AC1684-2023 (2023-02166-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1684-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02166-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequatur promovida por Luis Alberto Cort\u00e9s Parra. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Se formul\u00f3 petici\u00f3n de exequ\u00e1tur, a trav\u00e9s de la cual se pretende el reconocimiento de efectos, en la Rep\u00fablica de Colombia, al fallo proferido por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Queens de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica [Archivo Digital: C0001Demanda.pdf]. <\/p>\n
2. Arguy\u00f3 como soporte de su pretensi\u00f3n que \u00e9l y Dolores Cort\u00e9s contrajeron matrimonio el 17 de febrero del a\u00f1o 2005 en la ciudad de Guayaquil, Rep\u00fablica del Ecuador y, posteriormente, ante la Corte Suprema de New York Condado de Queens EEUU, \u00abestipularon de manera voluntaria y amigable, divorciarse y liquidar de mutuo acuerdo su patrimonio conyugal, toda vez que fue Nueva York el \u00faltimo domicilio de la pareja\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que entre los pactos establecidos con su ex esposa, se encuentra el de \u00abla repartici\u00f3n de sus bienes sociales\u00bb, respecto de los cuales convinieron \u00abque el esposo es el propietario actual de: casa n\u00famero 2 manzana 12 y parqueadero 2 de la Ciudadela Villa de Leyva, Conjunto segunda etapa No. 4 P.H., ubicada en la calle 86 No. 56-10, 54-20 porter\u00eda, Villa de Leyva Pereira Risaralda Colombia\u201d, adquirida por los dos, inmueble al cual \u00ab[l]a esposa por la presente, ahora y renuncia para siempre lanzamientos (sic) y renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre el inter\u00e9s en bienes inmuebles propiedad del esposo (\u2026) a cambio a que el esposo le d\u00e9 a la esposa en total de $15.000.00, $10.000.00, a la firma de esta estipulaci\u00f3n y $5.000.00, dentro de los 6 meses siguientes a la firma de esta estipulaci\u00f3n. Adem\u00e1s, el demandante se compromete a pagar el alquiler del demandado por 21 meses (\u2026) comenzando el 10 de agosto de 2019 hasta el primero de abril del a\u00f1o 2021, inclusive\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Seg\u00fan el art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ab[l]as sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb. <\/p>\n
Acorde con la jurisprudencia, para que ello sea posible, debe mediar la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial patrio competente que, seg\u00fan el ordenamiento adjetivo, es la Corte Suprema de Justicia, a quien corresponde verificar la concurrencia de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente, los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El tr\u00e1mite del exequatur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, cuyo numeral 2\u00ba prescribe que la demanda ser\u00e1 rechazada si faltare alguna de las exigencias previstas en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del canon 606, sin que en el sub-lite se satisfagan dichos par\u00e1metros. <\/p>\n
2.- Valga la pena recordar, que el exequatur como mecanismo para lograr la homologaci\u00f3n de decisiones for\u00e1neas, con el prop\u00f3sito de que surtan efectos en Colombia, est\u00e1 reservado s\u00f3lo respecto de fallos judiciales o providencias extranjeras que tengan la misma connotaci\u00f3n de estos, siempre y cuando all\u00e1 se les reconozca id\u00e9ntico valor a los prove\u00eddos proferidos en nuestra Rep\u00fablica y se cumpla con los postulados procesales y sustanciales exigidos en el precepto 606 y subsiguientes de la norma en comento. <\/p>\n
De lo anterior se desprende, que \u00abotra clase de convenios, actos, acuerdos, resoluciones o transacciones suscritos en el extranjero que no revistan el car\u00e1cter de sentencias, no pueden ser objeto del referido instrumento jur\u00eddico\u00bb; puesto que, por disposici\u00f3n legal se hace necesario que \u00abun juez o un funcionario que tenga la facultad para administrar justicia, seg\u00fan las disposiciones del ordenamiento jur\u00eddico de dicho pa\u00eds, sea quien haya proferido la decisi\u00f3n for\u00e1nea\u00bb. Al respecto, el estatuto procesal vigente ofrece en el inciso final de la precitada disposici\u00f3n, un ejemplo de aquellas decisiones que revisten el car\u00e1cter de fallos judiciales, haciendo alusi\u00f3n a los laudos arbitrales (AC3790-2021). <\/p>\n
