AC1685-2023 (2023-02345-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1685-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02345-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados S\u00e9ptimo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla y Cuarto Transitorio de esa misma especialidad de Monter\u00eda. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La Cooperativa Multiactiva Humana de Aporte y Cr\u00e9dito \u201cCoophumana\u201d instaur\u00f3 demanda ejecutiva contra Jos\u00e9 Danilo Rada Arroyo, con el prop\u00f3sito de obtener el pago de \u00ab$15.731.026\u00bb m\u00e1s los \u00abintereses moratorios\u00bb, suma de dinero incorporada en el pagar\u00e9 desmaterializado identificado en Deceval con el n\u00famero 8155831. <\/p>\n
2.- El escrito introductorio fue presentado en la oficina de reparto de los Jueces de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla, justific\u00e1ndose all\u00ed la competencia por ser el \u00ablugar elegido para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, el valor de la misma y la naturaleza del proceso\u00bb [Folio 8, archivo digital: C0001CuadernoPrincipalJ005CMMonteria.pdf]. <\/p>\n
3.- La Juez S\u00e9ptima de dicha especialidad de esa capital se rehus\u00f3 a conocer el pleito tras advertir, que, \u00ab[a]l leer el Certificado de derechos patrimoniales No. 0009455666, de Deceval no se avizora que se haya pactado el cumplimiento de la obligaci\u00f3n en la ciudad de Barranquilla\u00bb, por tanto, \u00abno es dable acudir a la regla de competencia por el lugar del cumplimiento de la misma, por lo que se debe acudir entonces a determinar la competencia por el domicilio del demandado se\u00f1alado en la demanda\u00bb, al tenor de lo establecido en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso que indica: \u00abla competencia por factor territorial para los procesos contenciosos se sujeta al juez del domicilio del demandado\u00bb; mientras que \u00abtrat\u00e1ndose de procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucre t\u00edtulos ejecutivos, como es el caso, es tambi\u00e9n competente el juez del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
De modo que, en atenci\u00f3n de lo precedido, adujo que, como \u00abel domicilio del demandado es la direcci\u00f3n: calle 26\u00aa 3 w-59, conforme lo ha manifestado el apoderado de la parte demandante en el libelo de notificaciones (\u2026) y en el certificado No. 0009455666 de Derechos Patrimoniales no indica el lugar del cumplimiento de la obligaci\u00f3n, se establece entonces, que el juez competente en este asunto, es el del domicilio del demandado\u00bb. En consecuencia, dispuso remitir las diligencias al Juzgado Promiscuo Municipal de Monter\u00eda, por corresponder a la vecindad del ejecutado [Folio 39 ib\u00eddem]. <\/p>\n
4.- Al recibir, en tal virtud el negocio, el despacho receptor tambi\u00e9n se neg\u00f3 a asumirlo, con sustento en que i)- En la demanda no se indica el lugar de domicilio del ejecutado, as\u00ed en el libelo solo se dice \u00aben ep\u00edlogo el lugar de notificaci\u00f3n de aquel, lo cual jur\u00eddicamente no es lo mismo\u00bb, ii)- \u00abEn el cuerpo del pagar\u00e9 N\u00b0 8155831, (\u2026) se establece con certeza plena que el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n es la ciudad de Barranquilla\u00bb; y iii)- En los asuntos, en los que el lugar de cumplimiento o satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, difiere del lugar de domicilio del ejecutado, \u00abes la parte demandante quien detenta la potestad a modo de derecho, para elegir en qu\u00e9 lugar ejerce su acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, coligi\u00f3 entonces que es \u00abclara la voluntad de la parte ejecutante, de compeler ejecutivamente a su deudor en la ciudad de Barranquilla – Atl\u00e1ntico, que es el lugar donde debi\u00f3 cumplirse el pago de la suma de dinero respaldada en el pagar\u00e9 N\u00b0 8155831, firmado electr\u00f3nicamente\u00bb. Y apoy\u00f3 su raciocinio en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P., por lo que trab\u00f3 la presente colisi\u00f3n, ordenando el env\u00edo del legajo a esta Corporaci\u00f3n [Folios 46 y 47 ib\u00eddem]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo determinan los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- De acuerdo con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, \u00aben los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, el numeral 3\u00ba del mismo canon precept\u00faa, que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
