AC1378-2023 (2013-00011-01)<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1378-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-002-2013-00011-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n del escrito que sustenta el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante frente a la sentencia de 11 de mayo de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el juicio verbal promovido por Alberto Mario Campillo Correa, en representaci\u00f3n de las sucesiones de Alberto Campillo Palacio y Fabiola Ester Correa de Campillo, contra Adquisiciones y Ventas Fincarros S.A. \u00abFINCARROS S.A.\u00bb, las sucesiones de Jes\u00fas Hernando G\u00f3mez Sabogal y Zeineth Franco de G\u00f3mez, representadas por Magdalena, \u00c1ngela, Liliana, Fernando, Marta y \u00c1lvaro G\u00f3mez Franco en condici\u00f3n de herederos determinados, as\u00ed como frente a los herederos indeterminados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante solicit\u00f3, de forma principal, declarar que, \u00abpor haber resultado fallidas las condiciones suspensivas acordadas (\u2026), no produjo efecto\u00bb la promesa de compraventa celebrada el 28 de noviembre de 1969 por Alberto Campillo Palacio, como promitente vendedor, y Hernando G\u00f3mez Sabogal, como promitente comprador, que tuvo por objeto el lote 15 de la manzana 17 de la Urbanizaci\u00f3n San Nicol\u00e1s de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En subsidio de tal s\u00faplica deprec\u00f3 declarar que tal precontrato \u00abno produjo efecto alguno y qued\u00f3 extinguido ipso jure por la verificaci\u00f3n de las condiciones resolutorias pactadas\u00bb; o resuelto por mutuo disenso t\u00e1cito tras la negativa del Banco Central Hipotecario a otorgar pr\u00e9stamo bancario al prometiente comprador; o resuelto por el incumplimiento de este; o inexistente por ausencia de los requisitos previstos en el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1989 que subrog\u00f3 el canon 1611 del C\u00f3digo Civil; o resuelto por mutuo disenso debido al incumplimiento de ambas partes al omitir solemnizar el contrato prometido. <\/p>\n
Y como peticiones de condena ordenar a los convocados restituir el inmueble a las sucesiones demandantes, \u00abbien sea como consecuencia (de) pretensi\u00f3n reivindicatoria aut\u00f3noma, que aqu\u00ed se ejerce; o bien como consecuencia de la pretensi\u00f3n primera, o bien como consecuencia de alguna de las subsidiarias\u00bb; con los frutos civiles que hubiere podido producir con mediana inteligencia y cuidado desde que empezaron a detentarla, por su mala fe. <\/p>\n
En defecto de \u00e9sta pretensi\u00f3n solicit\u00f3 que, de estar la heredad en poder de Adquisiciones y Ventas Fincarros S.A., se le ordene la restituci\u00f3n \u00abcomo consecuencia de la acci\u00f3n reivindicatoria que en su contra se ejerce el demandante o como consecuencial (sic) de la pretensi\u00f3n principal y de la subsidiaria de esta\u00bb; o \u00abde la acci\u00f3n de recobro que ejerce el demandante en su contra\u00bb. <\/p>\n
2. El promotor sustent\u00f3 estas aspiraciones, en s\u00edntesis, indicando que: <\/p>\n
2.1. En la promesa de venta referida qued\u00f3 acordado el precio del predio en $230.000 y la constancia de que el prometiente vendedor dio por recibidos $30.000, mientras que el saldo ser\u00eda cancelado con pr\u00e9stamo del Banco Central Hipotecario obtenido por el prometiente comprador; igualmente fue pactada la entrega del fundo a Hernando G\u00f3mez a t\u00edtulo de mera tenencia; que si el BCH negaba el cr\u00e9dito por culpa del solicitante las mejoras pasar\u00edan a ser de Alberto Campillo Palacio; asimismo que la negativa crediticia no imputable al prometiente comprador dejar\u00eda sin efecto la promesa con las correspondientes restituciones; y que la fecha y lugar de suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica de venta qued\u00f3 sometida a la indicaci\u00f3n que diera el Banco citado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 10 de agosto de 1970 las partes ajustaron otros\u00ed, con el cual Hernando G\u00f3mez Sabogal dijo que, producto de sus cesant\u00edas, entregar\u00eda $40.000 m\u00e1s al prometiente vendedor; e hicieron constar que esperaban la determinaci\u00f3n del BCH sobre el cr\u00e9dito solicitado por aquel. <\/p>\n
2.2. Igualmente refiri\u00f3 que Alberto Campillo Palacio era deudor hipotecario de la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A. y de la Asociaci\u00f3n de empleados del Grupo de Seguros Bol\u00edvar \u00abADEBOL\u00bb, cr\u00e9ditos que no satisfizo porque Hernando G\u00f3mez no entreg\u00f3 la totalidad del precio pactado en la promesa de venta, lo cual deriv\u00f3 la iniciaci\u00f3n de proceso ejecutivo con garant\u00eda real en el cual fue embargado y secuestrado el inmueble. <\/p>\n
Sin embargo, tras el fallecimiento de Hernando G\u00f3mez Sabogal, su c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, Zeineth Vda. de G\u00f3mez, pag\u00f3 las deudas hipotecarias y se subrog\u00f3 en los cr\u00e9ditos, seg\u00fan documento del 13 de abril de 1981 suscrito con las sociedades acreedoras – ejecutantes. <\/p>\n
2.3. A\u00f1adi\u00f3 el promotor que la promesa fue sometida a condiciones suspensivas para su surgimiento y tambi\u00e9n para que operara la resoluci\u00f3n del precontrato, que al resultar fallidas las primeras qued\u00f3 sin efecto alguno el convenio, estando vigente \u00fanicamente el deber de restituci\u00f3n a favor del prometiente vendedor, pues la tenencia la continuaron los herederos y la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del prometiente comprador, y actualmente est\u00e1 en poder de Fincarros, ya sea como tenedora o poseedora. <\/p>\n
2.5. Por \u00faltimo, relat\u00f3 que antes de su deceso Zeineth Franco de G\u00f3mez inici\u00f3 juicio de pertenencia respecto del bien ra\u00edz ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, pretensi\u00f3n desestimada con sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el cual concluy\u00f3 que fue tenencia -no posesi\u00f3n- lo ejercido por ella as\u00ed como por su c\u00f3nyuge; y que a dicha causa judicial compareci\u00f3 \u00c1lvaro G\u00f3mez Franco como sucesor procesal de la demandante, en condici\u00f3n de hijo, quien cedi\u00f3 a Fincarros el derecho litigioso a t\u00edtulo de venta \u00absobre todos los bienes que conforman el litigio mencionado\u00bb e hizo entrega de la heredad, siendo tal compa\u00f1\u00eda la actual detentadora. <\/p>\n
