AC1585-2023 (2017-00437-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1585-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-31-03-015-2017-00437-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Gerardo Antonio Crespo Orozco para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 13 de diciembre de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, dentro del proceso que promovi\u00f3 contra Carlos Antonio Castro Hurtado y Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1.- Gerardo Antonio Crespo Orozco demand\u00f3 a Carlos Antonio Castro Hurtado y Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro, para que se declarara1 que \u00e9sta \u00abobr\u00f3 como mandataria de Carlos Antonio Castro Hurtado en la compra del 32.25% de los inmuebles vendidos por COLCARARE S.A. seg\u00fan escritura p\u00fablica 534 del 5 de febrero de 2008 de la Notar\u00eda 29 del C\u00edrculo Notarial de Medell\u00edn\u00bb y, que \u00abel 32.25%\u00bb referido \u00abfue adquirido para Carlos Antonio Castro Hurtado mediante mandato oculto y sin representaci\u00f3n\u00bb, por tanto, \u00abde los mencionados inmuebles, el 32.25% pertenece a Carlos Antonio Castro Hurtado\u00bb. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, pidi\u00f3 la declaratoria de cinco diferentes pretensiones subsidiarias consecuenciales a saber: <\/p>\n
i)- \u00ab[S]e condene a Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro (\u2026) proceda a transferirle al demandado Carlos Antonio Castro Hurtado el 32.25% de los inmuebles identificados\u00bb (primera subsidiaria). <\/p>\n
ii)- \u00ab[S]e condene a los demandados (\u2026) procedan a celebrar escritura p\u00fablica por medio de la cual Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro le transfiera al demandado Carlos Antonio Castro Hurtado el 32.25% de los inmuebles (\u2026)\u00bb (segunda subsidiaria). <\/p>\n
iii)- \u00ab[S]e declare que el demandante Gerardo Antonio Crespo Orozco en calidad de acreedor de Carlos Antonio Castro Hurtado queda subrogado en los derechos que \u00e9ste tiene contra su mandataria Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro y que, por ende, puede ejercitar las acciones tendientes a hacer valer sus cr\u00e9ditos\u00bb (tercera subsidiaria). <\/p>\n
iv)- \u00ab[S]e ordene a la demandada restituir en el porcentaje del 32.25% de los inmuebles objeto de los diferentes contratos a la ejecutoria de la sentencia a Carlos Antonio Castro Hurtado\u00bb (cuarta subsidiaria). <\/p>\n
v)- \u00ab[S]e ordene a la demandada restituir en el porcentaje del 32.25% de los inmuebles objeto de los diferentes contratos a la ejecutoria de la sentencia\u00bb (quinta subsidiaria). <\/p>\n
Adujo que, debido al atraso en el cumplimiento del pago de las cuotas acordadas, se pact\u00f3 un otros\u00ed a la promesa de compraventa, en el cual se determin\u00f3 que \u00abel precio se reajustaba a dos mil diez millones de pesos y se modificaban las cuotas del pago\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el 18 de enero de 2008 se volvi\u00f3 a modificar dicho convenio, dado que \u00abel demandante pag\u00f3 los dineros que le correspond\u00edan a Edison Valencia, por las dificultades econ\u00f3micas de este\u00bb, por tanto, \u00abla participaci\u00f3n de cada promitente comprador deb\u00eda cambiarse, quedando aquel con el 67.75%, y Edison Valencia con el 32.25% de los inmuebles\u00bb. <\/p>\n
Narr\u00f3 que, como Edison Valencia Mej\u00eda \u00absolo tuvo dinero para cubrir la primera parte de la cuota inicial, se acord\u00f3 que su primo Carlos Antonio Castro Hurtado, que hab\u00eda firmado la promesa en calidad de testigo, entrara a reemplazarlo en la negociaci\u00f3n\u00bb, por consiguiente, la escritura de compraventa objeto del contrato de promesa fue finalmente celebrada el 5 de febrero de 2008 en la Notar\u00eda 29 de Medell\u00edn. No obstante, las firmantes fueron, en calidad de compradoras, Carolina Vergara Crespo, sobrina de Gerardo Antonio Crespo y Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro, madre de Carlos Antonio Castro. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro \u00abrealmente no compr\u00f3 los inmuebles en el porcentaje estipulado, sino que lo hizo por cuenta de su hijo Carlos Antonio Castro Hurtado. Ella no pag\u00f3 ninguna suma de dinero a la sociedad vendedora. Fue su hijo\u00bb, por tanto, aquella no ha tenido control material o de cualquiera otra naturaleza sobre los predios. <\/p>\n
Asever\u00f3, que \u00abcomo (\u2026) pag\u00f3 a la promitente vendedora m\u00e1s dinero del que le correspond\u00eda, Carlos Antonio Castro Hurtado le qued\u00f3 debiendo, lo cual (\u2026) gener\u00f3 una letra de cambio por $135.000.000. Pero en virtud de los gastos de la explotaci\u00f3n y pr\u00e9stamos personales, Carlos Antonio Castro firm\u00f3 finalmente un pagar\u00e9 por la suma de $805.655.000\u00bb y por la mora en la cancelaci\u00f3n de la deuda, se vio obligado a \u00abdemandar ejecutivamente a Castro Hurtado, demanda que se acumul\u00f3 al proceso ejecutivo que en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Medell\u00edn que adelanta Gladys G\u00f3mez Cruz, con radicado n\u00b0 2015-00387, asign\u00e1ndosele a la acumulaci\u00f3n el radicado 05001-34-03-001-2017-00142-00\u00bb. <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan su dicho, Castro Hurtado \u00abno tiene bienes suficientes para cubrir la deuda, ya que los que aparecen a su nombre o no tienen valor suficiente o est\u00e1n embargados\u00bb (Folio 5 Archivo digital: 05001310301520170043701-0020Demanda.pdf). <\/p>\n
3.- La postulaci\u00f3n inicial, fue admitida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn, el 3 de octubre de 2017 (Folio 410 Archivo digital: cuaderno 1 rad 015 2017 00437.pdf) y, posteriormente, se acept\u00f3 su reforma, mediante prove\u00eddo de 19 de julio de 2018 (Folio 604 ib\u00eddem). <\/p>\n
4.- Los llamados a juicio se opusieron a las pretensiones y plantearon las excepciones de \u00abFalta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario\u00bb, \u00abEnriquecimiento sin causa\u00bb, \u00abMala fe\u00bb y \u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb (Folios 450-468 y 504-522 ib\u00eddem). <\/p>\n
4.1. Paralelamente, Flor de Mar\u00eda demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n y, solicit\u00f3 que se declarara \u00abla divisi\u00f3n material de los predios\u00bb o, \u00abse declare la venta en p\u00fablica subasta de los [mismos]\u00bb, pliego que el Juzgado primigenio rechaz\u00f3, porque \u00abno existe conexidad entre las pretensiones de la demanda principal y la de reconvenci\u00f3n, ya que nada tiene que ver la declaraci\u00f3n de existencia de un contrato de mandato, con la divisi\u00f3n de un inmueble\u00bb (Folio 15. Archivo digital cuaderno demanda rechazada rad 015 2017 437.pdf). <\/p>\n
5. En audiencia del 2 de diciembre de 2019 se puso fin a la primera instancia, desestim\u00e1ndose las pretensiones principales y subsidiarias y se reconoci\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abFalta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario\u00bb. (Archivo digital ACTA SENT. PRIMERA RAD. 05001310301520170043700.pdf). <\/p>\n