3.- Bajo ese panorama surge, sin mayor dificultad, que en el estatuto adjetivo vigente, la regla general de atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos est\u00e1 radicada en el lugar de domicilio del demandado, salvo cuando se trate de juicios originados en un negocio jur\u00eddico, o, en los que involucren t\u00edtulos ejecutivos, pues, en tales eventos, es competente, adem\u00e1s, el juez del lugar del cumplimiento de la obligaci\u00f3n all\u00ed contenida; en otras palabras, cuando concurran los factores de asignaci\u00f3n acabados de referir, el actor est\u00e1 facultado para optar por cualquiera de los dos eventos mencionados, dado que no existe competencia privativa. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
[P]ara las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u2018alcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u2019. (CSJ AC1439-2020, criterio reiterado en AC091-2023 y AC269-2023). <\/p>\n
4.- Acotado lo anterior, en el sub lite es irrefutable que el litigio planteado por Coophumana va dirigido a obtener el cobro forzado de la acreencia incorporada en un pagar\u00e9 desmaterializado, identificado en Deceval con el n.\u00ba 8155831 [Folio 14 ib\u00eddem], por consiguiente, para la fijaci\u00f3n del juez natural, concurr\u00edan dos fueros, esto es, el general que prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P., as\u00ed como el especial contemplado en el ordinal 3\u00ba Ib\u00eddem. <\/p>\n
Como se sabe, los t\u00edtulos valores est\u00e1n regidos, entre otros principios, por el de literalidad, en virtud del cual \u00abel contenido, la extensi\u00f3n, la modalidad de ejercicio y cualquier otro posible elemento, principal o accesorio del derecho cartular, son solo aquellos que resultan del tenor literal del t\u00edtulo, vale decir, en otros t\u00e9rminos, que el acreedor no puede tener pretensiones y el deudor no puede oponer excepciones contra el poseedor de buena fe que no se basen, a la exclusiva, en el contenido literal del documento\u00bb1. <\/p>\n
Y ocurre que, en este particular caso, la acci\u00f3n judicial se promovi\u00f3 para obtener el cumplimiento forzado de una obligaci\u00f3n contenida en un t\u00edtulo valor desmaterializado, de cuya literalidad emerge que la prestaci\u00f3n debida se deber\u00e1 honrar en la ciudad de \u00abBARRANQUILLA\u00bb, de suerte que resultaba ajustada a derecho la selecci\u00f3n que hiciera el ejecutante al optar por el juez de esa sede, acorde a la potestad conferida por el citado numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ciertamente, si acorde con tales postulados la sociedad convocante opt\u00f3 por radicar la causa en Barranquilla, por ser el \u00ablugar elegido para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, el valor de la misma y la naturaleza del proceso\u00bb, ya que el t\u00edtulo valor se saldar\u00eda en esa urbe y dicha atestaci\u00f3n encuentra respaldo en el contenido de los documentos b\u00e1culo a la ejecuci\u00f3n, pues ciertamente el cuerpo del pagar\u00e9 registra como \u00ab3. Lugar para el pago de la obligaci\u00f3n: BARRANQUILLA\u00bb [Folio 15 ib\u00eddem] fue desacertado el razonamiento de la juzgadora de Barranquilla, referido a que en el Certificado de Derechos Patrimoniales n\u00ba 009455666 de Deceval \u00abno se avizora que se haya pactado el cumplimiento de la obligaci\u00f3n en la ciudad de Barranquilla\u00bb, pues esta entidad es simplemente certificadora de la existencia del instrumento cambiario desmaterializado, pero las condiciones de la prestaci\u00f3n debida emergen del contenido del titulo. <\/p>\n
Entonces, equivocadas son las argumentaciones de la Juez S\u00e9ptima de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla, en cuanto a eso de que \u00abno es dable acudir a la regla de competencia por el lugar del cumplimiento de la misma, por lo que se debe acudir entonces a determinar la competencia por el domicilio del demandado se\u00f1alado en la demanda\u00bb, al procurarse en este caso, el cobro coercitivo de un pagar\u00e9, por lo que la atribuci\u00f3n para conocer el asunto estaba en cabeza de las autoridades judiciales de Monter\u00eda, por ser la vecindad del demandado; pues como se vio, la ley adjetiva es quien avala esa posibilidad del ejecutante de elegir entre el domicilio del ejecutado o el sitio en donde se debe satisfacer la acreencia. <\/p>\n