3. Todos los convocados fueron enterados del auto admisorio del libelo a trav\u00e9s de curador ad litem, quien radic\u00f3 las excepciones meritorias de \u00abcompensaci\u00f3n de deudas\u00bb y \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb de Fincarros S.A. <\/p>\n
4. Agotadas las fases del juicio, el 13 de noviembre de 2020 el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al cual fue reasignado el caso, dict\u00f3 sentencia en la cual proclam\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb de Fincarros S.A.; declar\u00f3 la nulidad absoluta de la promesa de venta por incumplir las exigencias del art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil; orden\u00f3 a la parte demandante devolver, a t\u00edtulo de restituciones mutuas, $28\u2019392.500 correspondientes a los $30.000 que recibi\u00f3 como pago parcial del precio, indexados y con intereses civiles; y neg\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones. <\/p>\n
5. Apelada tal decisi\u00f3n solamente por el extremo accionante el tribunal la confirm\u00f3, el 11 de mayo de 2022, previa modificaci\u00f3n del valor que el recurrente debe restituir a sus contendores, para actualizarlo a $44.966.087 e incluir los pagos realizados por Zeineth Franco para saldar las deudas hipotecarias de Alberto Campillo Palacio. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Inicialmente el fallador ad-quem consider\u00f3 cumplidos los presupuestos procesales, inexistente vicio que impusiera la renovaci\u00f3n de alguna etapa del juicio, competente solo respecto a los reparos expuestos en la alzada, conforme al art\u00edculo 328 del C.G.P., y record\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico que rige la promesa de venta. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n coligi\u00f3 adecuado el proceder del juzgado de primera instancia al declarar la nulidad absoluta del precontrato objeto del litigio, sin analizar de forma antelada las dem\u00e1s pretensiones, como lo censura el demandante, toda vez que dicho vicio sustancial puede ser declarado a\u00fan de oficio por el funcionario judicial e impide el surgimiento de consecuencias jur\u00eddicas diversas, como las pretendidas en el pliego iniciador del litigio. <\/p>\n
De cualquier manera, adicion\u00f3, la nulidad absoluta se encontraba configurada y esta declaraci\u00f3n no fue materia de la alzada. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con los efectos de la aludida proclama, se\u00f1al\u00f3 el tribunal, por mandato del art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil es forzoso retrotraer a los contratantes al estado en que estar\u00edan sin la convenci\u00f3n, en cuya labor coligi\u00f3 improcedente ordenar la restituci\u00f3n del inmueble como quiera que la prueba trasladada del juicio de pertenencia que curs\u00f3 en el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que debe valorarse en su integridad, revela que los demandados ostentan la tenencia de ese bien, pero no derivada de la promesa de venta sino de otro pacto en virtud del cual les fue entregada, ajustado entre los prometientes vendedor y comprador. <\/p>\n
Ciertamente, \u00c1lvaro G\u00f3mez Franco expuso que su progenitora, Zeineth Franco de G\u00f3mez, es la poseedora del bien, pero tal manifestaci\u00f3n tiene valor de prueba testimonial por no provenir de todos los convocados, am\u00e9n de que nadie puede crearse su propia prueba, por lo que apreciada con las declaraciones de Elvira Abondano L\u00f3pez, Elvira L\u00f3pez de Abondano, Mar\u00eda Eugenia Chica de Carrillo, Amelia Cuesta de Vanegas y Flor Mar\u00eda Hern\u00e1ndez, lleva a concluir que si bien es cierto Zeineth Franco de G\u00f3mez vivi\u00f3 en el predio con sus hijos, al menos desde 1972, lo fue a t\u00edtulo de tenencia porque tal acervo no acredita la detentaci\u00f3n derivada de la promesa objeto de este juicio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el precontrato qued\u00f3 consignado que la entrega de la vivienda se llevar\u00eda a cabo el d\u00eda de la firma de la escritura p\u00fablica de venta, la cual no fue realizada, y en el juicio de pertenencia fue sentenciado que Zeineth Franco de G\u00f3mez no demostr\u00f3 ser poseedora sino tenedora del predio, lo cual gener\u00f3 la desestimaci\u00f3n de su pretensi\u00f3n usucapiente. <\/p>\n
Por consecuencia, aunque el Juzgado de primera instancia omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de la prueba trasladada de la cual hubiera concluido que s\u00ed hubo entrega a favor de Hernando G\u00f3mez Sabogal, lo cierto es que no fue producto de la promesa de venta sino de otro pacto en virtud del cual fue otorgada la tenencia. <\/p>\n
4. A lo anterior suma que, seg\u00fan el certificado de tradici\u00f3n y libertad del predio aportado en la etapa probatoria, el 22 de mayo de 2019 fue inscrita la venta realizada por Alberto Campillo Palacio a favor de Edgar Hern\u00e1n Fl\u00f3rez Hern\u00e1ndez a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 2127 de 27 de mayo de 2010 en la Notar\u00eda 20 de Bogot\u00e1, lo cual impide aplicar los art\u00edculos 1748 y 946 del C\u00f3digo Civil en que fue erigida la pretensi\u00f3n reivindicatoria, pues para su buen suceso es necesario que el peticionario sea el propietario del bien, asunto desvirtuado y que genera ausencia de legitimaci\u00f3n por activa. <\/p>\n
5. Respecto de la restituci\u00f3n del precio pagado destac\u00f3 el tribunal que los intereses civiles incluidos eran viables, seg\u00fan el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil y la jurisprudencia patria (CSJ SC002 de 2021 y SC10097 de 2015), debiendo adicionar los valores pagados por Zeineth Franco Vda. de G\u00f3mez para finiquitar las deudas hipotecarias de Alberto Campillo Palacio. <\/p>\n
