AC1324-2023 (2016-00027-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1324-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 76622-31-03-001-2016-00027-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por Reina Luc\u00eda Mej\u00eda Sierra para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 16 de febrero de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, en el proceso declarativo promovido por Ana Mar\u00eda, Iv\u00e1n David, Juan Sebasti\u00e1n, Gustavo Adolfo y Santiago Andr\u00e9s Mej\u00eda Zapata contra la opugnadora, Sagico Mej\u00eda S. en C. Sociedad Agr\u00edcola, Ganadera, Industrial y Constructora \u2013 en liquidaci\u00f3n, Inversiones Asturias S.A., Ricardo Mej\u00eda Pastrana, Claudia Jimena Mej\u00eda Pastrana, Marco Antonio Arango Amaya, Martha Luz Barbosa Valderrama, Samuel Antonio Bedoya Correa, Gustavo Sep\u00falveda Pe\u00f1a, Mauricio Alfredo Mej\u00eda Gonz\u00e1lez y los herederos indeterminados del causante Ricardo Mej\u00eda Jaramillo; tr\u00e1mite al que fueron vinculados Mauricio Alfredo Mej\u00eda Gonz\u00e1lez, Jorge Emilio, Rub\u00e9n Dar\u00edo, Alba Lucia e Isabel Sierra Montoya y los herederos indeterminados de Alba Mar\u00eda Montoya de Sierra. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ana Mar\u00eda, Iv\u00e1n David, Juan Sebasti\u00e1n, Gustavo Adolfo y Santiago Andr\u00e9s Mej\u00eda Zapata instaron como pretensi\u00f3n principal la \u00absimulaci\u00f3n absoluta\u00bb del negocio jur\u00eddico de constituci\u00f3n de la empresa Sagico Mej\u00eda Sociedad Agr\u00edcola, Ganadera, Industrial y Constructora S. en C., por incumplimiento de sus elementos esenciales y naturales, concretamente, por \u00abno existir consentimiento\u00bb, \u00abno haberse pagado el precio que figura pactado\u00bb y \u00abno haberse realizado la entrega de los inmuebles\u00bb identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 380-5958, 380-15112, 380-15113, 380-15114, 380-2072, 380-1168, 380-1210, 380-1209, 380-23206 y 380-43416, antes distinguido con el 380-15111. <\/p>\n
Como primera subsidiaria invocaron la \u00abnulidad absoluta por objeto il\u00edcito\u00bb del contrato societario al \u00abcontrariar todas las normas de la compraventa, la donaci\u00f3n, sucesi\u00f3n, consagradas en el C\u00f3digo Civil y las de constituci\u00f3n de sociedades y su liquidaci\u00f3n consagradas en el C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
Y en consecuencia de los anteriores pedimentos, exigieron la \u00abanulaci\u00f3n\u00bb de la escritura p\u00fablica 3 otorgada el 10 de enero de 1992 ante la Notar\u00eda \u00danica de Roldanillo. <\/p>\n
Como pretensiones segunda y tercera subsidiarias respectivamente pidieron declarar \u00ababsolutamente simulado\u00bb o la \u00abnulidad absoluta\u00bb de la enajenaci\u00f3n de los predios con matr\u00edcula inmobiliaria 380-15112, 380-15113, 380-15114, 380-2072, 380-1168, 380-1210, 380-23206 y 380-43416, antes distinguido con el 380-15111 que realiz\u00f3 Sagico Mej\u00eda S. en C., se anulen y cancelen las escrituras p\u00fablicas pertinentes, para que los bienes retornen al patrimonio de esta sociedad. <\/p>\n
Para soportar tales reclamos relataron que, en vida, su progenitor Ricardo Mej\u00eda Jaramillo constituy\u00f3 la sociedad Mej\u00eda S. en C., a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 3 otorgada el 10 de enero de 1992 ante la Notar\u00eda \u00danica de Roldanillo, empresa que se declar\u00f3 en situaci\u00f3n de \u00abdisoluci\u00f3n y en estado de liquidaci\u00f3n\u00bb, mediante escritura p\u00fablica 5562 de 21 de diciembre de 2001 de la Notar\u00eda Primera de Pereira. <\/p>\n
Aunque la escritura de constituci\u00f3n establec\u00eda en el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 14 que al \u00abmomento de la liquidaci\u00f3n\u00bb las utilidades se distribuir\u00edan entre los socios en la misma proporci\u00f3n de los aportes de capital y previa deducci\u00f3n de las reservas legales y ocasionales, dicha estipulaci\u00f3n no fue acatada por la liquidadora Reina Lucia Mej\u00eda Sierra, quien aparece con \u00abbienes a su nombre\u00bb y ha transferido algunas propiedades de la sociedad a \u00abdiferentes personas\u00bb, sin entregarles los porcentajes de participaci\u00f3n que les corresponde como socios en el proceso liquidatorio que a\u00fan se encuentra vigente. <\/p>\n
El causante adquiri\u00f3 todos los inmuebles \u00aba su propio nombre y como persona natural\u00bb y los aport\u00f3 a Sagico Mej\u00eda S. en C., la cual conserva su titularidad en los identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias 380-5958 y 380-1209. Sin embargo, otros bienes han sido transferidos por diversas modalidades contractuales a distintas personas, quienes a su vez los han vendido a la accionada Reina Lucia Mej\u00eda Sierra. <\/p>\n
As\u00ed, seg\u00fan consta en la escritura 872 de 30 de diciembre de 2002 de la Notar\u00eda de la Victoria, Sagico Mej\u00eda S. en C. entreg\u00f3 a Inversiones Asturias S.A. en \u00abdaci\u00f3n en pago\u00bb los bienes con matr\u00edcula 380-43416, 380-15112, 380-15113 y 380-15114. A trav\u00e9s del mismo instrumento la adquirente transfiri\u00f3 el \u00abusufructo\u00bb de todos ellos a Martha Luz Barbosa Valderrama. <\/p>\n
Tiempo despu\u00e9s, mediante escritura 2302 de 3 de junio de 2004 en la Notar\u00eda Trece de Cali dicha empresa vendi\u00f3 la \u00abnuda propiedad\u00bb en los mismos, en su orden, a Gustavo Sepulveda Pe\u00f1a, Martha Luz Barbosa Valderrama y Alba Marina Montoya de Sierra, quienes transfirieron sus respectivos derechos a la hoy demandada Reina Luc\u00eda Mej\u00eda Sierra, a trav\u00e9s de los contratos de compraventa contenidos en las escrituras 595 y 596, ambas del 23 de septiembre de 2004 de la Notar\u00eda de La Victoria; 1876 de 16 de octubre de 2007, de la Notar\u00eda Quinta de Manizales y 1608 del 12 de junio de 2009 de la Notar\u00eda D\u00e9cima de Cali. <\/p>\n
De igual forma, Sagico Mej\u00eda S. en C. vendi\u00f3 el predio registrado en el folio 380-2072 a Samuel Antonio Bedoya Correa, por escritura p\u00fablica 4708 de 30 de diciembre de 2013 de la Notar\u00eda Novena de Cali; y los identificados con las matr\u00edculas 380-1168, 380-23206 y 380-1210 a Marco Antonio Arango Maya y Martha Luz Barbosa Valderrama, seg\u00fan consta en la escritura 868 de 30 de diciembre de 2002, de la Notar\u00eda de La Victoria, quienes a su vez transfirieron los dos primeros bienes a Reina Luc\u00eda Mej\u00eda Sierra por escritura 949 de 30 de diciembre de 2002 y el \u00faltimo a Claudia Jimena Mej\u00eda Pastrana por escritura 950 de 20 de junio de 2003, ambas escrituras otorgadas en la Notar\u00eda de Roldanillo. <\/p>\n
