AC1513-2023 (2013-00054-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1513-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-024-2013-00054-01 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Gustavo Alberto Rosado V\u00e1squez para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 5 de agosto de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro del proceso de pertenencia que adelant\u00f3 contra los herederos determinados e indeterminados de Hernando Prada Pe\u00f1a, siendo los primeros Sara Valentina e Isabella Prada Pati\u00f1o, en su momento representadas por su progenitora Alix Adriana Pati\u00f1o Triana, y terceros desconocidos. <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante escrito radicado el 28 de enero de 2013, el accionante pidi\u00f3 declarar que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio el inmueble con matr\u00edcula 50C-454456, situado en la calle 65 No. 28A-20 de Bogot\u00e1, y ordenar la inscripci\u00f3n del fallo. <\/p>\n
En suma, refiri\u00f3 que el 5 de enero de 2001 \u00abentr\u00f3 en posesi\u00f3n regular, pac\u00edfica e ininterrumpida\u00bb del predio \u00abmediante entrega que le hiciere la se\u00f1ora A\u00edda Piedad Casteblanco Grueso con el fin de que\u2026lo explotara econ\u00f3micamente\u2026\u00bb, y desde entonces ha ejercido el se\u00f1or\u00edo con actos como la demolici\u00f3n de paredes e instalaci\u00f3n de portones; construcci\u00f3n y explotaci\u00f3n de un parqueadero; gestiones ante empresas prestadoras de servicios p\u00fablicos; y aportes para el mantenimiento de las v\u00edas aleda\u00f1as. <\/p>\n
2.- Las convocadas se opusieron a las pretensiones y adujeron mala fe y temeridad del promotor, mientras que el curador ad litem de los indeterminados formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 \u00abV\u00eda equ\u00edvoca dada a la demanda en cuanto \u2018a la forma\u2019 de proceso\u2026bien sea ordinaria de tipo regular u ordinaria de tipo irregular\u00bb y \u00abfalta de demostraci\u00f3n coherente de la manera como se dio el ingreso al inmueble por parte del demandante\u00bb. <\/p>\n
3.- Mediante auto de 2 de diciembre de 2019, el a quo orden\u00f3 oficiar a las entidades a que se refiere el inciso 2 del numeral 6 del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5.- El Tribunal, al desatar la alzada de las demandadas, revoc\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n y neg\u00f3 las s\u00faplicas del pliego inaugural con apoyo en las consideraciones que enseguida se resumen. <\/p>\n
Si bien el demandante no especific\u00f3 la norma prescriptiva en que fund\u00f3 su aspiraci\u00f3n, es claro que \u00abacudi\u00f3 a la v\u00eda extraordinaria amparada en el t\u00e9rmino de diez a\u00f1os\u2026que se debe contabilizar a partir de la entrada en vigencia de la Ley 791, es decir, desde el 27 de diciembre de 2002\u00bb, por lo que \u00aben principio, a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda\u2026estar\u00eda cumplido el requisito de tiempo para prescribir\u00bb. <\/p>\n
No prospera el reparo sobre la indebida valoraci\u00f3n probatoria del informe de 3 de julio 2020 de la Superintendencia de Notariado, pues este precisa que \u00abel inmueble proviene de propiedad privada y el actual titular de los derechos reales es una persona natural\u00bb, por lo cual se descarta que sea de aquellos de naturaleza p\u00fablica que el art\u00edculo 2519 proh\u00edbe usucapir; todo lo contrario, es prescriptible conforme el canon 2518 \u00edd. A su vez, las escrituras p\u00fablicas, corridas entre los a\u00f1os 1999 y 2009, contienen ventas del dominio que aparecen reflejadas en el certificado de tradici\u00f3n y en el especial emitido por la autoridad de registro, la \u00faltima de Alejandro Arturo Tasiguano Maita a favor de Hernando Prada Pe\u00f1a (No. 790 del 6 de febrero de 2009, Notar\u00eda 6 de Bogot\u00e1, anot. 19), sin que apoyen el argumento de la existencia de un t\u00edtulo inscrito contra el que no procede la prescripci\u00f3n (art. 2526 C.C.). <\/p>\n