6.-El 13 de diciembre de 2022, el Tribunal Superior de Medell\u00edn, confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, al desatar la alzada planteada por el precursor (Archivo digital 26SentenciaSegundaInstancia.pdf). <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- El ad quem, tras la rese\u00f1a de los antecedentes del caso, fij\u00f3 como problema jur\u00eddico establecer \u00absi el demandante tiene raz\u00f3n al se\u00f1alar que la decisi\u00f3n de primera instancia debe ser revocada, en tanto que una debida valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes en el proceso, permite concluir, contrario a lo expuesto por el juez a quo, que entre los demandados Carlos Antonio Castro Hurtado y Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro s\u00ed existi\u00f3 un contrato de mandato oculto, mediante el cual, \u00e9sta actu\u00f3 como mandataria del primero en la compraventa celebrada mediante la escritura p\u00fablica 534 de 05 de febrero de 2008, para la adquisici\u00f3n de los bienes inmuebles identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 321-10495, 321-3272, 321-29816, 321-8211 y 321-7790 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del Socorro\u00bb. <\/p>\n
Hecha esa anotaci\u00f3n memor\u00f3 precedentes de esta Corte acerca del mandato (SC10122-2014, SC3890-2021) y, a rengl\u00f3n seguido, se ocup\u00f3 de los motivos de inconformidad del apelante, advirtiendo el respaldo que tendr\u00eda la decisi\u00f3n de primer nivel, debido a que el demandante \u00abno acredit\u00f3 la existencia del contrato de mandato oculto a que hizo alusi\u00f3n\u00bb, porque las pruebas recaudadas en el proceso \u00abnada refieren respecto a los elementos del mandato o a la orden oculta impartida por Carlos Antonio Castro Hurtado a Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro, en tanto no permiten vislumbrar las instrucciones dadas por el supuesto mandante para el cumplimiento de la gesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El iudex plural se refiri\u00f3 a las posturas antag\u00f3nicas que asumieron las partes, en cuanto a la existencia o no del contrato de mandato oculto, que constituye el petitum principal del actor, tanto en la demanda, su contestaci\u00f3n y los interrogatorios de partes que absolvieron. <\/p>\n
Acto seguido, cavil\u00f3 que del interrogatorio de parte de Gerardo Antonio Crespo se puede otear que \u00ab[l]a versi\u00f3n del demandante, se sostiene, en s\u00edntesis, porque \u00e9l envi\u00f3 a Carolina Vergara a que suscribiera la escritura 534 de 05 de febrero de 2008. En efecto, \u00e9l advirti\u00f3 que \u2018fue un favor que yo le ped\u00ed y me lo hizo\u2019 (min. 28y s.s.). Basado en tal circunstancia, afirma que Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro, actu\u00f3 como mandataria oculta de Carlos Antonio Castro Hurtado\u00bb. <\/p>\n
Luego, anot\u00f3 que Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro en su declaraci\u00f3n, \u00abrefut\u00f3 lo afirmado por el demandante y en ese sentido expuso que ella es la real propietaria como consta en la escritura p\u00fablica y que no existi\u00f3 contrato de mandato oculto con Carlos Antonio Castro Hurtado\u00bb. Adem\u00e1s, que \u00e9ste manifest\u00f3, al ser cuestionado sobre \u00absi \u00e9l y Gerardo Antonio Crespo tuvieron un acuerdo en el cual decidieron que iban a poner a otras personas como compradoras en la escritura p\u00fablica por la situaci\u00f3n en la que estaba el lugar de la finca y que para eso a \u00e9l iba a representarlo o a aparecer en la compraventa Flor de Mar\u00eda Hurtado\u00bb, que \u00ab[\u00e9sta] es la propietaria del 32.25% de la hacienda Monterrey\u00bb, agregando que \u00abh[a] sido el administrador de esas tierras, inclusive en Monterrey (\u2026) entr[\u00f3] como administrador\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente apuntal\u00f3, que los testimonios rendidos por Luis Carlos Echeverri Zapata, Juan Carlos Cruz G\u00f3mez, Luis Eduardo Franco Correa, Carolina Vergara Crespo, Dar\u00edo de Jes\u00fas Trujillo Escobar y Carlos Ariel Crespo Orozco, en s\u00edntesis, \u00abno dan cuenta de la celebraci\u00f3n o configuraci\u00f3n del contrato de mandato oculto o la forma en que este se perfeccion\u00f3\u00bb. Mientras que los deponentes del extremo pasivo -Edison de Jes\u00fas Valencia y Francisco Giraldo- arguyeron, en resumen, que \u00abFlor de Mar\u00eda Hurtado es la propietaria del inmueble, que no escucharon de ning\u00fan acuerdo para que esta figurara como compradora y que Carlos Antonio Castro es quien lo administra\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3 que, si bien \u00abla parte apelante cuestiona contradicciones en las declaraciones de estos dos testigos respecto a la persona que Flor de Mar\u00eda Hurtado encargaba para hacer algunos pagos relativos a la compraventa\u00bb, lo cierto es que \u00abtal situaci\u00f3n se torna irrelevante, en tanto no conlleva a la acreditaci\u00f3n del mandato oculto objeto de litigio\u00bb. <\/p>\n
Coligi\u00f3 entonces, que \u00abno encuentra acreditada la existencia del contrato de mandato oculto alegado por el demandante\u00bb, ya que \u00abpor ning\u00fan lado se acredita las circunstancias en que el encargo invocado se concret\u00f3, ni cu\u00e1les fueron las instrucciones del acuerdo de mandato, esto es, las pautas y obligaciones contra\u00eddas. Es m\u00e1s, (\u2026) los interesados en la negociaci\u00f3n no establecieron concretamente cu\u00e1l era la obligaci\u00f3n que deb\u00eda cumplirse y en qu\u00e9 t\u00e9rminos, dif\u00edcilmente los testigos hubiesen podido declarar en tal sentido\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, \u00abno se logr\u00f3 demostrar la existencia de la autorizaci\u00f3n oculta para que la mandataria se presentara ante el tercero como si el inter\u00e9s para contratar le fuera propio y as\u00ed lograr que luego en cabeza del mandante se radique el derecho y mucho menos se acredit\u00f3 la forma como se traspasar\u00eda al patrimonio del primero los bienes adquiridos en desarrollo del encargo\u00bb. (Archivo digital: 26 Sentencia Segunda Instancia.pdf). <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se propuso un cargo, apuntalado en la \u201ccausal primera\u201d del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Enunci\u00f3 su cr\u00edtica de la siguiente manera: \u00ab[A]cuso la sentencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn de ser violatoria, en forma indirecta, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 666, 1494, 1495, 1500, 1501, 1602, 2142, 2149, 2150, 2157, 2177, 2189 y 2488 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que incurri\u00f3 en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, infringiendo tambi\u00e9n, como violaci\u00f3n medio, los art\u00edculos 167, 176, 191, 205, 225, 240, 241 y 242 del C. G. del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Inici\u00f3 su pr\u00e9dica manifestando, que \u00ab[e]n el an\u00e1lisis probatorio que se har\u00e1, se demostrar\u00e1 que la posici\u00f3n de los demandados es abiertamente insostenible y que, por el contrario, la prueba respalda las pretensiones de la demanda\u00bb, en atenci\u00f3n a que el Tribunal Superior de Medell\u00edn \u00ab[c]ometi\u00f3 graves errores de hecho en el an\u00e1lisis de la prueba recaudada\u00bb i)- \u00abDej\u00f3 de analizar todo el caudal probatorio para circunscribirse parcialmente a la prueba testimonial y a las declaraciones de las partes\u00bb; ii)- \u00abPor un lado, cercen\u00f3 el contenido de las declaraciones de los demandados que implicaban indicio grave en su contra\u00bb y, iii)- \u00ab[P]or otro, pas\u00f3 por alto un c\u00famulo de otros indicios y documentos, mutilando, adem\u00e1s, las versiones de los testigos\u00bb. <\/p>\n
Para ello, desarroll\u00f3 las siguientes tem\u00e1ticas: <\/p>\n