6. Tampoco era de recibo el reconocimiento de frutos y mejoras producidas por el bien ra\u00edz objeto de restituci\u00f3n, como acertadamente lo decidi\u00f3 el juzgado a-quo, porque a pesar de que en la diligencia de secuestro allegada como prueba trasladada Zeineth Franco Vda. de G\u00f3mez reconoci\u00f3 ser tenedora y al margen de la desestimaci\u00f3n del dictamen pericial practicado, al denegarse la devoluci\u00f3n de la heredad por omitir acreditar la modalidad contractual bajo la cual fue entregado el fundo tampoco es viable tasar frutos y mejoras, m\u00e1xime si no prob\u00f3 \u00abremuneraci\u00f3n por la forma de adquirir los frutos\u00bb. <\/p>\n
7. Finalmente, consider\u00f3 el juzgador colegiado, la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de Fincarros debe confirmarse, en raz\u00f3n a que la cesi\u00f3n de todo derecho litigioso, por mandato del art\u00edculo 1969 del C\u00f3digo Civil, tiene por objeto el evento incierto del pleito al punto que el cedente carece de responsabilidad, y como el proceso de pertenencia en el cual fue realizada la cesi\u00f3n a favor de Fincarros termin\u00f3 con veredicto desestimatorio, \u00abcualquier derecho que hubiese podido tener Fincarros S.A. sobre el bien, se esfum\u00f3.\u00bb <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Al amparo de la causal \u00abprimera\u00bb del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el demandante adujo que el fallo de segunda instancia conculc\u00f3 por falta de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, y por aplicaci\u00f3n indebida los c\u00e1nones 946, 950 y 1748 de la misma obra, debido a \u00abm\u00faltiples yerros manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb, que lo llevaron a abstenerse de ordenar la devoluci\u00f3n del predio a favor de las sucesiones accionantes. <\/p>\n
2. En desarrollo del reproche se\u00f1al\u00f3 que el tribunal tom\u00f3 tal decisi\u00f3n pretiriendo la confesi\u00f3n contenida en la sustituci\u00f3n del libelo de pertenencia incoado por Zeineth Franco Vda. de G\u00f3mez, allegado como prueba trasladada, seg\u00fan la cual el d\u00eda de la suscripci\u00f3n de la promesa de venta fue realizada la entrega del inmueble al prometiente comprador, lo cual acredita que fue producto del precontrato. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que como prueba trasladada tambi\u00e9n fue anexada la demanda inicial de ese proceso, el poder judicial conferido por dicha consorte del prometiente comprador a un profesional del derecho para que la representara y la promesa de venta, documentos que igualmente fueron omitidos en el fallo criticado. <\/p>\n
3. De otro lado, fueron tergiversadas las declaraciones de \u00c1lvaro G\u00f3mez Franco, Elvira Abondano L\u00f3pez, Elvira L\u00f3pez de Abondano, Mar\u00eda Eugenia Chica Carrillo, Amelia Cuesta de Vanegas y Flor Mar\u00eda Bustos Hern\u00e1ndez, porque el juzgador colegiado s\u00f3lo extracto que Zeineth Franco de G\u00f3mez es la tenedora del predio, no que esta detentaci\u00f3n derivara de la promesa de venta anulada, sin tampoco atreverse a afirmar el t\u00edtulo que produjo esa aprehensi\u00f3n material. <\/p>\n
Sin embargo, el primer declarante inform\u00f3 que su progenitora ingres\u00f3 al predio en condici\u00f3n de poseedora desde 1969, con ocasi\u00f3n de la promesa de venta; lo cual ratificaron los dem\u00e1s testigos. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, el juzgador ad-quem consider\u00f3 que en la promesa fue convenida la entrega de la heredad en la fecha de otorgamiento de la escritura p\u00fablica de venta, pero como \u00e9sta no fue realizada aquella tampoco, por lo menos con ocasi\u00f3n de ese preacuerdo, no obstante los medios de convicci\u00f3n referidos anteriormente dicen lo contrario; a m\u00e1s de que el tribunal tampoco argument\u00f3 cu\u00e1l fue la causa de la aprehensi\u00f3n que actualmente ostentan los herederos del promitente comprador. <\/p>\n
Adem\u00e1s, a\u00f1adi\u00f3 el recurrente, que la promesa de venta estipulara el d\u00eda de la escritura p\u00fablica como de entrega del inmueble al comprador no imped\u00eda que \u00e9ste debito pudiera ejecutarse previamente, como sucedi\u00f3, a t\u00edtulo de tenencia, evidenci\u00e1ndose el yerro del estrado judicial de segunda instancia. <\/p>\n
5. Asimismo el fallo adolece de error de derecho, pues con base en el certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble estableci\u00f3 que actualmente pertenece a Edgar Hern\u00e1n Fl\u00f3rez Hern\u00e1ndez, por lo que la parte actora carece de legitimaci\u00f3n por activa, sin percatarse de que tal documento no fue decretado como prueba del proceso, por lo cual carec\u00eda de eficacia demostrativa. <\/p>\n
Por ende, como el mencionado certificado s\u00f3lo est\u00e1 anexo al dictamen pericial decretado para evaluar los frutos del bien ra\u00edz, no pod\u00eda servir de prueba de la enajenaci\u00f3n a favor de Edgar Hern\u00e1n Fl\u00f3rez Hern\u00e1ndez, de donde brota que fue transgredido el art\u00edculo 173 del C\u00f3digo General del Proceso, regulador de la oportunidad para decretar y practicar pruebas, as\u00ed como la regla 164 de la misma obra, a cuyo tenor toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en los elementos suasorios regular y oportunamente acopiados. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, refiri\u00f3 el inconforme, fue mal interpretado su libelo, pues la pretensi\u00f3n reivindicatoria no fue planteada como condena derivada de la nulidad absoluta de la promesa de venta, sino como acci\u00f3n declarativa subsidiaria. <\/p>\n
Y la consecuencia deprecada producto de la nulidad absoluta fue la devoluci\u00f3n del predio objeto de la promesa de venta, en cumplimiento a las restituciones mutuas consagradas en el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Por lo tanto, err\u00f3 la sede judicial al colegir inviable la devoluci\u00f3n del fundo a favor del extremo demandante por estar llamada al fracaso la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