En ese orden, una vez la interesada eligi\u00f3 al fallador de esta localidad y formul\u00f3 su demanda, la funcionaria seleccionada estaba compelida a impartir la tramitaci\u00f3n correspondiente, pues satisfechos esos presupuestos no pod\u00eda modificar un acto procesal de parte efectuado con sujeci\u00f3n a los preceptos legales. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico, al dirimir una colisi\u00f3n semejante, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Entonces, casi no hay que decirlo, la aspiraci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda precursora fue radicar la causa petendi en la circunscripci\u00f3n territorial donde los contendores v\u00e1lidamente acordaron la ejecuci\u00f3n de una de las prestaciones derivadas del compromiso, lo cual no debe desconocerse, pues en ese instrumento se encuentra manifestada la voluntad de los negociantes en torno al sitio donde deb\u00eda procurarse la consumaci\u00f3n de una de las obligaciones (AC014-2023, citado en el AC964-2023). <\/p>\n
5.- Valga la pena acotar, que igualmente desacert\u00f3 la iudex primigenia, al soportar el rechazo del asunto sub examine con el argumento de que \u00abel domicilio del demandado es la direcci\u00f3n: calle 26\u00aa 3 w-59 [de Monter\u00eda], conforme lo ha manifestado el apoderado de la parte demandante en el libelo de notificaciones\u00bb, pues tal raciocinio confunde los conceptos de \u00abdomicilio\u00bb y \u00ablugar de notificaciones\u00bb, los cuales son figuras diferentes. <\/p>\n
En efecto, el domicilio, es definido por el canon 76 del C\u00f3digo Civil como la \u00ab(\u2026) residencia acompa\u00f1ada, real o presuntivamente, con el \u00e1nimo de permanecer en ella\u00bb. Es el asiento legal o jur\u00eddico de una persona para el ejercicio o la aplicaci\u00f3n de ciertos derechos. Distinta es la direcci\u00f3n procesal para las notificaciones, pues \u00e9sta solamente hace \u00abrelaci\u00f3n al paraje concreto, dentro del domicilio del demandado o fuera de \u00e9l, donde \u00e9ste puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que as\u00ed lo requieran\u00bb (CSJ AC1331-2021, 21 abr., rad 2020-02914-00, reiterada en CSJ AC1442-2023, 30 may., rad. 2023-01974-00). <\/p>\n
Consecuente con esto, la Corte ha pregonado con insistencia que <\/p>\n
(\u2026) para efectos de determinar la competencia no pueden confundirse el domicilio y la direcci\u00f3n indicada para efectuar las notificaciones, toda vez que uno y otro dato \u2018satisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusi\u00f3n al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo -que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificaci\u00f3n personal\u2019. (AC2441-2016, citado en el AC3595-2019, AC2820-2022 y AC1352-2023). <\/p>\n
6.- En consecuencia, si haciendo uso de las prerrogativas que la ley le otorga, la compa\u00f1\u00eda precursora prefiri\u00f3 radicar la contienda ante los Juzgados de Barranquilla, circunscripci\u00f3n territorial donde los contendores en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad acordaron el recaudo de la suma de dinero representada en el pagar\u00e9, dicho acto est\u00e1 ajustado a la ley, siendo entonces este y no el juez de Monter\u00eda, quien debe asumir el conocimiento, como en efecto se dispondr\u00e1, ordenando la devoluci\u00f3n del expediente a dicha autoridad y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro estrado involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado S\u00e9ptimo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla, es el competente para asumir el conocimiento de la acci\u00f3n ejecutiva referenciada. <\/p>\n
SEGUNDO: Enviar el expediente a ese despacho judicial para que adelante el litigio. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Cuarto Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Monter\u00eda y a la organizaci\u00f3n impulsora. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Mu\u00f1oz Lu\u00eds, Derecho Comercial T\u00edtulos Valores Tipograf\u00eda editora Argentina, 1927 p\u00e1g. 99. <\/p>\n
<\/p>\n
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