AC1735-2023 (2023-02301-00)<\/p>\n
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AC1735-2023 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de Rionegro y Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda de imposici\u00f3n de servidumbre instaurada por la Hidroel\u00e9ctrica del Alto Porce S.A.S. \u2013 Hidralpor S.A.S. E.S.P., contra Mar\u00eda Adela Rojas de Duque y Guillermo Antonio Duque Rojas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demanda fue dirigida al reparto del \u00abJuez Civil del Circuito de Rionegro, Ant.\u00bb, pretendiendo se imponga \u00abservidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb, sobre un predio de los demandados que se encuentra ubicado en dicha localidad. En cuanto a la competencia, indic\u00f3 que ven\u00eda dada \u00abpor la naturaleza del asunto, la cuant\u00eda y lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro admiti\u00f3 inicialmente la demanda, pero con posterioridad decidi\u00f3 -de oficio- aplicar el canon 28-10 del C\u00f3digo General del Proceso, ordenando repartirla entre los jueces civiles de Bogot\u00e1, en consideraci\u00f3n a que all\u00ed se encuentra el domicilio de la sociedad demandante. <\/p>\n
3. El estrado receptor, Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la asignaci\u00f3n, aduciendo que, \u00abla empresa demandante, pese a prestar el servicio p\u00fablico de energ\u00eda el\u00e9ctrica, no est\u00e1 constituida como una entidad p\u00fablica, toda vez que esta se encuentra registrada como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) de naturaleza privada, en la que no existe participaci\u00f3n accionaria del Estado, tal como lo sostiene la parte actora y se avizora en el Certificado de Existencia y Representaci\u00f3n aportado\u00bb, y que \u00abdebe tenerse en cuenta que la sola prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico, en este caso el servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica, no convierte o transforma, per se, a una empresa en una entidad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Con el anterior fundamento, plante\u00f3 conflicto negativo de competencia, remitiendo el expediente a esta Corporaci\u00f3n para ser dirimido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30-6 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ibidem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del estatuto procedimental, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Incompatibilidad entre dos reglas de competencia privativa (numerales 7 y 10 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
Asuntos como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n del Despacho, armonizan con eventos de competencia privativa; sin embargo, resulta impostergable destacar que la demanda en referencia puede subsumirse en dos supuestos de asignaci\u00f3n legal excluyente: los previstos en los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del referido precepto 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Seg\u00fan la primera regla citada, \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, en el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Y al amparo de la segunda, \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
Ahora, si la aplicaci\u00f3n de esas reglas genera incompatibilidades (lo que ocurrir\u00e1, por v\u00eda de ejemplo, cuando una entidad territorial, una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica con domicilio en una municipalidad formule demanda para hacer efectivo un derecho real relacionado con un inmueble ubicado en otro lugar distinto), es imperativo establecer pautas de prelaci\u00f3n, para determinar, con certeza, a qu\u00e9 funcionario asignar el conocimiento del asunto. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que las reglas de prelaci\u00f3n favorecen la aplicaci\u00f3n del foro previsto en el numeral 10 ya referido, respuesta jurisdiccional que se deduce del decurso de la normativa procesal respecto del conocimiento de procesos (civiles) en los que el Estado es parte. <\/p>\n
Empero, contrario a lo que consagraba el anterior estatuto procedimental civil, el C\u00f3digo General del Proceso introdujo un mandato de atribuci\u00f3n subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuant\u00eda del asunto (como suced\u00eda entre 1989 y 2003), sino con el factor territorial, al decir \u2013se insiste\u2013 que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Conforme a las anteriores premisas, para determinar si la competencia en relaci\u00f3n con el proceso de servidumbre debe mantenerse en cabeza del juez donde est\u00e1 ubicado el bien, o si por el contrario le corresponde al del domicilio de la demandante, debe establecerse si esta corresponde a \u00abuna entidad p\u00fablica\u00bb, advirti\u00e9ndose que si as\u00ed lo fuera, prevalecer\u00eda el fuero territorial de esta, pues seg\u00fan el art\u00edculo 29 del estatuto adjetivo general, \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, al revisar la naturaleza jur\u00eddica de la empresa Hidroel\u00e9ctrica del Alto Porce S.A.S. ESP – Hidralpor S.A.S E.S.P., de la documentaci\u00f3n adosada al expediente, en particular el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, se establece que fue constituida y se conserva como Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S), con capital privado pues en su composici\u00f3n accionaria no participan recursos p\u00fablicos, sin perjuicio de que en raz\u00f3n a su objeto social consistente en la construcci\u00f3n y operaci\u00f3n de proyectos hidroel\u00e9ctricos, est\u00e9 facultada por las Leyes 142 y 143 de 1994 para la prestaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de energ\u00eda el\u00e9ctrica. <\/p>\n
Sobre el punto, es importante destacar que esta Sala, al desatar recientes conflictos de competencia suscitados entre las mismas partes, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abY no se diga que por el hecho de prestar un servicio p\u00fablico la convierta per se en una entidad p\u00fablica, que torne imperativa la aplicaci\u00f3n de la competencia privativa fijada en raz\u00f3n de la calidad de la parte (art. 29 C\u00f3digo General del Proceso) toda vez que la Carta Pol\u00edtica, sin perjuicio de los deberes y responsabilidades a cargo del Estado (Naci\u00f3n- Departamentos- Municipios) en el art\u00edculo 365 establece que estos \u00abpodr\u00e1n ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares\u00bb (se resalta), lo que significa que, aun cuando estas empresas tengan una tipolog\u00eda especial, como lo ha reconocido la Corte Constitucional en la sentencia C-736 de 2007, no significa que las mismas se conviertan autom\u00e1ticamente en entidades p\u00fablicas, pues ello depender\u00e1 de \u00abla forma en la que fueron creadas y de su composici\u00f3n accionaria\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la accionante tiene la \u00abnaturaleza jur\u00eddica privada\u00bb, no opera el privilegio reconocido por el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso a favor de la citada entidad. Por cuanto, dicho precepto aplica cuando \u00aben el respectivo proceso contencioso \u2018sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb, caracter\u00edsticas que no concurren en el sub examine. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico, esta Sala en auto AC892-2021 precis\u00f3: <\/p>\n
Pues bien, no queda ninguna duda que este caso, por disposici\u00f3n expresa del legislador, debe seguirse en el lugar donde se encuentra el predio sobre el que se pretende constituir un derecho real de servidumbre, esto es, Belalc\u00e1zar, Caldas, sin que quepa aqu\u00ed la posibilidad de acudir a otro foro privativo y prevalente, como el del numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, porque la accionante, de acuerdo con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado, detenta naturaleza jur\u00eddica privada. (CSJ AC892-2021, rad. 2021-00447-00, 15 mar, 2021, reiterado en el AC1188-2022 y AC4957-2022)\u00bb (CSJ AC864-2023 y AC963-2023). <\/p>\n
Por lo antedicho, no es viable establecer la competencia atendiendo el criterio subjetivo aludido por el despacho que viene conociendo el litigio, ya que la naturaleza jur\u00eddica de la sociedad convocante no se ajusta a lo previsto en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, sino que debe mantenerse la aptitud legal del juez en atenci\u00f3n al \u00ablugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb que ata\u00f1e al fuero real previsto en el numeral 7 del citado precepto. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La competencia para conocer del presente asunto corresponde al primero de los falladores involucrados en esta causa, raz\u00f3n por la que se le devolver\u00e1 el expediente para que contin\u00fae el correspondiente tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro – Antioquia, para seguir impulsando el proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n al citado despacho e informar lo decidido a la otra autoridad judicial involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
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