AC1761-2023 (2019-00841-01) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1761-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-31-10-009-2019-00841-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el recurso de queja formulado por el demandado frente al auto de 8 de mayo de 2023, con el que se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que aquel interpuso contra el fallo de 18 de abril de la misma anualidad, dictado por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Catalina Guti\u00e9rrez convoc\u00f3 a juicio a N\u00e9stor Dar\u00edo Casta\u00f1eda Correa, con el prop\u00f3sito de que se declarara que entre ellos existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, que se extendi\u00f3 entre \u00abmayo de 2002 [y] el 24 de diciembre de 2018\u00bb. Como consecuencia de ello, pidi\u00f3 tambi\u00e9n que se reconociera la existencia de una \u00absociedad patrimonial\u00bb, que deb\u00eda disolverse y liquidarse en legal forma. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En sentencia de 18 de julio de 2022, el juez a quo declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre el lapso se\u00f1alado en la demanda, pero declar\u00f3 \u00abprescrita la acci\u00f3n tendiente a disolver y liquidar la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al resolver la alzada que interpuso \u00fanicamente la demandante, el tribunal precis\u00f3 el hito inicial del v\u00ednculo more uxorio, fij\u00e1ndolo en el d\u00eda 31 del mismo mes de mayo de 2002. Adem\u00e1s, revoc\u00f3 la declaratoria de prescripci\u00f3n extintiva, pues esta defensa no hab\u00eda sido invocada por el se\u00f1or Casta\u00f1eda Correa. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El convocado formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero la magistratura ad quem lo desestim\u00f3, tras considerar que el agravio que aquel sufri\u00f3 con la sentencia de segunda instancia no supera el monto exigido por el art\u00edculo 338 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
4. Frente a este \u00faltimo prove\u00eddo el opositor interpuso reposici\u00f3n y en subsidio queja, arguyendo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abTenga en cuenta (…) que, en el presente asunto, tal como [se] manifiesta en el auto recurrido, nos encontramos ante un proceso verbal declarativo de uni\u00f3n marital de hecho, no obstante, con sumo respeto, difiero de la interpretaci\u00f3n realizada (…) en lo referente al par\u00e1grafo del art\u00edculo 334 del estatuto procesal, ya que la sentencia del asunto en comento se refiere, e igual as\u00ed lo impetra la contraparte en su primera pretensi\u00f3n en la acci\u00f3n impugnada, a obtener la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho, situaci\u00f3n que de manera clara estatuye el par\u00e1grafo de la normativa antes citada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Como en sede de reposici\u00f3n se mantuvo el auto impugnado, se remitieron copias de lo actuado a esta Colegiatura, para que se surtiera el tr\u00e1mite de la queja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, conforme lo disponen los art\u00edculos 30-3 y 35 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Dada la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casaci\u00f3n, su procedencia se halla condicionada a la satisfacci\u00f3n de diversos requisitos, establecidos expresamente en la ley. Al respecto, el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que el aludido medio de impugnaci\u00f3n \u00ab(\u2026) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1) Las dictadas en toda clase de procesos declarativos; 2) Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria; 3) Las dictadas para liquidar una condena en concreto\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, resulta evidente que no todas las providencias judiciales son susceptibles de ser atacadas por el sendero procesal extraordinario del que se viene hablando, sino solo aqu\u00e9llas taxativamente previstas por el legislador, en consideraci\u00f3n a la naturaleza del asunto debatido y, en determinados supuestos, a la cuant\u00eda actual del agravio denunciado por el impugnante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Tambi\u00e9n conviene precisar que el estatuto procesal civil vigente introdujo relevantes modificaciones a la impugnaci\u00f3n extraordinaria; por v\u00eda de ejemplo, ampli\u00f3 el espectro de las sentencias susceptibles de ser atacadas en casaci\u00f3n, principalmente desde la perspectiva del tipo de procedimiento en el que se profirieron (v. gr., procesos declarativos en general, acciones de grupo y liquidaciones de condena en concreto en cualquier tramitaci\u00f3n). <\/p>\n
