AC1612-2023 (2017-00673-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1612-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-026-2017-00673-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el impedimento expresado por la honorable magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez para intervenir en el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia del 10 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el juicio verbal promovido por Promioriente S.A. ESP (antes Transoriente S.A. ESP) contra Constructora Hermanos Furlanetto Compa\u00f1\u00eda An\u00f3nima Sucursal Colombia -CONFURCA- y Cosa Colombia S.A.S. -COSACOL-, integrantes del Consorcio Cosacol-Confurca. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La honorable magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez se declar\u00f3 impedida para intervenir en este asunto, mediante auto del 26 de abril del a\u00f1o en curso, con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, tras advertir que particip\u00f3 como ponente de la Sala de decisi\u00f3n que desat\u00f3 el recurso de anulaci\u00f3n impetrado por Transoriente S.A. ESP (hoy Promioriente) contra el laudo arbitral emitido el 18 de junio de 2014 por un tribunal de arbitramento que oper\u00f3 en la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1. <\/p>\n
All\u00ed, indic\u00f3 la togada, que el \u00abimpedimento se centra en que las resultas del proceso arbitral referido, han sido invocadas para, oponer la excepci\u00f3n de cosa juzgada en contra de la demanda, fundamentar la apelaci\u00f3n incoada en contra de la decisi\u00f3n de primera instancia y, en la actualidad, para argumentar el cargo esgrimido en el recurso de casaci\u00f3n interpuesto en contra de la sentencia de segunda instancia que finiquit\u00f3 el litigio\u2026\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisdicci\u00f3n, como actividad esencial para la estabilidad y armon\u00eda social, debe ser ejercida a trav\u00e9s de servidores desinteresados en las partes o las materias objeto del litigio, pues de esta forma son garantizadas decisiones justas y apegadas al derecho aplicable, sin visos de preferencia o antipat\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed lo ordena el art\u00edculo 10 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, al se\u00f1alar que \u00ab[t]oda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser o\u00edda p\u00fablicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones\u2026\u00bb1 (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Canon reiterado por la Convenci\u00f3n Americana Sobre Derechos Humanos, en tanto \u00ab[t]oda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley\u2026 para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter\u00bb (negrilla fuera de texto, art\u00edculo 8)2. <\/p>\n
M\u00e1xima reforzada por el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el cual prescribe que las decisiones de la administraci\u00f3n de justicia son independientes, calidad que se predica del juez \u00abque determina desde el Derecho vigente la decisi\u00f3n justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al Derecho mismo\u00bb3. <\/p>\n
2. Con el prop\u00f3sito de materializar esta garant\u00eda, los jueces o magistrados deben apartarse del conocimiento de los asuntos en que su juicio pueda estar nublado, a trav\u00e9s de precisas causales de impedimento y recusaci\u00f3n, las cuales salvaguardan \u00abla posici\u00f3n neutral de quienes ejerce[n] la jurisdicci\u00f3n respecto de los sujetos procesales en un asunto determinado\u00bb4. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n tiene dicho: <\/p>\n
Los impedimentos fueron establecidos en la ley procesal, para preservar la recta administraci\u00f3n de justicia, uno de cuyos m\u00e1s acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consider\u00f3 bastante para afectar su buen juicio, bien sea por inter\u00e9s, animadversi\u00f3n o amor propio del juzgador… [S]eg\u00fan las normas que actualmente gobiernan la materia, s\u00f3lo pueden admitirse aquellos impedimentos que, am\u00e9n de encontrarse motivados, estructuren una de las causales espec\u00edficamente previstas en la ley\u2026 toda vez que en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo m\u00e1s acompasado con la seguridad jur\u00eddica (AC, 8 ab. 2005, rad. n.\u00b0 00142-00, citado AC 18 ag. 2011, rad. n.\u00b0 2011-01687). <\/p>\n
