u00eda <\/p>\n
Secretaria <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STP5462-2023 FERNANDO LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS Magistrado Ponente STP5462-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 130950 (Aprobado Acta n\u00ba102) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). I. OBJETO DE LA DECISI\u00d3N La Sala resuelve la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73676","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73676","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73676"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73676\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73676"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73676"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73676"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}