AC1417-2023 (2019-00389-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1417-2023 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Eduardo Humberto Rodr\u00edguez \u00c1lvarez frente a la sentencia proferida el 14 de enero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro del proceso de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea que junto a Rafael Eduardo Rodr\u00edguez Valderrama promovi\u00f3 contra Edificio Rodal III PH. <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los accionantes pidieron decretar la nulidad del acta de la asamblea extraordinaria de 21 de mayo de 2019. <\/p>\n
En suma, refirieron que en dicha sesi\u00f3n, a la que asisti\u00f3 el 100% de los copropietarios, la elecci\u00f3n de presidente y secretario ah hoc, de la comisi\u00f3n verificadora del acta y del consejo administrativo, as\u00ed como la remoci\u00f3n del administrador Rafael Eduardo Rodr\u00edguez Valderrama y la delegaci\u00f3n para nombrar su reemplazo y contador fueron ilegales porque se hicieron mediante voto nominal, cuando debieron ser por coeficiente por tratarse de decisiones con contenido econ\u00f3mico, desconociendo lo dispuesto en el art\u00edculo 45 de la Ley 675 de 2001. <\/p>\n
2.- La demandada excepcion\u00f3 de m\u00e9rito \u00ab\u2026efecto erga omnes de los fallos de la Corte Constitucional en materia de control de constitucionalidad\u00bb, \u00ab\u2026un voto por unidad privada en decisiones no econ\u00f3micas para copropiedades de uso residencial\u00bb y \u00ab\u2026decisiones nulas en el r\u00e9gimen de propiedad horizontal\u00bb. <\/p>\n
3.- En sentencia de 26 de marzo de 2021, el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 que Rodr\u00edguez Valderrama carece de legitimaci\u00f3n por no ser propietario de ninguna unidad habitacional, actual administrador o revisor fiscal, y probada la segunda de tales defensas, por lo que neg\u00f3 las s\u00faplicas y conden\u00f3 en costas a aqu\u00e9l. <\/p>\n
4.- El Tribunal, al desatar la apelaci\u00f3n de los accionantes, revoc\u00f3 el primer aspecto del fallo (legitimaci\u00f3n) y lo confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s con apoyo en las siguientes consideraciones: <\/p>\n
Aunque Rodr\u00edguez Valderrama no representa actualmente a la propiedad horizontal, \u00able asist\u00eda inter\u00e9s directo en que se validara el procedimiento parlamentario que dispuso apartarlo del cargo\u00bb de administrador, m\u00e1xime que estima que de haberse votado por coeficiente habr\u00eda sido ratificado. <\/p>\n
No obstante que los apelantes no desconocen que la regla que defienden no es absoluta, solo consideran aplicable la votaci\u00f3n nominal para los casos de derechos a la intimidad y libre albedr\u00edo y como \u00fanica norma aplicable el art\u00edculo 45 de la Ley 675 de 2001 que no fue objeto de condicionamiento por la Corte Constitucional. <\/p>\n
Si bien la interpretaci\u00f3n que postulan es la general que se desprende de ese art\u00edculo, as\u00ed como de los c\u00e1nones 3, 25 y 37 \u00eddem, no es inamovible porque esa Corporaci\u00f3n, al efectuar el control del par\u00e1grafo 2\u00ba de este \u00faltimo precepto, estableci\u00f3 que opera frente a determinaciones \u00aben s\u00ed mismas\u00bb econ\u00f3micas y, en caso contrario, se aplica el sistema de votaci\u00f3n nominal. Se desestima, entonces, que el canon invocado por la apelaci\u00f3n sea el \u00fanico pertinente, porque \u00abcomo sistema jur\u00eddico que es, su an\u00e1lisis ha de tornarse arm\u00f3nico y no en modo insular, porque pensar en tal sentido, tornar\u00eda in\u00fatil el trabajo interpretativo y de adecuaci\u00f3n constitucional efectuado por la Corte Constitucional\u00bb1. <\/p>\n
No es cierto que la excepcionalidad solo aplique a los casos que tocan los derechos fundamentales citados por la censura; s\u00f3lo que por su naturaleza \u00e9stos son claros ejemplos de asuntos que carecen de un componente financiero. Tampoco que el \u00f3rgano de cierre constitucional haya generado un sistema taxativo. <\/p>\n
