AC1687-2023 (2023-01875-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1687-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01875-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1 D.C., y Promiscuo de Familia de Granada -Meta-, para conocer del proceso de privaci\u00f3n de patria potestad promovido por Mar\u00eda en contra de Jos\u00e91. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mar\u00eda present\u00f3 demanda que correspondi\u00f3 al Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1 D.C., mediante la cual solicit\u00f3 decretar la privaci\u00f3n de la patria potestad del se\u00f1or Jos\u00e9 respecto de su hija menor Juanita. <\/p>\n
En el ac\u00e1pite de competencia manifest\u00f3 que el conocimiento del asunto correspond\u00eda al juez de esta ciudad en virtud \u00abdel numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.- Mediante auto de 7 de octubre de 2022, el referido despacho admiti\u00f3 la demanda y en la audiencia inicial celebrada el 10 de marzo de 2023, rehus\u00f3 el conocimiento del asunto por falta de competencia territorial. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que como la menor tiene su domicilio en Granada -Meta-, de conformidad con el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, los jueces de esa localidad eran los competentes para conocer de la demanda instaurada. <\/p>\n
3.- Recibida la actuaci\u00f3n por el Juzgado Promiscuo de Familia de Granada -Meta-, en providencia de 2 de mayo de 2023, resolvi\u00f3 no avocar conocimiento y promovi\u00f3 el conflicto negativo. <\/p>\n
Explic\u00f3 que si bien existe el postulado del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, no hab\u00eda lugar a avocar conocimiento porque el remitente admiti\u00f3 la demanda y prorrog\u00f3 la competencia en virtud del art\u00edculo 16 ejusdem. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, se pasa a resolver lo que en derecho corresponde previas las siguientes, <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, el superior funcional com\u00fan a ambos y la competente para resolverlo es esta Sala de la Corte, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
Sin embargo, cuando se trata de procesos relacionados con ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes, el numeral 2\u00b0 de la misma disposici\u00f3n indica: \u00abEn los procesos de alimentos, p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad, investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, permisos para salir del pa\u00eds, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u00bb (negrilla ajena). <\/p>\n
Dicha regla concuerda con el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia que contempla: \u00abSer\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente; pero cuando se encuentre fuera del pa\u00eds, ser\u00e1 competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su \u00faltima residencia dentro del territorio nacional\u00bb. <\/p>\n
Cabe precisar, si bien es cierto el referido canon aplica a las autoridades administrativas para adelantar los procesos de restablecimiento de derechos, sus alcances tambi\u00e9n irradian a los tr\u00e1mites judiciales, tema sobre el que se ha explicado: <\/p>\n
[E]n orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece el ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (CSJ AC, 19 jun. 2008, rad. 2008-00679-00, reiterado, entre otros, en AC1493-2021, AC3631-2022, AC387-2022). <\/p>\n
No sobra recordar, en las actuaciones judiciales en que est\u00e9n involucrados ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes, deben prevalecer los principios de inmediaci\u00f3n, econom\u00eda procesal y administraci\u00f3n de justicia, con el fin de asegurar los derechos superiores de los menores. <\/p>\n
3.- En el presente asunto, seg\u00fan el escrito inicial la demandante se encontraba domiciliada en la ciudad de Bogot\u00e1 DC., y estaba a cargo del desarrollo, crianza y educaci\u00f3n de su hija menor, manifestaci\u00f3n de la que era factible colegir que esta \u00faltima en condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n, tambi\u00e9n ten\u00eda su domicilio o residencia en la misma ciudad. <\/p>\n
De esa manera, en principio el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1 D.C., ten\u00eda competencia para el tr\u00e1mite del asunto a voces del numeral 2 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, y por tanto, una vez admitida la demanda deb\u00eda adelantar el proceso hasta su culminaci\u00f3n, de conformidad con el principio procesal denominado perpetuatio jurisditionis que \u00absignifica (\u2026) que es la situaci\u00f3n de hecho existente en el momento de admitirse la demanda la determinante de la competencia para todo el curso del juicio, sin que las modificaciones posteriores puedan afectarle\u00bb2. <\/p>\n