Por consiguiente, al momento estudiar la admisibilidad de las demandas de exequ\u00e1tur que se presenten ante esta Corte, la Sala debe revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Libro V, T\u00edtulo I, Cap\u00edtulo I, referido a las sentencias judiciales, prove\u00eddos que ostenten el car\u00e1cter de tales y de laudos expedidos en el extranjero, verificando, en primer t\u00e9rmino, como ya se dijo, i)- que la decisi\u00f3n for\u00e1nea de la que se pretenda su homologaci\u00f3n se trate un fallo, ii)- se encuentre ejecutoriado de conformidad con las leyes del pa\u00eds de origen, iii)- se haya presentado en copia debidamente legalizada y iv)- no verse sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se ubiquen en el territorio patrio, ni se oponga a las leyes de orden p\u00fablico colombianas, entre otros, menesteres que de no cumplirse a cabalidad derivan en la inadmisi\u00f3n o rechazo de la solicitud, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
3.- Con relaci\u00f3n a la procedencia del exequatur frente a los acuerdos otorgados en el extranjero, que no poseen el car\u00e1cter de sentencia, ha se\u00f1alado la Sala que esa (\u2026) otra clase de actos, quedan excluidos del citado mecanismo, pues, se itera, es primordial que se trate de un pronunciamiento efectuado por un juez o, en general, por quien tenga, seg\u00fan la ley del pa\u00eds extranjero, la funci\u00f3n de administrar justicia. Por ello, la mencionada norma, se refiere expresamente a las sentencias o laudos extranjeros, determinaciones que, adem\u00e1s, deben hallarse ejecutoriadas (CSJ AC5022-2016 de 5 de ag. Rad. 2016-01925-00, citado en el AC3790-2021 de 1 de sept. Rad. 2021-02936, reiterada AC1349-2023 de 24 de mayo Rad. 2023-01766-00). <\/p>\n
4.- De la revisi\u00f3n del escrito introductor y contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que regulan este asunto, se advierte que el gestor no cumpli\u00f3 con las cargas procesales que le eran exigibles para la admisi\u00f3n del libelo. <\/p>\n
4.1. Lo primero, porque el primer ordinal del canon 606 del Ordenamiento Procedimental prev\u00e9, que un veredicto for\u00e1neo podr\u00e1 surtir efectos en nuestro pa\u00eds cuando no \u00abverse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profiri\u00f3\u00bb, aspecto que, ha precisado la doctrina de esta Corporaci\u00f3n, \u00abtiene como fundamento el art\u00edculo 26 del Tratado Montevideo de 1889 sobre Derecho Civil Internacional, incorporado a la legislaci\u00f3n patria a trav\u00e9s de la ley 33 de 1992\u00bb, a cuyas voces: \u00abLos bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, a su posesi\u00f3n, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de car\u00e1cter real de que son susceptibles\u00bb (CSJ AC1128-2023, 3 may., rad. 2023-01465-00). <\/p>\n
Tal manifestaci\u00f3n de la soberan\u00eda nacional fue desarrollada en el art\u00edculo 20 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual \u00ab[l]os bienes situados en los territorios, y aquellos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga inter\u00e9s o derecho la Naci\u00f3n, est\u00e1n sujetos a las disposiciones de este c\u00f3digo, aun cuando sus due\u00f1os sean extranjeros y residan fuera de Colombia\u00bb. <\/p>\n
Es por ello, que la jurisprudencia de la Sala ha desestimado, de manera reiterativa, asuntos donde se persigue la refrendaci\u00f3n de decisiones for\u00e1neas que recaen sobre bienes asentados en Colombia, por contrariar los lineamientos dise\u00f1ados por el legislador en esta materia, entre otros, en AC1128-2023, donde se reiter\u00f3 AC2633-2020, AC4909-2016, AC 30 ag. 2010, rad. 1426-00 y AC 28 nov. 2011, rad. 02463-00. <\/p>\n