Hay eventos de claro cariz cremat\u00edstico, mientras que otros \u00abhacen parte del ejercicio natural asociativo y de convivencia, entre los que se destaca; (i) la selecci\u00f3n y remoci\u00f3n de estamentos representativos como administrador -si no est\u00e1 delegada en el Consejo de Administraci\u00f3n- y los miembros de dicho consejo; (ii) la aprobaci\u00f3n del manual que contenga cualquier tipo de reglamentaci\u00f3n frente a las facetas de convivencia; (iii) la aprobaci\u00f3n de sanciones por violaci\u00f3n al reglamento de propiedad horizontal y (iv) todas las decisiones que no incorporen en la determinaci\u00f3n misma un aspecto dinerario\u00bb. <\/p>\n
Se enfatiza \u00abla expresi\u00f3n \u201cen s\u00ed mismas\u201d, porque en un contexto asociativo como lo es la propiedad horizontal, en donde en modo gen\u00e9rico una colectividad -copropietarios-, efect\u00faan una inversi\u00f3n peri\u00f3dica y fija -cuota de administraci\u00f3n- con una destinaci\u00f3n encaminada al mantenimiento, crecimiento y garant\u00eda del disfrute pleno de las unidades privadas -finalidad com\u00fan-, cualquier decisi\u00f3n, por \u00ednfima o aislada que llegue a ser, puede tener un \u201cefecto\u201d econ\u00f3mico, lo que vaciar\u00eda a plenitud el sentir constitucional que se imprimi\u00f3 en el fallo C-222 de 2002\u00bb. <\/p>\n
No se comparte el argumento que la elecci\u00f3n del administrador al final de cuentas impondr\u00eda una consecuencia econ\u00f3mica porque a futuro tomar\u00eda determinaciones que comprometer\u00edan dinerariamente a la colectividad, pues aunque esto pueda ser cierto, \u00ablo relevante es que la elecci\u00f3n como tal, comporta una determinaci\u00f3n natural del ejercicio asociativo, pues es la Ley la que impone la presencia del gestor y, de otro lado, porque la naturaleza directa de la proposici\u00f3n no integra el componente mercantil que se exige para acudir al sistema de coeficiente\u00bb. <\/p>\n
En realidad, \u00abla remoci\u00f3n del administrador que se efectu\u00f3 en la asamblea increpada, en nada tension\u00f3 el balance del superior deber frente a cargas pecuniarias que ostentan quienes mayor porcentaje de unidad privada tienen y, por tanto, no era aplicable el remedio equilibrante del sistema de coeficientes para otorgar un mejor derecho de elecci\u00f3n, siendo ajustada la votaci\u00f3n por medio del sistema de un voto por cada unidad privada\u00bb. <\/p>\n
5.- Los demandantes interpusieron recurso de casaci\u00f3n, que les fue concedido. <\/p>\n
6.- La Corte admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n, la cual solo fue sustentada por Eduardo Humberto Rodr\u00edguez \u00c1lvarez mediante demanda contentiva de tres cargos, por lo que se declar\u00f3 desierta en relaci\u00f3n con Rafael Eduardo Rodr\u00edguez Valderrama mediante AC753-2023, que fue objeto de solicitud de reposici\u00f3n y aclaraci\u00f3n, pero se mantuvo inalterado en AC1010-2023. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Denuncia la violaci\u00f3n directa a los art\u00edculos 25, 37 y 45 de la Ley 675 de 2001. <\/p>\n
El primer canon, declarado exequible por la Corte Constitucional en C522-2002, fue desconocido pues su literalidad \u00abindica que la aplicaci\u00f3n de voto nominal ser\u00e1 excepcional en los casos que indique la ley y se entiende que bajo la interpretaci\u00f3n jurisprudencial de la misma se habilit\u00f3 s\u00f3lo proceder\u00e1 votaci\u00f3n nominal en temas relacionados con la convivencia y vida colectiva de la copropiedad, de modo que la regla general de votaci\u00f3n ser\u00e1 por coeficiente, salvo la excepci\u00f3n jurisprudencial previamente enunciada\u00bb (destacado original). <\/p>\n