Estas causales, por generar que los jueces naturales se separen del conocimiento de los asuntos a su cargo, \u00abson excepcionales, y, por ende, han de aplicarse e interpretarse de modo restrictivo, sin extenderse a situaciones diversas a las tipificadas ni admitir analog\u00eda legis o iuris\u00bb (CSJ, AC1424, 10 mar. 2016, rad. n.\u00b0 2010-00401-015). <\/p>\n
El C\u00f3digo General del Proceso consagr\u00f3, en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 141, como causal de recusaci\u00f3n y, por extensi\u00f3n de impedimento, \u00ab[h]aber conocido del proceso o realizado cualquier actuaci\u00f3n en instancia anterior, el juez, su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente -cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil-\u00bb. <\/p>\n
2.1. La jurisprudencia, refiri\u00e9ndose a este motivo, clarific\u00f3 que para su configuraci\u00f3n se requiere que el administrador de justicia haya intervenido en el proceso en un grado inferior, con independencia del tipo de actuaci\u00f3n o su conexi\u00f3n con el asunto materia de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
En una visi\u00f3n catalogada como restrictiva, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Por lo tanto, al seguir la orientaci\u00f3n restrictiva de todas las causales de recusaci\u00f3n, incluida la segunda que acaba de citarse [numeral 2\u00ba del art\u00edculo 150 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuyo enunciado es id\u00e9ntico al del numeral 2\u00ba del 141 que se estudia], debe destacarse que el impedimento que con base en ella se hace, en regla de principio, no cobija sino las actuaciones del juzgador realizadas en una \u201cinstancia anterior\u201d del mismo proceso, es decir, que prima facie se descartar\u00edan pronunciamientos que preceden a los recursos de revisi\u00f3n y de casaci\u00f3n, por no tratarse estos \u00faltimos propiamente de instancias, as\u00ed como tambi\u00e9n decisiones adoptadas en otros juicios, t\u00e9cnicamente independientes, como es el caso de los adelantados para tramitar el amparo constitucional de tutela (CSJ, AC 998-2021, 23 mar., rad. n.\u00b0 2014-01502-00). <\/p>\n
No obstante la postura referida a espacio, se han reconocido impedimentos en materia de tutela, pese a no ser esta una instancia anterior del proceso, cuando ha existido nexo o relaci\u00f3n insoslayable entre lo pedido en la acci\u00f3n constitucional y en la instancia, por ejemplo, cuando se analiza a fondo la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica del asunto, se examinan de ra\u00edz las alegaciones de las partes en litigio o las consideraciones de la autoridad judicial censurada y, en general, aprecia los aspectos del debate para tomar postura en el proceso que examina (CSJ, AC 3658-2021, 9 sep., rad. n.\u00b0 2015-02512-00). <\/p>\n
Empero, esto fue un acontecimiento excepcional. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Trat\u00e1ndose de impedimentos propuestos por haberse fallado acciones de tutela enlazadas al litigio ordinario, es pac\u00edfica la tendencia a rechazar su procedencia, por cuanto el amparo no es una instancia dentro del proceso y, en todo caso, su objeto [s]e limita a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, aspecto diferente a la controversia civil (\u2026). Sin embargo, cuando la resoluci\u00f3n del amparo constitucional se traduzca en un compromiso intelectual frente al asunto ordinario, por tejerse una conexidad necesaria entre las causas, se abre paso la prosperidad del motivo de impedimento planteado (\u2026) -se resalta- (CSJ AC2611-2019, 4 jul., rad. n.\u00b0 2010- 00514-01, reiterado en CSJ AC3244-2022, 22 jul., rad. n.\u00b0 2021-02275-00 y CSJ AC110-2023, 31 ene., rad. n.\u00b0 2020-00070-01). <\/p>\n
Lo relevante en el estudio del impedimento, y de la causal espec\u00edfica de haber actuado en instancia anterior, consiste en realizar \u00ab\u2026 un estudio a fondo de lo actuado, que va forjando en el juzgador un convencimiento \u00edntimo, y puede trascender en la resoluci\u00f3n a tomar\u00bb6. <\/p>\n
2.2. El recurso extraordinario de anulaci\u00f3n de laudos arbitrales y sus causales, se encuentran actualmente contempladas en el art\u00edculo 40 de la ley 1563 de 2012, pero esa disposici\u00f3n tiene antecedentes normativos, entre otros, en el decreto 1818 de 1998, canon 163, tambi\u00e9n llamado \u00abEstatuto de los mecanismos alternativos de soluci\u00f3n de conflictos\u00bb. <\/p>\n