En el sub examine el escrito inaugural est\u00e1 ayuno de claridad, en cuanto a la decisi\u00f3n cuya homologaci\u00f3n se pretende, puesto que seg\u00fan el peticionario, el pergamino cuya convalidaci\u00f3n insta a esta Colegiatura contiene \u201cun divorcio y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal de mutuo acuerdo\u201d respecto del matrimonio celebrado con Dolores Cort\u00e9s, dentro del cual estipularon \u00abque el esposo es el propietario actual de: casa n\u00famero 2 manzana 12 y parqueadero 2 de la Ciudadela Villa de Leyva, Conjunto segunda etapa No. 4 P.H.\u00bb adquirida en vigencia del matrimonio y que \u00ab[l]a esposa por la presente, ahora y renuncia para siempre lanzamientos (sic) y renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre el inter\u00e9s en bienes inmuebles propiedad del esposo (\u2026) a cambio a que el esposo le d\u00e9 a la esposa en total de $15.000.00, $10.000.00, a la firma de esta estipulaci\u00f3n y $5.000.00, dentro de los 6 meses siguientes a la firma de esta estipulaci\u00f3n. Adem\u00e1s, el demandante se compromete a pagar el alquiler del demandado por 21 meses (\u2026) comenzando el 10 de agosto de 2019 hasta el primero de abril del a\u00f1o 2021, inclusive\u00bb. <\/p>\n
Empero, seg\u00fan los anexos adjuntados con la demanda se tiene que al tenor del \u201cACUERDO hecho septiembre, 2019\u201d (fl. 2 Archivo Digital C0002AnexosDemanda] los esposos Luis Alberto Cortes y Dolores Cortes convinieron \u00abpara resolver la acci\u00f3n pendiente y resolviendo todo de las disputas entre ellos y hacer disposici\u00f3n por una distribuci\u00f3n equitativa de sus bienes conyugales, a determinaci\u00f3n de la propiedad separada y prever el mantenimiento\u00bb (sic), en el cual se incorporaron, entre otras, las estipulaciones antes referenciadas, vinculadas a un predio ubicado en Colombia; documento que prima facie aun cuando est\u00e1 dirigido a la Corte Suprema del Estado de New York Condado de Queens EEUU, no es pasible de calificar como sentencia judicial, amen que no est\u00e1 signado por ning\u00fan funcionario de este linaje, lo que bastar\u00eda para rechazar de plano este asunto. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, que en dicho acuerdo se indic\u00f3, que \u201cEn caso de cualquier divorcio o sentencia de divorcio en este o cualquier otra jurisdicci\u00f3n, este Acuerdo y sus disposiciones se incorporarse (sic) por referencia en tales sentencias o decreto y convertirse en aparte del mismo\u201d, pero a rengl\u00f3n seguido se\u00f1ala \u201cesta Estipulaci\u00f3n no se fusionar\u00e1 con el mismo y deber\u00e1 sobrevivir\u00e1 a tal juicio o decreto y ser\u00e1 vinculante para siempre y concluyente sobre las partes\u201d. Atestaci\u00f3n que revela su independencia de las eventuales decisiones que resolvieran sobre el divorcio entre los all\u00ed comparecientes, como fue la providencia <Archivado y grabado diciembre 02, 2019\u201d \u201c\u00edndice #8134\/2018 Social Security No.063-80-7379\u201d -adjunta a la demanda- en la que se \u201cconcede disolver el matrimonio entre Luis Alberto Cort\u00e9s y Dolores Cort\u00e9s por raz\u00f3n de la relaci\u00f3n entre el Demandante y el Demandado se ha roto irremediablemente por un plazo de al menos seis meses conforme al D.R.I \u00a7170 (7)\u201d y, adem\u00e1s, \u201cORDEN\u00d3 Y JUZG\u00d3 que el Acuerdo de Transacci\u00f3n celebrado entre las partes el d\u00eda 22 de agosto de 2019 (sic), cuyo original est\u00e1 en los archivos de este tribunal y incorporadas en el presente por referencia, sobrevivir\u00e1n y no se fusionar\u00e1n con esta sentencia y la por la presente (sic) se ordena a las partes que cumplan con todos los t\u00e9rminos y condiciones legalmente exigibles de dicho acuerdo como si dichos t\u00e9rminos y condiciones estuvieran establecidos en su totalidad en este documento\u00bb.\u201d (se resalta). <\/p>\n
4.2.- Pero aun si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara aqu\u00e9l como parte inescindible de la mentada sentencia de divorcio, es claro que lo realmente pretendido por el demandante es que surta efecto en territorio patrio aquel convenio patrimonial, puntualmente respecto de un bien ra\u00edz ubicado en suelo nacional, luego, est\u00e1n involucrados \u00abderechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano\u00bb para cuando se dio curso al tr\u00e1mite donde se expidi\u00f3 el prove\u00eddo bajo examen, lo que igualmente impide dar v\u00eda libre a los pedimentos del impulsor, por expresa prohibici\u00f3n del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 606 adjetivo, memorado l\u00edneas atr\u00e1s. <\/p>\n