Igualmente, el 37 \u00eddem, frente al cual, al examinar su inciso segundo, dicha Corte dej\u00f3 claro que \u00abla votaci\u00f3n nominal no encontrar\u00e1 lugar m\u00e1s que excepcional en la asamblea, puesto que las decisiones de contenido econ\u00f3mico son la regla general de cualquier copropiedad incluso de tipo residencial, es decir que est\u00e1n relacionadas con alg\u00fan tema financiero y se deben llevar a cabo con base en el coeficiente\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, mediante C318-2002 la misma alta Corporaci\u00f3n examin\u00f3 el inciso tercero de la disposici\u00f3n en comento, facultando a las autoridades internas para tomar acciones contra los moradores no propietarios que tienen deudas con la copropiedad, lo que indica que se trata de decisiones econ\u00f3micas en los t\u00e9rminos del fallo previo. <\/p>\n
Al realizar la votaci\u00f3n nominal \u00abse evidencia una violaci\u00f3n directa a la norma jur\u00eddica sustancial en el entendido que las decisiones no fueron tomadas con el criterio de voto por coeficiente de la mitad m\u00e1s uno se\u00f1alado taxativamente en el citado art\u00edculo\u00bb (45), pese a que fue declarado exequible sin condicionamiento alguno, tanto en la precitada providencia como en la C738-2002, \u00abpuesto que si la regla general fuese el voto de manera nominal como lo indica la parte pasiva no habr\u00eda necesidad siquiera de medir el porcentaje del coeficiente exigido por el art\u00edculo 45, que se requiere para poder sesionar incluso en copropiedades de uso residencial\u00bb. Adem\u00e1s, el \u00faltimo fallo indic\u00f3 que las normas sobre propiedad horizontal son imperativas y los reglamentos deber\u00e1n ce\u00f1irse a ellas. <\/p>\n
Ahora, de conformidad con la C522-2002 es manifiesto e incluso reiterativo que las decisiones que deber\u00e1n ser tomadas mediante voto nominal son las que \u00abpretenden reglamentar la vida colectiva\u00bb o asuntos no econ\u00f3micos, y elabora una lista no taxativa mediante la cual queda claro que se refiere a temas de \u00edndole convivencial, dentro de los que no se encuentra la remoci\u00f3n del administrador como equivocadamente dijo el ad quem. <\/p>\n
Si bien esa sentencia no proporciona una definici\u00f3n concreta y concisa de \u00abvida colectiva\u00bb, da par\u00e1metros que permiten entenderla, como la necesidad de garantizar el goce y disfrute de las unidades privadas, asociado a la garant\u00eda de libertad e igualdad, traducido en el derecho de tener igual participaci\u00f3n en decisiones relacionadas con la convivencia o coexistir pac\u00edficamente como comunidad que comparte lugares de esparcimiento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es incompatible con la realidad un voto nominal aplicado a decisiones econ\u00f3micas que son la regla general, tales como la elecci\u00f3n o remoci\u00f3n de un \u00abadministrador\u00bb que permite al propietario con mayor coeficiente proteger su patrimonio de una mala administraci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Censura la vulneraci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 25, 37 y 45 de la Ley 675 de 2001 <\/p>\n
El a quo no valor\u00f3 la declaraci\u00f3n de parte de Rafael Rodr\u00edguez, \u00abesencial para comprender la naturaleza econ\u00f3mica de sus funciones\u00bb, al estimar que no se encontraba legitimado por activa, y el superior, aunque consider\u00f3 lo contrario \u00abno efecto[u\u00f3] la valoraci\u00f3n del material probatorio solicitado en el recurso de apelaci\u00f3n dejando sin an\u00e1lisis esta prueba de gran trascendencia para el presente caso\u00bb, con lo cual viol\u00f3 sesgadamente esas normas por el \u00abincumplimiento o desconocimiento de normas probatorias como lo son los art\u00edculos 198 y 202 de C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que de haber una dificultad relacionada como la legitimidad de la parte para intervenir debi\u00f3 ser advertida por la contraparte como una excepci\u00f3n previa en la contestaci\u00f3n de la demanda como bien lo ordena el Art. 100 numeral 3 de la misma norma\u00bb. <\/p>\n