En todas estas negociaciones los contratantes incurrieron en \u00abnulidad absoluta por objeto il\u00edcito en los t\u00e9rminos del art. 1510 del C\u00f3digo Civil\u00bb, en tanto se encuentra viciado el \u00abconsentimiento\u00bb, ya que la finalidad de las mismas era excluir bienes de la sociedad para traspasarlos a la demandada Mej\u00eda Sierra, a trav\u00e9s de figuras como la compraventa de nuda propiedad y usufructos a terceras personas. <\/p>\n
Adicionalmente, con la constituci\u00f3n de la sociedad en comandita simple el causante disfraz\u00f3 su verdadero inter\u00e9s de entregarle todos sus bienes a su heredera Reina Luc\u00eda Mej\u00eda Sierra, prop\u00f3sito que se enmarca en un contrato simulado, totalmente diferente al negocio societario, que no cumpli\u00f3 el fin propuesto respecto de todos los socios. Aunque la empresa est\u00e1 en liquidaci\u00f3n, no se cumpli\u00f3 con la distribuci\u00f3n de las utilidades en los porcentajes que correspond\u00eda a cada uno de los asociados, con lo que el \u00abmanejo absoluto de los bienes\u00bb qued\u00f3 en manos de la accionada, quien se ha negado a constituir la junta asesora de la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
De esta forma, \u00abexiste nulidad por inexistencia del contrato [societario] al carecer de causa y efecto\u00bb, dado que el objeto del mismo result\u00f3 ajeno al \u00abprop\u00f3sito societario\u00bb y como \u00abprueba irrefragable\u00bb de las ventas simuladas se encuentran los contratos que celebr\u00f3 el socio gestor Ricardo Mej\u00eda Jaramillo, con posterioridad a la disoluci\u00f3n de la sociedad contenida en la escritura p\u00fablica 5562 de 21 de diciembre de 2001 de la Notar\u00eda Primera de Pereira, en los que desplaz\u00f3 a la liquidadora de la sociedad, con el \u00abcolutivo (sic) prop\u00f3sito defraudatorio de los aqu\u00ed demandantes\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, despu\u00e9s del deceso de su progenitor, Reina Luc\u00eda Mej\u00eda Sierra acudi\u00f3 a \u00abargucias jur\u00eddicas\u00bb para obtener la \u00abplena propiedad\u00bb de los distintos bienes enajenados por el causante o la venta de otros predios mediante actos que no correspond\u00edan al \u00abgiro normal de los negocios de la sociedad\u00bb, en los que no se recibi\u00f3 el \u00abprecio\u00bb o a trav\u00e9s de \u00abventas totalmente simuladas\u00bb dirigidas a desplazar \u00abilegalmente\u00bb a los dem\u00e1s herederos forzosos (fs. 126 a 184 C.1 \u2013 Archivo PDF Cuaderno Principal Parte 1). <\/p>\n
2. Reina Lucia Mej\u00eda Sierra y Sagico Mej\u00eda, Sociedad Agr\u00edcola, Ganadera, Industrial, Comercial y Constructora S. en C. \u2013 en liquidaci\u00f3n se opusieron a esas reclamaciones y formularon como excepciones la \u00abprescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de nulidad absoluta (escritura p\u00fablica 03 de 1992)\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria de la acci\u00f3n de nulidad absoluta (escritura p\u00fablica 03 de 1992)\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de nulidad absoluta (escrituras p\u00fablicas 872 de 2002, 2302 de 2004, 596 de 2004, 2300 de 2004, 595 de 204, 2301 de 2004, 868 de 2002, 949 de 2003, 950 de 2003)\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria de la acci\u00f3n de nulidad absoluta (escrituras p\u00fablicas 872 de 2002, 2302 de 2004, 596 de 2004, 2300 de 2004, 595 de 204, 2301 de 2004, 868 de 2002, 949 de 2003, 950 de 2003)\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n\u00bb, \u00abincompatibilidad de las figuras jur\u00eddicas de nulidad absoluta y simulaci\u00f3n absoluta respecto de los mismos actos\u00bb, \u00abconfusi\u00f3n, error y falsedad en las consideraciones expuestas en el hecho 2.5 de la demanda\u00bb, \u00abfalta de inter\u00e9s jur\u00eddico de la parte demandante conforme a las consideraciones narradas en la demanda en el hecho 2.8\u00bb, \u00abcontradicci\u00f3n de las pretensiones de la demanda, conforme a las consideraciones narradas en el hecho 2.9\u00bb, \u00abinexistencia de causales para invocar la nulidad por objeto il\u00edcito, conforme a las pretensiones narradas en el hecho 2.10\u00bb, \u00abconfusi\u00f3n de la voluntad del socio gestor con el objeto social desarrollado por la sociedad Sagico Mej\u00eda S en C\u00bb, \u00abfalta de elementos para solicitar la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n de los actos jur\u00eddicos relacionados en el hecho 2.12\u00bb y \u00abpresunci\u00f3n de cumplimiento del objeto social por parte de la sociedad Sagico Mej\u00eda S en C\u00bb. (fs. 379 a 443 C.1 \u2013 Archivo PDF Cuaderno Principal Parte 1) <\/p>\n
Claudia Jimena Mej\u00eda Pastrana y Ricardo Mej\u00eda Pastrana en forma expresa se allanaron a la segunda pretensi\u00f3n subsidiaria, se opusieron a las restantes, sin presentar excepciones (fs. 312 a 322 y 326 a 337 C.1 – Archivo PDF Cuaderno Principal Parte 1). <\/p>\n
Inversiones Asturias S.A. se opuso parcialmente a la segunda y tercera pretensi\u00f3n subsidiaria y, en tal sentido, plante\u00f3 como excepciones la \u00abbuena fe en la contrataci\u00f3n\u00bb y \u00abausencia de responsabilidad de la sociedad Inversiones Asturias\u00bb (fs. 342 a 353 C.1 – Archivo PDF Cuaderno Principal Parte 1). <\/p>\n
La contestaci\u00f3n de Martha Luz Barbosa Valderrama y Marco Antonio Arango Maya fue extempor\u00e1nea (fs. 556 a 583 y 586-587 C.1 – Archivo PDF Cuaderno Principal Parte 1). <\/p>\n
Mauricio Alfredo Mej\u00eda Gonz\u00e1lez se allan\u00f3 a las pretensiones, pero excepcion\u00f3 la \u00abprejudicialidad civil en materia sucesoral\u00bb (fs. 655 a 658 C.1 – Archivo PDF Cuaderno Principal Parte 1). <\/p>\n
El Curador ad litem de Samuel Antonio Bedoya Correa, Gustavo Sepulveda Pe\u00f1a, Alba Mar\u00eda Montoya de Sierra, Personas Indeterminadas y Herederos de Ricardo Mej\u00eda Jaramillo no formul\u00f3 ninguna contradicci\u00f3n al l\u00edbelo (fs. 895-897 C.1 – Archivo PDF Cuaderno Principal Parte 2). <\/p>\n
3. El Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo, en audiencia celebrada el 26 de junio de 2018, neg\u00f3 las pretensiones \u00abporque no se prob\u00f3 la simulaci\u00f3n\u00bb de la constituci\u00f3n de Sagico Mej\u00eda S. en C., Sociedad Agr\u00edcola, Ganadera, Industrial, Comercial y Constructora incorporada en la escritura p\u00fablica 3 de enero 10 de 1992, de la Notar\u00eda \u00danica de esa ciudad y, en consecuencia, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares decretadas. <\/p>\n
El fallo fue apelado por los demandantes y los demandados Claudia Jimena Mej\u00eda Pastrana, Ricardo Mej\u00eda Pastrana y Mauricio Alfredo Mej\u00eda Gonz\u00e1lez (fs. 936 a 939 C.1 – Archivo Audiovisual y PDF Cuaderno Principal Parte 2). <\/p>\n
4. Por auto de 8 de octubre de 2019, el Tribunal Superior de Buga se abstiene de resolver la alzada y ordena la devoluci\u00f3n del expediente al a quo para que profiera la sentencia complementaria que decida sobre las pretensiones subsidiarias (fs. 109 a 116 Cuaderno 3 Tribunal). <\/p>\n
