AC1514-2023 (2023-01936-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC1514-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01936-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Candelaria \u2013Valle del Cauca y Treinta de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Candelaria \u2013 Valle del Cauca, admiti\u00f3 la demanda de custodia, regulaci\u00f3n de visitas y fijaci\u00f3n de cuota alimentaria presentada por Santiago Almanza Kraus, respecto de sus hijos menores de edad Jes\u00fas Lorenzo Almanza Montejo, y Antonio Jerem\u00edas Almanza Montejo en contra de la progenitora Carlota Montejo Mart\u00ednez (9 nov. 2021), cuya competencia fue delimitada por la parte actora, de acuerdo con el \u00ab[numeral] 2 del art\u00edculo 28 del c\u00f3digo General del Proceso, en raz\u00f3n de la naturaleza del asunto\u00bb [fl. 4, archivo digital: 0001.CuadernoJ01PMValleCauca.pdf]. <\/p>\n
Luego, la pasiva arrim\u00f3 contestaci\u00f3n del libelo inicial oponi\u00e9ndose al mismo [fls. 109- 112, ib\u00eddem] y, escrito a trav\u00e9s de su apoderado, en el que, le inform\u00f3 a esa oficina judicial que \u00ab(\u2026) por motivos de trabajo, la se\u00f1ora CARLOTA MONTEJO MART\u00cdNEZ, cambi[\u00f3] su domicilio y residencia en la ciudad de Bogot\u00e1, trasladando a sus menores hijos JES\u00daS LORENZO ALMANZA MONTEJO y ANTONIO JEREM\u00cdAS ALMANZA MONTEJO a la misma ciudad, por lo que recibir\u00e1 notificaciones, en la Calle 88A N\u00b0 92 \u2013 04, Apartamento 301, Barrio Quirigua, de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb [fl. 120 eiusdem]. <\/p>\n
2. Con fundamento en dicha informaci\u00f3n, en prove\u00eddo de 1\u00b0 de septiembre de 2022, el estrado cognoscente orden\u00f3 remitir las diligencias a los jueces de Familia de Bogot\u00e1, \u00abal tener conocimiento de que los menores se encuentran viviendo en la ciudad de Bogot\u00e1 con su progenitora\u00bb a fin de \u00abasegurar la mejor decisi\u00f3n para los menores en el caso que nos ocupa, m\u00e1xime cuando dentro de la demanda se solicita como prueba por la parte demandante que se haga entrevista a los menores, al igual que en la contestaci\u00f3n de la demanda se solicita como prueba la Inspecci\u00f3n Judicial o visita domiciliaria a la residencia de la se\u00f1ora CARLOTA MONTEJO MART\u00cdNEZ, madre de los menores, para que se verifique el estado de cuidado y convivencia (\u2026)\u00bb [fls. 121 a 123 ib.]. <\/p>\n
3. Mediante auto del pasado 21 de abril hoga\u00f1o, el despacho receptor rehus\u00f3 su conocimiento, arguyendo que \u00ab(\u2026) en el ordenamiento legal y espec\u00edficamente en el C\u00f3digo General del Proceso, no existe disposici\u00f3n legal alguna que faculte al Juzgado que viene conociendo de la actuaci\u00f3n, una vez admitida la demanda por aquel y trabada la litis, se separe de dicho conocimiento bajo pretexto que una de las partes cambi\u00f3 de residencia y domicilio\u00bb, postura que apoy\u00f3 en el pronunciamiento CSJ AC020-2019, 17 en., rad. 2018-03772-00 de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, propuso colisi\u00f3n negativa de competencia y remiti\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para su definici\u00f3n [Archivo digital: 0014.CuadernoJ30FliaBogota.pdf]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- De acuerdo con el inciso segundo, numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ab[e]n los procesos de alimentos, p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad, investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, permisos para salir del pa\u00eds, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u00bb (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
3.- Confrontado el asunto bajo examen con el aparte normativo transcrito, refulge con claridad que la competencia para conocer de este tipo de controversias, con base en el factor territorial, recae en la autoridad del lugar \u00abdel domicilio o residencia\u00bb del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, conclusi\u00f3n que se robustece con las previsiones del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, seg\u00fan las cuales \u00ab[s]er\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Tal disposici\u00f3n resulta aplicable, no solo en el contexto de los procedimientos ante las autoridades administrativas y los procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad, sino en las controversias de conocimiento judicial, tal como lo ha decantado esta Corporaci\u00f3n al puntualizar que: <\/p>\n
\u00ab[E]n orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (Exp. 2008-00649-00) (CSJ AC1787-2021, 12 may., rad. 2021-01222-00 y CSJ AC2415-2021, 17 jun., rad. 2021-01784-00 que reiter\u00f3 la providencia CSJ AC 4 jul. 2013, rad. 2013-00504-00). <\/p>\n