7. En suma, fue trasgredido por falta de aplicaci\u00f3n el mandato 1746 del C\u00f3digo Civil; por empleo indebido el 946 ib\u00eddem, porque la acci\u00f3n reivindicatoria no fue invocada como consecuencia de la nulidad absoluta declarada; el canon 950, en tanto los demandantes s\u00ed ostentan legitimaci\u00f3n por activa; y el 1750 del estatuto civil, que consagra la acci\u00f3n reivindicatoria en contra de terceros poseedores consecuente de la nulidad de un acuerdo de voluntades. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Acus\u00f3 la sentencia de incongruente porque la pretensi\u00f3n reivindicatoria izada en la demanda era acci\u00f3n declarativa subsidiaria e independiente, no consecuente a la nulidad absoluta de la promesa de venta deprecada, y al ser asumida por el juzgador de esta manera incurri\u00f3 en inconsonancia entre lo pedido y lo decidido. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la condena solicitada producto de la nulidad absoluta fue la devoluci\u00f3n del predio objeto de la promesa de venta, en desarrollo de las restituciones mutuas consagradas en el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
1. Erigido en \u00ablas causales de los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, acus\u00f3 la violaci\u00f3n directa e indirecta, por errores en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, de los art\u00edculos 964, 969, 970, 1746 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n, y por empleo indebido los c\u00e1nones 946, 950 y 1748 de la misma obra, al denegar los frutos solicitados en la demanda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, sent\u00f3 el demandante, ni siquiera es necesario proceso previo que declare la nulidad de la alianza para el reconocimiento de frutos, pues estos deben ser tasados en la misma causa judicial, lo cual no tuvo en cuenta el juzgador ad-quem, incurriendo en la transgresi\u00f3n del art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, el cual prev\u00e9 necesario retornar a las partes al estado en que estar\u00edan de no existir la convenci\u00f3n anulada; as\u00ed como de las reglas 964, 969, 970 y 971 de la misma obra, aplicables anal\u00f3gicamente en la tasaci\u00f3n citada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que el escrito con que se promueve la casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria, impone al censor el respeto de unas reglas t\u00e9cnicas orientadas a facilitar la comprensi\u00f3n de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del prove\u00eddo atacado. De ello se deriva la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, en cuya virtud esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias observadas en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene advertido la Sala al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
No podr\u00eda ser de otra forma, pues la impugnaci\u00f3n se encuentra en manos del recurrente, quien establece los motivos y las razones que en su sentir pueden dar lugar a la casaci\u00f3n, sin que el \u00f3rgano de conocimiento pueda sustituir al legitimado en su argumentaci\u00f3n, ya que asumir\u00eda el rol de un juez de instancia y suplantar\u00eda al censor1. <\/p>\n
3. Vistos los cuestionamientos del pliego de casaci\u00f3n concluye esta Corporaci\u00f3n que no cumplen las exigencias formales que le son imperativas, por lo que se impone su inadmisi\u00f3n: <\/p>\n
3.1. Respecto de los cargos primero y tercero erigidos en la causal inicial de casaci\u00f3n, recuerda la Sala que cuando es invocada la afectaci\u00f3n por v\u00eda directa de la ley sustancial resulta necesario partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por acreditados en el fallo, sin que exista campo para disentir de la valoraci\u00f3n ni de los medios de convicci\u00f3n recaudados, por cuanto la cr\u00edtica debe estar dirigida a derruir los falsos raciocinios acerca de las normas sustanciales que gobiernan el caso, bien sea porque el Tribunal no las tuvo en cuenta, se equivoc\u00f3 al elegirlas o, a pesar de ser las correctas, les da un entendimiento extra\u00f1o a su alcance. <\/p>\n
Al respecto tiene dicho la Corte que: <\/p>\n
al acudir en casaci\u00f3n invocando la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, se debe partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear inconformidad alguna relacionada con los medios de convicci\u00f3n recaudados, debi\u00e9ndose limitar la formulaci\u00f3n del ataque a establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea (CSJ SC 24 abr. 2012, rad. n\u00ba 2005-00078). <\/p>\n
Esta obligaci\u00f3n fue desatendida en los reproches de que se trata (primero y tercero), porque no obstante aducir la violaci\u00f3n directa del ordenamiento jur\u00eddico sustancial, a rengl\u00f3n seguido critican al operador judicial de segundo grado por la valoraci\u00f3n probatoria que lo llev\u00f3 a denegar la devoluci\u00f3n del inmueble objeto de la promesa de compraventa, as\u00ed como el reconocimiento de frutos a cargo de los convocados. <\/p>\n
Es decir que tales censuras van dirigidas contra la plataforma f\u00e1ctica del litigio y no respecto del entendimiento que se le dio a los preceptos invocados en la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
En tal orden de ideas, los referidos cargos son inadmisibles, en raz\u00f3n a que no fueron formulados guardando la t\u00e9cnica debida. <\/p>\n
3.2. En segundo lugar, observa la Corte que tanto en el primer reproche casacional como en el \u00faltimo el recurrente desatendi\u00f3 la formalidad prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la formulaci\u00f3n de los reproches debe realizarse \u00abpor separado\u00bb y con \u00abexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u00bb, pues, en contrav\u00eda con esa obligaci\u00f3n, entremezcl\u00f3 de forma indiscriminada cr\u00edticas que corresponden a la violaci\u00f3n de la ley sustancial por el camino recto con la conculcaci\u00f3n de ese ordenamiento por la v\u00eda indirecta debido a errores en la estimaci\u00f3n de los elementos persuasivos. <\/p>\n
La Sala ha indicado, refiri\u00e9ndose al primer motivo de casaci\u00f3n, cu\u00e1ndo el ataque por esta v\u00eda extraordinaria corresponde al camino recto y cu\u00e1ndo al indirecto, se\u00f1alando: <\/p>\n