i)- Errores de hecho que llevaron al Tribunal a desconocer que Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro \u00abno compr\u00f3 para s\u00ed el derecho de dominio proindiviso sobre los inmuebles objeto de la e.p. 534 del 5 de febrero de 2008\u00bb. <\/p>\n
a)- El indicio que surge de la \u00abconducta procesal\u00bb de los demandados, toda vez que estos son \u00abmadre e hijo\u00bb, quienes para el presente asunto cuentan con la representaci\u00f3n judicial de la misma profesional del derecho, lo que indica una \u00abidentidad de contestaciones\u00bb, cuando \u00absimult\u00e1neamente sus dos clientes son contraparte en el proceso laboral\u00bb mencionado en las referidas r\u00e9plicas. <\/p>\n
Adicional a que, en el litigio laboral, el apoderado que all\u00ed act\u00faa en nombre de Carlos Antonio Castro Hurtado tambi\u00e9n represent\u00f3 a Flor de Mar\u00eda en el tr\u00e1mite del divisorio que \u00e9sta promovi\u00f3 en contra de Carolina Vergara Crespo. <\/p>\n
Por lo antelado, acus\u00f3 al ad quem de cometer \u00abostensible error de hecho al pasar completamente desapercibida la conducta procesal que ejecut\u00f3 la demandada en el proceso, conducta que constitu\u00eda grave indicio en su contra por ser abiertamente desleal, inmoral y fraudulenta. Soslay\u00f3 tambi\u00e9n la ausencia de respuesta a la reforma de la demanda que por ley configura otro indicio grave\u00bb. <\/p>\n
b)- Del interrogatorio absuelto por Flor de Mar\u00eda Hurtado se\u00f1al\u00f3, que el Tribunal de Medell\u00edn \u00abcasi que lo cercen\u00f3 por completo\u00bb, dado que \u00absolo extrajo lo dicho por la absolvente en una parte\u00bb, porque indic\u00f3 que \u00abla interrogada expuso que ella es la real propietaria, que la tierra la negociaron Gerardo Antonio Crespo y Edison Valencia quienes firmaron el contrato de promesa; que Edison estaba colgado; que ten\u00eda un negocio de compraventa de carros que se manejaba con la plata de ella; que \u00e9l quer\u00eda vender su parte en los inmuebles; que le ajust\u00f3 una plata; que el esposo le dej\u00f3 un ganado que vendi\u00f3; que con toda esa plata le compr\u00f3 a Edison Valencia el derecho sobre los inmuebles; que su hijo Carlos Antonio Castro nada tuvo que ver con ese negociaci\u00f3n, pero que le hace todas las negociaciones\u00bb, declaraci\u00f3n que sirvi\u00f3 de argumento para que el ad quem concluyera que \u00abno se prob\u00f3 el mandato\u00bb cuestionado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, la deponente incurri\u00f3 \u00aben abundantes contradicciones, vac\u00edos, ambig\u00fcedades y explicaciones absurdas\u00bb, pues \u00abda respuestas vagas, evade varias, hilvana ideas sin sentido, es contradictoria, est\u00e1 a la defensiva y no da explicaciones razonables acerca de su fortuna y de la forma en que adquiri\u00f3 los inmuebles objeto del proceso. Son suficientes para develar las mentiras de la demandada\u00bb. <\/p>\n
Soport\u00f3 su inconformidad en que Flor de Mar\u00eda, \u00ab(i) no tiene la m\u00e1s m\u00ednima idea acerca de c\u00f3mo fue la negociaci\u00f3n de los inmuebles; (ii) no justifica de manera cre\u00edble sus ingresos para comprarla; (iii) no explica razonablemente por qu\u00e9 no ten\u00eda cuentas bancarias: lo \u00fanico que atina a decir es que reinvert\u00eda inmediatamente porque no quer\u00eda guardar la plata en un colch\u00f3n; (iv) no explica con verosimilitud c\u00f3mo pag\u00f3 la compra de los derechos de Edison Valencia, confesando que ni siquiera se elaboraron recibos que diesen cuenta que Edison Valencia le ten\u00eda 200 millones de pesos y que ella pag\u00f3 330 millones de pesos producto de la venta de ganado; (v) no existe ning\u00fan documento que corrobore los ingresos para la compra de la hacienda, o que acreditaran negocios permanentes como la compra y venta de autom\u00f3viles, inmuebles o ganado; (vi) no declaraba renta; (vii) siempre se mostr\u00f3 a la defensiva en sus respuestas exigiendo que tambi\u00e9n les hicieran las mismas preguntas a Gerardo Crespo y a Carolina Vergara; (viii) alega ser una curtida negociante en carros, inmuebles, ganado, no obstante, su hijo en el interrogatorio afirma \u2018yo soy el que he estado al frente de todo, yo soy el que le ha colaborado en todo en los negocios de los carros, del ganado\u2019; (ix) se enreda en las respuestas, es vaga, da explicaciones pueriles y evade varias preguntas; (x) se contradice en sus respuestas; (xi) no obtiene utilidad de la hacienda Monterrey\u00bb. <\/p>\n
c)- Se doli\u00f3 de que el juzgador colegiado \u00abpas\u00f3 desapercibida (\u2026) la ausencia de un documento o un principio de prueba por escrito que acreditara los ingresos de la demandada\u00bb, toda vez que \u00ab[n]o existe ning\u00fan documento que demuestre, as\u00ed sea indiciariamente, que Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro pag\u00f3 la compra del inmueble, ni mucho menos que tuviese dinero para hacerlo. Ni siquiera que haya obtenido utilidades de la explotaci\u00f3n de los inmuebles y las haya reinvertido como alega en su declaraci\u00f3n. No hay cuentas bancarias, no existen recibos, no se muestran consignaciones\u00bb. <\/p>\n
d)- En relaci\u00f3n con la confesi\u00f3n extrajudicial de la enjuiciada, adver\u00f3 que \u00abla demandada asienta con su pu\u00f1o y letra que su profesi\u00f3n es ama de casa \u2013algo que reitera en el interrogatorio absuelto-, descart\u00e1ndose as\u00ed que sea comerciante y que de esta actividad recibiera ingresos. Al firmar y manifestar su actividad est\u00e1 confesando\u00bb. <\/p>\n
Mientras que los testigos de la parte convocada -Edison de Jes\u00fas Valencia y Francisco Giraldo-, aseguraron que aquella \u00abs\u00ed ten\u00eda ingresos que le permitieron comprar para s\u00ed la hacienda Monterrey y que efectivamente la compr\u00f3 y la pag\u00f3\u00bb, lo cual va en contrav\u00eda con lo atestado por Flor de Mar\u00eda, debido a que el primero de los citados, siendo un testigo \u00absospechoso\u00bb, por ser \u00abprimo del demandado Carlos Castro\u00bb y, porque \u00ab[a]mbos suelen hacer maquinaciones en los negocios que realizan. (\u2026) y ocultaban sus nombres en la finalizaci\u00f3n de contratos de promesa de compraventa\u00bb, afirm\u00f3 en su testimonio que \u00ablos 330 millones de pesos que supuestamente se le pagaron por la venta de un ganado, supuestamente de Flor Hurtado, se los entreg\u00f3 un se\u00f1or Jos\u00e9, a quien conoc\u00eda personalmente\u00bb. No obstante, Flor de Mar\u00eda dijo que \u00abese dinero lo entreg\u00f3 Francisco Giraldo\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, Edison de Jes\u00fas sostuvo \u00abser el comprador de la hacienda Monterrey y que luego le cedi\u00f3 los derechos a Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro por la suma de 530 millones de pesos \u2013lo recuerda–; no obstante, cuando se le pregunta cu\u00e1l fue el precio que pag\u00f3 por la finca Monterrey, responde: \u2018No recuerdo exactamente\u2019\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, en lo atinente a lo expuesto por Francisco Giraldo, adujo que \u00ab[s]e enreda al decir que le entregaba a Flor Hurtado, o a las personas que ella designaba, hasta 150 millones en efectivo\u00bb, ello, en tanto, \u00e9ste inform\u00f3 que \u00abse entrevist\u00f3 varias veces con Edison Valencia para determinar c\u00f3mo le entregaba los 330 millones de pesos\u00bb. Sin embargo, \u00abEdison Valencia insistentemente se\u00f1al\u00f3 que ese dinero proven\u00eda de la venta del ganado que hac\u00eda un se\u00f1or Jos\u00e9\u00bb. <\/p>\n