5. En cumplimiento de esa determinaci\u00f3n, el 18 de diciembre de 2020, el Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo complement\u00f3 su fallo, neg\u00f3 la primera pretensi\u00f3n subsidiaria de nulidad absoluta por objeto il\u00edcito del negocio jur\u00eddico de constituci\u00f3n de la sociedad Sagico Mej\u00eda S. en C.; declar\u00f3 \u00ababsolutamente simulados\u00bb los contratos de compraventa contenidos en la \u00ab1) Escritura P\u00fablica No. 872 del 30 de diciembre de 2002 de la Notar\u00eda de la Victoria Valle. 2) Escritura P\u00fablica No. 868 del 30 de diciembre de 2002 de la Notar\u00eda de la Victoria Valle, 3) Escritura P\u00fablica No. 949 del 20 de junio de 2003 de la Notar\u00eda de Roldanillo Valle, 4) Escritura P\u00fablica No. 950 del 20 de junio de 2003 de la Notar\u00eda de Roldanillo Valle, 5) Escritura P\u00fablica No. 2.300 del 3 de junio de 2004 de la Notar\u00eda Trece del C\u00edrculo de Cali, 6) Escritura P\u00fablica No. 2.301 del 3 de junio de 2004 de la Notar\u00eda Trece del C\u00edrculo de Cali, 7- Escritura P\u00fablica No. 2302 del 3 de junio de 2004 de la Notar\u00eda Trece del C\u00edrculo de Cali, 8) Escritura P\u00fablica No. 595 del 23 de septiembre de 2004, corrida en la Notar\u00eda \u00danica de la Victoria Valle, 9- Escritura P\u00fablica No. 596 del 23 de septiembre de 2004, corrida en la Notar\u00eda \u00danica de la Victoria Valle, 10- Escritura P\u00fablica No. 1876 del 6 de octubre de 2007 corrida en la Notar\u00eda Quinta del C\u00edrculo de Manizales, 11) Escritura P\u00fablica No. 1608 del 12 de junio de 2009, de la Notar\u00eda D\u00e9cima de Cali, 12- Escritura P\u00fablica No. 4708 del 30 de diciembre de 2013 de la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Cali\u00bb; orden\u00f3 la \u00abcancelaci\u00f3n\u00bb de las escrituras p\u00fablicas y de su respectivo registro y la \u00abrestituci\u00f3n de los inmuebles a la sociedad Sagico Mej\u00eda S. en C. en liquidaci\u00f3n\u00bb; y, finalmente, declar\u00f3 no probadas las excepciones de los demandados (Archivo PDF \u201c18SENT-195_Complementaria\u201d Cuaderno Principal Parte 3). <\/p>\n
Esta determinaci\u00f3n fue apelada por las demandadas Reina Luc\u00eda Mej\u00eda Sierra y Sagico Mej\u00eda, Sociedad Agr\u00edcola, Ganadera, Industrial, Comercial y Constructora S. en C. \u2013 en liquidaci\u00f3n (Archivos PDF \u201c19Apelacion_SentComp\u201d y \u201c20Apelacion_ SentComp\u201d \u2013 Cuaderno Principal Parte 3). <\/p>\n
6. El ad quem modific\u00f3 la sentencia de primer grado \u00aben el sentido de indicar que la acci\u00f3n simulatoria no produce efecto alguno frente al bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 380-2072 (\u2026) por ser adquirido por tercero que se presume de buena fe\u00bb. En lo dem\u00e1s, confirma la providencia opugnada (16 febrero 2022 \u2013 Archivo PDF \u201c072 SentenciaModificaConfirmaCostas\u201d – Cuaderno Tribunal). <\/p>\n
Para llegar a esa conclusi\u00f3n precis\u00f3 que conforme a los derroteros que fijan los art\u00edculos 1502, 1503, 1504, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1515, 1517, 1519, 1519, 1524, 1618, 1742, 1745 y 1746 del C\u00f3digo Civil; 98 a 107, 110 y 111 del C\u00f3digo de Comercio y 167 del C\u00f3digo General del Proceso; la CSJ SC 4 de noviembre de 1999, expediente 5225; as\u00ed como el recuento de las diversas pruebas aportadas y recopiladas en el plenario desvirt\u00faan los reparos concretos de los opugnadores que ata\u00f1en a un \u00aberror de juicio\u00bb en la negativa de la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n\u00bb, la \u00abafectaci\u00f3n al debido proceso al decidir (\u2026) sobre hechos por fuera de la fijaci\u00f3n del litigio\u00bb, la \u00absuposici\u00f3n del juzgador\u00bb sobre el valor de algunos de los bienes en disputa, la valoraci\u00f3n de testimonios que fueron tildados de \u00abimprocedentes\u00bb en la sentencia inicial y la \u00abafectaci\u00f3n de terceros de buena fe que no hacen parte del proceso\u00bb. <\/p>\n
Contrario al criterio de los censores, el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n debe contabilizarse \u00abdesde el momento en que aparece el inter\u00e9s jur\u00eddico del actor. Solo entonces se hacen exigibles las obligaciones nacidas del acto o negocio oculto, de acuerdo con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 2535 del C.C.\u00bb, como lo precis\u00f3 la Corte en SC 15 de diciembre de 2017, rad. 2011-00097, de suerte que en el caso concreto, \u00absurge el inter\u00e9s de los demandantes en promover la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n y nulidad, con la muerte del se\u00f1or Ricardo Mej\u00eda Jaramillo, pues como herederos de \u00e9ste, solo nace el derecho sobre los bienes del causante cuando sucede el fallecimiento\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta los \u00abtestimonios recaudados\u00bb de los que se puede concluir que los actos escriturarios que llev\u00f3 a cabo el causante \u00abten\u00edan como objetivo que los bienes de la sociedad quedaran en cabeza de la se\u00f1ora Reina Lucia Mej\u00eda Sierra\u00bb, momento en el cual los accionantes \u00abno ten\u00edan ning\u00fan inter\u00e9s ni legitimaci\u00f3n alguna\u00bb para demandarlos, que surgi\u00f3 solo cuando son llamados a \u00abreclamar su herencia como hijos del se\u00f1or Mej\u00eda Jaramillo [y encuentran] que su hermana Reina Luc\u00eda Mej\u00eda Sierra estaba en posesi\u00f3n y administraci\u00f3n de los bienes de la sociedad familiar\u00bb. <\/p>\n
Tampoco se advierte que la fijaci\u00f3n del litigio que adelant\u00f3 la juez de primer grado en la audiencia inicial estuviera circunscrita a la \u00absimulaci\u00f3n y nulidad de los bienes identificados con matr\u00edculas inmobiliarias 381-1210 y 380-23206\u00bb, pues a pesar del \u00e9nfasis que hizo en el \u00abpunto 2.13 de los hechos expuestos en la demanda\u00bb, nunca excluy\u00f3 los dem\u00e1s hechos del debate probatorio, ni los promotores desistieron de las pretensiones o de su sustento f\u00e1ctico, al contrario, dirigieron su actividad demostrativa a convencer al juez sobre su prosperidad. <\/p>\n