Asimismo, la normativa procesal actual puntualiz\u00f3 que el importe de la resoluci\u00f3n desfavorable debe ascender, cuanto menos, a mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cuando se trate de pretensiones esencialmente patrimoniales. <\/p>\n
De esta regla quedan exceptuados los fallos pronunciados en acciones de grupo, adem\u00e1s de aquellos casos en los que se debaten tem\u00e1ticas relativas al estado civil, y que, por lo mismo, resultan inconmensurables. Con todo, en este \u00faltimo caso debe verificarse que el conflicto verse sobre la reclamaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n del estado civil, o la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho (art\u00edculos 334 y 338 ejusdem). <\/p>\n
<\/p>\n
3. El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Acorde con el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[c]uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV)\u00bb. <\/p>\n
El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, entonces, se refiere a la estimaci\u00f3n cuantitativa de la resoluci\u00f3n desfavorable al momento de proferirse la sentencia que es objeto de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, concepto que \u00ab(…) est\u00e1 supeditado a la tasaci\u00f3n econ\u00f3mica de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (\u2026) a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe efectuarse para el d\u00eda del fallo\u00bb (AC7638-2016, 8 nov.). <\/p>\n
Ello implica que el aludido monto se determinar\u00e1 a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisi\u00f3n impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensi\u00f3n integral, y atendidas las singularidades del caso. As\u00ed lo ha sostenido, en forma invariable, la Sala: <\/p>\n
\u00ab(…) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, corresponde al monto del perjuicio que la decisi\u00f3n atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las dem\u00e1s circunstancias que conlleven a su delimitaci\u00f3n, as\u00ed como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas econ\u00f3micas de los intervinientes var\u00edan de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos\u00bb (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.). <\/p>\n
En s\u00edntesis, la actualidad de la afectaci\u00f3n, en su faceta patrimonial, constituye uno de los determinantes principales de la viabilidad del indicado medio de impugnaci\u00f3n, la cual debe apreciarse con estricta sujeci\u00f3n a la relaci\u00f3n sustancial definida en la sentencia, en tanto que \u00abs\u00f3lo la cuant\u00eda de la cuesti\u00f3n de m\u00e9rito en su realidad econ\u00f3mica en el d\u00eda de la sentencia es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado inter\u00e9s\u00bb (CSJ AC924-2016, 24 feb.). <\/p>\n
<\/p>\n
4. El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n cuando se debaten los efectos patrimoniales de la uni\u00f3n marital de hecho (no su existencia). <\/p>\n
El estado civil de quienes deciden, voluntaria y responsablemente, establecer una familia en los t\u00e9rminos descritos por el ordenamiento \u2013en especial, el canon 42 de la Carta Pol\u00edtica\u2013, ser\u00e1 el de \u00abcompa\u00f1eros permanentes\u00bb, debi\u00e9ndose anotar que si bien se exige que la convivencia more uxorio se desarrolle de manera estable en el tiempo, ello no puede confundirse con la exigencia de plazos m\u00ednimos para su conformaci\u00f3n, distinto de lo que ocurre para el nacimiento de los efectos patrimoniales de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