Si bien el art\u00edculo 51 de la Ley 675 de 2001 fij\u00f3 al administrador algunas funciones que no son de car\u00e1cter econ\u00f3mico, estableci\u00f3 la de recaudar las cuotas extraordinarias, la cual tambi\u00e9n es vista desde la disciplina de la contadur\u00eda; igualmente, la de presentar el presupuesto, que aprueba el consejo de administraci\u00f3n, por lo que \u00abse podr\u00eda decir que en efecto la selecci\u00f3n de dicho consejo es una decisi\u00f3n econ\u00f3mica que a su vez deber\u00eda ser tomada mediante voto por coeficiente\u00bb, lo cual no vio el Tribunal al omitir examinar \u00aben debida forma el interrogatorio de parte del accionante, quien fue removido de su cargo por justamente exigir el pago de la cuota de administraci\u00f3n con el aumento respectivo aprobado por el Consejo\u00bb, como qued\u00f3 \u00abPROBADO en la declaraci\u00f3n de parte y en la contestaci\u00f3n de la Demanda de primera instancia donde al pronunciamiento del hecho primero se indica que se ten\u00edan \u201cdesavenencias\u201d con el manejo de los dineros, del tal manera que la contraparte insiste en un voto nominal pues es bajo esta que considera debe ser la regla geberak mediante la cual puede lograr la mayor\u00eda requerida para evitar que se contin\u00fae con la administraci\u00f3n en cabeza de Rafael Rodr\u00edguez y de este modo se archivaran los procesos de cobro ejecutivo [sic]\u00bb. <\/p>\n
La funci\u00f3n del administrador tambi\u00e9n es econ\u00f3mica desde la perspectiva de la expedici\u00f3n de paz y salvos y el ejercicio de labores de representaci\u00f3n, que puede generar la ejecuci\u00f3n de los pasivos o ser sancionado por detrimento al patrimonio. Estas tareas igualmente est\u00e1n en el reglamento de propiedad horizontal. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
La sentencia \u00abno se encuentra en consonancia con los hechos, toda vez que dentro de los hechos y pretensiones citados en la fijaci\u00f3n del litigio como en los alegatos elaborados por las partes, no se menciona en ning\u00fan momento la existencia de discordia o inconformidad en relaci\u00f3n con la distribuci\u00f3n de los parqueaderos de la copropiedad\u00bb. Tampoco fue planteado en las excepciones, \u00abde modo que no tiene sentido que en el fallo el juzgador AQUO lo mencione\u2026\u00bb. <\/p>\n
Se trata de \u00abun anormal ejercicio de la labor del juez como del tribunal AD QUEM, puesto que se introduce [sic] elementos ajenos al caso en concreto para soportar la teor\u00eda de la parte pasiva aun cuando esto termina por contrariar la norma sustancial como el contexto jurisprudencia aplicable al proceso de la referencia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas \u00abla menci\u00f3n de los parqueaderos en el marco de la impugnaci\u00f3n del acta asamblea por motivos relacionados con materias econ\u00f3micas no es congruente con los hechos y las pretensiones, solo se presenta como un obst\u00e1culo para la obtenciones de una justicia material [sic]\u00bb. <\/p>\n
II.-CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta a que los censores cumplan estrictamente ciertos requisitos, puesto que el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se dijo en CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n en casaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatorio del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a los aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2.- Si se acude al primer numeral del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionado con la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 \u00edd. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el numeral 2 del literal a) de dicho canon, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n, bien sea por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertar en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
