AC1507-2023 (2023-02070-00)<\/p>\n
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AC1507-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b011001-02-03-000-2023-02070-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (01) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuos Municipales de Restrepo y El Copey, de no ser porque se observa que fue planteado de forma anticipada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Ante el primer Despacho, RCI Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento como titular de la prenda sin tenencia constituida por Neider Jair Avenda\u00f1o Mercado sobre el veh\u00edculo de placas JJP331, solicit\u00f3 su \u00abaprehensi\u00f3n y posterior entrega\u00bb, con fundamento en la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 1835 de 2015, asign\u00e1ndole el conocimiento del asunto porque \u00abla solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega del veh\u00edculo busca la inmovilizaci\u00f3n de un bien mueble ( rodante ) sin ninguna limitaci\u00f3n para la libre locomoci\u00f3n por todo el territorio nacional\u00bb. <\/p>\n
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2. Esa dependencia, mediante auto del 7 de diciembre de 2022, rechaz\u00f3 las diligencias y las remiti\u00f3 a su hom\u00f3logo de El Copey, pues estim\u00f3 que no era competente para conocerlas porque \u00abse inform\u00f3 que: el demandado tiene su lugar de domicilio y residencia en la Carrera 23 No. 12-72 de El Copey (Cesar)\u00bb, determinaci\u00f3n que fundament\u00f3 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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3. El Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey, a quien correspondi\u00f3 en reparto, tambi\u00e9n lo repudi\u00f3 con amparo en el auto CSJ 2218-2019, del cual concluy\u00f3 que, dado que las pretensiones estaban encaminadas ejercer una garant\u00eda mobiliaria sobre un veh\u00edculo que puede desplazarse por todo el territorio nacional \u00abes FACULTATIVO de la parte actora decidir libremente ante que autoridad judicial deprecar sus pretensiones y no le es dable a la misma sin fundamento alguno apartarse de tales requerimientos.\u00bb. Raz\u00f3n por la que plante\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el asunto a esta sede para decidirla (23 may. 2023). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre dos estrados de diferentes distritos judiciales, corresponder\u00eda a esta Corporaci\u00f3n dirimirla en Sala Unitaria como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
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2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra las pautas que orientan la distribuci\u00f3n de las controversias ya sea que la determine uno o varios factores. En punto al territorial, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, entre otras directrices, dispone en su numeral 7\u00ba que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, (\u2026) ser\u00e1 competente, de modo privativo, el Juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Aflora de all\u00ed la clara intenci\u00f3n del legislador de que toda actuaci\u00f3n litigiosa que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 665 del C\u00f3digo Civil revele el ejercicio de un derecho real se adelante ante la autoridad del sitio donde est\u00e1 el bien involucrado, pauta que, como ha insistido la Corte, excluye cualquier otra, dado el car\u00e1cter privativo y no concurrente que se le dio. <\/p>\n
De otro lado, el numeral 14 ejusdem prescribe que para \u00abla pr\u00e1ctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, ser\u00e1 competente el Juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, seg\u00fan el caso\u00bb, lo que se trae a colaci\u00f3n en vista que la cuesti\u00f3n analizada no es propiamente un \u00abproceso\u00bb sino una \u00abdiligencia especial\u00bb, creada por la Ley 1676 de 2013, que permite al \u00abacreedor\u00bb satisfacer la prestaci\u00f3n dineraria debida con el mueble gravado en su favor. <\/p>\n
El citado compendio, en sus art\u00edculos 57 y 60, establece que, de no realizarse la entrega voluntaria, \u00abel acreedor garantizado podr\u00e1 solicitar\u00bb al \u00abjuez civil competente\u00bb que \u00ablibre orden de aprehensi\u00f3n y entrega del bien\u00bb, lo que se compagina con el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 17 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual corresponde a los jueces civiles municipales, en \u00fanica instancia, conocer de \u00abtodos los requerimientos y diligencias varias, sin consideraci\u00f3n a la calidad de las personas interesadas\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed se concluye que las actuaciones de \u00abaprehensi\u00f3n y entrega de bienes dados en garant\u00eda\u00bb incumben al funcionario civil del orden municipal, por lo que es necesario definir qu\u00e9 par\u00e1metro prima, si el relativo al \u00abejercicio