[C]uando quiera que las recriminaciones en casaci\u00f3n se fundamenten en la primera de las causales del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el quejoso debe circunscribir las acusaciones a la v\u00eda que ha seleccionado. \u2018[a]l punto, mem\u00f3rase que los ataques por v\u00eda directa constituyen exclusivamente una disputa entre la interpretaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n o ausencia de ella, que de una norma jur\u00eddica haga el ad quem, sin debatir las apreciaciones que de los elementos probatorios elabore o las conclusiones f\u00e1cticas a las que arribe; mientras que la v\u00eda indirecta, comprensiva del error de hecho (sobre las probanzas la demanda y su contestaci\u00f3n) y de \u2018derecho por violaci\u00f3n de una norma probatoria\u2019 (inc. 2\u00ba, num. 1\u00ba, art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), se erige sobre la alteraci\u00f3n de la litis en t\u00e9rminos probatorios. (CSJ AC 13 oct. 2011, rad. n\u00ba 2003-00269-01). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, pertinente es recordar que el juez puede quebrantar la ley sustancial de forma indirecta cometiendo: I) errores de hecho, que aluden a la ponderaci\u00f3n objetiva de las pruebas, o; II) de derecho, cuando de su validez jur\u00eddica se trata. <\/p>\n
La inicial afectaci\u00f3n -por faltas f\u00e1cticas- ocurre cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio porque la distorsi\u00f3n que comete el Juzgador implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que s\u00ed expresa, alterando su contenido de forma significativa. <\/p>\n
As\u00ed lo ha explicado la Sala al se\u00f1alar: <\/p>\n
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constataci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, \u2018(\u2026) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680, 24 jul. 2015, rad. 2004-00469-01). <\/p>\n
La otra modalidad de yerro, el de derecho, se configura en el escenario de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba, al ser desconocidas las reglas sobre su aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n, m\u00e9rito demostrativo asignado por el legislador, contradicci\u00f3n de la prueba o valoraci\u00f3n del acervo probatorio en conjunto. La Corte ense\u00f1\u00f3 que se incurre en esta falencia si el juzgador <\/p>\n
Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1gina 61, citada en CSJ SC de 13 abr. 2005, rad. 1998-0056-02; CSJ SC de 24 nov. 2008, rad. 1998-00529-01; CSJ SC de 15 dic. 2009, rad. 1999-01651-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo tanto los reproches inicial y final tampoco son admisibles toda vez que no fueron formulados guardando la t\u00e9cnica, al ser necesario que cada uno de los cargos invocados guarde correspondencia con la causal escogida, lo que desarrolla la autonom\u00eda de los motivos de casaci\u00f3n, toda vez que son \u00abdis\u00edmiles por su naturaleza, lo cual implica que las razones alegadas para cuestionar la sentencia deban proponerse al abrigo exclusivo de la correspondiente causal, sin que por ende sea posible alegar o considerar en una de ellas situaciones que a otra pertenecen. De este modo, la parte que decide impugnar una sentencia en casaci\u00f3n no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro se cometi\u00f3, y luego, aducir la que para denunciarlo se tiene previsto.\u00bb (CSJ AC277 de 19 nov. 1999, rad. 7780; en el mismo sentido, AC049 de 19 mar. 2002, rad. 1994-1325-01; G.J. CCXLIX, p\u00e1g. 1467; AC de 14 dic. 2010, rad. 1999-01258-01, entre otros). <\/p>\n
Sobre tal separaci\u00f3n, esta Sala tiene decantado: <\/p>\n
El postulado de la separaci\u00f3n o autonom\u00eda de las causales de casaci\u00f3n, el cual consiste, por lo general, en que cada una de ellas la acompa\u00f1an motivos propios, distintos por su naturaleza y ello implica que los argumentos esgrimidos para cuestionar el fallo deban formularse al amparo exclusivo de la causal respectiva; quiere ello significar, que le est\u00e1 vedado elaborar planteamientos mixtos o h\u00edbridos con el prop\u00f3sito de cobijar en un mismo cargo varios motivos, porque como tiene dicho la jurisprudencia \u2018quien decide impugnar una sentencia en casaci\u00f3n no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el fallador, y en segundo lugar, aducir la causal que para denunciarlo est\u00e1 previsto en la ley\u2019 (auto de 11 de octubre de 2002, expediente 11001-310-3011-1997-09637). (\u2026)\u201d. (Subraya fuera de texto). (Auto aprobado 27 de septiembre de 2012, radicaci\u00f3n n. 2009-00359-01\u201d (SC12024-2015 de 9 sep. 2015, rad. n\u00b0 73001 31 03 003 2009 00387 01) (SC778, 15 mar. 2021, rad. n.\u00b0 2010-00613-01). <\/p>\n
Total, \u00abno es posible hacer una miscel\u00e1nea en torno a las dos maneras como puede producirse la infracci\u00f3n de la ley sustancial: la directa y la indirecta, as\u00ed tampoco se permite al impugnante soslayar las claras diferencias que existen entre los vicios de juicio y los de actividad, \u2018o saltar\u2026de aqu\u00ed para all\u00e1, que si lo hace es con sacrificio definitivo de la claridad y precisi\u00f3n\u2019 (CSJ AC 24 jul. 2001, Exp. 7684; reiterado en CSJ AC 19 mar. 2002, Exp. 1994-01325-01, CSJ AC3533-2020, 14 dic., rad. 2016-00430-01 y CSJ AC2590-2021, 30 jun., rad. 2015-00095-02)\u00bb. (CSJ AC999 de 2022, rad. 2017-00409-01). <\/p>\n
3.3. Adem\u00e1s, los embistes inicial y final son incompletos, valga anotar, no tocan la totalidad de las valoraciones probatorias en que fue cimentado el prove\u00eddo de segundo grado. <\/p>\n
Ciertamente, para negar las peticiones elevadas a favor de las sucesiones demandantes relativas a la restituci\u00f3n del inmueble objeto de la promesa de venta, as\u00ed como el reconocimiento de frutos, el fallador colegiado sent\u00f3 inicialmente que \u00ab[e]n auto de 17 de enero de 2019 y a petici\u00f3n de la parte demandante, se decret\u00f3 como tal, la \u2018trasladada\u2019 la de \u2018oficiar al Juzgado 15 Civil del Circuito para que aporte copia aut\u00e9ntica del proceso ordinario promovido por Zeineth Franco de G\u00f3mez, contra Alberto Campillo Palacio, \u2026\u2019 el que obra en el expediente, por lo que, dado que no se precis\u00f3 qu\u00e9 medios de prueba hubieran de ser removidos a este proceso, se ha de tomar todos los que all\u00ed obran y sean necesarios para el convencimiento de la Sala\u2026.\u00bb.2 <\/p>\n