Ya en el campo de la segunda causal, por la v\u00eda indirecta, adem\u00e1s de tambi\u00e9n invocar el precepto material que es objeto de afrenta, es necesario que el recurrente precise si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citar y justificar puntualmente d\u00f3nde radica la infracci\u00f3n; o si es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o de alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente que atribuye al sentenciador. <\/p>\n
Precisamente, en CSJ AC1804-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta \u00faltima en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursi\u00f3n en errores de hecho ora de derecho, y en qu\u00e9 consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 \u00abno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo que concierne a la causal prevista en el numeral 3 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en no estar la sentencia en consonancia con los hechos, las pretensiones o las excepciones propuestas o que el juez ha debido reconocer de oficio, la Corte ha sido clara al se\u00f1alar la tarea que compete al recurrente que alega su configuraci\u00f3n, tendiente a demostrarla. <\/p>\n
Prop\u00f3sito para el cual es necesario que de manera puntual se\u00f1ale el contenido de tales ejes procesales, o cuando menos el que funda su inconformidad, y, en esa medida, que demuestre la manera como el juzgador de instancia se apart\u00f3 de ellos, descartando que lo haya hecho con autorizaci\u00f3n legal, ora por \u00edntima conexi\u00f3n con lo decidido o por la necesidad de proveer oficiosamente. <\/p>\n
Al respecto en AC2412-2022, que reiter\u00f3 lo dicho en SC, 16 dic 2005, rad. n\u00b0 1993-0232-01, la Corte dijo que <\/p>\n
En lo esencial, la cumplida sustentaci\u00f3n del embiste exige que haya una verdadera contrastaci\u00f3n entre los asuntos introducidos por el recurrente y los que finalmente terminaron enjuiciados, con la explicaci\u00f3n de las razones por las cuales la decisi\u00f3n judicial es desatinada -por exceso o por defecto-, as\u00ed como los raciocinios que permitan excluir que estas materias carecen de una \u00edntima conexi\u00f3n con las debatidas o que su estudio no pod\u00eda acometerse oficiosamente. <\/p>\n
Total, \u00abla incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en\u2026 [las] piezas del proceso -demanda, contestaci\u00f3n o sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n- y las resoluciones adoptadas en \u00e9l, todo en armon\u00eda con el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy, art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso]; de ese modo se podr\u00e1 establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas\u00bb (AC2745, 29 jun. 2018, rad. n.\u00b0 2012-00136-01, <\/p>\n
En funci\u00f3n de lo planteado, \u00abpara establecer la presencia de esta irregularidad [se refiere a la incongruencia], se hace necesario el cotejo objetivo entre lo pedido por el actor, el fundamento f\u00e1ctico de las s\u00faplicas, las excepciones aducidas por el demandado y las que, sin requerir ser invocadas, resulten probadas en el proceso, por una parte, y el contenido concreto de la decisi\u00f3n del juzgador, por la otra\u00bb. <\/p>\n
3.- La demanda de casaci\u00f3n sub examine no colma las exigencias formales y t\u00e9cnicas que le abrir\u00edan paso a su estudio de fondo, de conformidad con las razones que enseguida se ofrecen. <\/p>\n
a.-) Los dos primeros cargos son desenfocados porque no atacan el argumento central que condujo al Tribunal a confirmar los numerales de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado que desestimaron las pretensiones impugnatorias del acta de la asamblea extraordinaria celebrada el 21 de mayo de 2019 por los copropietarios del Edificio Rodal III PH, seg\u00fan el cual, para que unas decisiones deban ser adoptadas mediante votaci\u00f3n por coeficiente han de tener en \u00aben s\u00ed mismas\u00bb car\u00e1cter econ\u00f3mico, pues, de no tenerse en cuenta esto, cualquier determinaci\u00f3n \u00abpor \u00ednfima o aislada que llegue a ser, puede tener un \u201cefecto\u201d econ\u00f3mico\u00bb vaciando de contenido la decisi\u00f3n de la Corte Constitucional que declar\u00f3 exequible condicionadamente el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 37 de la Ley 675 de 2001. <\/p>\n