De ah\u00ed que, por v\u00eda de ejemplo, quienes inician convivencia con el \u00e1nimo inequ\u00edvoco de desarrollar una comunidad de vida permanente y singular, pueden desde el origen de su uni\u00f3n inscribirse como beneficiarios de su pareja ante los distintos estamentos del Sistema General de Seguridad Social en Salud1, o reclamar protecci\u00f3n ante situaciones de violencia intrafamiliar2, prevalidos de su condici\u00f3n de \u00abcompa\u00f1eros permanentes\u00bb. <\/p>\n
En el rese\u00f1ado contexto, insiste la Corte, si el debate judicial gravita sobre la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, es evidente su conexi\u00f3n con el estado civil de las personas. Por el contrario, si el punto resulta pac\u00edfico, y solo se discute el impacto de su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n en el patrimonio de los antiguos compa\u00f1eros permanentes, la discusi\u00f3n \u00fanicamente tendr\u00e1 repercusi\u00f3n en las resultas patrimoniales del v\u00ednculo. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la Sala, al refirmar que: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con la Ley 54 de 1990 surgieron a la luz del derecho las uniones maritales de hecho que son constitutivas de un estado civil para sus integrantes como compa\u00f1eros permanentes, seg\u00fan se reconoci\u00f3 desde CSJ AC 18 jun. 2008, rad. 2004-00205-01. Sin embargo, en la misma compilaci\u00f3n se prev\u00e9 que dicha relaci\u00f3n familiar puede ir acompa\u00f1ada o no de un lazo societario, seg\u00fan el cumplimiento de algunos supuestos, cuya determinaci\u00f3n puede adelantarse a la par. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que cuando se busca simult\u00e1neamente la declaratoria de existencia de \u201cuni\u00f3n marital de hecho\u201d y la de \u201csociedad patrimonial\u201d, las determinaciones del fallo en cada campo tienen una incidencia particular para los fines del recurso de casaci\u00f3n, ya que si queda completamente superada cualquier discusi\u00f3n sobre la conformaci\u00f3n de la primera en la forma perseguida, entonces la discusi\u00f3n trasciende de la esfera del \u201cestado civil\u201d para quedar encasillada en un componente netamente patrimonial, el cual debe ser cuantificado en aras de establecer el detrimento econ\u00f3mico que le ocasiona el fallo cuestionado al opugnador y si se excede el tope de rigor que habilita dicho medio de contradicci\u00f3n\u00bb (CSJ AC2840-2020). <\/p>\n
Conforme con ello, en lo que interesa al estado civil de las personas, es intrascendente que se reconozcan efectos patrimoniales a la uni\u00f3n marital de hecho; cualquier discusi\u00f3n sobre dichos efectos, por tanto, no tendr\u00e1 relaci\u00f3n con el estado civil, sino con la determinaci\u00f3n de los bienes y deudas que conforman la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n. En ese escenario, la cuesti\u00f3n resulta eminentemente econ\u00f3mica, quedando por tanto sujeta a las reglas del inter\u00e9s que prev\u00e9 el ordenamiento procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente debe resaltarse que el quejoso no censur\u00f3 la principal conclusi\u00f3n de tribunal, seg\u00fan la cual el agravio por aqu\u00e9l sufrido a causa de la prosperidad de las pretensiones no satisface la cota m\u00ednima que contempla el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, aquiescencia que resulta entendible en tanto que ninguno de los elementos de juicio que reposan en la foliatura permite establecer, con meridana claridad, que el valor de los bienes que integrar\u00edan el patrimonio com\u00fan de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros excede el monto de 1000 SMLMV. <\/p>\n
El se\u00f1or Casta\u00f1eda Correa se limit\u00f3 a insistir en que, por tratarse de una controversia atinente al estado civil, la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n no era un asunto que debiera determinarse, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 388 del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, ese planteamiento no es procedente, puesto que el debate que sostuvieron los litigantes en el decurso del juicio no gir\u00f3 propiamente en torno a la existencia de la pretendida uni\u00f3n marital de hecho, sino \u00fanicamente a la \u00e9poca en que finaliz\u00f3 ese v\u00ednculo. <\/p>\n