De igual manera esa sede judicial consider\u00f3 que en el mencionado juicio de pertenencia \u00abno se demostr\u00f3 la posesi\u00f3n, sino una mera tenencia de la se\u00f1ora Zeineth Franco de G\u00f3mez sobre el inmueble prometido, lo que llev\u00f3 a que se negaran las pretensiones de prescripci\u00f3n adquisitiva, lo cual a\u00fana m\u00e1s la relaci\u00f3n tenencial de la parte demandante en el presente proceso, dado que en aquel \u00fanicamente se estableci\u00f3 la calidad indicada de la se\u00f1ora Franco de Gomez, de ah\u00ed, que resultase desfavorecida en su pretensi\u00f3n ya indicada.\u00bb3 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, brota n\u00edtido que el tribunal estim\u00f3 como prueba documental la sentencia proferida en el juicio de pertenencia que anteriormente involucr\u00f3 a las partes, e hizo suyas las cavilaciones plasmadas en ese veredicto a cuyo tenor Zeineth Franco ostentaba el corpus m\u00e1s no el \u00e1nimus necesario para usucapir, pues \u00abpor manifestaci\u00f3n expresa de la demandante no se consolid\u00f3 dicho elemento, pues se llev\u00f3 a cabo el reconocimiento de un mejor derecho en la diligencia de secuestro practicada en el a\u00f1o de 1974: \u2018al llamado contest\u00f3 Zeineth Viuda de G\u00f3mez, a quien se le pregunt\u00f3 si la casa donde e (sic) personal de la diligencia se encontraba es del se\u00f1or Alberto Campillo Palacio y manifest\u00f3 que s\u00ed, que ella es arrendataria de \u00e9l, pero que tienen un negocio con \u00e9l sobre el inmueble\u2026\u2019\u00bb. (Resaltado impropio).4 <\/p>\n
De all\u00ed que el Tribunal considerara, reiteradamente, que las sucesiones de Jes\u00fas Hernando G\u00f3mez Sabogal y Zeineth Franco de G\u00f3mez detentan la heredad porque les fue entregada por Alberto Campillo Palacio, no con ocasi\u00f3n de la promesa de venta materia de esta litis, sino por un contrato de tenencia aut\u00f3nomo, a la saz\u00f3n arrendamiento aun cuando expresamente no lo indicara. <\/p>\n
Por ende, a\u00fan en el evento de que la Corte afirmara que el fallador colegiado incurri\u00f3 en la errada apreciaci\u00f3n de los medios persuasivos endilgada en los reproches, la decisi\u00f3n atacada se mantendr\u00eda, por cuanto esas supuestas falencias no desvirt\u00faan la apreciaci\u00f3n de la sentencia dictada en el proceso de pertenencia acogida por el Tribunal. <\/p>\n
En tal orden de ideas, los ataques son inadmisibles porque no combaten todos los soportes del fallo criticado, cuesti\u00f3n frente a la cual la Corte ha indicado, en relaci\u00f3n con el recurso de que se trata, que: <\/p>\n
[su] especial naturaleza, extraordinaria y dispositiva, ha llevado al legislador, de antiguo, a exigir que la demanda que se presente ante el Tribunal de casaci\u00f3n cumpla con precisos y puntuales requisitos, que deben ser examinados al momento de su admisi\u00f3n y que, en caso de ser omitidos, impiden darle curso a tal pieza procesal para un estudio de fondo, pues el referido c\u00f3digo no permite -o habilita- la concesi\u00f3n de un plazo para que se subsanen las deficiencias que se observen en el escrito correspondiente. Sobre el particular esta Sala tiene dicho que \u2018\u2026el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado\u2019 (\u2026) En la misma providencia, se a\u00f1adi\u00f3 que \u2018\u2026para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa\u2019. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u2026 (CSJ AC7629 de 2016, rad. n\u00ba 2013-00093-01. Subray\u00f3 la Sala). <\/p>\n
Por contera, los embates no cumplen otra exigencia formal necesaria para habilitar su admisi\u00f3n. <\/p>\n
3.4. En adici\u00f3n, en los cargos inicial y final, aun cuando el recurrente asever\u00f3 que el tribunal tergivers\u00f3 los testimonios de Elvira Abondano L\u00f3pez, Elvira L\u00f3pez de Abondano, Mar\u00eda Eugenia Chica Carrillo, Amelia Cuesta de Vanegas y Flor Mar\u00eda Bustos Hern\u00e1ndez, realmente la censura no pasa de ser alegato de instancia, habida cuenta que omiti\u00f3 indicar qu\u00e9 extract\u00f3 el juzgador de esos medios de prueba, as\u00ed como confrontar esas deducciones con lo expuesto por cada declarante para exteriorizar la discrepancia, que por dem\u00e1s debe ser grave y notoria al punto que cualquier observador note la arbitrariedad. <\/p>\n
Por consecuencia, los cargos citados, en realidad, solamente contienen valoraci\u00f3n probatoria paralela, basada en disparidad de criterios sobre la estimaci\u00f3n del material probatorio, no errores de hecho susceptibles de invocaci\u00f3n por v\u00eda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que admitir a tr\u00e1mite un escrito casacional fundado tan s\u00f3lo en un ejercicio de ponderaci\u00f3n probatoria diferente al plasmado en la providencia atacada desconocer\u00eda la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto de que est\u00e1 revestida la sentencia de \u00faltima instancia, como quiera que las conclusiones del juez fundadas en el examen de los elementos f\u00e1cticos son, en principio, intocables, salvo la demostraci\u00f3n de un yerro apreciativo, evidente, incuestionable y trascendental, que en el caso de autos no se mostr\u00f3. <\/p>\n
Esa falencia tambi\u00e9n es motivo de inadmisi\u00f3n del libelo casacional porque, aludiendo a los eventos en que no debe aceptarse la demanda, tanto por defectos formales como por errores t\u00e9cnicos, la Sala ha estimado que: <\/p>\n
En s\u00edntesis, la Corte inadmitir\u00e1 la demanda de casaci\u00f3n por ausencia de requisitos formales, cual lo regula el art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, e igualmente se abstendr\u00e1 de seleccionarla en las siguientes hip\u00f3tesis: a) porque acusa errores de t\u00e9cnica, que adem\u00e1s de ser evidentes, resultan insalvables; como por ejemplo, la falta de individualizaci\u00f3n de pruebas o la ausencia de demostraci\u00f3n del yerro endilgado, entre otras; b) cuando incorpora aspectos o cuestiones novedosas y, por lo mismo, no admisibles en casaci\u00f3n; c) porque los supuestos yerros f\u00e1cticos en los que, eventualmente, ha incurrido el fallador, relativos a la apreciaci\u00f3n de las pruebas, no son manifiestos o trascendentes; d) porque no se demostr\u00f3 el error de derecho alegado o \u00e9ste es irrelevante; e) porque los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados o, no afectaron las garant\u00edas de las partes ni comportaron una lesi\u00f3n may\u00fascula del ordenamiento; f) por la existencia reiterada de precedentes sin que se vislumbre la necesidad de variar su sentido; g) porque, a la postre, en el asunto de que se trate no se viol\u00f3, al rompe, el ordenamiento en detrimento del recurrente. (CSJ AC 12 may. 2009, rad. 2001-00922, reiterado AC 30 ago. 2013, rad. 2001-003000-01 y en igual sentido CSJ AC-3337 de 2015, rad. 2008-00668-01, entre otros). <\/p>\n
