AC1647-2023 (2023-01562-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1647-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01562-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Santa Ana – Magdalena y Promiscuo Municipal de Talaigua Nuevo -Bol\u00edvar. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Luzneira Ospino Quevedo promovi\u00f3 demanda de \u00abresponsabilidad civil contractual\u00bb en contra de la Previsora Seguros S.A., a fin de \u00abDeclarar la existencia de la p\u00f3liza de seguros de accidentes personales adquirida por la Instituci\u00f3n Educativa de Talaigua [y] el derecho de la v\u00edctima a reclamar su indemnizaci\u00f3n\u00bb y, en consecuencia, condenar a la pasiva \u00abal pago del riesgo asegurado: Incapacidad total o permanente equivalente a $21\u00b4600.000.oo, (\u2026) Gastos m\u00e9dicos equivalente a $14\u00b4000.000.oo [y] Desmembraci\u00f3n, invalidez equivalente a $21\u00b4600.000.oo\u00bb; con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito causado por el tracto cami\u00f3n de placa YAP390 que las impact\u00f3 a ella y a su hija Camila Alejandra Sorac\u00e1 Ospino, quien sufri\u00f3 los da\u00f1os mencionados. <\/p>\n
3.- El Juzgado \u00danico Civil del Circuito de dicha urbe, al que inicialmente correspondi\u00f3 por reparto la causa, la rechaz\u00f3 y orden\u00f3 su remisi\u00f3n a los juzgados Promiscuos Municipales de Santa Ana, Magdalena (25 en. 2023), al considerar que carec\u00eda de competencia por el factor cuant\u00eda, en virtud de lo dispuesto en los art\u00edculos 20 y 25 del C\u00f3digo General del Proceso [Derivado: 04AutoJuzgadoCivilCircuitoBanco.pdf]. <\/p>\n
4.- El estrado Primero Promiscuo Municipal de Santa Ana – Magdalena, tambi\u00e9n rehus\u00f3 su conocimiento, porque revisada la demanda, que indic\u00f3, era de \u00abResponsabilidad Civil Extracontractual\u00bb, con arreglo a los numerales 1\u00b0, 5\u00b0 y 6\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, el competente es el juez \u00abdel domicilio del demandado; el Juez del domicilio principal de la persona jur\u00eddica; en este caso FIDUPREVISORA S.A. y\/o en el lugar de ocurrencia de los hechos\u00bb; por lo que, acorde con el principio de econom\u00eda procesal, al no haber ocurrido el suceso da\u00f1oso en esa locaci\u00f3n \u00absino, entre los dos municipios, es decir; Santa Ana Magdalena y Talaigua Nuevo Bol\u00edvar\u00bb, corresponde conocer la contienda a los juzgadores de este lugar, donde, adem\u00e1s, \u00abtiene su domicilio la demandante\u00bb (6 mar.). Por lo tanto, dispuso la remisi\u00f3n del libelo [Archivo digital: 07AutoRechazaDemanda.pdf]. <\/p>\n
5.- Al recibir las diligencias, el Juzgado Promiscuo Municipal de Talaigua Nuevo – Bol\u00edvar, igualmente repeli\u00f3 el pliego inaugural, argumentando que al tenor del numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 28 eiusdem, \u00abla elecci\u00f3n del demandante se determin\u00f3 en este caso, no en el domicilio del demandado LA PREVISORA S.A. que corresponder\u00eda a la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., sino en el lugar de ocurrencia de los hechos, de conformidad con lo informado en la demanda\u00bb; sumado a ello, enunci\u00f3 que el suceso no ocurri\u00f3 en esa localidad, porque de los anexos del escrito petitorio, se tiene que en \u00abla investigaci\u00f3n adelantada por la Fiscal\u00eda Local 20 del municipio de Santa Ana, Magdalena (\u2026) se establece en algunos de los informes ejecutivos la ocurrencia de los hechos en el municipio de Santa Ana, Magdalena, en el puente que conduce del municipio de Santa Ana Magdalena a Talaigua Nuevo, Bol\u00edvar, KM 0 y no se menciona ocurrencia de los hechos en el municipio de Talaigua Nuevo, Bol\u00edvar\u00bb [Derivado: 11AutoConflictoCompetencia20230004800]. Con sustento en lo anterior, suscit\u00f3 conflicto negativo de competencia y dispuso la remisi\u00f3n del paginario a esta Corporaci\u00f3n (29 mar.). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir la presente colisi\u00f3n, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- En el sub iudice, los funcionarios judiciales, a fin de determinar su competencia, estimaron aplicables los numerales 1\u00b0, 5\u00b0 y 6\u00b0 del canon 28 de la codificaci\u00f3n adjetiva, bajo el entendimiento errado de corresponder la controversia a una acci\u00f3n de responsabilidad extracontractual promovida contra una persona jur\u00eddica. <\/p>\n