Sin embargo, la pretensi\u00f3n prescriptiva fracasa porque Gustavo Alberto Rosado V\u00e1squez \u00abmanifest\u00f3, expresamente, en su escrito inicial que \u2018entr\u00f3 en posesi\u00f3n\u2026 de la siguiente forma: el 5 de enero de 2001, mediante entrega que le hiciere la se\u00f1ora Aida Piedad Casteblanco Grueso, con el fin de que\u2026explotara econ\u00f3micamente el lote\u2019\u00bb, lo cual significa que \u00absu ingreso al predio se dio a t\u00edtulo de mera tenencia, la que ocurre, entre otros eventos, cuando se ejerce sobre una cosa \u2018en lugar o a nombre del due\u00f1o\u2019 o de otra persona (art. 775 C.C.) y porque la \u2018mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen, no confieren posesi\u00f3n, ni dan fundamento a prescripci\u00f3n alguna\u2019 (art. 2520 ib.), es decir, con reconocimiento de dominio en quien se lo entreg\u00f3. Por eso, que la se\u00f1ora Casteblanco lo hubiere vendido a C\u00e1ceres Calder\u00f3n Juan Carlos desde antes, el 13 de diciembre de 1999 seg\u00fan anotaci\u00f3n 12 del Folio de matr\u00edcula- y que, despu\u00e9s, se realizaran otras enajenaciones hasta llegar a la del 13 de noviembre de 2009 por medio de la cual adquiri\u00f3 el causante Prada Pe\u00f1a, nada cambia el hecho de que al se\u00f1or Rosado V\u00e1squez le correspond\u00eda probar, de manera contundente, la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de tenedor a poseedor, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, puesto que \u2018el simple lapso del tiempo no muda la mera tenencia en posesi\u00f3n\u2019 (art. 777, ib.)\u00bb. <\/p>\n
Veinticinco consignaciones a las cuentas bancarias de Hernando Prada Pe\u00f1a y Alix Adriana Pati\u00f1o Triana, la declaraci\u00f3n que esta dio y la inspecci\u00f3n judicial al computador de aquel no prueban el contrato de arrendamiento que las apelantes alegaron, pues las primeras \u00abno fueron peri\u00f3dicas, los valores difieren mes a mes y, lo m\u00e1s relevante, es que iniciaron el 25 de febrero de 2008, esto es, un a\u00f1o antes de que Prada Pe\u00f1a se hiciera al dominio del inmueble\u00bb, am\u00e9n de que las impresiones del correo no refieren que fueran por ese concepto; la segunda dice que \u00e9ste era propietario del bien desde 2008, pero no esclarece por qu\u00e9 solo hasta el 6 de febrero de 2009 se otorg\u00f3 la respectiva escritura de compraventa; y en la \u00faltima no se pudo acceder al correo electr\u00f3nico del causante ni se encontraron archivos relevantes. <\/p>\n
Lo anterior tampoco quiere decir que quedara demostrado lo que el demandante dijo en el interrogatorio, consistente en que los pagos \u00abcorrespondieron a servicios que Hernando Prada Pe\u00f1a le prest\u00f3 por \u2018asesor\u00edas jur\u00eddicas en un proceso administrativo\u2019\u00bb, comoquiera que \u00abno aport\u00f3 pruebas para demostrar sus manifestaciones\u2026no coinciden en el tiempo en que se adelant\u00f3 y fall\u00f3 la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa\u2026y tampoco acredit\u00f3 nada sobre la supuesta acci\u00f3n de revisi\u00f3n que adelant\u00f3 para \u00e9l el se\u00f1or Prada Pe\u00f1a, ni se alleg\u00f3 elemento adicional\u2026\u00bb. <\/p>\n
Al margen de que no se probaran las anteriores alegaciones, \u00abel se\u00f1or Rosado no hizo esfuerzo probatorio para acreditar la interversi\u00f3n de su condici\u00f3n de tenedor\u00bb, pues aunque los testigos Mario Moya L\u00f3pez y Jes\u00fas Antonio Sarmiento Abella \u00abcoinciden en la fecha desde cuando\u2026se encuentra en el inmueble y la actividad que ejerci\u00f3 sobre el predio, sus versiones son insuficientes porque no demuestran cosa diferente a las actividades propias de la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica encomendada, la cual bien pod\u00eda incluir las obras de mantenimiento del bien y su arrendamiento; recu\u00e9rdese que, \u2018el que los testigos hubiesen calificado y tenido los actos del detentador como de posesi\u00f3n, es cuesti\u00f3n francamente irrelevante mientras \u00e9ste, ins\u00edstase, no hubiere intervertido su calidad de tenedor en la de poseedor, y, por supuesto, demostrara tal circunstancia\u2019\u00bb. <\/p>\n
Otros elementos suasorios, \u00abcomo los contratos de arrendamiento suscritos por el demandante, con fecha de iniciaci\u00f3n el 1\u00ba de octubre de 2003, 15 de octubre de 2004, 12 de junio de 2008 y 26 de mayo de 2010\u2026; los recibos que dan cuenta de la prestaci\u00f3n del servicio de parqueadero en el predio disputado; las certificaciones protocolizadas en notar\u00eda, suscrita por la representante legal de TODOCARS de la 31, indicando que el demandante prestaba el servicio de parqueadero \u201cdurante los a\u00f1os comprendidos entre el 2001 al 2003\u201d y la elaborada por C\u00e9sar Augusto Arcila Santa, que informa sobre el arriendo del predio entre el 2005 y 2008\u2026; los requerimientos de cobro elevados contra Luis Esteban Rojas, Diego Villegas Vaca Jorge Eli\u00e9cer Becerra, Julio Zambrano y Leonel Mancilla, con quienes celebr\u00f3 un contrato de dep\u00f3sito de veh\u00edculo, en los meses de noviembre de 2002, septiembre de 2003\u2026; o la \u201cinspecci\u00f3n de suministro\u201d adelantada por Codensa el 19 de noviembre de 2002 y de consumo por U.T Agua Clara, el 10 de octubre del mismo a\u00f1o\u2026no acreditan c\u00f3mo el demandante pas\u00f3 de tenedor del inmueble a ser poseedor, en ostensible y evidente revelaci\u00f3n en contra de quien era el titular del derecho real\u00bb. <\/p>\n