El art\u00edculo 163 del citado decreto insertaba las causales7 -por aquel entonces vigentes- por las que se pod\u00eda cuestionar el laudo arbitral ante los jueces permanentes, motivos que versaban sobre aspectos procedimentales o formales o en la extralimitaci\u00f3n en el t\u00e9rmino para decidir, los cuales no permit\u00edan adentrarse en cuestiones relativas a la definici\u00f3n jur\u00eddica, la interpretaci\u00f3n de los preceptos y la valoraci\u00f3n axiol\u00f3gica de las pruebas decididas en el laudo arbitral. <\/p>\n
As\u00ed, el remedio de anulaci\u00f3n en manera alguna est\u00e1 erigido como una nueva instancia para atacar los planteamientos que, en principio, hayan emitido los \u00e1rbitros para fundar su decisi\u00f3n. As\u00ed lo ha entendido la Corte in extenso: <\/p>\n
\u00abLa anulaci\u00f3n de laudos. 3.5. Ahora, al ser los recursos de revisi\u00f3n y anulaci\u00f3n los \u00fanicos medios de defensa judicial que proceden contra los laudos arbitrales, es pertinente poner de presente que la anulaci\u00f3n del laudo no habilita que pueda adelantarse un nuevo juicio sobre el tema definido por el panel arbitral. Dicho medio procesal de impugnaci\u00f3n tiene un alcance restringido y el agraviado no puede pretender una nueva resoluci\u00f3n del litigio, sino, muy concretamente, la invalidaci\u00f3n de la decisi\u00f3n recurrida. Asimismo, la anulaci\u00f3n se ha deferido a la jurisdicci\u00f3n, pese a que un sector del arbitraje aduce que la naturaleza contractual de la cl\u00e1usula arbitral emancipar\u00eda de revisi\u00f3n el fallo de los \u00e1rbitros; en todo caso, tampoco puede concederse como principio general, que aun, ante la existencia de recursos contra el laudo, ellos tengan la virtualidad de un ataque ilimitado del fallo de los \u00e1rbitros. <\/p>\n
Lo propicio, entonces, es el establecimiento de medios de impugnaci\u00f3n frente al laudo, pero, como contrapartida a esta regla, que ellos no se extiendan a la revisi\u00f3n de fondo, es decir, no se asimilen a una segunda instancia. El juez que conoce de la anulaci\u00f3n contra el laudo no puede enmendar la definici\u00f3n arbitral ni declararse competente para conocer de cualquier oposici\u00f3n en su contra, ya que solo puede fundar su examen en motivos legalmente previstos. En consecuencia, le est\u00e1 vedado a la jurisdicci\u00f3n entrar a conocer in extenso el contenido del laudo o, lo que ser\u00eda lo mismo, reiniciar el debate fallado por los \u00e1rbitros. <\/p>\n
La casi unanimidad de legislaciones que contemplan este recurso, por no decir que todas, lo afincan en motivos tasados de procedibilidad. As\u00ed lo dictamina, por ejemplo, la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional – aprobada por la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional-, que establece como motivos de anulaci\u00f3n una triple escala de control, a saber: el control de la existencia y validez del convenio arbitral; el control de la regularidad del procedimiento en garant\u00eda del derecho de defensa y de los principios de igualdad, audiencia y contradicci\u00f3n, y el control sobre la garant\u00eda del orden p\u00fablico. <\/p>\n
En tal sentido, tan solo opera frente a determinadas circunstancias, en las que se fija como causas impugnatorias [ya en vigencia de la ley 1563 de 2012]: la inobservancia de formalidades, la emisi\u00f3n fuera de plazo, la resoluci\u00f3n de aspectos no sometidos a la decisi\u00f3n arbitral o de materias no susceptibles de arbitraje. O sea, lo que en \u00faltimas puede encuadrarse en la ocurrencia de vicios formales o procedimentales o en la extralimitaci\u00f3n temporal u objetiva. Por consiguiente, el recurso de anulaci\u00f3n no puede desembocar en el estudio de vicios in iudicando de la decisi\u00f3n arbitral\u2026\u00bb (CSJ SC4160-2021 7 oct., rad. n.\u00b0 2018-00035-00). <\/p>\n