Al respecto, ha de recordarse que esta Corporaci\u00f3n ha entendido por orden p\u00fablico \u00ab(\u2026) la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que est\u00e1 cimentado el esquema institucional e ideol\u00f3gico del Estado en aras de salvaguardarlo\u00bb, siendo su protecci\u00f3n \u00ab(\u2026) un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbaci\u00f3n que significar\u00eda la aplicaci\u00f3n de una decisi\u00f3n de un juez (\u2026) extranjero que socava la organizaci\u00f3n social colombiana. De ah\u00ed que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequ\u00e1tur se reclama no contrar\u00eda el orden p\u00fablico nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles\u00bb (CSJ AC812-2023, 28 mar., rad. 2023-00744-00). <\/p>\n
De dichas directrices hace parte la figura jur\u00eddica del divorcio, consagrada en los T\u00edtulos VI y VII del Libro Primero de nuestro Estatuto Civil, en cuyo art\u00edculo 152, modificado por la regla 5\u00b0 de la Ley 25 de 1992, se\u00f1ala: \u00ab[e]l matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los c\u00f3nyuges o por divorcio judicialmente decretado\u00bb. A su turno, el canon 154 \u00eddem, establece, como causales para finiquitar un lazo nupcial, las siguientes: <\/p>\n
(\u2026) 1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los c\u00f3nyuges (\u2026) <\/p>\n
2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los c\u00f3nyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. <\/p>\n
3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. <\/p>\n
4. La embriaguez habitual de uno de los c\u00f3nyuges. <\/p>\n
5. El uso habitual de sustancias alucin\u00f3genas o estupefacientes, salvo prescripci\u00f3n m\u00e9dica. <\/p>\n
6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, f\u00edsica o s\u00edquica, de uno de los c\u00f3nyuges, que ponga en peligro la salud mental o f\u00edsica del otro c\u00f3nyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. <\/p>\n
7. Toda conducta de uno de los c\u00f3nyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que est\u00e9n a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. <\/p>\n
8. La separaci\u00f3n de cuerpos, judicial o, de hecho, que haya perdurado por m\u00e1s de dos a\u00f1os. <\/p>\n
9. El consentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia (\u2026). <\/p>\n
En el sub-judice, de acuerdo con la traducci\u00f3n de la determinaci\u00f3n de 2 de diciembre de 2019, militante a folios 16 a 17 del consecutivo C0002AnexosDemanda.pdf, que, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, no satisface los presupuestos para ser valorada, al parecer, la Corte Suprema de Justicia del Estado de New York, Condado de Queens, accedi\u00f3 a disolver el lazo matrimonial entre Luis Alberto Cort\u00e9s y Dolores Cort\u00e9s, porque \u00abla relaci\u00f3n entre el demandante y el demandado se ha roto irremediablemente por un plazo de al menos seis meses conforme al D.R.L. 170 (7)\u00bb (Se resalta) y, acto seguido se pronunci\u00f3 como se rese\u00f1\u00f3 en precedencia en torno al acuerdo celebrado para la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Entonces, del prove\u00eddo for\u00e1neo no se extrae que el funcionario hubiera decretado el divorcio por \u00abel mutuo acuerdo\u00bb, como lo asegura el peticionario en su escrito introductor, ni se hizo alusi\u00f3n, en ese pronunciamiento, a la separaci\u00f3n de cuerpos por m\u00e1s de dos a\u00f1os; n\u00f3tese que, por el contrario, la autoridad norteamericana, al margen de la menci\u00f3n que hiciera de la conducta procesal de las partes y de las diversas actuaciones surtidas en aquella tramitaci\u00f3n, dictamin\u00f3 que era procedente decretar el divorcio, porque la relaci\u00f3n \u00abse ha roto irremediablemente por un plazo de al menos seis meses\u00bb, luego no se estableci\u00f3 all\u00ed la completitud del per\u00edodo exigido en el ordenamiento interno para la prosperidad de esa acci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ab initio, se advierte la imposibilidad de adelantar este tr\u00e1mite con miras a refrendar \u00abel divorcio\u00bb decretado por la justicia estadounidense, por cuanto su contenido se opone a la normatividad que regula esa materia en nuestro pa\u00eds, siendo imperioso rechazar de plano el petitum, en observancia de la regla 2\u00aa del art\u00edculo 607 del Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