Como V\u00e1squez Rosado no aport\u00f3 prueba fehaciente de la alteraci\u00f3n del t\u00edtulo con que ingres\u00f3, \u00abconserv\u00f3 en el bien su condici\u00f3n de mero tenedor, pues no existe prueba de que haya mutado a poseedor, por lo menos, con anterioridad al 28 de enero de 2003 -fecha desde la que se deber\u00edan contar los diez a\u00f1os que establece la norma, teniendo en cuenta la de presentaci\u00f3n de la demanda, 28 de enero de 2013\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, que fuera reconocido como \u00abposeedor en la providencia del 12 de junio de 2017 emitida por la Sala de Familia de este Tribunal, que orden\u00f3 el levantamiento de la medida de secuestro que se practic\u00f3 al bien en la sucesi\u00f3n de Pe\u00f1a Prada, en nada modifica lo aqu\u00ed resuelto, esencialmente, porque el auto interlocutorio que defini\u00f3 el incidente de levantamiento de la medida cautelar no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, efecto, que solo se predica de la sentencia, seg\u00fan el art\u00edculo 303 C.G.P.; am\u00e9n que su objetivo era, espec\u00edficamente, resolver el levantamiento de las medidas cautelares (\u2026). Adem\u00e1s, de acuerdo con el numeral 8 del art\u00edculo 687 del C.P.C. vigente para el momento en que se practic\u00f3 la diligencia de secuestro, el prop\u00f3sito del incidente es declarar que el opositor \u2018ten\u00eda la posesi\u00f3n material del bien al tiempo en que aquella se practic\u00f3\u2019 -8 de octubre de 2012\u00bb, por lo que las motivaciones \u00abque llevaron al tribunal a considerarlo como poseedor no podr\u00eda [sic] extenderse a \u00e9pocas anteriores ni darle m\u00e1s efecto que el previsto en la norma, lo que demuestra que para el momento en que interpuso la demanda de pertenencia\u2026el tiempo de la posesi\u00f3n para prescribir era insuficiente\u00bb. <\/p>\n
7.- La Corte admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria y el interesado la sustent\u00f3 en tiempo mediante la formulaci\u00f3n de cinco cargos. <\/p>\n
En todos acusa al Tribunal de violar indirectamente, por error de hecho, los art\u00edculos 762, 2512, 2513, 2518, 2522, 2527, 2531, 2532 y 2534 del C\u00f3digo Civil \u00abcon las modificaciones introducidas por la Ley 791 de 2002\u00bb, en los cuatro primeros en concordancia con los c\u00e1nones 164, 165, 167, 226, 236, 243, 246, 250 y 375 del C\u00f3digo General del Proceso. En el \u00faltimo, planteado como \u00abCargo subsidio\u00bb, pide que la Corte revoque la sentencia del Tribunal, confirme la del a quo y \u00abcumpla la importante funci\u00f3n de fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida [sic]\u00bb. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Denuncia la apreciaci\u00f3n defectuosa del certificado de tradici\u00f3n correspondiente a la matr\u00edcula No. 50C454456, por no advertir el Tribunal que, de acuerdo con las anotaciones 12 y 13, para la fecha en que A\u00edda Piedad Castelblanco hizo la entrega a Rosado V\u00e1squez \u00abya no era propietaria del bien y por ende no lo pod\u00eda dar en mera tenencia\u00bb, comoquiera que a partir del \u00abrelato inicial\u00bb y sin valorar los dem\u00e1s hechos y enfrentarlos con el interrogatorio y los otros medios de prueba, concluy\u00f3 equivocadamente que a su ingreso reconoci\u00f3 dominio ajeno \u00abo sea, que a la fecha de la entrega del bien, -en posesi\u00f3n- por parte de la se\u00f1ora ALDA, esta necesariamente tendr\u00eda que ser la propietaria, hecho, que no se ajusta a la realidad procesal\u00bb. <\/p>\n
Es que \u00ab[p]or regla general la mera tenencia solo puede transitar a posesi\u00f3n si hay un acto contractual de por medio que as\u00ed lo permita, y este se predica de titular de derecho de dominio \u2013propietario- a poseedor, es as\u00ed que, si fuere el caso a aplicar en este proceso, dicha figura le hubiere correspondido a Juan Carlos C\u00e1ceres, quien \u00fanicamente ten\u00eda fines dispositivos, y quien figuraba como propietario inscrito de 13 de Diciembre de 1999 a 07 de Noviembre de 2001, lapso de tiempo dentro del cual, el se\u00f1or Gustavo Rosado recibi\u00f3 la posesi\u00f3n del inmueble de manos de otra persona, que no era su propietario, todo ello, sin recibir oposici\u00f3n alguna o reconocimiento de dominio en cabeza del propietario inscrito para ese entonces\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, \u00abla conclusi\u00f3n de que el se\u00f1or Gustavo Rosado V\u00e1squez, ha debido probar la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de