3. En el presente caso la honorable magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez se apart\u00f3 del conocimiento del asunto invocando el segundo motivo de alejamiento del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, soportado en que fungi\u00f3 como ponente en la sala de decisi\u00f3n que pronunci\u00f3 la sentencia de 26 de julio de 2018, que declar\u00f3 infundado el recurso de anulaci\u00f3n propuesto por Promioriente S.A. ESP (antes Transoriente S.A. ESP) frente al laudo arbitral emitido el 18 de junio de 2014 por un tribunal de arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3.1. Al respecto, cumple se\u00f1alar que, en estricto sentido, la causal de impedimento alegada -haber conocido del proceso o realizado cualquier actuaci\u00f3n en instancia anterior- no se configura en el caso bajo estudio. Lo anterior, teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n adoptada con ocasi\u00f3n del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n no constituye pronunciamiento emitido en instancia inferior en el proceso verbal donde actualmente se surte recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La sentencia del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n se erige como conclusi\u00f3n de un tr\u00e1mite totalmente independiente del proceso verbal de que trata el actual remedio de casaci\u00f3n, el cual tiene por objeto cuestionar la existencia de un contrato de mutuo ajustado entre las partes y su incumplimiento, mientras que aquel busca criticar vicios de forma o procedimiento supuestamente ocurrido en el tr\u00e1mite arbitral. <\/p>\n
De manera que, si bien la magistrada Guzm\u00e1n \u00c1lvarez tuvo conocimiento de un asunto que vincul\u00f3 a las mismas partes que ahora se enfrentan en casaci\u00f3n, este no constituye el conocimiento previo en instancia anterior que reclama la causal segunda del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.2. Y, si bien la Corte ha admitido el impedimento cuando el conocimiento preliminar de la tem\u00e1tica se ha dado en el escenario de la acci\u00f3n de tutela, esta determinaci\u00f3n se ha soportado en que exista un compromiso intelectual \u00edntimo frente al tema discutido en el proceso en el que tramita la casaci\u00f3n, en tanto en cuanto debe entrelazar una conexidad necesaria entre los juicios, situaci\u00f3n que obliga abrir paso a la prosperidad del motivo de alejamiento. <\/p>\n
En el sub lite, al revisar la decisi\u00f3n respecto de la cual se justifica la manifestaci\u00f3n de impedimento de la honorable magistrada, se advierte que la solicitud de anulaci\u00f3n del laudo arbitral vers\u00f3 sobre cuatro de las causales previstas en el art\u00edculo 163, decreto 1818, a saber, (i) sexta. \u00abHaberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho\u00bb; (ii) s\u00e9ptima. \u00abContener la parte resolutiva del laudo arbitral errores aritm\u00e9ticos y disposiciones contradictorias\u00bb; (iii) octava. \u00abHaber reca\u00eddo el laudo arbitral sobre puntos no sujetos a la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros y haber concedido m\u00e1s de lo pedido\u00bb y; (iv) novena. \u00abNo haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento\u00bb. <\/p>\n
(i) Frente a la causal sexta, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 estim\u00f3 que el tribunal de arbitramento soport\u00f3 su decisi\u00f3n en el derecho com\u00fan, el cual sirvi\u00f3 para examinar el contrato, las obligaciones derivadas de este, los principios que lo rigen y los perjuicios provenientes del incumplimiento, lo que evidencia una decisi\u00f3n apoyada en la ley y no, en la idea de justicia personal. <\/p>\n
(ii) En lo relativo a las supuestas contradicciones enrostradas al laudo arbitral porque no se declararon probadas las excepciones de m\u00e9rito presentadas por la contratante, al tiempo que calcul\u00f3 utilidades dejadas de percibir por el consorcio reduci\u00e9ndolas en un 30%, al demostrarse comportamientos antijur\u00eddicos de este, se advierte que las defensas formuladas no prosperaron por el alcance con que fueron propuestas, en cuanto el consorcio se vio imposibilitado para cumplir cualquier planeaci\u00f3n y obtener los rendimientos esperados debido a los imponderables anotados; las metas estipuladas no se cumplieron por situaciones imputables a ambas partes; y en cuanto a los errores aritm\u00e9ticos, lo que se busc\u00f3 fue volver sobre el an\u00e1lisis sustancial del tema. <\/p>\n
(iii) En lo concerniente a la causal octava, analiz\u00f3 las pretensiones y excepciones propuestas por las partes, en las demandas principal y de reconvenci\u00f3n, las respectivas contestaciones y su correspondiente estudio en el laudo, y concluy\u00f3 que las decisiones del tribunal arbitral no exced\u00edan lo solicitado. <\/p>\n