5.- Aun si se dejaran de lado los argumentos precedentes, para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en Colombia, es requisito sine qua non, que \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb (n\u00fam. 3\u00ba art. 606 del C.G del P.). Sin embargo, el interesado no aport\u00f3 la decisi\u00f3n judicial objeto de homologaci\u00f3n apostillada ni con la constancia de que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen. <\/p>\n
En efecto, no se encuentra dentro de la documentaci\u00f3n allegada por la actora, la apostilla del fallo cuyo exequ\u00e1tur se depreca, requisito que, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 4\u00ba de la Convenci\u00f3n de la Haya de 5 de octubre de 1961, suscrita por los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, debi\u00f3 colocarse \u00absobre el propio documento o sobre una prolongaci\u00f3n del mismo y deber\u00e1 ajustarse al modelo anexo\u00bb a dicho tratado multilateral, tal como lo manda la regla 251 del ordenamiento procesal. No obstante, las \u00fanicas apostillas obrantes en la encuadernaci\u00f3n (Folios 1 y 14, archivo digital: C0002AnexosDemanda.pdf), carecen de traducci\u00f3n al castellano, hacen referencia a la constancia de autenticaci\u00f3n firmada por Audrey I. Pheffer, pero no a la providencia, como tal. <\/p>\n
6.- Adicionalmente, el libelista olvid\u00f3 adosar la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento materia de este decurso, en la que se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme, pues ninguno de los folios allegados con el escrito introductor corresponden a tal exigencia, siendo del caso precisar que la \u00fanica constancia hallada corresponde a la elaborada por Audrey I. Pheffer, donde se aduce que \u00e9l es \u00abSecretario del Condado de Queens\u00bb y quien afirm\u00f3 haber \u00abcomparado el documento adjunto, 8134\/2018 CONCLUSIONES DE HECHO\/CONCLUSIONES DE DERECHO, SENTENCIA FINAL, presentada el 2\/12\/2019 p\u00e1gina(s) 1-3\u00bb atestaci\u00f3n de la cual no se puede colegir que la providencia objeto del sub examine ha cobrado firmeza, como lo impone la memorada regla procedimental. <\/p>\n
Al respecto, es necesario recordar que \u00abla jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el car\u00e1cter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba id\u00f3nea que permita tener seguridad de que el fallo es \u00abfinal\u00bb, lo cual resulta inviable cuando \u00abno hay menci\u00f3n sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuestos, fueron agotados, evento que impide igualmente definir el car\u00e1cter definitivo\u00bb (CSJ AC2970, 22 de julio de 2021, rad. n.\u00b0 2021-01510-00, criterio reiterado en CSJ AC1439-2023, 30 may., rad. 2023-02008-00). <\/p>\n
7.- Agr\u00e9guese, que el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 607 de la normativa citada, previene que \u00ab[c]uando la sentencia o cualquier documento que se aporte no est\u00e9 en castellano, se presentar\u00e1 con la copia del original su traducci\u00f3n en legal forma\u00bb, y de dicha traducci\u00f3n se requiere que sea realizada por \u00abel Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u00bb. <\/p>\n
Es pertinente recordar, que cuanto en asuntos judiciales se imponga la aportaci\u00f3n de documentos en idioma extranjero, es forzoso adjuntar su traducci\u00f3n, pero \u00e9sta debe ser realizada por \u00abun int\u00e9rprete oficial, entendi\u00e9ndose por este, no cualquier profesional entrenado o capacitado en la lengua for\u00e1nea, sino aqu\u00e9l que, en Colombia, est\u00e9 licenciado por el Ministerio de Justicia o haya aprobado los ex\u00e1menes previstos por una universidad con facultad de idiomas autorizada por el ICFES (\u2026)\u00bb (CSJ AC2442-2021, 18 jun., rad. 2021-01595-00, reiterado en CSJ AC812-2023, 28 mar., rad. 2023-00744-00), todo para que, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso, tales documentos puedan apreciarse como prueba. <\/p>\n
Es necesario puntualizar, que la evidencia de la licencia para ejercer como traductor oficial en Colombia, en este caso, es la copia de la Resoluci\u00f3n que acredite tal calidad, tal y como en otras oportunidades lo ha recabado esta Corte al indicar, que: <\/p>\n