Sumado a esto, fue por orden de esa Colegiatura que el a quo profiri\u00f3 sentencia complementaria en la que decidi\u00f3 sobre las \u00abpretensiones subsidiarias\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, en lo que ata\u00f1e a los cuestionamientos sobre la inadecuada \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb de las \u00abdeclaraciones de renta\u00bb en las que constaba el valor de los bienes conocidos como \u00abCienaga 1, 2, 3 y 4\u00bb, entregados en daci\u00f3n en pago por Sagico Mej\u00eda S. en C. a Inversiones Asturias S.A., es claro que la \u00abprueba indiciaria\u00bb de la simulaci\u00f3n invocada llev\u00f3 al a quo a reparar en el hecho que \u00abpor una acreencia de $375.000.000 se entregaran en daci\u00f3n en pago la ci\u00e9naga 1, 2, 3 y 4, (\u2026) que tienen una superficie aproximada de 288 hect\u00e1reas y 7.695 metros cuadrados\u00bb, sin que esta fuera la \u00fanica prueba valorada, en tanto tambi\u00e9n se demostr\u00f3 que \u00abInversiones Asturias S.A. le transfiri\u00f3 el dominio de los mencionados predios por medio de compraventa a las se\u00f1oras Alba Mar\u00eda Montoya Vda de Sierra y Martha Luz Barbosa Valderrama, quienes a su vez, a trav\u00e9s de compraventa, se los transfieren a Reina Luc\u00eda Mej\u00eda Sierra\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, aunque es cierto que en el plenario no se encuentran los aval\u00faos de los a\u00f1os \u00ab2001 y 2002\u00bb, si obran en el plenario los \u00abestados financieros de los a\u00f1os 1999 y 2000\u00bb y los \u00abbalances generales\u00bb de Sagico Mej\u00eda S. en C. que dan cuenta que el valor de esos \u00abterrenos m\u00e1s ajustes por inflaci\u00f3n pasan de $342.221.530 en el a\u00f1o 1999 a la suma de $372.261.000 en el a\u00f1o 2000\u00bb, rubros similares a los que aparecen en la escritura p\u00fablica 872 de la Notar\u00eda de la Victoria, otorgada dos a\u00f1os despu\u00e9s, el 30 de diciembre de 2002, por \u00ab$375.000.000\u00bb, sin tener en cuenta que \u00ablo l\u00f3gico, coherente y mandado por la ley es que el valor de los bienes inmuebles se ajustan, cuando menos catastralmente, de un a\u00f1o a otro en el porcentaje equivalente a la inflaci\u00f3n, que para el a\u00f1o 2000 fue de 8.75 y para el a\u00f1o 2001 fue de 7.65\u00bb y por lo mismo \u00ablos aval\u00faos de los bienes han debido pasar de $372.261.000 en 2000 a $404.834.000 para el 2000 (sic); y (\u2026) a $435.804.000 para el 2002\u00bb. <\/p>\n
No resultan entonces desacertadas las conclusiones del fallador de primer grado, a quien no se puede reprochar por omitir el estudio de las \u00abdeclaraciones de renta de los a\u00f1os 2001 y 2002\u00bb que \u00abno obran en el expediente\u00bb y que, en cualquier caso, resultar\u00edan insuficientes para determinar el valor de los bienes en cuesti\u00f3n \u00abya que el formato de declaraci\u00f3n no establece la descripci\u00f3n de los activos, lo que si hace el balance general\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, no es cierto que la valoraci\u00f3n del a quo se dirigiera a establecer el valor del terreno que por su magnitud superara el monto de la acreencia con Inversiones Asturias S.A., comoquiera que \u00aba la luz de la sana cr\u00edtica, valor\u00f3 las pruebas en conjunto\u00bb para dictar el correspondiente fallo, una de ellas el testimonio de Martha Luz Barbosa Valderrama, quien revel\u00f3 que \u00abel objetivo del se\u00f1or Ricardo Mej\u00eda Jaramillo era que los bienes de la sociedad quedaran en cabeza de la se\u00f1ora Reina Luc\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Del mismo modo, no existen obst\u00e1culos para el an\u00e1lisis de los testimonios de Francisco Javier Garc\u00eda Molina y Daniel Mej\u00eda Jaramillo por parte de la juzgadora, pues aunque en la sentencia inicial les rest\u00f3 \u00abcredibilidad\u00bb, se trata de declaraciones que integran el caudal probatorio, \u00abpues no est\u00e1n tachados de falsos por lo que merecen credibilidad\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la afectaci\u00f3n de terceros de buena fe que no hicieron parte del proceso, tal reparo prospera exclusivamente frente al actual propietario del inmueble con matr\u00edcula 380-2072, que para la fecha de \u00abinscripci\u00f3n de la demanda\u00bb de simulaci\u00f3n \u00abya se encontraba en cabeza de la sociedad Garc\u00eda G\u00f3mez Agroinversiones S.A.\u00bb por lo que se presume \u00abadquirente (\u2026) de buena fe, puesto que tampoco se prob\u00f3 no serlo\u00bb, lo cual impone la modificaci\u00f3n parcial de la sentencia. <\/p>\n
Distinta situaci\u00f3n acontece con el fundo identificado con el folio 380-43416 \u00abel cual, para esa fecha (5 de mayo de 2016), a\u00fan estaba como titular de dominio la se\u00f1ora Reina Luc\u00eda Mej\u00eda Sierra y en ese orden de ideas, si la sociedad Salazar Sierra S.A.S. adquiri\u00f3 posteriormente dicho predio, fue a sabiendas de que se encontraba en curso el presente proceso (\u2026) y, por ende, estaba sujeto a las resultas de ese litigio\u00bb. <\/p>\n
5. La demandada Reina Luc\u00eda Mej\u00eda Sierra formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n (Archivo PDF \u201c075Recurso CasacionApodDda\u201d Cuaderno Tribunal), que concedi\u00f3 el ad quem por auto de 2 de mayo de 2022 (Archivo PDF \u201c088AutoConcede Casacion\u201d ibid.). <\/p>\n
6. Admitido el recurso extraordinario (24 noviembre 2022) y realizado el traslado a la impugnante, lo sustent\u00f3 apoyada en tres cargos (27 enero 2023). <\/p>\n
Cargo Primero: Basada en la causal prevista en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, acus\u00f3 la sentencia por \u00abno estar en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal se sustrajo \u00abpor exceso y por defecto\u00bb de los l\u00edmites que determinaban los hechos, los intereses expresamente invocados por las partes y las resoluciones adoptadas en el proceso e incurri\u00f3 en \u00aberrores de procedimiento\u00bb que dieron lugar a la inconsonancia. <\/p>\n
As\u00ed, la \u00abratio decidendi\u00bb y el \u00aban\u00e1lisis probatorio en su conjunto\u00bb lo llevaron a concluir que los contratos materia de estudio fueron simulados, dado que la intenci\u00f3n real y oculta del causante y de la sociedad que cre\u00f3 era que los bienes pasaran al patrimonio de su hija, lo que \u00abconcuerda plenamente\u00bb con los hechos de la demanda y con la \u00abposici\u00f3n\u00bb que asumieron los actores a lo largo del proceso, que apunta a demostrar la existencia de \u00abuna donaci\u00f3n de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Y aunque la providencia afirma que ese acto implica una \u00absimulaci\u00f3n relativa\u00bb y as\u00ed lo encuentra probado, declara en su lugar la \u00absimulaci\u00f3n absoluta tan solo por ajustar la parte resolutiva a la segunda pretensi\u00f3n subsidiaria\u00bb, en contrav\u00eda del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso que le impon\u00eda reconocer \u00absolamente lo probado\u00bb, en otras palabras, si la parte actora \u00abconfesaba la simulaci\u00f3n relativa\u00bb y la encontr\u00f3 demostrada, estaba obligado a negar la pretensi\u00f3n encaminada a que se decretara la \u00absimulaci\u00f3n absoluta\u00bb, en tanto la \u00abrelativa\u00bb no fue expresamente solicitada y no era dable su reconocimiento de oficio. <\/p>\n
De igual forma, se advierte la incongruencia del fallo porque paso por alto que los demandantes \u00absiempre esgrimieron su legitimaci\u00f3n e inter\u00e9s como herederos del causante Ricardo Mej\u00eda Jaramillo, nunca como socios de la sociedad Sagico S en C\u00bb, calidad de la que renegaron a lo largo del proceso, raz\u00f3n por la que el Tribunal no pod\u00eda fallar en favor de esta empresa, ni ordenar que los bienes regresaran a su patrimonio, pues la acci\u00f3n no se ejerci\u00f3 en nombre de dicha sociedad. <\/p>\n