tenedor a poseedor, no es la que debe dar acierto y legalidad a la sentencia de segunda instancia, pues n\u00f3tese, que quien abandon\u00f3 y no reivindic\u00f3 el bien fue el propietario inscrito (Juan Carlos C\u00e1ceres) y de \u00e9l se podr\u00eda predicar una entrega de posesi\u00f3n, en calidad de propietario, (no de Alda Piedad, quien ya hab\u00eda perdido legalmente esa calidad) y de esa forma, el demandante realizar actos demostrativos \u201ccon absoluta fehaciencia\u201d de un \u201calzamiento o rebeld\u00eda para alterar rotundamente su primigenia calidad de tenedor frente al propietario, (Juan Carlos C\u00e1ceres), pero que para el caso subiudice, quien entrega no ostenta esa calidad, y por tanto no se debe exigir tal carga probatoria, en consideraci\u00f3n a que el nexo causal del negocio de entrega de posesi\u00f3n, entre Gustavo Rosado y Alda Piedad, no se realiz\u00f3 bajo la premisa de propietario Tenedor, quien no reivindic\u00f3, ni persigui\u00f3 la extinci\u00f3n de un negocio del que no hizo parte, ni estuvo al tanto de su celebraci\u00f3n o ejecuci\u00f3n\u00bb (sic). <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Se duele de que el Tribunal cercen\u00f3 su propia \u00absentencia\u00bb de 12 de junio de 2017, al concluir que \u00e9sta \u00absolo verifica posesi\u00f3n a partir de la inspecci\u00f3n judicial\u00bb sin ver que en ella \u00abvalor\u00f3 los mismos hechos y los mismos medios de prueba, con los mismos fines, y que por tanto, el se\u00f1or Gustavo Rosado V\u00e1squez, es poseedor desde la fecha en que demand\u00f3\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Reprocha la incursi\u00f3n en un \u00abfalso juicio de Existencia del medio por omisi\u00f3n-Interrogatorio de parte\u00bb que el casacionista absolvi\u00f3 el 1\u00ba de abril de 2013 ante el Juez Trece de Familia de Bogot\u00e1, trasladado al proceso conforme auto de 22 de agosto de 2014, toda vez que \u00aben ning\u00fan aparte\u2026reconoce [expresa o t\u00e1citamente] dominio ajeno\u00bb, como se puede observar de su transcripci\u00f3n confrontada con los elementos suasorios que s\u00ed examin\u00f3 el fallador, por lo que debi\u00f3 reconocer que en \u00e9l conflu\u00edan el animus y el corpus; \u00ab[t]ambi\u00e9n es evidente, que en el interrogatorio depuesto por el se\u00f1or Gustavo Rosado, que los negocios que se ten\u00eda con Alda Piedad, correspond\u00eda a negocios comerciales y en ninguna parte se indica, que estos correspondieran a traslado de derecho de dominio, pues se recibi\u00f3 el inmueble para su explotaci\u00f3n, y ejercer derechos de poseedor sobre el bien, (Ella no era propietaria) en contraprestaci\u00f3n a sus negocios, que no estar\u00edan atados a formalidad legal ninguna, (ni inscripci\u00f3n o sujeci\u00f3n a Registro alguno) [sic]\u00bb. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Censura la suposici\u00f3n del hecho esencial consistente en que el demandante ingres\u00f3 al inmueble como tenedor y no como poseedor por haberlo recibido de \u00abALDA PIEDAD GRUESO CASTEBLANCO, supuestamente la propietaria del inmueble para explotarlo econ\u00f3micamente a favor de la se\u00f1ora ALDA PIEDAD, es decir a favor de un tercero [sic]\u00bb, y a ra\u00edz de ello le atribuy\u00f3 la carga de probar contundentemente que mut\u00f3 ese t\u00edtulo precario, pues comparado el escrito inicial con lo dicho por el fallador se observa que \u00e9ste interpreta de manera err\u00f3nea sus fundamentos f\u00e1cticos en detrimento de su promotor. <\/p>\n
El aludido certificado de tradici\u00f3n y libertad permite desestimar que A\u00edda Piedad hubiese sido la propietaria, mientras que los testimonios convergen en indicar que desde que los deponentes llegaron a la vecindad vieron a Gustavo Rosado V\u00e1squez como se\u00f1or y due\u00f1o, por lo que no estaba obligado a probar que vari\u00f3 su t\u00edtulo, seg\u00fan el entendimiento que la Corte ha dado a las figuras de la mera tenencia y posesi\u00f3n. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Enrostra un yerro de facto en la apreciaci\u00f3n de la demanda por alteraci\u00f3n de su texto objetivo al creer que en ella se consign\u00f3 \u00abque quien la presenta lo hizo en calidad de tenedor y no la de poseedor\u00bb, pues \u00abno indag\u00f3 sobre la verdadera intenci\u00f3n de poseedor del demandante, evidencia que se encuentra inmersa dentro de los medios de prueba allegados, como son los testimonios, interrogatorio de parte, documentos, contratos, Resoluciones y dem\u00e1s relacionadas en sede de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