\u00absobre los m\u00faltiples int\u00e9rpretes que han intervenido: i) no se alleg\u00f3 el certificado de idoneidad 507 de 2018 expedido por la Universidad Nacional de Colombia, que acredita como traductor oficial a Santiago Quiroz Pardo, ii) no se alleg\u00f3 la resoluci\u00f3n 3275 de 1994 del Ministerio de Justicia donde se acredita como interprete oficial a Jos\u00e9 Martha Mar\u00eda Hubertina Alleleijn, y iii) no se da cuenta que Mariselle R.E. Berm\u00fadez y Elvira Villegas Selma hayan sido reconocidas como traductora oficial o que cumpla los requisitos de capacitaci\u00f3n se\u00f1alados en las normas patrias para fungir en tal calidad\u00bb (CSJ AC4445-2021, 27 sept., rad. 2021-02716-00). <\/p>\n
Lo que significa, que no basta aducir la condici\u00f3n de traductor oficial, sino que es perentorio que al trabajo por ellos realizado se adjunte la documentaci\u00f3n id\u00f3nea que la demuestre. Carga que tampoco se satisfizo. <\/p>\n
8. A lo anotado se suma, que en la postulaci\u00f3n de apertura se pasaron por alto algunos de los requisitos formales, indispensables para viabilizar esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
8.1. El mandato judicial otorgado al abogado William Giraldo Aguirre fue extendido ante el Consulado de New York, sin embargo, no est\u00e1 apostillado como lo exige el art\u00edculo 251 de la nueva codificaci\u00f3n de los ritos civiles, en concordancia con el 74 de la misma obra. <\/p>\n
8.2. No se indic\u00f3 el domicilio de la all\u00ed demandada Dolores Cort\u00e9s, como lo dispone el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
8.3. No se adjunt\u00f3 evidencia sobre la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, siendo deber de las partes y sus apoderados la obtenci\u00f3n de \u00abdocumentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u00bb (n\u00fam. 10 art\u00edculo 78 C.G.P.), record\u00e1ndose, adem\u00e1s, que seg\u00fan el inciso segundo del art\u00edculo 173 ibidem, al juez le est\u00e1 vedado ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que pudieron haberse obtenido por el interesado mediante el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, que \u00abla reciprocidad es un presupuesto neur\u00e1lgico del exequ\u00e1tur, su demostraci\u00f3n constituye carga del interesado1, por lo que el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda debe contener alusi\u00f3n sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico o la subsidiaria de car\u00e1cter legislativo. Trat\u00e1ndose de la reciprocidad legislativa, se deber\u00e1 allegar la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ AC2822-2021, 14 jul, rad. 2021-02087-00, reiterada en CSJ AC4445-2021, 27 sep., rad. 2021-02716-00). <\/p>\n
9. Por \u00faltimo, tampoco se suministr\u00f3 el registro civil de nacimiento, ni del matrimonio de los contrayentes, necesarios para ordenar la inscripci\u00f3n de la sentencia de exequatur junto con la reconocida y para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00b0, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Decreto 2158 de 1970. <\/p>\n
10. Por las razones esbozadas, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequatur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. No hay lugar a devoluci\u00f3n de anexos por haber sido allegados en medio digital. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 CSJ. SC 15495 de 11 de noviembre de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC1684-2023 (2023-02166-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC1684-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02166-00 Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequatur promovida por Luis Alberto Cort\u00e9s Parra. I. ANTECEDENTES 1. Se formul\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73769","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73769","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73769"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73769\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73769"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73769"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73769"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}