No obstante, perdieron de vista que uno de los extremos de la litis est\u00e1 integrado por una \u00absociedad comercial de econom\u00eda mixta del orden nacional, sometida al r\u00e9gimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y capital independiente\u00bb, calidad que ostenta La Previsora Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., de acuerdo con el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1133 de 1999 y el art\u00edculo 1.2.2.4. del decreto 1068 de 2015, por lo que, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 68 de la Ley 489 de 1998, se trata de una entidad descentralizada. <\/p>\n
De otra parte, conforme a lo estatuido por el art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb, y en el caso de la sociedad demandada, la participaci\u00f3n del Estado en su composici\u00f3n accionaria es del 99,77%.1 <\/p>\n
3.- En los procesos contenciosos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, la ley fija en el numeral 10\u00b0 del mandato 28 procesal citado, una pauta de competencia territorial que radica el conocimiento del asunto de \u00abforma privativa\u00bb en \u00abel juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, y si una de las partes de la contienda est\u00e1 conformada por uno de esos entes y cualquier otro sujeto, determina el precepto que \u00abprevalecer\u00e1 el fuero territorial\u00bb de los primeros (CSJ AC1167-2019, 29 mar., rad. 2019-00539-00, CSJ AC2313-2019, 17 jun, rad. 2019-00725-00, CSJ AC3108-2019, 5 ag., rad. 2019-02290-00 y CSJ AC2836-2021, 14 jul., rad. 2021-02177-00, entre otras). <\/p>\n
3.1.- El legislador quiso reconocer primac\u00eda al precitado factor subjetivo sobre cualquier otro, como as\u00ed se desprende de la previsi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 29 ibidem, al preceptuar que \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, lo que supone el desplazamiento de otras pautas de atribuci\u00f3n de la competencia en atenci\u00f3n al territorio y el obligatorio acatamiento que se impone al funcionario cognoscente y a los sujetos procesales de la comentada regla, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerla o socavarla. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz, ha se\u00f1alado la Corporaci\u00f3n, \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb (CSJ AC140-2020, 24 en., rad. 2019-00320-00). <\/p>\n
3.2.- No obstante lo discurrido hasta ahora, debe acotarse que, sin desconocer el imperativo dispuesto en el numeral 10\u00ba del citado precepto 28 de la codificaci\u00f3n instrumental que asigna la competencia al fallador del \u00abdomicilio de la respectiva entidad\u00bb, realizando una hermen\u00e9utica integradora de la normativa regente de la competencia territorial, esta Colegiatura ha hecho uso, en algunos casos, de la directriz contenida en el numeral 5\u00b0 eiusdem, conforme a la cual \u00ab[e]n los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb (CSJ AC3788-2019, 11 sep., rad. 2019-02833-00 reiterada en CSJ AC2649-2021, 30 jun., rad. 2021-01924-00, CSJ AC010-2022, 17 en., rad. 2021-04723-00). <\/p>\n
De esta manera, el ente territorial, la entidad descentralizada por servicios o el organismo p\u00fablico a favor del cual se reconoce la prerrogativa de comparecer a juicio en el sitio de su domicilio, est\u00e1 habilitada para ser convocada en el lugar de su sede principal o en el caso de contar dicho ente con sucursales o agencias, ante el juzgador de la sucursal o agencia a la cual se encuentre ligado el asunto materia del litigio, selecci\u00f3n que lejos de resentir la competencia privativa, le otorga una aplicaci\u00f3n concreta. <\/p>\n
\u00abSon sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad. <\/p>\n
Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, deber\u00e1 otorg\u00e1rseles un poder por escritura p\u00fablica o documento legalmente reconocido, que se inscribir\u00e1 en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumir\u00e1 que tendr\u00e1n las mismas atribuciones de los administradores de la principal\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el concepto de \u00abagencias\u00bb est\u00e1 definido en la regla 264 idem, como los \u00abestablecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla\u00bb. <\/p>\n