No interpret\u00f3 que los actos relacionados en las sentencias de instancia son los que \u00abrealiza un verdadero poseedor, con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, con castigo a su propio patrimonio y en una larga l\u00ednea de tiempo\u00bb; inadvirti\u00f3 que los testimonios son id\u00f3neos para acreditar este hecho y convergen en indicar que es al actor a quien los deponentes reconocen esa condici\u00f3n; cercen\u00f3 la decisi\u00f3n de 12 de junio de 2017 en la que el mismo Tribunal llega a la conclusi\u00f3n \u00abque el se\u00f1or Gustavo Rosado, a\u00fan antes de la inscripci\u00f3n del \u00faltimo propietario, \u00e9l ya era poseedor y as\u00ed ha debido interpretarse por parte del fallador, aunque tenga libertad y autonom\u00eda, pues la valoraci\u00f3n que se realiz\u00f3 en esa sede judicial, ha reca\u00eddo sobre los mismos actos de posesi\u00f3n y los mismos elementos de prueba, valorados para la sentencia atacada en este recurso\u00bb. <\/p>\n
En efecto, los testimonios y dem\u00e1s medios de prueba que el Tribunal rese\u00f1\u00f3 \u00abrevelan que el se\u00f1or Gustavo Rosado, siempre lo reconocieron en calidad de propietario y quien ha realizado los actos exteriorizados materiales de adecuaci\u00f3n del Lote para su explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y que no han visto a nadie oponerse (\u2026) actos que se corresponden con un verdadero poseedor, no de otra manera se explicar\u00eda que la tenencia de se\u00f1or Gustavo Rosado, deducida por el aquem, se haya extendido en esa l\u00ednea de tiempo a trav\u00e9s de los a\u00f1os, sin que ninguno de los titulares inscritos o la misma Alda Piedad, se le haya opuesto, y la conclusi\u00f3n de que entonces ser\u00e1 siempre tenedor a nombre de alguien que no ten\u00eda la calidad de propietario, debe cambiar, por la de ser poseedor, sin oposici\u00f3n de nadie., en esa l\u00ednea de tiempo [sic]\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00ab[s]i bien es cierto el fin del incidente era la exclusi\u00f3n del bien del proceso de sucesi\u00f3n, este se excluye despu\u00e9s de verificarse desde cuando ostenta la calidad de poseedor el se\u00f1or Gustavo Rosado V\u00e1squez y de all\u00ed que en su decisi\u00f3n, as\u00ed se indica. \u2018Poseedor\u2019, y de haberse probado es esa sede la tenencia, as\u00ed se hubiere manifestado en dicha providencia [sic]\u00bb. <\/p>\n
Una vez el ad quem reconoce como tenedor a \u00abRosado V\u00e1squez, (omitiendo este medio de prueba, -Interrogatorio), enfrenta dicha calidad a los dem\u00e1s medios de prueba, concluyendo que en nada aportan para poder establecer el momento en que ha debido probar, el se\u00f1or Rosado V\u00e1squez, la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de Tenedor a poseedor\u00bb. <\/p>\n
En el factum de la demanda no se reconoce dominio ajeno, pues la entrega para \u00abexplotaci\u00f3n econ\u00f3mica no es un acto que le d\u00e9 nacimiento a la calidad de Tenedor sino de poseedor, situaci\u00f3n que al ser valorado con las pruebas se puede establecer que la explotaci\u00f3n durante todos los a\u00f1os fue para Gustavo en calidad de poseedor por cuanto no hay ninguna prueba que demuestre que la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica fue a favor de A\u00edda [sic]\u00bb. <\/p>\n
II.-CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos que el censor debe observar con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se dijo en CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n en casaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatorio del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1an con lo anterior, ya que conforme indican los art\u00edculos 346 y 347 ibidem, el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, de superar el libelo las formalidades t\u00e9cnicas previstas, la Sala a\u00fan puede ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o su intrascendencia; o si la afrenta al orden jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a los aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2.- Si el casacionista acude al segundo numeral del art\u00edculo 336 procedimental, relacionado con la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, debe enunciar por lo menos un precepto de esa estirpe considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 id. Adem\u00e1s, es perentorio que precise si el vicio deriva de un error de derecho por vulnerar una norma probatoria, en cuyo caso debe citar y justificar puntualmente d\u00f3nde radica la infracci\u00f3n; o si es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, su r\u00e9plica o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente que atribuye al sentenciador. <\/p>\n