De modo que, en su sentir, \u00ab[e]l Tribunal omiti\u00f3 analizarlos afirmando que las contradicciones alegadas no demostraban el mandato oculto. Pero con esa omisi\u00f3n incurri\u00f3 en grave error de hecho al no darse cuenta de que ellos no pod\u00edan ser prueba del supuesto pago que hizo la demandada por la compra de los inmuebles y que, entonces, no era cierto que Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro hubiese comprado para s\u00ed, obviando una de las premisas encaminadas a demostrar el mandato oculto\u00bb. <\/p>\n
ii)- Errores de hecho que llevaron al Tribunal a desconocer que \u00abCarlos Antonio Castro Hurtado compr\u00f3 para s\u00ed el 32.25% del inmueble objeto de la e.p. 534 del 5 de febrero de 2008 de la Notar\u00eda 29 de Medell\u00edn, por intermedio de su mandataria oculta Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro\u00bb. <\/p>\n
a)- Para ello, inicialmente trajo la misma alegaci\u00f3n, relacionada con el \u00abindicio que surge de la conducta de los demandados, toda vez que los codemandados son madre e hijo\u00bb. <\/p>\n
b)- Luego, refiri\u00f3 que si el iudex de segundo grado hubiese examinado la contestaci\u00f3n de la demanda, habr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n de que: <\/p>\n
\u00aba.- Gerardo Crespo y Carlos Castro tienen una sociedad de hecho para la explotaci\u00f3n de la Hacienda Monterrey, tal como lo confiesa al responder, entre otros, el hecho 19 de la demanda: \u2018\u2026Los se\u00f1ores CRESPO OROZCO y CASTRO HURTADO son socios en un ganado que tienen a utilidad en un predio denominado Hacienda Monterrey y para dicha explotaci\u00f3n han hecho inversiones adquiriendo insumos y maquinarias y han vendido ganado, leche, quesos, etc. Y por esta raz\u00f3n nunca participa Flor Hurtado de Castro ni Carolina Vergara, propietarias de los predios, ya que el ganado no es de ellas\u2019. En la respuesta al hecho 18 de la demanda se\u00f1ala que Gerardo Crespo puso el 67.75% del ganado y Carlos Castro el 32.25%. (\u2026). <\/p>\n
b.- Si el dominio de la Hacienda Monterrey est\u00e1 distribuido en porcentajes del 67.75% y 32.25%; si Carlos Antonio Castro tiene una sociedad de hecho con Gerardo Crespo en esos mismos porcentajes (respuestas a los hechos 17 y 18); y si Flor Hurtado de Castro no participa en esa sociedad (respuesta al hecho 19), debe inferirse razonablemente que el comprador de ese 32.25% es Carlos Castro. No existe otra explicaci\u00f3n. (\u2026). <\/p>\n
c.- El demandado ten\u00eda patrimonio, por ende, ingresos, para comprar la finca Monterrey, como no los ten\u00eda su madre Flor Hurtado. En las respuestas a los hechos 25 y 26 el demandado confiesa que tiene inmuebles con un \u2018valor comercial muy superior al catastral\u2019. Igualmente confiesa que se ha movido en la explotaci\u00f3n de ganado. No es, pues, un aparecido en los negocios. <\/p>\n
c)- Del interrogatorio absuelto por Carlos Antonio Castro Hurtado adujo, que pod\u00eda otearse que \u00e9ste fue \u00abvago, contradictorio y ausente de explicaciones, incluso ininteligible, hasta el punto que el juez tuvo que decirle, (\u2026): \u2018Vea, h\u00e1game el favor, organice sus ideas y expr\u00e9semelas como considere\u2019\u00bb por cuanto este declar\u00f3, que: <\/p>\n
(i) \u00ab[N]o sabe por qu\u00e9 aparece Carolina Vergara firmando la EP. Luego se\u00f1al\u00f3 que en el negocio figuraban Edison Valencia, Gerardo Crespo y Carolina Vergara, cuando antes hab\u00eda dicho que no sab\u00eda por qu\u00e9 apareci\u00f3 Carolina Vergara\u00bb; <\/p>\n
(ii) \u00ab[L]os negocios siempre han sido con don Gerardo y (\u2026) que Carolina no conoc\u00eda la finca cuando se hizo el negocio\u00bb; <\/p>\n
(iii) \u00ab[L]a mam\u00e1 era rentista de capital prestando dinero, pero [ \u00e9sta] lo niega\u00bb; <\/p>\n
(iv) \u00ab[N]o recuerda\u00bb el valor que Flor de Mar\u00eda pag\u00f3 respecto de los predios debatidos, porque \u00abha estado un poco mal de la memoria, no obstante, recuerda que la mam\u00e1 compr\u00f3 el 32.25%, o que Edison le ten\u00eda como 200 millones de la venta de carros\u00bb; <\/p>\n
(v) Cuando se le pregunt\u00f3 que \u00ab\u00bfpor qu\u00e9 sabe que Edison Valencia le ten\u00eda a su mam\u00e1 Flor de Mar\u00eda 200 millones?, respondi\u00f3 que porque \u00e9l se manten\u00eda ah\u00ed y trabajaba ah\u00ed\u00bb. Pero su testigo Edison Valencia, categ\u00f3ricamente, \u00abse\u00f1al\u00f3 que Carlos Castro no trabajaba con \u00e9l\u00bb; <\/p>\n
(vi) Al inquirirlo acerca de \u00ab\u00bfcu\u00e1nto le pagaron por la comisi\u00f3n en la compra de la finca Monterrey?, se\u00f1al\u00f3 que fue un porcentaje sin decir cu\u00e1l, para luego afirmar que fue m\u00e1s o menos 200 millones que parti\u00f3 con otra persona, sin decir cu\u00e1nto, y luego comienza a decir que tambi\u00e9n hubo otro comisionista\u00bb. Al cuestion\u00e1rsele que \u00ab\u00bfcu\u00e1nto le pagaron de comisi\u00f3n, respondi\u00f3: \u2018Eh, eso fue un porcentaje y mi mam\u00e1 dio una parte y don Gerardo puso la otra\u2019\u00bb, lo cual, se contradice, puesto que \u00ab[d]ice que la comisi\u00f3n se la pagaron por partes iguales la mam\u00e1 y Gerardo Crespo. \u00bfPor qu\u00e9 iban a pagar en partes iguales la comisi\u00f3n cuando est\u00e1 probado que los porcentajes de adquisici\u00f3n del inmueble fueron del 67.75 y del 32.25?\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, advirti\u00f3 que si el Tribunal hubiese \u00abanalizado en toda su dimensi\u00f3n el interrogatorio que absolvi\u00f3 el demandado, habr\u00eda encontrado claras evasivas a las preguntas, memoria selectiva, afirmaciones mendaces, contradicciones y explicaciones sin sentido\u00bb. <\/p>\n
d)- De la prueba documental, asegur\u00f3 que dicha Colegiatura no vio los siguientes documentos <\/p>\n
\u00aba.- Liquidaciones de los estados de cuentas entre Gerardo Antonio Crespo Orozco y Carlos Antonio castro Hurtado desde junio del a\u00f1o 2007 hasta junio de 2017 (fls. 22 a 279 del expediente escaneado). <\/p>\n
b.- Certificaciones de: (i) L\u00e1cteos Cimitarra del 2 de mayo de 2017 sobre ingresos de Carlos Antonio Castro Hurtado por venta de leche cruda por el a\u00f1o de 2016 y lo que iba corrido del a\u00f1o 2017 (fls. 280 a 286 del expediente escaneado); (ii) Almac\u00e9n Agroveterinario El Ganadero S.A.S. del 2 de mayo de 2017 certificando que Gerardo Crespo y Carlos Castro son clientes del almac\u00e9n desde hace seis a\u00f1os, adquiriendo insumos para la finca Monterrey (fl. 288 del expediente escaneado). <\/p>\n
c.- Copias de dos contratos del 5 de noviembre y del 8 de diciembre de 2017 en los que Gerardo Antonio Crespo Orozco y Carlos Antonio Castro Hurtado fungen como socios entregando ganado en utilidad (fls. 570 a 575 del expediente escaneado)\u00bb. <\/p>\n
De lo cual, si el ad quem hubiese revisado dichas probanzas, habr\u00eda encontrado que \u00abla explotaci\u00f3n de la hacienda Monterrey y toda la actividad comercial que giraba en torno a ella, la ejecutaban Carlos Antonio Castro Hurtado y Gerardo Crespo, sin que existiese injerencia de la se\u00f1ora Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro\u00bb. <\/p>\n