Si bien en el primer ataque el recurrente cita el p\u00e1rrafo que contiene ese razonamiento y expresa su entendimiento, no se ocupa de desvirtuarlo, pese a que constituy\u00f3 la gu\u00eda del ad quem para concluir que la elecci\u00f3n y remoci\u00f3n del administrador de la copropiedad no ostentan el cariz patrimonial que precisa que deban tomarse por coeficiente. <\/p>\n
Igualmente, pasa de largo la fundamentaci\u00f3n del fallador de instancia que desestim\u00f3 la alegaci\u00f3n de la alzada que propon\u00eda tener como \u00fanica norma aplicable al caso el art\u00edculo 45 \u00eddem que prev\u00e9 de manera general que la asamblea de copropietarios tomar\u00e1 decisiones con el voto favorable de la mitad m\u00e1s uno de los coeficientes de propiedad, en cuanto aquel consider\u00f3 que \u00abcomo sistema jur\u00eddico que es, su an\u00e1lisis ha de tornarse arm\u00f3nico y no en modo insular, porque pensar en tal sentido, tornar\u00eda in\u00fatil el trabajo interpretativo y de adecuaci\u00f3n constitucional efectuado por la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
No bastaba que el censor se aplicara a se\u00f1alar cada una de las normas que a su juicio fueron violadas porque estas indican que la regla general es el voto por coeficiente y, excepcionalmente, es nominal, sino que ha debido reparar en que el juzgador incluy\u00f3 en aquella modalidad las actuaciones relacionadas con la remoci\u00f3n del administrador bajo el referido argumento central extra\u00eddo de la sentencia de exequibilidad de la Corte Constitucional, que en tal medida debi\u00f3 ser atacado eficazmente. <\/p>\n
Sobre este aspecto, en CSJ AC6075-2021, reiterado en AC2737-2022, se enfatiz\u00f3 que: <\/p>\n
[l]a labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ. Civil. Auto de 25 de febrero de 2013, expediente 00228, reiterando sentencia de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 7864, CSJ AC7729-2017 y AC2394-2020). <\/p>\n
b.-) El segundo cargo, por la v\u00eda indirecta, cae en un entremezclamiento que lo torna obscuro, comenzando porque no deja claro si se enfila por error de hecho, conforme se sugiere en el encabezado al decir que es por \u00abdesconocimiento del interrogatorio de parte\u00bb que absolvi\u00f3 Rafael Eduardo Rodr\u00edguez Valderrama; o de derecho, seg\u00fan se desprende de que posteriormente indicara que la violaci\u00f3n de las normas sustanciales invocadas se produjo \u00abpor el incumplimiento o desconocimiento de normas probatorias como lo son los art\u00edculos 198 y 202 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
En cualquier caso, el casacionista pasa por alto la labor que debe desarrollar en este tipo de embates, consistente en la presentaci\u00f3n objetiva del material probatorio, lo que a su juicio se extrae del mismo y lo que el Tribunal dijo u omiti\u00f3, para hacer brotar el yerro relevante en la decisi\u00f3n final, seg\u00fan la vertiente escogida. Se limit\u00f3 a se\u00f1alar en abstracto la conclusi\u00f3n que a su juicio ha debido extraerse de la declaraci\u00f3n de parte sobre el car\u00e1cter econ\u00f3mico de las actividades del representante legal removido, sin efectuar esa necesaria tarea de contraste que pusiera al descubierto la equivocaci\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, si bien menciona disposiciones de naturaleza probatoria, no se\u00f1ala claramente su contenido y la manera como habr\u00edan sido violadas, como ordena el inciso final del literal a) del numeral 2 del art\u00edculo 344 procedimental2, sino que de manera confusa explica que la declaraci\u00f3n no fue tenida en cuenta por el a quo por no reconocer legitimaci\u00f3n por activa del deponente, pese a que este tema no fue materia de oportuna controversia, para enseguida manifestar que a pesar de revocar este aspecto de la sentencia, el superior tampoco lo analiz\u00f3. <\/p>\n