El juez plural no estaba facultado para reconocerles \u00abde oficio\u00bb la calidad de representantes ni el inter\u00e9s leg\u00edtimo para intervenir en su favor, ni siquiera con ocasi\u00f3n de la solicitud que hicieron en la \u00abpretensi\u00f3n segunda subsidiaria\u00bb o como consecuencia de la \u00absimulaci\u00f3n decretada\u00bb, esto es, \u00abrecuperar su patrimonio para recomponerlo y posibilitar a los demandantes garantizar en su derecho de herencia las leg\u00edtimas rigurosas\u00bb, dado que esa calidad de herederos tan solo les permitir\u00eda acceder al porcentaje del inter\u00e9s social que para ese momento ten\u00eda el causante, cuya participaci\u00f3n en el haber social ya no exist\u00eda dada la cesi\u00f3n que realiz\u00f3 el 9 de febrero de 1996 a favor de su hijo Juan Sebasti\u00e1n Mej\u00eda Zapata. <\/p>\n
Estas circunstancias fueron inadvertidas por el Tribunal y resaltan la incongruencia de su determinaci\u00f3n, pues si las hubiera estudiado no habr\u00eda ordenado que \u00ablos bienes en su totalidad, ni tampoco en alg\u00fan porcentaje que no ten\u00eda sobre la misma el fallecido, volvieran al haber social\u00bb de la sociedad, a la que termin\u00f3 condenando, \u00abcomo demandada, por cantidad superior, por objeto distinto del pretendido en la demanda y por causa diferente a la invocada en esta\u00bb. <\/p>\n
En suma, \u00abprobada la simulaci\u00f3n relativa, declar\u00f3 fue la absoluta, (\u2026), orden\u00f3 reintegrar los bienes a la sociedad, como si esta fuera la demandante o, imponi\u00e9ndole esa carga, por ser demandada, como si los demandantes fueran acreedores de la totalidad del patrimonio, o de alg\u00fan porcentaje, con que contara su causante. Todav\u00eda m\u00e1s, (\u2026) reconoci\u00f3 el derecho de herencia de estos herederos del causante Ricardo Mej\u00eda Jaramillo, pero sobre todos los bienes de la sociedad y no sobre las cuotas partes de inter\u00e9s social con que el causante ya no contaba, ni haberse pedido para la totalidad de los herederos o legatarios\u00bb. <\/p>\n
Y aunque se aceptara que esas decisiones fueron consecuencia de la simulaci\u00f3n decretada, el ad quem asumi\u00f3 en forma indebida la \u00abrepresentaci\u00f3n\u00bb de todos los socios, de los dem\u00e1s terceros y de los acreedores que fueron ajenos al proceso, \u00abdando por sentada la legitimaci\u00f3n y suponiendo el inter\u00e9s en estos \u00faltimos, en contrav\u00eda de que para varios de ellos no fue su voluntad demandar la simulaci\u00f3n as\u00ed decretada, e incluso contrariando el querer de la misma sociedad y de los demandados, quienes, como socios, se opusieron a ello, con lo que el juez termina rebasando sus poderes y torn\u00e1ndose incongruente\u00bb. <\/p>\n
Cargo Segundo: Amparada en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, denunci\u00f3 la sentencia por la infracci\u00f3n \u00abdirecta\u00bb de los art\u00edculos 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil \u00abal interpretarlos de manera equivocada y, as\u00ed, dejarlos de aplicar, dado que contabiliz\u00f3 el periodo de prescripci\u00f3n desde la muerte del causante (\u2026) y no desde la fecha en que se llevaron a cabo (\u2026) los actos calificados de ficticios\u00bb, para acudir en su lugar a \u00abnormas sustanciales que no debi\u00f3 aplicar\u00bb, como el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con el art\u00edculo 254 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sin desconocer la jurisprudencia imperante que fija en el \u00abfallecimiento del causahabiente\u00bb el momento en el que surge el inter\u00e9s y la legitimaci\u00f3n de los herederos para entablar en \u00abderecho propio\u00bb la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, es necesario que la Corte \u00abampl\u00ede, precise y clarifique esa interpretaci\u00f3n, para que se siente jurisprudencialmente el criterio de que cuando en los actores, en calidad de herederos, (\u2026) convergen otros derechos y posiciones que demuestran fehacientemente que desde tiempo anterior deb\u00edan conocer de los hechos que se demandan como simulados (\u2026) les [precede] tanto el inter\u00e9s jur\u00eddico, como la legitimaci\u00f3n en la causa simulatoria desde la celebraci\u00f3n de dichos actos\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque como acontece en este caso los actores en su reconocida condici\u00f3n de socios deb\u00edan conocer de antemano los actos cuya simulaci\u00f3n demandan, incluso a trav\u00e9s de sus progenitores, quienes los representaban \u00aben sus derechos sociales\u00bb. De esa forma, bien pudieron promover la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n de los negocios que realiz\u00f3 la empresa desde que esta otorg\u00f3 las correspondientes escrituras p\u00fablicas o, en su defecto, desde que su inscripci\u00f3n en el registro de instrumentos p\u00fablicos, puesto que \u00abel principio de publicidad les obliga a estar pendientes para que ejerzan sus derechos e impugnen esos actos\u00bb. <\/p>\n
Esa \u00abdoble\u00bb condici\u00f3n de herederos y socios de la empresa permite afirmar que \u00aba ellos les empieza a correr el t\u00e9rmino prescriptivo no desde el fallecimiento del progenitor sino desde la fecha en que han sido celebrados los actos que tildan como simulados, m\u00e1xime si son socios de una de las contratantes a quien le imputan ser simulante\u00bb. <\/p>\n
Mantener un \u00abcriterio fijo y est\u00e1tico\u00bb, sin analizar las circunstancias relevantes para cada caso, puede llevar a que la inactividad de los socios frente a los actos que consideran simulados se vea \u00abfavorecida cuando, para remediar su incuria, deciden ex tempore, como tabla salvadora, ejercer entonces la acci\u00f3n en calidad de herederos, por no haber acudido a la primera\u00bb. <\/p>\n
Con ese tratamiento \u00abmec\u00e1nico y, de contera, discriminatorio, preferencial y favorable\u00bb el Tribunal viol\u00f3 directamente las normas invocadas, pues \u00abla calidad de socios que tienen sobre la entidad demandada los actores\u00bb impon\u00eda la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo alegado desde la fecha del registro de los cuestionados negocios y producto de ello \u00abdeclarar improspera la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, el juez plural no tuvo en cuenta que de acuerdo con el inciso segundo del art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, el \u00abt\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extintiva debe comenzar a contarse desde el momento en que aparece el inter\u00e9s jur\u00eddico del actor, s\u00f3lo entonces se hacen exigibles las obligaciones nacidas del acto o contrato oculto\u00bb, norma que tambi\u00e9n exig\u00eda para el \u00e9xito de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n impetrada por el gestor \u00abdestacar con claridad el instantes a partir del cual le nac\u00eda y \u201casist\u00eda\u201d el inter\u00e9s serio, leg\u00edtimo y actual para promover la demanda\u00bb y, en ese sentido, es evidente la incorrecta aplicaci\u00f3n del citado precepto legal. <\/p>\n