3.- La demanda de casaci\u00f3n que se examina no colma las exigencias formales y t\u00e9cnicas que permitan abrirle paso a su estudio de fondo, de conformidad con las razones que enseguida se ofrecen. <\/p>\n
a.-) El recurrente cit\u00f3 en todos los cargos como normas violadas los art\u00edculos 762, 2512, 2513, 2518, 2522, 2527, 2531, 2532 y 2534 del C\u00f3digo Civil, \u00abcon las modificaciones introducidas por la Ley 791 de 2002\u00bb, ninguno de los cuales ostenta la naturaleza sustancial requerida, conforme los t\u00e9rminos que establecidos en CJS AC 28 oct. 2013, rad. 2007-00084-01, reiterado en AC4771-2018, donde se dijo que <\/p>\n
[l]a Corte tiene decantado que por normas de derecho sustancial debe entenderse las que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas (Cfr. Sentencia 071 de 29 de abril de 2005, expediente 0829, entre otras), esto es, aquellas que regulan una situaci\u00f3n de hecho, seguida de una consecuencia jur\u00eddica, y no las que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a describir sus elementos, porque al ser tales, no pueden atribuir derechos subjetivos, como tampoco las que establecen, por las mismas razones, determinada actividad procesal o probatoria <\/p>\n
En tal sentido, el 7621 se limita a definir la posesi\u00f3n; el 25122 la prescripci\u00f3n en general, distinguiendo la adquisitiva de la extintiva; el 25133 consagra la necesidad de alegarla; el 25184 enuncia los bienes que por haberse pose\u00eddo en las condiciones legales pueden ganarse por prescripci\u00f3n; el 25225 indica qu\u00e9 es la posesi\u00f3n ininterrumpida; el 25276 discrimina entre las prescripciones ordinaria y extraordinaria; el 25317 define esta \u00faltima; el 25328 fija el tiempo necesario para que se materialice este fen\u00f3meno; y el 25349 menciona los efectos de la declaraci\u00f3n judicial de usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, aunque la adscripci\u00f3n de las normas a una compilaci\u00f3n no determina su contenido, en abstracto puede se\u00f1alarse que su inclusi\u00f3n en el C\u00f3digo General del Proceso indica su car\u00e1cter meramente adjetivo. <\/p>\n
Lo que no obsta para examinar si de manera puntual alguna disposici\u00f3n en concreto es de aquellas que incorpora obligaciones, deberes o derechos, o establece relaciones patrimoniales concretas (CSJ AC6492-2016). <\/p>\n
En desarrollo de tal labor, la Sala encuentra que la mayor\u00eda de las citadas por la censura son de naturaleza eminentemente probatoria y que, en tal medida, carecen de los atributos que les confieren car\u00e1cter sustancial, as\u00ed: el 164 trata de la necesidad de la prueba; el 165 relaciona los medios de convicci\u00f3n; el 167 establece la carga de la prueba; el 226 regula el dictamen pericial; el 236 la inspecci\u00f3n judicial; el 246 el valor demostrativo de las copias; el 243 las distintas clases de documentos; y el 250 prev\u00e9 su indivisibilidad y alcance. <\/p>\n
Del c\u00famulo de art\u00edculos citados por la censura (17), solo el 375 procedimental tiene naturaleza sustancial, en cuanto constituye la norma rectora de la acci\u00f3n de pertenencia; sin embargo, el inconforme se limit\u00f3 a enunciarlo dentro del ac\u00e1pite de \u00abcausal invocada\u00bb de los cuatro primeros cargos como un precepto m\u00e1s de los que a su juicio fueron violados, pero olvid\u00f3 se\u00f1alar su contenido y la manera puntual c\u00f3mo el juzgador plural de segundo grado desatendi\u00f3 sus mandatos como resultado de los yerros f\u00e1cticos que denuncia. En el \u00faltimo, ni siquiera lo mencion\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, se recuerda que \u00abno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3\u00bb (CJS AC3415-2018, AC1804-2020, AC5548-2022). <\/p>\n
b.-) Los embates adolecen del vicio de desenfoque, en la medida que se enfilan a reprochar que el juez colegiado no vio que, para el 5 de enero de 2001, d\u00eda en el que A\u00edda Piedad Castelblanco Grueso le entreg\u00f3 el predio a Gustavo Alberto Rosado V\u00e1squez, no era propietaria y, por lo tanto, \u00e9l no lo recibi\u00f3 para explotarlo a nombre de ella como mero tenedor sino como un aut\u00e9ntico poseedor. <\/p>\n
Sin embargo, contrario a tal percepci\u00f3n, evidentemente el fallador reconoci\u00f3 que A\u00edda Piedad Castelblanco Grueso para el 5 de enero de 2001 ya no era due\u00f1a del bien, como puede apreciarse del siguiente pasaje, en donde con vista en el documento p\u00fablico pertinente advirti\u00f3: <\/p>\n