e)- De los v\u00ednculos de negocios y ocultamientos entre el demandado Carlos Antonio Castro Hurtado y Edison Valencia Mej\u00eda, asegur\u00f3 que, ellos \u00abcelebraban negocios en compa\u00f1\u00eda, son primos entre s\u00ed, trabajaban juntos y ocultaban sus nombres en la finalizaci\u00f3n de contratos de promesa de compraventa\u00bb. Ocultamiento que pod\u00eda verse en la \u00abnegociaci\u00f3n de seis predios el 27 de noviembre de 2006 (fls. 828 a 839 del expediente escaneado, que fue aportado por el testigo Carlos Ariel Crespo, y aceptada su incorporaci\u00f3n por el juez). En el contrato de promesa firma como promitente comprador el demandado, pero finalmente aparece como due\u00f1o Edison Valencia, hecho confesado por el demandado\u00bb. <\/p>\n
f)- De los testimonios allegados por el extremo demandante, acus\u00f3 al Tribunal de Medell\u00edn de pasar por alto \u00ablos dichos de tales testigos\u00bb que \u00abs\u00ed sirven conjugados con todos los elementos probatorios que no analiz\u00f3, para corroborar que Carlos Antonio Castro Hurtado compr\u00f3, en un porcentaje, la hacienda Monterrey para s\u00ed\u00bb. En otros t\u00e9rminos, \u00abaun siendo una prueba incompleta para derivar de ella la demostraci\u00f3n del mandato, integrada con el c\u00famulo de pruebas que fueron ignoradas, refuerzan los diferentes indicios que existen dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 el recurrente que \u00abLos errores de hecho manifiestos por el Tribunal le impidieron dar por demostrado que Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro, no intervino en el contrato de compraventa comprando para s\u00ed. Si no hubiese incurrido en ellos, debi\u00f3 preguntarse: \u00bfpara qui\u00e9n actu\u00f3? En b\u00fasqueda de la respuesta habr\u00eda encontrado que analizados en su conjunto los indicios graves, confesiones y documentos pasados por alto, solo se impone en sana l\u00f3gica, con los meros datos de la experiencia, que tuvo que ser para su hijo Carlos Antonio Castro Hurtado. Por una pot\u00edsima raz\u00f3n: no aparece en el proceso otra persona diferente\u00bb. <\/p>\n
iii)- Errores de hecho que llevaron al Tribunal a desconocer que \u00abel encargo ten\u00eda como objeto que Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro celebrara el contrato de compraventa, que ese encargo se agot\u00f3 con la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa y que no existieron instrucciones diferentes\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal, en su veredicto extra\u00f1\u00f3 que no se hubiesen demostrado las instrucciones que Carlos Antonio Castro Hurtado le dio a su madre en el encargo, \u00abcircunstancias en las que se concret\u00f3 y cu\u00e1les fueron las pautas y obligaciones contra\u00eddas\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, para el censor, lo que desconoci\u00f3 dicha Corporaci\u00f3n es, que \u00abla \u00fanica instrucci\u00f3n consisti\u00f3 en que su madre Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro fungiera como compradora en el contrato de compraventa contenido en la E.P. 534 del 5 de febrero de 2008. Si tal fue la instrucci\u00f3n, necesariamente le corresponde a su madre reconocerle sus derechos a Carlos Antonio Castro Hurtado. No se requieren m\u00e1s instrucciones para probar la existencia del mandato\u00bb. <\/p>\n
Esa \u00fanica directiva se deduce de toda la prueba analizada en los ac\u00e1pites anteriores y que \u00abomiti\u00f3 el Tribunal\u00bb. Material probatorio que lleva a colegir, con \u00absimple sentido com\u00fan\u00bb, que \u00abel encargo implicaba la celebraci\u00f3n de la compraventa sin ninguna otra instrucci\u00f3n especial diferente a la que por su propia naturaleza surge de \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Pues, \u00abno hubo otras instrucciones distintas, [como] destinaci\u00f3n de los inmuebles, plazo del uso, etc. Por la sencilla raz\u00f3n de que el caudal probatorio estudiado muestra que no existieron y que no son necesarias para que se configure el mandato\u00bb. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 su reclamo solicitando que se \u00abcase la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn en cuanto confirm\u00f3 la sentencia del juzgado que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda\u00bb, para que en su lugar, \u00abse revoque la del juzgado y declare que la demandada Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro obr\u00f3 como mandataria de Carlos Antonio Castro Hurtado, mediante un mandato oculto y sin representaci\u00f3n, en la compra del 32.25% de los inmuebles vendidos por Colcarare S.A., seg\u00fan escritura p\u00fablica 534 del 5 de febrero de 2008 de la Notar\u00eda 29 de Medell\u00edn, accediendo, a su vez, a las s\u00faplicas consecuenciales\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El recurso de casaci\u00f3n ha sido concebido como un mecanismo extraordinario de impugnaci\u00f3n de las sentencias judiciales, mediante el cual la Corte examina la legalidad del fallo proferido como thema decissus, para evidenciar los yerros denunciados y, as\u00ed, en una confrontaci\u00f3n id\u00f3nea, quebrar la sentencia proferida y no como una instancia adicional de los juicios, por cuanto no ata\u00f1e al aspecto f\u00e1ctico de la controversia judicial (thema decidendum); menos est\u00e1 concebido como una nueva oportunidad para debatir el factum del litigio. <\/p>\n
Es as\u00ed que su formulaci\u00f3n debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Empero, por la esencia misma de este instrumento, no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, siendo enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar, que <\/p>\n
(\u2026) [P]or la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa (CSJ AC8255-2017, 7 dic., rad. 2011-00024-02; reiterado entre otras en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01 y AC5520-2022, 15 dic., rad. 2017-00690). <\/p>\n
2.- La admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende entonces del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o limitada a un escueto discurso ret\u00f3rico, especulativo o de confrontaci\u00f3n de criterios con los expuestos en el fallo, como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En otras palabras, la exposici\u00f3n de la demanda que se presente para sustentar el recurso de casaci\u00f3n deber\u00e1 atender la perentoriedad y taxatividad de las causales que lo habilitan, y las acusaciones deber\u00e1n plantearse a trav\u00e9s de una exposici\u00f3n concatenada, separando cada uno de los cargos, esbozando los argumentos que los soportan de tal forma que, sin hesitaci\u00f3n alguna, quede plenamente identificada la causal alegada y los hechos que la edifican, demarcando as\u00ed los hitos dentro de los cuales ha de discurrir la Corte, al estarle vedado a \u00e9sta moverse de manera oficiosa dentro del cargo, con miras a enmendar las inconsistencias en las que incurra el censor. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: <\/p>\n
\u2026 adem\u00e1s de la identificaci\u00f3n de los errores, toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida. <\/p>\n
El discurrir extraordinario, por lo tanto, implica ir m\u00e1s all\u00e1 de las solas afirmaciones, cuya sustracci\u00f3n traduce en una simple protesta en grado funcional, parqueada en el p\u00f3rtico del recurso, sin adentrarse a su quintaesencia (CSJ, AC1262-2016, 12 en., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
3.- Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb2 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por atropello de las normas que los regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