Lo cierto es que desv\u00eda completamente su camino, en cuanto al margen de la prueba que invoca, se propone demostrar que las funciones econ\u00f3micas que ejerce el administrador de una copropiedad est\u00e1n dadas por el art\u00edculo 51 de la Ley 675 de 2001, el reglamento de propiedad horizontal de la demandada y la disciplina contable, aspectos que escapan a la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial. <\/p>\n
En suma, planteado el cargo sobre la base del desconocimiento de un interrogatorio de parte, ha debido demostrarse c\u00f3mo del mismo podr\u00eda derivarse claramente la soluci\u00f3n que propugna; sin embargo, no lo hizo, sino que se aplic\u00f3 a presentar alegaciones ajenas a la prueba en que ha debido centrar su argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
c.-) Atinente al cargo postrero, fundado en la causal tercera del art\u00edculo 336 -incongruencia- porque, a juicio del censor, en los hechos, pretensiones, excepciones y alegatos de las partes no se expone \u00abdiscordia o inconformidad en relaci\u00f3n con la distribuci\u00f3n de los parqueaderos de la copropiedad\u201d por lo que \u00abno tiene sentido que en el fallo el juzgador AQUO lo mencione\u2026\u00bb, el extrav\u00edo del ataque se hace patente al observar que el recurso de casaci\u00f3n procede contra las sentencias que especifica el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abcuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia\u00bb, de tal forma que cualquier inconformidad en relaci\u00f3n con lo resuelto en la primera no es objeto de la misma, sino que debi\u00f3 plantearse y definirse mediante el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Precisamente, como el ataque tiene por objeto la determinaci\u00f3n de primera instancia, de ninguna manera desarrolla la necesaria labor de cotejo tendiente a evidenciar la discordancia entre los hechos, las pretensiones y las excepciones con lo resuelto en segundo grado. En todo caso, mal podr\u00eda adelantar con \u00e9xito esta tarea, pues revisada la sentencia del Tribunal por ning\u00fan lado se advierte la menci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
4.- En consecuencia, como los planteamientos no se ci\u00f1en a las formalidades de rigor, resulta inviable aceptarlos, m\u00e1xime cuando no se percibe un compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablico, ni mucho menos afrenta de derechos y garant\u00edas constitucionales, por lo que ni siquiera hay lugar a darles curso en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
III.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por Eduardo Humberto Rodr\u00edguez \u00c1lvarez frente a la sentencia proferida el 14 de enero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro del proceso de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea que junto a Rafael Eduardo Rodr\u00edguez Valderrama promovi\u00f3 contra Edificio Rodal III PH. <\/p>\n
Segundo: Devolver por Secretar\u00eda, de manera virtual, el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cita el tribunal: \u201cCorte Constitucional, Sentencia C-522 de 2010, proferida en julio 10 de 2002, M.P. Dr. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o\u201d <\/p>\n
2\u0002 \u201cCuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u201d. <\/p>\n
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AC1417-2023 (2019-00389-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC1417-2023 (Aprobada en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Eduardo Humberto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73689","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73689"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73689\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73689"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73689"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}