Por eso, que la Se\u00f1ora Casteblanco lo hubiere vendido a C\u00e1ceres Calder\u00f3n Juan Carlos desde antes, el 13 de diciembre de 1999 seg\u00fan anotaci\u00f3n 12 del Folio de matr\u00edcula- y que, despu\u00e9s, se realizaran otras enajenaciones hasta llegar a la del 13 de noviembre de 2009 por medio de la cual adquiri\u00f3 el causante Prada Pe\u00f1a, nada cambia el hecho de que al se\u00f1or Rosado V\u00e1squez le correspond\u00eda probar, de manera contundente, la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de tenedor a poseedor, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, puesto que \u2018el simple lapso del tiempo no muda la mera tenencia en posesi\u00f3n\u2019 (art. 777, ib.). <\/p>\n
Lo que pasa es que, no obstante reconocer que A\u00edda Piedad ya no era la due\u00f1a en la calenda indicada, el juzgador plural entendi\u00f3 que la manifestaci\u00f3n contenida en la demanda, en el sentido que entreg\u00f3 el lote con el fin de que el accionante lo explotara econ\u00f3micamente, era suficiente para asumir que s\u00f3lo le concedi\u00f3 una mera tenencia y que este reconoci\u00f3 dominio ajeno, de tal suerte que su labor probatoria debi\u00f3 encaminarse primordialmente a demostrar la mutaci\u00f3n de este t\u00edtulo precario al de poseedor, pero no la desarroll\u00f3 satisfactoriamente. <\/p>\n
Que necesariamente aquella debiera ser propietaria para que pudiera predicarse la figura de la entrega de la mera tenencia no es una consideraci\u00f3n que forzosamente se desprenda de lo predicado por el sentenciador, pues refiri\u00e9ndose al promotor indic\u00f3 que \u00absu ingreso al predio se dio a t\u00edtulo de mera tenencia, la que ocurre, entre otros eventos, cuando se ejerce sobre una cosa \u2018en lugar o a nombre del due\u00f1o\u2019 o de otra persona (art. 775 C.C.) y porque la \u2018mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen, no confieren posesi\u00f3n, ni dan fundamento a prescripci\u00f3n alguna\u2019 (art. 2520 ib.), es decir, con reconocimiento de dominio en quien se lo entreg\u00f3\u00bb (negrillas ajenas al original). En tal medida, el Tribunal simplemente atribuy\u00f3 a la finalidad con que se produjo la entrega (explotaci\u00f3n econ\u00f3mica) la consecuencia de engendrar una mera tenencia, al margen de la titularidad que quien la hizo ostentaba respecto del bien. <\/p>\n
Entonces, la perentoriedad de que A\u00edda Piedad Castelblanco Grueso fuera due\u00f1a para que pudiera considerarse que solo transfiri\u00f3 la mera tenencia no es un argumento del fallador, sino que el recurrente lo supuso, por lo cual dej\u00f3 de combatir eficazmente el verdadero: que la entrega de un bien por parte de cualquier persona para que el receptor lo explote econ\u00f3micamente no confiere posesi\u00f3n, sino aqu\u00e9lla; se limit\u00f3 a proponer la tesis contraria. <\/p>\n
c.-) Otro episodio relevante de desenfoque aparece en los cargos segundo y quinto, que reprochan el alcance que el fallador dio a la providencia de 12 de junio de 2017 del mismo Tribunal que en segunda instancia resolvi\u00f3 favorablemente el incidente de desembargo que Rosado V\u00e1squez propuso en relaci\u00f3n con el pluricitado bien, en cuanto en aquel ataque censura que concluyera que esta decisi\u00f3n \u00absolo verifica posesi\u00f3n a partir de la inspecci\u00f3n judicial\u00bb sin ver que en ella \u00abvalor\u00f3 los mismos hechos y los mismos medios de prueba, con los mismos fines, y que por tanto, el se\u00f1or Gustavo Rosado V\u00e1squez, es poseedor desde la fecha en que demand\u00f3\u00bb, mientras que el postrero cuestiona haber cercenado la conclusi\u00f3n \u00abque el se\u00f1or Gustavo Rosado, a\u00fan antes de la inscripci\u00f3n del \u00faltimo propietario, el ya era poseedor y as\u00ed ha debido interpretarse por parte del fallador, aunque tenga libertad y autonom\u00eda, pues la valoraci\u00f3n que se realiz\u00f3 en esa sede judicial, ha reca\u00eddo sobre los mismos actos de posesi\u00f3n y los mismos elementos de prueba, valorados para la sentencia atacada en este recurso\u00bb. <\/p>\n
El error de visualizaci\u00f3n consiste en que, de los tres argumentos que el fallador dio para no fincar en dicha providencia la prueba de la posesi\u00f3n requerida en este asunto, pas\u00f3 de largo los dos primeros y solo combati\u00f3 tangencialmente el \u00faltimo. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal explic\u00f3 que: 1) el auto interlocutorio que defini\u00f3 el incidente de levantamiento de la medida cautelar no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, efecto, que solo se predica de la sentencia, seg\u00fan el art\u00edculo 303 C.G.P.; 2) su objetivo era, espec\u00edficamente, resolver el levantamiento de las medidas cautelares (\u2026); y 3) de acuerdo con el numeral 8 del art\u00edculo 687 del C.P.C. vigente para el momento en que se practic\u00f3 la diligencia de secuestro, el prop\u00f3sito del incidente es declarar que el opositor \u00ab\u2018ten\u00eda la posesi\u00f3n material del bien al tiempo en que aquella se practic\u00f3\u2019 -8 de octubre de 2012\u00bb, por lo que las motivaciones \u00abque llevaron al tribunal a considerarlo como poseedor no podr\u00eda [sic] extenderse a \u00e9pocas anteriores ni darle m\u00e1s efecto que el previsto en la norma, lo que demuestra que para el momento en que interpuso la demanda de pertenencia, -23 de enero de 2013- el tiempo de la posesi\u00f3n para prescribir era insuficiente\u00bb. Sin embargo, el recurrente solamente se refiri\u00f3 ligeramente al razonamiento final. <\/p>\n