(iv) Finalmente, en lo que tiene que ver con la \u00faltima causal de anulaci\u00f3n invocada, el tribunal remat\u00f3 expresando que los hechos expresados no se ajustaban al supuesto de hecho referido en el numeral 9\u00ba, pues conten\u00eda una argumentaci\u00f3n similar a la de la causal 6\u00ba. En ese orden, esta causal, as\u00ed como las anteriores alegadas no tuvieron vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
Por lo tanto, no se observa que se haya pronunciado sobre temas sustanciales analizados en el laudo arbitral, pues, se recuerda, el remedio de anulaci\u00f3n no permite replantear el debate de fondo ni su examen por ninguna autoridad jurisdiccional respecto de sus consideraciones f\u00e1cticas, normativas o probatorias, situaci\u00f3n que no constituye conocimiento en instancia anterior como reclama el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. En consecuencia, no se encuentra probada la causal de alejamiento invocada por la magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por m\u00e9rito de lo expuesto, este despacho de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar infundado el impedimento manifestado por la honorable magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez para apartarse del conocimiento del presente recurso. <\/p>\n
Segundo. En firme esta decisi\u00f3n, retorne la actuaci\u00f3n al despacho de la magistrada ponente para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, en su resoluci\u00f3n 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948. <\/p>\n
2\u0002 Firmada en la ciudad de San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 2 del C\u00f3digo de \u00c9tica Iberoamericano. <\/p>\n
4\u0002 CSJ, STC17889, 7 dic. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00545-01. <\/p>\n
5\u0002 Criterio expuesto en decisiones AC, 14 jul. 1982; AC, 16 jul. 1982; AC, 26 may. 1992; entre otras. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. AC 27 de febrero de 2013, radicaci\u00f3n n\u00ba. 2007-00235. <\/p>\n
7\u0002 \u00abART\u00cdCULO 163. Son causales de anulaci\u00f3n del laudo las siguientes: 1. La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa il\u00edcita. Los dem\u00e1s motivos de nulidad absoluta o relativa s\u00f3lo podr\u00e1n invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan saneado o convalidado en el transcurso del mismo. 2. No haberse constituido el Tribunal de Arbitramento en forma legal, siempre que esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera audiencia de tr\u00e1mite. 3. No haberse hecho las notificaciones en la forma prevista en este decreto, salvo que la actuaci\u00f3n procesal se deduzca que el interesado conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer la providencia. 4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisi\u00f3n y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos. 5. Haberse proferido el laudo despu\u00e9s del vencimiento del t\u00e9rmino fijado para el proceso arbitral o su pr\u00f3rroga. 6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritm\u00e9ticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento. 8. Haberse reca\u00eddo el laudo sobre puntos no sujetos a la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros o haberse concedido m\u00e1s de lo pedido y; 9. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. (Art\u00edculo 38 Decreto 2279 de 1989)\u00bb. <\/p>\n
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AC1612-2023 (2017-00673-01) AC1612-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-026-2017-00673-01 Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte el impedimento expresado por la honorable magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez para intervenir en el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73731","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73731","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73731"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73731\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73731"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73731"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73731"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}