3.1.- La infracci\u00f3n directa ocurre, cuando el funcionario no obstante constatar adecuadamente la realidad f\u00e1ctica del asunto examinado desacierta en la aplicaci\u00f3n del derecho material, dejando de aplicar las que deb\u00edan gobernar la decisi\u00f3n, haciendo actuar disposiciones extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace. En esa direcci\u00f3n, el recriminador ce\u00f1ir\u00e1 la sustentaci\u00f3n a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018, 27 ag., rad. 2015-00704, criterio reiterado en CSJ AC2396-2020, 28 sept., rad. 2014-00045-01 y AC5521-2022, 15 dic., rad. 2020-00017). <\/p>\n
Significa esto, que en los eventos en que la cr\u00edtica extraordinaria se direccione por esta v\u00eda, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del \u00abfallo\u00bb o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, sin que le sea dable sumergirse en los aspectos probatorios. <\/p>\n
3.2.- En trat\u00e1ndose de la causal segunda el agravio de la ley sustancial podr\u00e1 darse a consecuencia de errores de hecho o de derecho. <\/p>\n
3.2.1.- El yerro de hecho se ha puntualizado que tiene lugar: \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ SC, 10 ag.1999, rad. 4979, reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01 y AC4947-2022, 23 nov., rad. 2010-00158). <\/p>\n
3.2.2.- Mientras que el error de derecho presupone que el juzgador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia del medio demostrativo y fijaci\u00f3n de su contenido, pero al apreciarlas no observa <\/p>\n
los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01, CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01 y AC5354-2022, 16 dic., rad. 2017-00141). <\/p>\n
3.2.3. As\u00ed mismo, es predicable la existencia de error de derecho cuando el juzgador desatiende el imperativo dispuesto en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00abLas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb; supuesto que impone al impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llev\u00f3 a cabo al margen del an\u00e1lisis de conjunto pedido en el citado precepto, o sea, poniendo de manifiesto c\u00f3mo la apreciaci\u00f3n de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de divergencia. <\/p>\n
Acorde con esto se ha determinado que para la demostraci\u00f3n de este tipo de desacierto <\/p>\n
es menester concluir que su impugnaci\u00f3n en casaci\u00f3n por error de derecho no queda ajustada del todo a la t\u00e9cnica por la indicaci\u00f3n abstracta de la violaci\u00f3n de la citada preceptiva, sino que, adem\u00e1s, es indispensable, entre otros, que el defecto sea en la apreciaci\u00f3n normativa de la prueba y no se sustente en deficiencia f\u00e1ctica, como la preterici\u00f3n de la prueba, porque el yerro que debe endilgarse debi\u00f3 ser el de hecho y no el de derecho. Adem\u00e1s, es imperativo, por lo arriba expuesto, que la indicaci\u00f3n de tal yerro de derecho, a pesar de referirse a falta de apreciaci\u00f3n global, debe ir acompa\u00f1ada de la determinaci\u00f3n o singularizaci\u00f3n (como lo exigen los art\u00edculos 368, num.1, y 374, num.3, C. de P. C.) de todas y cada una de las pruebas, que a juicio del recurrente no fueron objeto de apreciaci\u00f3n conjunta; indicaci\u00f3n \u00e9sta que, por lo dem\u00e1s, debe ser completa en el sentido que abarque la apreciaci\u00f3n en conjunto de todo (y no de una parte o grupo) el acervo probatorio que sostiene el fallo, la que debe ir acompa\u00f1ada de su comprobaci\u00f3n con la indicaci\u00f3n de los pasajes donde quede demostrada completamente la falta absoluta de la mencionada integraci\u00f3n y estimativa global, pues no apareciendo de esta manera, se mantiene la presunci\u00f3n de acierto en esta materia, que, por lo tanto, deja invulnerable el fallo por ese motivo. (SC de 16 de mayo de 1991. G. J. CCLVIII, p\u00e1g. 603, reiterada en SC de 25 de nov. de 2005, Exp. 082-01 y SC de 29 de oct. de 2009, Exp. 2002-00211-01, SC5034-2021 Rad. 2008-00625-01). <\/p>\n
4.- Sea que se aduzca la violaci\u00f3n directa o indirecta compete al recurrente indicar las normas sustanciales que siendo o debiendo ser base esencial del fallo confutado resultaron infringidas a consecuencia de los dislates, precisando c\u00f3mo se dio dicha vulneraci\u00f3n, teniendo esa calidad aquellas que \u00ab\u2026en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2026\u00bb, de manera que no son de esa naturaleza aquellas que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u00bb. (CSJ AC 5 may. 2000; criterio reiterado en CSJ AC3715-2022, 9 sep., rad. 2018-00692-01, AC469-2023 de 27 de mar. rad. 2013-00015-01), <\/p>\n
Pero, adicionalmente, cuando se alude a la infracci\u00f3n indirecta por error de derecho, el casacionista tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria quebrantada \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el iudex err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n, exponiendo en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la conclusi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el opugnante. <\/p>\n
5.- Bajo esa perspectiva, desde el p\u00f3rtico se advierte que el embate propuesto en la demanda de casaci\u00f3n que se examina no satisface los requisitos que legal y jurisprudencialmente se tienen establecidos y, por ello, ser\u00e1 inadmitido, por las razones que enseguida se exponen. <\/p>\n
5.1.- El casacionista enuncia que su ataque se soporta en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo de General del Proceso, lo que impondr\u00eda un reproche estrictamente jur\u00eddico frente a la selecci\u00f3n normativa que hiciera el juzgador, bien por indebida aplicaci\u00f3n o por falta de aplicaci\u00f3n o, incluso, por el alcance dado a las disposiciones que fueron o debido ser las llamadas a gobernar la decisi\u00f3n y la aceptaci\u00f3n de las conclusiones probatorias del tribunal. Sin embargo, en la sustentaci\u00f3n todo su direccionamiento se enfila justamente a reprochar el ejercicio valorativo del tribunal, apart\u00e1ndose por completo de la esencia de la mentada causal. <\/p>\n
5.2. Ahora bien, entendiendo que aquel anuncio obedeci\u00f3 a un lapsus calami, y que la cr\u00edtica realmente descansa en la causal segunda, ya que pregona la violaci\u00f3n indirecta, se advierten otras fallas t\u00e9cnicas que impiden franquear la s\u00faplica casacional, como es el hecho de que el cargo se funda en el quebranto por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de \u00ablos art\u00edculos 666, 1494, 1495, 1500, 1501, 1602, 2142, 2149, 2150, 2157, 2177, 2189 y 2488 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que incurri\u00f3 en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, infringiendo tambi\u00e9n, como violaci\u00f3n medio, los art\u00edculos 167, 176, 191, 205, 225, 240, 241 y 242 del C. G. del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, seg\u00fan se ha indicado por esta Sala en su mayor\u00eda estos preceptos no tienen ese car\u00e1cter por ser disposiciones definitorias de determinados conceptos de derecho privado o de sus elementos, como el que define los derechos personales o de cr\u00e9ditos (666), las fuentes de las obligaciones (1495), el contrato (1495), los contratos solemnes o consensuales (1500), las cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los contratos (1501), define el mandato (2142), forma del mandato (2149), su perfeccionamiento (2150), limitaci\u00f3n (2157), o causales de terminaci\u00f3n (2189); otras, son de linaje probatorio (167, 176, 191, 205, 225, 240, 241 y 242 del C.G.P.) y el 2488 del C\u00f3digo Civil, que consagra el derecho de la prenda general de los acreedores, aun de considerarse sustancial ninguna relaci\u00f3n tiene con el asunto en litigio. Luego, \u00fanicamente el canon 2177 del C\u00f3digo Civil puede ser calificado de sustancial (SC202-1991, 9 sep.); no obstante, sobre este no se realiz\u00f3 ning\u00fan despliegue argumentativo que haga visible su infracci\u00f3n, olvidando que era de su cargo evidenciar la manera c\u00f3mo fue que el fallador quebrant\u00f3 los preceptos calificados por el promotor como sustanciales, falencia que conlleva la reprobaci\u00f3n del libelo. <\/p>\n