El desenfoque alcanza su m\u00e1xima expresi\u00f3n en el cargo quinto, en cuanto cataloga la providencia en menci\u00f3n como una \u00absentencia\u00bb cuando claramente es un auto interlocutorio, naturaleza que precisamente fue la que llev\u00f3 al ad quem a no darle la trascendencia de \u00abcosa juzgada\u00bb que el censor reclama. <\/p>\n
d.-) En \u00faltimas, la Corte observa que el impugnante plantea un mero enfrentamiento de su criterio de parte interesada al del Tribunal que arrib\u00f3 a esta sede precedido de las presunciones de legalidad y acierto, en cuanto dentro de su libertad interpretativa \u00e9ste concluy\u00f3 que las manifestaciones contenidas en la demanda llevaban a la conclusi\u00f3n que el ingreso del actor al predio fue a t\u00edtulo de mero tenedor y que, por lo tanto, le correspond\u00eda acreditar que con posterioridad mut\u00f3 a la calidad de un aut\u00e9ntico poseedor en los t\u00e9rminos que la jurisprudencia ha definido, pero como no lo hizo, los actos revelados por los medios suasorios quedaron enmarcados en la condici\u00f3n precaria. <\/p>\n
e-) Cabe advertir que la solicitud del quinto cargo para que \u00aben subsidio\u00bb la Corte \u00abcumpla la importante funci\u00f3n de fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida\u00bb no es suficiente para que deba d\u00e1rsele un tratamiento independiente, pues tales cometidos asignados por la ley a la casaci\u00f3n se satisfacen en el marco del examen de los cargos formulados con estricto apego a las causales establecidas taxativamente; excepcionalmente, en los casos de selecci\u00f3n positiva, cuya naturaleza oficiosa escapa a la \u00f3rbita del recurrente, quien, bien o mal, agota su intervenci\u00f3n al plantear aquellos. <\/p>\n
4.-. En consecuencia, como los planteamientos no se ci\u00f1en a las formalidades de rigor, resulta inviable aceptarlos, m\u00e1xime cuando no se percibe un compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablico, ni mucho menos afrenta de derechos y garant\u00edas constitucionales, por lo que ni siquiera hay lugar a darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
III.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por Gustavo Alberto Rosado V\u00e1squez para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 5 de agosto de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro del proceso declarativo de pertenencia que adelant\u00f3 contra los herederos de Hernando Prada Pe\u00f1a, siendo las determinadas Sara Valentina e Isabella Prada Pati\u00f1o, en su momento representadas por su progenitora Alix Adriana Pati\u00f1o Triana, y terceros desconocidos. <\/p>\n
Segundo: Devolver por Secretar\u00eda, de manera virtual, el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 AC5550-2022, AC5333-2022, AC4947-2022, AC4032-2022, AC1793-2022, AC1206-2022, AC5862-2021, AC5471-2021. <\/p>\n
2\u0002 AC5333-2022, AC4032-2022, AC2878-2022, AC2411-2022, AC1793-2022, AC5862-2021, AC2133-2020, AC-943-2020. <\/p>\n
3\u0002 AC5333-2022, AC4032-2022, AC2878-2022, <\/p>\n
4\u0002 AC5333-2022, AC4947-2022, AC4032-2022, AC1793-2022, AC1206-2022, AC5862-2021, AC4890-2021, AC3765-2021 <\/p>\n
5\u0002 AC5550-2022, AC4032-2022, AC2133-2020 <\/p>\n
6\u0002 AC5333-2022, AC4947-2016, AC4032-2022, AC1793-2022. <\/p>\n
7\u0002 AC5550-2022, AC4032-2022, AC2411-2022, AC1793-2022, AC5862-2021, AC4218-2021, AC706-2020. <\/p>\n
8\u0002 AC5550-2022, AC5333-2022, AC1793-2022, AC4210-2021, AC2272-2021. <\/p>\n
9\u0002 AC2272-2021, AC2133-2020, AC054-2015. <\/p>\n
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AC1513-2023 (2013-00054-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC1513-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-024-2013-00054-01 (Aprobada en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73694","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73694"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73694\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73694"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}