de derechos reales\u00bb o el indicado para \u00abdiligencias especiales\u00bb. No obstante, como el procedimiento examinado no encaja, de forma exacta, en ninguno de ellos, habr\u00e1 de colmarse el vac\u00edo, de conformidad con el art\u00edculo 12 ejusdem, con el canon que regule una figura af\u00edn, por lo que como se ha indicado con insistencia y se precis\u00f3 en CSJ AC3857-2022 \u00abse concluye que tales diligencias competen a los juzgados civiles municipales o promiscuos municipales de lugar donde est\u00e9n los \u201cmuebles\u201d garantes del cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para tal prop\u00f3sito no es suficiente con citar apartes de los convenios abstractos de los pactantes, puesto que la asignaci\u00f3n depende de la situaci\u00f3n actual y toda vez que las imprecisas manifestaciones de \u00abcirculaci\u00f3n nacional\u00bb no pueden ser de recibo, como si con ello se facultara al acreedor a proceder a su libre arbitrio en lesi\u00f3n del debido proceso del deudor. <\/p>\n
Por lo tanto, en caso de que exista imprecisi\u00f3n sobre el particular, es menester que la primera autoridad a la que arribe agote los mecanismos necesarios a fin de dilucidar los aspectos oscuros del petitorio, antes de desprenderse del mismo, ya que como se indic\u00f3 en CSJ AC5186-2021 si <\/p>\n
(\u2026) el criterio de escogencia luce impreciso y tampoco halla respaldo en alguno de los soportes arrimados al plenario, ello significa que era deber de quien recepcion\u00f3 el caso en un comienzo exigir la precisi\u00f3n correspondiente en aras de establecer certeza respecto del par\u00e1metro llamado a definir la competencia por el factor territorial, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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3. En la presente oportunidad la entidad se limit\u00f3 a pregonar que, en virtud del numeral 1\u00b0 del articulo 28 ejusdem, como \u00abel demandado tiene su lugar de domicilio y residencia en la Carrera 23 No. 12-72 de El Copey (Cesar)\u00bb, era aquella la judicatura competente para conocer el asunto; no obstante, como ya se indic\u00f3, tal par\u00e1metro no es aplicable en el caso concreto. <\/p>\n
Incluso, dicha disposici\u00f3n ni siquiera daba lugar a suponer que el desplazamiento del rodante se diera en el lugar del domicilio del deudor, puesto que es carga de la peticionaria brindar la informaci\u00f3n requerida con la mayor exactitud posible, en aplicaci\u00f3n del principio de buena fe procesal y con las consecuencias adversas que se pudieran derivar de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
En el referido CSJ AC3857-2022, en un caso de similares contornos, se lleg\u00f3 a la misma conclusi\u00f3n al no estar claro dicho factor <\/p>\n
(\u2026) porque m\u00e1s all\u00e1 de la vaga referencia que aparece en la cl\u00e1usula cuarta del contrato de prenda sobre la obligaci\u00f3n de la deudora y garante de mantener el rodante \u00aben la ciudad y direcci\u00f3n atr\u00e1s indicados\u00bb, lo cierto es que los contratantes dejaron indeterminada tal circunstancia y la demandante tampoco la clarific\u00f3 en el pliego introductor, sin que su ubicaci\u00f3n pueda inferirse de los datos que aparecen en la licencia de tr\u00e1nsito anexa o del contenido de los formularios de \u00abregistro de ejecuci\u00f3n\u00bb y \u00abregistral de inscripci\u00f3n inicial\u00bb, que adolecen de dicha informaci\u00f3n. <\/p>\n
En esas condiciones, era necesario que el juzgador que primero recibi\u00f3 el escrito utilizara los mecanismos que el ordenamiento procesal le confiere para dilucidar el verdadero lugar donde se sit\u00faa el mueble objeto de la petici\u00f3n de aprehensi\u00f3n, esto es, la inadmisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que se precipit\u00f3 al repelerlo bas\u00e1ndose simplemente en uno de varios elementos que proporcionan informaci\u00f3n contradictoria. <\/p>\n
Como ninguno de los estrados comprometidos contaban con suficientes elementos de juicio para determinar si estaban habilitados para adelantar la actuaci\u00f3n, es claro que esta Corporaci\u00f3n tampoco los tiene ahora para definir de fondo el conflicto. <\/p>\n
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4. Consecuentemente, se dispondr\u00e1 el retorno de las diligencias al estrado que en un comienzo las recibi\u00f3, para que tome los correctivos tendientes a esclarecer la ubicaci\u00f3n del veh\u00edculo y con ello establecer cu\u00e1l es el estrado facultado para ordenar su aprehensi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar prematuro el conflicto de competencia de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir virtualmente el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo para que proceda de conformidad y comunicar la decisi\u00f3n a la otra autoridad inmersa en la disparidad de criterios. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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