De hecho, el quejoso no interpuso ning\u00fan recurso contra el fallo de primera instancia, que precis\u00f3 su estado civil, pero neg\u00f3 los efectos patrimoniales de la uni\u00f3n marital de hecho, so pretexto de una prescripci\u00f3n extintiva que no se hab\u00eda alegado. Ello demuestra que la inconformidad actual del accionado no radica en el reconocimiento de su condici\u00f3n de \u00abcompa\u00f1ero permanente\u00bb de la convocante \u2013pues, se insiste, esa tem\u00e1tica no fue discutida por \u00e9l mediante la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u2013, sino en las secuelas econ\u00f3micas de lo decidido por el tribunal. <\/p>\n
Y como esa discrepancia es de raigambre netamente pecuniaria, no era viable que el se\u00f1or Casta\u00f1eda Correa obviara la valoraci\u00f3n de su agravio actual, pretextando \u2013en forma contraevidente\u2013 que su censura extraordinaria versaba solo sobre la alteraci\u00f3n de su estado civil. <\/p>\n
<\/p>\n
La impugnaci\u00f3n extraordinaria fue bien denegada, pues no se prob\u00f3 que el desmedro generado al demandado con la decisi\u00f3n relativa a los efectos patrimoniales de su uni\u00f3n marital alcance los m\u00ednimos previstos por el legislador como inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, no siendo de recibo los alegatos presentados por el demandado para prescindir de tal requerimiento cuantitativo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado frente a la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas por no aparecer justificadas (art\u00edculo 365-8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
TERCERO. DEVU\u00c9LVASE la actuaci\u00f3n al tribunal de origen, para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 En sentencia C-521 de 2007, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3: \u00abLa diferencia de trato entre el c\u00f3nyuge del afiliado y el compa\u00f1ero (a) permanente del afiliado a quien se impone la obligaci\u00f3n de convivir durante un per\u00edodo m\u00ednimo de dos a\u00f1os para acceder a las mismas prestaciones, no est\u00e1 justificada bajo par\u00e1metros objetivos y razonables, por cuanto se impone a \u00e9ste \u00faltimo la carga de permanecer durante dos a\u00f1os sin los beneficios propios del Plan Obligatorio de Salud (…). Mientras el art\u00edculo 2\u00ba. de la ley 54 de 1990 regula el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de las uniones maritales de hecho, el art\u00edculo 163 de la ley 100 de 1993 se aplica a la cobertura familiar en el Plan Obligatorio de Salud; es decir, una y otra disposici\u00f3n son ontol\u00f3gicamente diferentes, la primera aplicable a las consecuencias econ\u00f3micas derivadas de la uni\u00f3n marital de hecho, al paso que la segunda est\u00e1 relacionada con la protecci\u00f3n integral de la familia en cuanto a la prestaci\u00f3n del servicio de seguridad social en salud se refiere, materia \u00e9sta que vincula la protecci\u00f3n eficaz de los derechos fundamentales a la vida en condiciones en dignas y a no ser discriminado en raz\u00f3n del origen familiar. Por esta raz\u00f3n, desde una perspectiva constitucional el t\u00e9rmino de dos previsto en el art\u00edculo 2\u00ba. de la ley 54 de 1990 y el de dos a\u00f1os establecido en el art\u00edculo 163 de la ley 100 de 1993, no pueden ser considerados como similares ni mucho menos homologables, pues uno y otro atienden a un origen y a unos prop\u00f3sitos sustancialmente distintos\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Por v\u00eda de ejemplo, en CSJ SCP, 28 mar. 2012, rad. 33772, tras analizar los alegatos de quien fue condenado por el delito tipificado en el canon 229 de la Ley 599 de 2000, la Sala de Casaci\u00f3n Penal sostuvo lo siguiente: \u00abEn el asunto analizado, de manera contraria a como lo reclama el recurrente, entre la v\u00edctima y el procesado, para el momento en que se presentaron los hechos debatidos, estaba constituida una uni\u00f3n marital de hecho en raz\u00f3n de la convivencia que sosten\u00edan, indistintamente de que esa cohabitaci\u00f3n llevara menos de dos a\u00f1os, como igualmente lo puntualiz\u00f3 el juzgador de segundo grado con base en las pruebas practicadas en la actuaci\u00f3n (…)\u00bb. <\/p>\n
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