3.4.- Cabe aclarar, de un lado, que el plumencionado numeral 10 del canon 28 se refiere al \u00abjuez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, sin restringir la asignaci\u00f3n al domicilio principal del \u00f3rgano beneficiario; y de otro, que las personas jur\u00eddicas pueden establecer v\u00e1lidamente domicilios especiales o secundarios, que ser\u00e1n trascendentes en materia de competencia territorial cuando en el proceso respectivo se debatan asuntos vinculados a esas sedes suced\u00e1neas. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, la Sala ha puntualizado que del numeral 5\u00b0 del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, <\/p>\n
(\u2026) emana que si se demanda a una persona jur\u00eddica, el primer juez llamado a conocer del proceso es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, evento o hip\u00f3tesis en que se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre el juez del primero o el de la respectiva sucursal o agencia. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese c\u00f3mo esa pauta impide la concentraci\u00f3n de litigios contra una persona jur\u00eddica en su domicilio principal, y tambi\u00e9n evita que pueda demandarse en el lugar de cualquier sucursal o agencia, eventualidades que ir\u00edan en perjuicio de la comentada distribuci\u00f3n racional entre los distintos jueces del pa\u00eds, pero tambi\u00e9n contra los potenciales demandantes que siempre tendr\u00edan que acudir al domicilio principal de las entidades accionadas, e inclusive contra estas \u00faltimas que en cuestiones de sucursales o agencias espec\u00edficas podr\u00edan tener dificultad de defensa. De ah\u00ed que para evitar esa centralizaci\u00f3n o una indebida elecci\u00f3n del juez competente por el factor territorial, la norma consagra la facultad alternativa de iniciar las demandas contra esos sujetos, bien ante el juez de su domicilio principal, o ya ante los jueces de las sucursales o agencias donde est\u00e9 vinculado el asunto respectivo (CSJ AC489-2019, 19 feb., rad. 2019-00319-00). <\/p>\n
4.- Atendidas las premisas que se dejaron expuestas, se advierte que la llamada a juicio tiene su domicilio principal en la capital de la Rep\u00fablica, pero para efectos de la realizaci\u00f3n de sus operaciones comerciales, cuenta con diversas sucursales a lo largo del territorio nacional y una de ellas est\u00e1 localizada en la ciudad de Cartagena2, cuya relaci\u00f3n con este litigio es innegable, dado que se trata de un juicio de responsabilidad civil contractual, en el que se pretende el pago de los amparos cubiertos por un convenio de seguro estudiantil, cuya p\u00f3liza fue emitida en esa urbe [fl. 5, Derivado: 01Demanda.pdf]. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan se consign\u00f3 en el libelo incoativo, la convocante persigue de la judicatura que se \u00ab[declare] la existencia de la p\u00f3liza de seguros de accidentes personales adquirida por la Instituci\u00f3n Educativa de Talaigua [y] el derecho de la v\u00edctima a reclamar su indemnizaci\u00f3n\u00bb y, en consecuencia, condenar a la pasiva \u00abal pago del riesgo asegurado: Incapacidad total o permanente equivalente a $ 21\u00b4600.000.oo, (\u2026) Gastos m\u00e9dicos equivalente a $14\u00b4000.000.oo [y] Desmembraci\u00f3n, invalidez equivalente a $ 21\u00b4600.000.oo\u00bb; [fl. 6, ib\u00eddem], de lo cual refulge, el arraigo con la localidad enunciada. <\/p>\n
Por consiguiente, el juicio debe ser adelantado ante los juzgadores de la \u00faltima locaci\u00f3n mencionada, \u00absin que ello implique desconocer la citada norma de competencia privativa\u00bb (CSJ AC3788-2019, 11 sep. rad. 2019-02833-00, reiterada en AC1227-2022, 29 mar., rad. 2022-00887-00). <\/p>\n
5.- En aplicaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de las diligencias a los Juzgados Civiles Municipales de Cartagena \u2013 reparto, proceder que esta Corporaci\u00f3n ha seguido en asuntos de similares contornos (CSJ AC506-2021, 1\u00ba mar, rad. 2020-03385-00). <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a la Oficina Judicial de esa ciudad para que sea repartido entre los despachos de la precitada especialidad. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n a los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Santa Ana – Magdalena y Promiscuo Municipal de Talaigua Nuevo – Bol\u00edvar, as\u00ed como a la demandante. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 https:\/\/www.previsora.gov.co\/content\/%C3%B3rganos-corporativos <\/A><\/p>\n