5.3.- Agr\u00e9guese a esto, que estudiada la acusaci\u00f3n desde la arista de la violaci\u00f3n indirecta, contenida en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se advierte que el proponente emprendi\u00f3 un desarrollo argumentativo que denota un hibridismo que impide su admisi\u00f3n. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, toda vez que el recurrente asegura que el tribunal \u00abcometi\u00f3 graves errores de hecho en el an\u00e1lisis de la prueba recaudada. Dej\u00f3 de analizar todo el causal probatorio para circunscribirse parcialmente a la prueba testimonial y a las declaraciones de las partes\u00bb y al referirse a la influencia de los errores cometidos en la decisi\u00f3n sostuvo, que \u00ab[L]a acusaci\u00f3n no se funda en una simple opini\u00f3n divergente a la del Tribunal Superior de Medell\u00edn. Se funda en que todo el caudal probatorio omitido o cercenado en su contenido, indica que la sentencia de segunda instancia incurri\u00f3 en errores de hecho de naturaleza grave y que, si no hubiese incurrido en ellos, la decisi\u00f3n habr\u00eda sido distinta\u00bb, y otras aseveraciones de similar temperamento relativas a la no valoraci\u00f3n integral de los elementos de convicci\u00f3n arrimados al legajo, lo cual supondr\u00eda comisi\u00f3n de error de derecho por transgresi\u00f3n del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, por incumplimiento del deber a cargo de los jueces de valorar las pruebas de manera conjunta. <\/p>\n
En ese orden, para su adecuada demostraci\u00f3n, deb\u00eda el opugnante ocuparse de individualizar las pruebas, tanto las que sirvieron de soporte a la decisi\u00f3n como las que asegura no fueron atendidas por el funcionario, exhibir los puntos de convergencia entre estos, revelando la manera c\u00f3mo de dicha conjunci\u00f3n emerg\u00eda palmaria una conclusi\u00f3n absolutamente opuesta a la obtenida por el tribunal, de cara al especifico tema, lo que no se satisfizo. <\/p>\n
Ello, por cuanto se limit\u00f3 a relacionar algunas probanzas que, en su sentir, respaldaban sus pretensiones como la \u00abconducta procesal\u00bb de los demandados, por circunstancias referentes a una presunta colusi\u00f3n de estos, al estar representados por una misma oficina de abogados que act\u00faan en algunos asuntos en su representaci\u00f3n y en otros en su contra, lo que considera debi\u00f3 ser valorado como indicio en su contra, as\u00ed como la falta de contestaci\u00f3n \u00aba la reforma de la demanda que por ley configura otro indicio grave\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, cit\u00f3 fragmentos de las declaraciones rendidas por las partes y testigos que califica de mendaces, y contradictorios, para despu\u00e9s hacer un razonamiento adaptado a su propio criterio o a lo que, en su pensar, pudiera ser el verdadero m\u00e9rito de aquellas, sin formular una verdadera infracci\u00f3n del art\u00edculo 176 instrumental que aduce conculcado, amen que obvi\u00f3 la exigencia del art\u00edculo 344 \u00eddem, de hacer \u00abuna explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb. <\/p>\n
Y es que en la reprimenda contra la decisi\u00f3n del ad quem se predica la comisi\u00f3n de errores de hecho, los cuales consistieron en que: <\/p>\n
i)- Ignor\u00f3 la conducta procesal que ejecut\u00f3 la demandada Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro en el juicio, comportamiento que \u00abconstitu\u00eda grave indicio en su contra por ser abiertamente desleal, inmoral y fraudulenta\u00bb, dado que los codemandados son \u00abmadre e hijo\u00bb, quienes en el presente asunto cuentan con la representaci\u00f3n judicial de una misma abogada, lo que revela una \u00abidentidad de contestaciones\u00bb, cuando \u00absimult\u00e1neamente sus dos clientes son contraparte en el proceso laboral\u00bb mencionado en sus contestaciones, pleito en el que el apoderado de Carlos Antonio Castro Hurtado es el mismo profesional que represent\u00f3 a Flor de Mar\u00eda en el divisorio que \u00e9sta promovi\u00f3 en contra de Carolina Vergara Crespo. <\/p>\n
ii)- Aleg\u00f3 que se \u00abcercen\u00f3 casi por completo\u00bb el interrogatorio absuelto por Flor de Mar\u00eda Hurtado, porque \u00absolo extrajo lo dicho por la absolvente en una parte\u00bb, ya que, explic\u00f3 que \u00e9sta atestigu\u00f3 \u00ab[ser] la real propietaria, que la tierra la negociaron Gerardo Antonio Crespo y Edison Valencia quienes firmaron el contrato de promesa; que Edison estaba colgado; que ten\u00eda un negocio de compraventa de carros que se manejaba con la plata de ella; que \u00e9l quer\u00eda vender su parte en los inmuebles; que le ajust\u00f3 una plata; que el esposo le dej\u00f3 un ganado que vendi\u00f3; que con toda esa plata le compr\u00f3 a Edison Valencia el derecho sobre los inmuebles; que su hijo Carlos Antonio Castro nada tuvo que ver con ese negociaci\u00f3n, pero que le hace todas las negociaciones\u00bb. <\/p>\n
Mientras que, de su exposici\u00f3n se puede establecer, \u00abclaramente\u00bb, que Flor de Mar\u00eda \u00ab(i) no tiene la m\u00e1s m\u00ednima idea acerca de c\u00f3mo fue la negociaci\u00f3n de los inmuebles; (ii) no justifica de manera cre\u00edble sus ingresos para comprarla; (iii) no explica razonablemente por qu\u00e9 no ten\u00eda cuentas bancarias (\u2026); (iv) no explica con verosimilitud c\u00f3mo pag\u00f3 la compra de los derechos de Edison Valencia, (\u2026); (v) no existe ning\u00fan documento que corrobore los ingresos para la compra de la hacienda, o que acreditaran negocios permanentes como la compra y venta de autom\u00f3viles, inmuebles o ganado; (vi) no declaraba renta; (\u2026) no obtiene utilidad de la hacienda Monterrey\u00bb. <\/p>\n
iii)- No tuvo en cuenta la ausencia de \u00abun documento o un principio de prueba por escrito\u00bb que acreditara los ingresos de la demandada, puesto que \u00ab[n]o existe ning\u00fan documento que demuestre que Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro pag\u00f3 la compra del inmueble, ni mucho menos que tuviese dinero para hacerlo. Ni siquiera que haya obtenido utilidades de la explotaci\u00f3n de los inmuebles\u00bb. <\/p>\n
iv)- Olvid\u00f3 analizar las declaraciones de los testigos Edison de Jes\u00fas Valencia y Francisco Giraldo, y de la convocada Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro, las cuales se contradicen entre s\u00ed, debido a que, aquellos \u00abno pod\u00edan [probar] el supuesto pago que hizo la demandada por la compra de los inmuebles\u00bb, por ende, \u00abno era cierto que Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro hubiese comprado para s\u00ed\u00bb. <\/p>\n