Lo anterior se encuentra del todo conforme con la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en cuya virtud \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona (\u2026)1\u00bb, as\u00ed como con el art\u00edculo 11 del estatuto adjetivo, que ordena interpretar las normas procedimentales de acuerdo con los est\u00e1ndares constitucionales, entre los cuales se encuentra el del inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, ha recalcado la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el inter\u00e9s superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales direccion\u00e1ndolas a facilitar la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, para auspiciarles el acceso directo a la administraci\u00f3n de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en traumatismos o dificultades de diversa \u00edndole para reparar sus necesidades, que a la postre podr\u00edan verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, postulado que desarrolla el mandato contenido en el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, a cuyo tenor \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
Por supuesto que dicho precepto legal, que aboga por darle prevalencia a los derechos de los menores y adolescentes, no es ajeno al derecho procesal ni, por contera, a las reglas de competencia para asignar el conocimiento de las causas en las cuales est\u00e1n involucrados dichos sujetos, receptores de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, porque viene al caso, que conforme al canon 26 ib\u00eddem, \u00ab[e]n toda actuaci\u00f3n administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que est\u00e9n involucrados, los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, tendr\u00e1n derecho a ser escuchados y sus opiniones deber\u00e1n ser tenidas en cuenta.\u00bb <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento favorable al inter\u00e9s superior citado, la Corte se ha pronunciado se\u00f1alando respecto de los menores de edad, que: <\/p>\n
[L]a Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado 44 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u2018los derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u2019. Se destaca. (CSJ STC7351, 7 jul. 2018, rad. 2018-00141-01, CSJ AC2400-2022, 13 jun., rad. 2022-01649-00, reiteradas en CSJ AC3203-2022, 22 jul., rad. 2022-02207-00). <\/p>\n
4.- Y no se diga que por haber conocido y adelantado algunas actuaciones, el despacho primigenio debe seguir tramitando el asunto en atenci\u00f3n al principio de la \u201cperpetuatio iurisdictionis\u201d, porque \u00abel domicilio de los sujetos de especial protecci\u00f3n es fuero especial de atribuci\u00f3n de competencia territorial, aun cuando var\u00ede en el curso del proceso; am\u00e9n de que el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que: \u201c[e]l juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional\u201d\u00bb (CSJ AC1664-2021, 5 may., rad. 2021-01355-00, reiterando CSJ AC1314-2020, 6 jul., rad. 2020-00722-00 y citadas en CSJ AC3203-2022, 22 jul., rad. 2022-02207-00 -negrilla para descatar-). <\/p>\n
5.- De esa manera, es claro que el decurso inici\u00f3 ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Candelaria \u2013Valle del Cauca, porque en esa circunscripci\u00f3n territorial se radic\u00f3 el libelo introductor sin protesta del demandado sobre ese aspecto y los infantes viv\u00edan con su progenitora en jurisdicci\u00f3n de ese municipio2, lugar d\u00f3nde se dispuso la custodia a la madre de los menores por la Comisar\u00eda Especial de Familia de esa vecindad, seg\u00fan se desprende del paginario [fls 18 y 19, derivado: 0001.CuadernoJ01PMValleCauca.pdf]; sin embargo, como los ni\u00f1os fueron trasladados a Bogot\u00e1, donde se encuentra domiciliada actualmente Carlota Montejo Mart\u00ednez, como se puso en conocimiento de la mencionada autoridad [fl. 120 ib.], es el juez de esta capital quien debe continuar el juicio promovido por el padre. <\/p>\n
6.- As\u00ed las cosas, se asignar\u00e1 la competencia a este \u00faltimo despacho judicial, decisi\u00f3n de la cual se dar\u00e1 aviso al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Candelaria \u2013Valle del Cauca y, a los interesados. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Treinta de Familia de Bogot\u00e1, es el competente para continuar con el adelantamiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a esa autoridad para que asuma el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Primero Promiscuo Municipal Candelaria \u2013Valle del Cauca y, a los interesados. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 9\u00ba del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
2\u0002 Folios 13 y 112, derivado: 0001.CuadernoJ01PMValleCauca.pdf <\/p>\n
<\/p>\n
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