Por consiguiente, los cargos inicial y final padecen del referido desatino, igualmente suficiente para impedir su admisi\u00f3n, pues la argumentaci\u00f3n presentada para sustentarlo no pas\u00f3 de ser alegato de instancia, ajeno a esta sede. <\/p>\n
3.5. Finalmente, en relaci\u00f3n con las censuras primera y tercera la Corte observa que carecen de justificaci\u00f3n en cuanto a la trascendencia de los supuestos errores de juzgamiento endilgados al fallador de \u00faltima instancia. <\/p>\n
Sobre esto es menester recordar que los errores de juzgamiento a que aluden las causales primera y segunda del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso deben ser de tal magnitud que incidan adversamente en la forma como se desat\u00f3 el litigio, produci\u00e9ndose un resultado contrario al legal. <\/p>\n
Es que cuando el ataque est\u00e1 dirigido a inconformidades con la sanci\u00f3n de orden sustancial prevista en el ordenamiento de cara a la adoptada por el operador judicial, es indispensable que el recurrente demuestre la disparidad entre lo proclamado u omitido por el funcionario de conocimiento y la consecuencia prevista en el mandato de orden sustancial invocado, lo cual no mostraron los embates primero y tercero del libelo extraordinario. <\/p>\n
En efecto, el inconforme pretende que sea casado el fallo de segunda instancia para, en su lugar, disponer la restituci\u00f3n del inmueble objeto de la promesa de venta, con los frutos que hubiera podido producir. <\/p>\n
Tal extremo procesal manifest\u00f3 en el libelo genitor de la contienda que en el juicio de pertenencia adelantado ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u00c1lvaro G\u00f3mez Franco, como sucesor procesal de Zeineth Franco de G\u00f3mez, cedi\u00f3 a Fincarros el derecho litigioso a t\u00edtulo de venta \u00absobre todos los bienes que conforman el litigio mencionado\u00bb e hizo entrega de la heredad, siendo tal compa\u00f1\u00eda la actual detentadora. <\/p>\n
En la sentencia de segundo grado criticada por esta v\u00eda extraordinaria el tribunal confirm\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n perentoria de falta de legitimaci\u00f3n por pasiva de Fincarros y, por lo tanto, la desvincul\u00f3 del pleito, determinaci\u00f3n frente a la cual ning\u00fan ataque fue expuesto en el escrito casacional. <\/p>\n
En este orden, los supuestos errores de juzgamiento endilgados al tribunal se muestran irrelevantes porque aun cuando la Corte acogiera los planteamientos casacionales, la restituci\u00f3n y el pago de frutos deprecados ser\u00edan inviables habida cuenta que el inmueble objeto de la devoluci\u00f3n se encuentra en poder de la entidad mercantil desvinculada de la contienda, mediante decisi\u00f3n carente de cuestionamiento, a quien, por ende, no cobijar\u00eda la orden de entrega, m\u00e1xime cuando el tribunal de segunda instancia concluy\u00f3 que Fincarros no tiene derechos derivados de la cesi\u00f3n realizada en el proceso de pertenencia porque all\u00e1 se dict\u00f3 sentencia desestimatoria, es decir, no ser\u00eda causahabiente por acto entre vivos de los ac\u00e1 convocados. <\/p>\n
4. En suma, debido a los defectos anotados la Corte inadmitir\u00e1 los cargos primero y tercero planteados por el recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
5. En lo que ata\u00f1e al cargo segundo del pliego de casaci\u00f3n concluye esta Corporaci\u00f3n que, a la par, incumple las exigencias formales que le son imperativas, por lo que se impone su inadmisi\u00f3n, en la medida en que el recurrente argumenta, por la senda de la incongruencia, que el tribunal ad-quem desestim\u00f3 la devoluci\u00f3n del bien ra\u00edz objeto de la promesa de venta por considerar que para tal prop\u00f3sito la parte demandante iz\u00f3 acci\u00f3n reivindicatoria consecuente a la nulidad absoluta del precontrato, no obstante que correspond\u00eda al cumplimiento de las restituciones mutuas consagradas en el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Tal reparo luce et\u00e9reo comoquiera que olvid\u00f3 argumentar por qu\u00e9 tal negativa no puede entenderse dirigida a desestimar la acci\u00f3n reivindicatoria que de manera aut\u00f3noma inco\u00f3, mediante acumulaci\u00f3n de pretensiones, como se desprende no s\u00f3lo de la demanda iniciadora del proceso, sino tambi\u00e9n de su libelo extraordinario. <\/p>\n
Igualmente omiti\u00f3 explicar por qu\u00e9 dicha negativa no puede interpretarse a manera de desestimaci\u00f3n de las restituciones mutuas que implor\u00f3, m\u00e1xime si el tribunal fue enf\u00e1tico al se\u00f1alar que la devoluci\u00f3n del bien ra\u00edz no era de recibo por cuanto Jes\u00fas Hernando G\u00f3mez Sabogal y Zeineth Franco de G\u00f3mez no recibieron el predio a consecuencia del contrato de promesa de venta ajustado con Alberto Palacio Campillo, sino debido a otro convenio paralelo que implic\u00f3 la entrega de la tenencia (arrendamiento). <\/p>\n
En adici\u00f3n, el cargo tampoco explicit\u00f3 si la referida negativa correspond\u00eda a alguna defensa que no pod\u00eda ser declarada oficiosamente por el juez, de cara al ordenamiento procesal que regula tal materia, todo en aras de fundamentar el supuesto exceso que calific\u00f3 de extrapetita. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00ab\u2026cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n, deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb, por lo que correspond\u00eda al recurrente argumentar si la negativa expuesta en la sentencia atacada encajaba dentro de esta norma o si hubo exceso del fallador, en orden a configurar el motivo de incongruencia, indicando las razones de sus conclusiones, lo que no plasm\u00f3 en el libelo bajo examen, m\u00e1s cuando sobre tal tem\u00e1tica el ordenamiento jur\u00eddico por v\u00eda jurisprudencial tiene sentado que: <\/p>\n