v)- No examin\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda, en la que Flor de Mar\u00eda afirm\u00f3, frente al hecho 19 de la misma, que \u00abCrespo Orozco y Castro Hurtado son socios en un ganado que tienen a utilidad en un predio denominado Hacienda Monterrey y para dicha explotaci\u00f3n han hecho inversiones adquiriendo insumos y maquinarias y han vendido ganado, leche, quesos, etc. Y por esta raz\u00f3n nunca participa (\u2026) ni Carolina Vergara, propietarias de los predios, ya que el ganado no es [suyo]\u00bb. Asimismo, en la respuesta al hecho 18 se\u00f1al\u00f3 que \u00abGerardo Crespo puso el 67.75% del ganado y Carlos Castro el 32.25%. (\u2026)\u00bb. Para los hechos 25 y 26 del libelo genitor, refiri\u00f3 que \u00abel demandado (\u2026) tiene inmuebles con un \u2018valor comercial muy superior al catastral\u2019. (\u2026) que se ha movido en la explotaci\u00f3n de ganado. No es, pues, un aparecido en los negocios\u00bb. <\/p>\n
vi)- Dej\u00f3 pasar que Carlos Antonio Castro Hurtado, al absolver su interrogatorio, \u00e9ste lo hizo con \u00abclaras evasivas a las preguntas, memoria selectiva, afirmaciones mendaces, contradicciones y explicaciones sin sentido\u00bb, igualmente, fue \u00abvago, contradictorio y ausente de explicaciones, incluso ininteligible\u00bb. <\/p>\n
vii)- No vio los documentos contentivos de: \u00aba.- Liquidaciones de los estados de cuentas entre Gerardo Antonio Crespo Orozco y Carlos Antonio castro Hurtado desde junio del a\u00f1o 2007 hasta junio de 2017 (\u2026) b.- Certificaciones de: (i) L\u00e1cteos Cimitarra del 2 de mayo de 2017 sobre ingresos de Carlos Antonio Castro Hurtado por venta de leche cruda por el a\u00f1o de 2016 y lo que iba corrido del a\u00f1o 2017 (\u2026); (ii) Almac\u00e9n Agroveterinario El Ganadero S.A.S. del 2 de mayo de 2017 certificando que Gerardo Crespo y Carlos Castro son clientes del almac\u00e9n desde hace seis a\u00f1os, adquiriendo insumos para la finca Monterrey (\u2026) y c.- Copias de dos contratos del 5 de noviembre y del 8 de diciembre de 2017 en los que Gerardo Antonio Crespo Orozco y Carlos Antonio Castro Hurtado fungen como socios entregando ganado en utilidad\u00bb. <\/p>\n
viii)- Omiti\u00f3 los v\u00ednculos de negocios y ocultamientos entre Carlos Antonio Castro Hurtado y Edison Valencia Mej\u00eda, ya que en la \u00abnegociaci\u00f3n de seis predios el 27 de noviembre de 2006 (\u2026) en el contrato de promesa firma como promitente comprador el demandado, pero finalmente aparece como due\u00f1o Edison Valencia, hecho confesado por el demandado\u00bb. <\/p>\n
ix)- Se salt\u00f3 los testimonios allegados por el extremo demandante, que \u00abs\u00ed sirven conjugados con todos los elementos probatorios que no analiz\u00f3, para corroborar que Carlos Antonio Castro Hurtado compr\u00f3, en un porcentaje, la hacienda Monterrey para s\u00ed\u00bb. En otros t\u00e9rminos, \u00abaun siendo una prueba incompleta para derivar de ella la demostraci\u00f3n del mandato, integrada con el c\u00famulo de pruebas que fueron ignoradas, refuerzan los diferentes indicios que existen dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, el desenlace al que debi\u00f3 llegar el Tribunal de Medell\u00edn era que \u00abentre los demandados Carlos Antonio Castro Hurtado y Flor de Mar\u00eda Hurtado de Castro s\u00ed existi\u00f3 un contrato de mandato oculto, mediante el cual, esta actu\u00f3 como mandataria del primero en la compraventa celebrada mediante la escritura p\u00fablica 534 de 05 de febrero de 2008, para la adquisici\u00f3n de los bienes inmuebles identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 321-10495, 321-3272, 321-29816, 321-8211 y 321-7790 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del Socorro\u00bb. <\/p>\n
5.4.- De tal rese\u00f1a emerge palmario, que el casacionista enfil\u00f3 sus esfuerzos a intentar hacer valer los argumentos esbozados desde la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n dirigida a obtener la declaraci\u00f3n de existencia de un mandato oculto entre los demandados, para la adquisici\u00f3n del predio descrito en la demanda, mismos que erigieron la alzada, como si de una tercera instancia se tratara, olvidando el verdadero prop\u00f3sito de este medio extraordinario que, como se anunci\u00f3 al comienzo de estas consideraciones, no es otro distinto que hacer visible las falencias de la determinaci\u00f3n que se discute. <\/p>\n
Pasa por alto el recurrente que en la valoraci\u00f3n probatoria los juzgadores gozan de la discreta autonom\u00eda que les reconoce la Carta Pol\u00edtica, por lo cual la s\u00faplica extraordinaria no constituye un escenario adicional en el cual los recurrentes puedan acudir para reabrir el debate sobre los aspectos f\u00e1cticos de la contienda, por lo que ha sido insistente esta Colegiatura en \u00ab(\u2026) que en el \u00e1mbito de la apreciaci\u00f3n de las pruebas o de la demanda por parte de los jueces de fondo, ha de respetarse su autonom\u00eda para formarse su propia convicci\u00f3n sobre la determinaci\u00f3n concreta del asunto debatido, pues la facultad de la Corte frente a una impugnaci\u00f3n que utilice esta v\u00eda es velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales, no as\u00ed la de revisar una vez m\u00e1s y sin cortapisa de ninguna especie, cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias\u00bb (CSJ SC 12 de junio de 2001, rad. No. 6050, reiterada en AC2438-2022, jul. 28, rad. 2016-00319, AC4145-2022 de 4 de oct. Rad, 2010-00090-01). <\/p>\n
Pero, sobre todo, en la sustentaci\u00f3n del cargo el casacionista deambul\u00f3 entre la preterici\u00f3n y tergiversaci\u00f3n de algunas pruebas y la falta de apreciaci\u00f3n conjunta, esto es, entre el error de hecho y de derecho, desconociendo que la aludida mezcla frustra la admisibilidad del cargo, pues como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n <\/p>\n
\u00ab(…) la dis\u00edmil naturaleza de estos dos tipos de errores [de hecho y de derecho] no s\u00f3lo confiere elementos suficientes para distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos; de suerte que quien resuelva impugnar una sentencia en casaci\u00f3n, no puede en ese prop\u00f3sito invocar promiscuamente las diversas causales que para el efecto tiene previstas el legislador, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el sentenciador, y luego, aducir la causal que para ese espec\u00edfico defecto tiene dispuesta la ley. (\u2026). Ahora, es sabido que hibridismo de tal calado conspira contra la claridad y precisi\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n (…) pues en ninguno de los dos casos podr\u00eda la Corte emprender su an\u00e1lisis sin tener de antemano muy bien definido cu\u00e1l es el verdadero motivo de inconformidad\u00bb (AC219-2017, 25 ene. 2017, rad. 2009-00048-01, reiterado AC2194-2021 de 9 de jun. Rad. 2016-00016-01). <\/p>\n
6. Estas motivaciones imponen la inadmisi\u00f3n del reproche planteado. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Luego de la reforma de la demanda presentada visible a folios 576-602 Cd 1 <\/p>\n
2\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC1585-2023 (2017-00437-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC1585-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-31-03-015-2017-00437-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73718","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73718","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73718"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73718\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73718"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73718"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73718"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}