Cargo Tercero: Con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, aleg\u00f3 la violaci\u00f3n \u00abindirecta de varias normas jur\u00eddicas sustanciales, en cuanto infringe los art. 2535, 2536 y 1766 del C.C., en concordancia con el art. 254 del C.G.P., por errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n y de unas determinadas pruebas, al interpretarlas de manera equivocada\u00bb. <\/p>\n
En virtud de la ley y como socios de Sagico S. en C., los demandantes contaban con la posibilidad de atacar las convenciones que la \u00absimulante transferente\u00bb realiz\u00f3, entre otras, por la v\u00eda de la \u00absimulaci\u00f3n\u00bb, \u00abmediante el ejercicio de acciones propias, individuales, personales o exclusivas de los socios (iure proprio), ora por medio de una que hubiera podido intentar su causante (iure hereditario) o en la posici\u00f3n de herederos\u00bb. En tal sentido, estaban legitimados y contaban con inter\u00e9s para accionar y por ello \u00abdesde que se celebraron dichos contratos o, cuando menos desde el momento en el que alcanzaron publicidad en el registro p\u00fablico inmobiliario, empez\u00f3 a correr el t\u00e9rmino prescriptivo (diez a quo) para ellos\u00bb. <\/p>\n
Si el Tribunal hubiera apreciado \u00abcorrectamente\u00bb el libelo y reconocido efectos jur\u00eddicos a las pruebas que sus contradictores aportaron, as\u00ed como los hechos en los que confesaban su condici\u00f3n de socios de la empresa convocada, f\u00e1cilmente habr\u00eda concluido que el \u00abt\u00e9rmino de prescripci\u00f3n liberatoria\u00bb corri\u00f3 desde la fecha de \u00absuscripci\u00f3n\u00bb o del \u00abregistro\u00bb de los actos tildados de fictos, pues en esas calendas surgi\u00f3 el derecho a accionar la simulaci\u00f3n, incluso a trav\u00e9s de su progenitora y representante legal. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n de la demanda y los elementos persuasivos llev\u00f3 al ad quem a \u00abinaplicar los arts. 2535, 2536, del C.C. para equivocadamente hacerle producir, de modo incorrecto e indebidamente, efectos jur\u00eddicos al art. 1766 del C.C. que no debi\u00f3 aplicar\u00bb. <\/p>\n
Y aunque esas protuberantes y manifiestas equivocaciones de apreciaci\u00f3n no resulten suficientes para mostrar la \u00abincongruencia\u00bb del fallo acusado, cobra relevancia que el ad quem centr\u00f3 su atenci\u00f3n en la \u00abpretensi\u00f3n segunda subsidiaria\u00bb dirigida a obtener la declaraci\u00f3n de la \u00absimulaci\u00f3n absoluta\u00bb, desatendiendo los \u00abhechos 2.10 b-d; 2.11; 2.12-2 p\u00e1rrafo final; 2.12-3; 2.12-3; 2.12-5 y, de manera bien determinante, influyente y violatoria el 2.13\u00bb as\u00ed como algunas de las pruebas documentales y testimoniales que apuntaban a \u00abuna relativa\u00bb. <\/p>\n
La decisi\u00f3n rebatida carece de fundamento, ya que \u00abni la causa petendi, ni los supuestos de hecho del l\u00edbelo introductorio correspond\u00edan a la simulaci\u00f3n absoluta, que fue ciertamente la pedida\u00bb, de modo err\u00e1tico, el sentenciador orden\u00f3 reversar las escrituras y los bienes a Sagico S. en C. sin percatarse que \u00ablo probado era una simulaci\u00f3n relativa, que no pod\u00eda desconocer, ni declarar probada por no haber sido pedida\u00bb. <\/p>\n
Esa tergiversaci\u00f3n y confusi\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica con otra que los promotores no esgrimieron implica \u00aberrores de hecho\u00bb en la apreciaci\u00f3n de la demanda, con lo que contravino el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil para \u00abhacerle producir efectos no probados\u00bb, en otras palabras, \u00abincurri\u00f3 en error de atribuci\u00f3n jur\u00eddica por cuanto le hizo producir efectos de simulaci\u00f3n absoluta (\u2026) siendo que los [hechos] probados y esgrimidos fueron los de la relativa, que no fue la pretendida\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al tratarse de una \u00absimulaci\u00f3n relativa\u00bb resultaba improcedente la \u00abplena y total cancelaci\u00f3n de las anotaciones del registro y reintegro de los bienes para la sucesi\u00f3n del se\u00f1or Ricardo Mej\u00eda Jaramillo (\u2026) ni menos para la sociedad Sagico S en C, puesto que los demandantes alegaron fue un derecho de herencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La naturaleza extraordinaria de \u00e9ste medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, toda vez que, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, puesto que conforme a los art\u00edculos 346 y 347 del mismo estatuto el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n, sin que pueda perderse de vista que aun en aquellos eventos en los que el ataque supere las formalidades t\u00e9cnicas previstas, la Sala puede ejercer la potestad de la selecci\u00f3n negativa, cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados sin proponer una tesis que justifique un cambio de criterio; cuando son inexistentes los errores endilgados, se han saneado los advertidos o son intrascendentes; y, finalmente, cuando la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que, superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2. Ahora bien, si se acude a las causales previstas en los numerales primero y segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionados con la violaci\u00f3n directa e indirecta de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el literal a), numeral 2\u00ba, de dicho precepto, en la v\u00eda directa la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que se debe expresar en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n, ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertar en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
Mientras que en lo que respecta a la causal segunda, es necesario precisar si el vicio deriva de un \u00aberror de derecho\u00bb por inobservar una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente donde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de un \u00aberror de hecho\u00bb en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente en que incurri\u00f3 el sentenciador. <\/p>\n
3. A su turno la causal tercera de casaci\u00f3n, por incongruencia de la sentencia, exige al recurrente poner en evidencia la manifiesta alteraci\u00f3n o disonancia de la providencia atacada frente a los hechos y pretensiones del libelo, as\u00ed como la defensa asumida por el opositor o la omisi\u00f3n de circunstancias con incidencia en la decisi\u00f3n y forzosamente reconocibles por el juzgador. <\/p>\n