\u00abEn este orden se tiene que, como regla de principio, la decisi\u00f3n del superior est\u00e1 restringida a los argumentos expuestos por el apelante, lo que no obsta para que sentencie sobre tem\u00e1ticas respecto de las cuales el ordenamiento le impone pronunciarse motu proprio, por estar \u00edntimamente relacionadas con el asunto sometido a su conocimiento, verbi gratia, las restituciones mutuas derivadas de distintas modalidades de decaimiento de un acuerdo de voluntades (CSJ SC 020 de 2003, rad. 6610; SC10097 de 2015, rad. 2009-00241); el deber de reexaminar en juicios coactivos el t\u00edtulo ejecutivo aportado a efectos de determinar la cabal concurrencia de sus requisitos (CSJ STC15169 de 2019, rad. 2019-01721; CSJ STC13428 de 2019, rad. 2019-01460); entre otros eventos. <\/p>\n
Uno de estos pronunciamientos oficiosos que debe asumir el juzgador ad-quem corresponde al se\u00f1alado en el art\u00edculo 282 de la obra en menci\u00f3n, a cuyo tenor \u00ab[e]n cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Otro lo constituye el an\u00e1lisis de los presupuestos del derecho reclamado por el demandante, sin que este proceder implique la desatenci\u00f3n del principio de la congruencia, porque como lo tiene dicho la Corte, \u00ab[d]esde esa perspectiva si lo que pasa por alto el sentenciador es la inexistencia del derecho reclamado, no quiere decir que el fallo sea inconsonante, que s\u00f3lo se da si no declara de oficio una \u00abexcepci\u00f3n\u00bb que forzosamente deb\u00eda reconocer. Esto es, no corresponde a un yerro in procedendo\u2026.\u00bb (CSJ SC4574 de 2015, rad. 2007-00600-02). <\/p>\n
Es decir, la resoluci\u00f3n del derecho reclamado por el demandante, accediendo o neg\u00e1ndolo, previamente al estudio de los mecanismos de defensa propuestos por el reo o a los reparos se\u00f1alados por el recurrente en v\u00eda de apelaci\u00f3n, no comporta la conculcaci\u00f3n del principio de congruencia, por tratarse del cumplimiento del deber de administrar justicia de que est\u00e1 investido todo funcionario judicial, ya de primera instancia ora de segundo grado.\u00bb (CSJ, SC3918 de 2021, rad. 2008-00106). <\/p>\n
Con otras palabras, el embate no explic\u00f3 cu\u00e1l era la barrera jur\u00eddica que ten\u00eda el funcionario judicial colegiado para negar la devoluci\u00f3n del inmueble suplicada, en el contexto de las defensas procesales meritorias. <\/p>\n
Al respecto la Corte ha reiterado que: <\/p>\n
[I]nvocada la inconsonancia de la sentencia recurrida, el censor en su exposici\u00f3n debe explicitar e identificar con exactitud d\u00f3nde est\u00e1 la desarmon\u00eda, como lo advirti\u00f3 la Sala al se\u00f1alar que \u2018acept\u00e1ndose que el cargo est\u00e1 montado s\u00f3lo sobre la incongruencia, se tiene que no fue cabalmente fundamentado, en la medida que no muestra el vicio que le enrostra a la sentencia opugnada, cuesti\u00f3n que el recurrente debi\u00f3 suplir cotejando el contenido objetivo del escrito incoativo del litigio -pretensiones y hechos- con la parte dispositiva del fallo censurado\u2019 (auto de 22 de mayo de 2008 y reiterado en el de 6 de febrero de 2009, expediente 2003 00423 y 1999-00591) (\u2026) Por tanto, no es suficiente con esbozar una falta de coherencia en lo decidido, sino que su planteamiento, para que sea completo, debe comprender la contraposici\u00f3n del fallo con todos los elementos debatidos al interior del litigio y que incidir\u00edan en su proferimiento, esto es la demanda, la contestaci\u00f3n y las excepciones propuestas, al tenor del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de tal manera que aparezca de bulto una real desarmon\u00eda con el contexto (CSJ AC 10 sep. 2012, rad. n\u00b0 2009-00140-01). <\/p>\n
Entonces, no es dable admitir el presente cuestionamiento. <\/p>\n
6. En suma, ninguno de los cargos cumple las exigencias t\u00e9cnicas de la casaci\u00f3n, por lo que la Sala habr\u00e1 de inadmitir el escrito sustentador del mecanismo extraordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n allegada para sustentar el recurso interpuesto por el demandante frente a la sentencia de 11 de mayo de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el juicio verbal promovido por Alberto Mario Campillo Correa, en representaci\u00f3n de las sucesiones de Alberto Campillo Palacio y Fabiola Ester Correa de Campillo, contra Adquisiciones y Ventas Fincarros S.A. \u00abFINCARROS S.A.\u00bb, las sucesiones de Jes\u00fas Hernando G\u00f3mez Sabogal y Zeineth Franco de G\u00f3mez, representadas por Magdalena, \u00c1ngela, Liliana, Fernando, Marta y \u00c1lvaro G\u00f3mez Franco en condici\u00f3n de herederos determinados, as\u00ed como frente a los herederos indeterminados. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la devoluci\u00f3n por la secretar\u00eda del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1ginas 16 y 17 de la sentencia de segunda instancia, cuaderno del tribunal, archivo 10SentenciaSegundaInstnacia.pdf <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1ginas 18 y 19 ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1ginas 274 y 275, CuadernoJuzgado, archivo 05CopiasCuadernoTribunalApelacionSentenciaProceso200000757.pdf <\/p>\n
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AC1378-2023 (2013-00011-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC1378-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-002-2013-00011-01 Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n del escrito que sustenta el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante frente a la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73683","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73683","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73683"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73683\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73683"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}