No obstante, en la audiencia celebrada el 10 de marzo de 2023, se esclareci\u00f3 esa situaci\u00f3n por virtud del interrogatorio rendido por la demandante, desde antes de la presentaci\u00f3n de la demanda, su \u00fanico domicilio ha estado ubicado en la ciudad de Granada Meta, en donde ha convivido con su hija menor, y por esto, quien siempre ha tenido la competencia privativa de especial atribuci\u00f3n para adelantar el tr\u00e1mite en referencia es el Juzgado Promiscuo de Familia de dicha ciudad, circunstancia verdaderamente excepcional que impone remitirle la actuaci\u00f3n, atendiendo que en este tipo de asuntos el principio de jurisdicci\u00f3n perpetua sede ante la prevalencia del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <\/p>\n
Sobre el tema se ha explicado que, \u00abes posible variar la competencia en contrav\u00eda de la \u00abjurisdicci\u00f3n perpetua\u00bb, cuando por situaciones excepcionales, tal cambio garantice la prevalencia de los derechos del menor involucrado\u00bb (AC4442-2019), y en providencia m\u00e1s reciente, se reiter\u00f3 que, \u00ab[L]a aplicaci\u00f3n del principio [de la perpetuatio jurisdictionis], sin embargo, no puede ser p\u00e9treo o inalterable, sino que, por el contrario, debe ceder en circunstancias verdaderamente excepcionales. Trat\u00e1ndose de menores involucrados, en los casos en que el inter\u00e9s superior de \u00e9stos se vea seriamente comprometido, verbi gratia, cuando el cambio de domicilio resulta forzado, como as\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte\u00bb (AC2123-014; reiterado en AC4875-2021, 14 de octubre de 2021, rad. 2021-01652-00, reiterado en AC5558-2022). <\/p>\n
En AC062-2020, se indic\u00f3 que \u00abes inadmisible el argumento del mismo servidor judicial al pretender apartarse del conocimiento del asunto, en raz\u00f3n del principio de la perpetuatio jurisdictionis, pues, ins\u00edstase, el domicilio del sujeto de especial protecci\u00f3n es fuero especial de atribuci\u00f3n de competencia territorial, a\u00fan cuando var\u00ede en el curso del proceso (\u2026) Es decir, que el principio invocado por el juzgado de Yopal no opera cuando de por medio est\u00e1n los factores subjetivo y funcional, muestra de lo cual es el sub lite, pues la alusi\u00f3n a los menores de edad prevista en canon 28, numeral 2\u00b0, inciso 2\u00b0 de la obra en cita, traduce la aplicaci\u00f3n de un factor subjetivo de competencia en favor de los ni\u00f1os ni\u00f1as y adolescentes\u00bb. <\/p>\n
4.- La anterior conclusi\u00f3n comulga con la prevalencia de los derechos e intereses superiores de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, atendiendo que auspicia el acceso a la administraci\u00f3n de justicia en el lugar actual de la residencia, permitiendo materializar entre otros, los mandatos contenidos en el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, relativos a que, \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
5.- Lo visto impone concluir que corresponde la competencia al Juzgado Promiscuo de Familia de Granada -Meta- para el conocimiento del asunto en referencia, como autoridad del lugar del domicilio del sujeto de especial protecci\u00f3n, en concordancia con el numeral 2 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, en garant\u00eda de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Promiscuo de Familia de Granada -Meta-. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al referido despacho para que avoque el conocimiento del proceso e imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1 D.C., y a las partes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia se profieren dos (2) versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares) para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes para efectos de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 DEV\u00cdS ECHAND\u00cdA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Madrid: Aguilar. 1966. P\u00e1g. 101. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC1687-2023 (2023-01875-00) AC1687-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01875-00 Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1 D.C., y Promiscuo de Familia de Granada -Meta-, para conocer del proceso de privaci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73772","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73772","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73772"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73772\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73772"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73772"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73772"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}