Sobre el particular, en CSJ AC4592-2018, la Sala destac\u00f3 que <\/p>\n
[t]rat\u00e1ndose del numeral tercero del citado art\u00edculo 336, el cuestionamiento por inconsonancia debe centrarse en una manifiesta alteraci\u00f3n de lo debatido al confrontar el fallo con lo expuesto y pedido en la demanda, as\u00ed como la defensa asumida por el opositor o si se pasan por alto circunstancias con incidencia en la decisi\u00f3n reconocibles forzosamente por el juzgador. De ah\u00ed que la labor es comparativa entre lo que figura en los escritos que delimitan el contorno del litigio con la decisi\u00f3n tomada, pero sin que se desv\u00ede en reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas, que corresponden a la segunda causal. <\/p>\n
4. En esta oportunidad, se avizoran varias deficiencias t\u00e9cnicas en los ataques planteados, ninguno de los cuales est\u00e1 llamado a abrirse paso, seg\u00fan se expone a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
4.1. En cuanto al primer cargo: <\/p>\n
4.1.1. La sustentaci\u00f3n del embate por incongruencia luce err\u00e1tica y contradictoria, pues cuestiona al sentenciador por decidir fuera de los \u00abt\u00e9rminos de la demanda y su contestaci\u00f3n\u00bb al \u00abdeclarar la simulaci\u00f3n absoluta\u00bb; empero, a rengl\u00f3n seguido reconoce que esa resoluci\u00f3n se \u00abajusta\u00bb a la \u00absegunda pretensi\u00f3n subsidiaria\u00bb que elevaron los accionantes, fustig\u00e1ndola por no estar acorde con lo \u00abprobado\u00bb en el curso del proceso que correspond\u00eda, en su criterio, a una \u00absimulaci\u00f3n relativa\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, permite afirmar que el ataque propende en realidad por hacer valer la particular visi\u00f3n de la recurrente frente al escrito que dio inicio al litigio promovido en su contra e incluso a las conclusiones probatorias del ad quem, lo que desdice del mandato de consonancia previsto en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, si se tiene en cuenta que \u00abnunca la disonancia podr\u00e1 hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuesti\u00f3n sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas (G.J. T., XLIX, p\u00e1g. 307)\u00bb (Subrayas fuera del texto \u2013 CSJ AC3533-2020). <\/p>\n
4.1.2. Tambi\u00e9n olvid\u00f3 la opugnadora que cualquier cuestionamiento por incongruencia de una sentencia supone para el interesado la necesaria demostraci\u00f3n de la distorsi\u00f3n alegada, a partir del ejercicio objetivo y completo de comparaci\u00f3n o contraste entre las s\u00faplicas del actor y su fundamento f\u00e1ctico, las excepciones invocadas por su contradictor y de aquellas circunstancias que ameriten el forzoso reconocimiento judicial, en s\u00edntesis, de todos y cada uno de los elementos que fijan los linderos de la controversia trazada por las partes, frente al contenido concreto de la decisi\u00f3n del juzgador, sin que en ese labor\u00edo pueda desviarse para formular reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas (Cfr. CSJ AC4573-2019, SC11331-2015, AC4125-2015, entre otros). <\/p>\n
4.1.3. Adicionalmente, es notoria la distorsi\u00f3n de los argumentos del fallador que la casacionista ensaya para sacar avante su personal ex\u00e9gesis de la litis, pues, contrario a sus manifestaciones, la lectura de la rebatida providencia no revela que en este caso el Tribunal encontrara probada la \u00absimulaci\u00f3n relativa\u00bb. <\/p>\n
Es claro que m\u00e1s all\u00e1 de la gen\u00e9rica referencia al art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil que aparece en el ac\u00e1pite de \u00abpremisas normativas\u00bb o la transcripci\u00f3n de las pruebas documentales y testimoniales que incluy\u00f3 en el apartado de \u00abpremisas f\u00e1cticas\u00bb, lo cierto es que en el an\u00e1lisis del \u00abcaso concreto\u00bb la Colegiatura se limit\u00f3 a dilucidar los \u00abreparos concretos\u00bb de la apelante, entre otros, el atinente al \u00aberror de juicio en las razones que revel\u00f3 el juzgador de primera instancia para desestimar la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n\u00bb, la \u00abafectaci\u00f3n al debido proceso al decidir en la sentencia sobre hechos por fuera de la fijaci\u00f3n del litigio\u00bb, as\u00ed como la \u00absimple suposici\u00f3n del juzgador, sin fundar en ninguna prueba, el valor de los bienes denominados ci\u00e9naga 1, 2, 3 y 4\u00bb, en el que si bien alude a la \u00absimulaci\u00f3n relativa\u00bb lo hace a t\u00edtulo explicativo, sin que de all\u00ed se puedan derivar connotaciones probatorias. <\/p>\n
En este punto tambi\u00e9n cabe resaltar que el contenido de esa sentencia no incorpora menci\u00f3n alguna o debate en torno a la condici\u00f3n de \u00abherederos\u00bb o de \u00absocios de la sociedad Sagico S en C\u00bb de los accionantes, novedoso argumento que introduce la censora para sustentar su inconformidad, sin percatarse de su impertinencia a la luz de lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso y que corrobora adem\u00e1s el desenfoque en el que incurri\u00f3 frente al cuestionado fallo. <\/p>\n
Al respecto, se debe recordar que un \u00abreproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar\u2019 (auto de 18 de diciembre de 2009, exp. 6800131030012001-00389 01)\u00bb (CSJ AC 2 de nov. 2011, rad. 2003-00428, reiterado en AC3973-2018), de suerte que corresponde al recurrente adecuar su ataque en casaci\u00f3n a los precisos argumentos que le sirvieron de soporte al sentenciador para zanjar la litis, exigencia que en este caso no acat\u00f3 la interesada. <\/p>\n
4.2. En lo que ata\u00f1e al segundo cargo, encaminado por la senda directa, es preciso se\u00f1alar que su desarrollo entremezcla argumentaciones propias de la v\u00eda indirecta, con lo cual la memorialista se alej\u00f3 de la t\u00e9cnica propia del recurso que impide conjugar las afrentas, rebel\u00e1ndose contra el mandato del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 procedimental y, en concreto, del literal a) conforme al cual \u00abtrat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
La impugnante desconoci\u00f3 esa regla, pues se distanci\u00f3 del cometido de demostrar que el juzgador se equivoc\u00f3 en la soluci\u00f3n jur\u00eddica del caso y, en su lugar, opt\u00f3 por enrostrarle al juez plural la \u00abinterpretaci\u00f3n errada (\u2026) de los t\u00e9rminos de la prescripci\u00f3n liberatoria, cuando en los demandantes convergen otros derechos y acciones\u00bb, entre otros motivos, por no tener en cuenta la \u00abcalidad de socios de una de las partes contratantes que se se\u00f1ala como simulante\u00bb y la \u00abcalidad de herederos que se les reconoci\u00f3 a los actores, sin tener en cuenta que adem\u00e1s son socios de quien demanda, y que por lo mismo ten\u00edan inter\u00e9s y estaban legitimados desde la creaci\u00f3n misma de los actos que tildaron de simulados\u00bb, aspectos todos estos cuyo debate es ajeno a la v\u00eda escogida. <\/p>\n
En efecto, al amparo de los lineamientos fijados por el legislador procesal, la Corte ha sido consistente en se\u00f1alar que, en el campo de la v\u00eda directa de casaci\u00f3n, el debate, <\/p>\n
(\u2026) debe confinarse a aspectos eminentemente jur\u00eddicos, relativos a la norma sustancial que gobierna (o debi\u00f3 regir) el caso y su correcta hermen\u00e9utica, sin adentrarse en la revisi\u00f3n de los hechos, los cuales resultan incuestionables por esta v\u00eda; en otras palabras, el ataque debe hacerse con \u2018abstracci\u00f3n de los elementos f\u00e1cticos y probatorios debatidos en el proceso y con sujeci\u00f3n a lo que el Tribunal en este campo concluy\u00f3, centr\u00e1ndose el censor en demostrar en el plano estrictamente jur\u00eddico la aplicaci\u00f3n indebida, la falta de aplicaci\u00f3n o la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de normas sustanciales (CSJ, AC2886, 9 may. 2017, rad. n.\u00b0 2003-00103-01)\u2019, so pena de incurrir en hibridismo, que como ya se se\u00f1al\u00f3 se encuentra proscrito para el remedio extraordinario (CSJ AC3947-2019, reiterado en AC3017-2020). <\/p>\n
4.3. La misma falencia se advierte en el tercer cargo que plantea la infracci\u00f3n \u00abindirecta\u00bb de la ley sustancial por \u00aberrores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n y de unas determinadas pruebas\u00bb, pero se embarca en disquisiciones jur\u00eddicas relacionadas con el alcance de los art\u00edculos 1766 del C\u00f3digo Civil y 254 del C\u00f3digo General del Proceso, que, en su sentir, \u00abno debi\u00f3 aplicar\u00bb el sentenciador, a quien en la conclusi\u00f3n del cargo adem\u00e1s de endilgarle \u00aberror de atribuci\u00f3n jur\u00eddica por cuanto le hizo producir los efectos de simulaci\u00f3n absoluta al art. 1766 citado, siendo que los probados y esgrimidos fueron los de la relativa\u00bb, tambi\u00e9n le enrostrar \u00abincongruencia\u00bb en sus determinaciones y el reconocimiento de \u00abhechos pero tergivers\u00e1ndolos y confundi\u00e9ndoles con otros que no se esgrimieron\u00bb, planteamientos que se enmarcan en las causales primera y tercera de casaci\u00f3n, desbordando as\u00ed la finalidad de la senda elegida. <\/p>\n
De igual forma, en el desarrollo del cargo se desconoce la exigencia de claridad y precisi\u00f3n que estaba llamada a cumplir, pues no bastaba con la simple relaci\u00f3n de las pruebas documentales sobre las que edificaba su alegato o la menci\u00f3n de las fechas de \u00abcelebraci\u00f3n\u00bb de los contratos atacados y de \u00abpublicidad\u00bb de las respectivas escrituras p\u00fablicas para demostrar la carente o inadecuada apreciaci\u00f3n de dichas pruebas que le achac\u00f3 al ad quem, ya que era ineludible el deber de confrontar en forma espec\u00edfica y objetiva lo que cada uno de esos medios suasorios dec\u00eda y lo que el fallador de instancia no advirti\u00f3, tergivers\u00f3 o distorsion\u00f3 al momento de emitir sentencia y cu\u00e1l era su relevancia frente a esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Justamente, como en reciente oportunidad lo record\u00f3 la Corte, <\/p>\n
La adecuada proposici\u00f3n de un cargo soportado en la comisi\u00f3n de un dislate f\u00e1ctico le impone al recurrente no solo individualizar las pruebas indebidamente apreciadas, ya sea por omisi\u00f3n, suposici\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de su contenido objetivo, sino tambi\u00e9n efectuar la respectiva labor de contraste entre lo que el medio demuestra, y lo que sobre el mismo dedujo o inadvirti\u00f3 el juzgador, a partir de ese labor\u00edo deber\u00e1 quedar en evidencia el yerro en el que incurri\u00f3 el juzgador, haciendo ver de manera di\u00e1fana que la decisi\u00f3n resulta absurda y alejada de la realidad del proceso, pues trat\u00e1ndose de este tipo de yerros, \u00abla labor del impugnante \u2018no puede reducirse a una simple exposici\u00f3n de puntos de vista antag\u00f3nicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejar\u00eda de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley\u2019\u00bb (CSJ SC2501-2021). <\/p>\n
5. Resta por indicar que las deficiencias que se han se\u00f1alado truncan cualquier an\u00e1lisis sobre una demanda estructurada a partir de meras especulaciones o desacuerdos planteados m\u00e1s a manera de alegatos de inconformidad con lo resuelto, que como sustento de un ataque en sede extraordinaria. <\/p>\n
En ese sentido, seg\u00fan se indic\u00f3 en AC4698-2016, para que un embate sea apto y suficiente en casaci\u00f3n, es necesario que el recurrente indique la causal en que se respalda y, consonantemente, la sustente, <\/p>\n
(\u2026) lo cual no puede hacer de cualquier manera y, mucho menos, de una que se asimile a un alegato de instancia, sino con indicaci\u00f3n puntual y explicaci\u00f3n suficiente de las espec\u00edficas trasgresiones de la ley -sustancial o procesal- en que incurri\u00f3 el sentenciador al proferir el fallo cuestionado, y exponiendo los planteamientos que sirven al prop\u00f3sito de demostrar los yerros que se imputen, de donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, o limitarse a presentar la visi\u00f3n personal que el recurrente tenga de la plataforma f\u00e1ctica del litigio, actitudes todas que har\u00e1n inadmisible la acusaci\u00f3n que en tales condiciones se formule\u201d (CSJ, auto del 26 de octubre de 2012, Rad. n\u00ba. 2003-00723-01) <\/p>\n
5. En consecuencia, al no ce\u00f1irse los ataques propuestos a los requerimientos formales de esta extraordinaria senda de impugnaci\u00f3n, resultan inadmisibles. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por Reina Luc\u00eda Mej\u00eda Sierra, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 16 de febrero de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, en el proceso referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devolver por la Secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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AC1324-2023 (2016-00027-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC1324-2023 Radicaci\u00f3n 76622-31-03-001-2016-00027-01 Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por Reina Luc\u00eda Mej\u00eda Sierra para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73679","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73679","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73679"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73679\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73679"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73679"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73679"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}