AC1771-2023 (2023-02240-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1771-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02240-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Doce Civil del Municipal de Manizales (Caldas) y Cincuenta y Siete de la misma especialidad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2.- En el libelo, la entidad gestora indic\u00f3 que fijaba la competencia en los jueces de esta municipalidad para conocer el proceso por \u00absu naturaleza, por la ubicaci\u00f3n de la garant\u00eda\u00bb [Folio 4, archivo digital: 006. 01Demanda.pdf]. <\/p>\n
3.- El 24 de febrero de 2023, el estrado Doce Civil Municipal de Manizales, rechaz\u00f3 el pleito aduciendo, su falta de competencia territorial, en suma, porque se verific\u00f3 que la entidad no cuenta con sucursal en Manizales \u00absituaci\u00f3n que impone la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral 10 del art\u00edculo28 del C.G.P.\u00bb y con respaldo en precedente de esta Sala -AC3862-2022- estableci\u00f3 que \u00abComo el domicilio principal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO es en la ciudad de Bogot\u00e1. En otras palabras, Manizales \u00fanicamente est\u00e1 vinculado al lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble objeto de la garant\u00eda real, el domicilio del demandado, y suscripci\u00f3n de la escritura de hipoteca, mismos que en el caso concreto no tienen incidente en la determinaci\u00f3n de la competencia territorial\u00bb, disponiendo, consecuentemente, la remisi\u00f3n a sus hom\u00f3logos de la Capital de la Rep\u00fablica. [Archivo digital: 002.03 AutoRechazaCompetenciaFondo]. <\/p>\n
4.- Al recibir las diligencias, el Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal capitalino, el 23 de mayo del a\u00f1o en curso, abdic\u00f3 igualmente el conocimiento del asunto argumentando, que \u00abla competencia para esta clase de procesos (ejecutivos para la efectividad de la garant\u00eda real) se encuentra determinada por los numerales 1, 5 y 7 del art\u00edculo 28 del C.G. del P.\u00bb, y, tras evocar lo discurrido por esta Sala en el prove\u00eddo AC1063-2023 apunto, que \u00abpor aplicaci\u00f3n del numeral 5 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con el art\u00edculo 10 de la norma en comento, en los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente a prevenci\u00f3n el juez de su domicilio principal o el del lugar donde tenga agencia o sucursal\u00bb y, como quiera que, \u00abpara este preciso asunto es un hecho notorio que en la ciudad de Manizales s\u00ed existe una sucursal del Fondo Nacional del Ahorro, lo que es de f\u00e1cil verificaci\u00f3n en el sitio Web de esa entidad, por tanto, estando el inmueble objeto de la garant\u00eda y el domicilio del demandado en esa municipalidad es esa sede judicial la competente para tr\u00e1mite\u00bb. [Archivo digital 007.2023.237 AutoConflictoDeCompetencia]. <\/p>\n
5.- Con sustento en lo anterior, suscit\u00f3 conflicto negativo de competencia y dispuso la remisi\u00f3n del paginario a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir la presente colisi\u00f3n, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que, en el presente caso, por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica concurren, entre otros1, dos fueros especiales de los cuales se predica exclusividad: el real y el personal, a que se contraen los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del estatuto procesal, los cuales resultan determinantes para la definici\u00f3n del conflicto aqu\u00ed examinado. <\/p>\n
2.1. Conforme al primero, \u00aben los procesos en que se ejerciten derechos reales [\u2026] ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Y de acuerdo con el segundo, \u00aben los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
2.2. Del contenido de las disposiciones en cita es claro que los foros mencionados tienen como caracter\u00edstica com\u00fan el car\u00e1cter privativo que les asign\u00f3 el legislador, lo que lleva inmerso su inalterabilidad por las partes o los juzgadores, circunstancia que, ante la diversidad de circunstancias que, en no pocas ocasiones, se presentan cuando estos concurren motiv\u00f3 la definici\u00f3n de criterios que permitieran fijar al juez natural encargado de dirimir la lid sometida a conocimiento de la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En ese labor\u00edo, al interior de la Sala se alzaron dos posiciones que propend\u00edan una por facilitar al titular del dominio del predio gravado o llamado a soportar la acci\u00f3n o imposici\u00f3n de grav\u00e1menes -servidumbres o expropiaci\u00f3n, etc.- el acceso r\u00e1pido y efectivo ejercicio del derecho de defensa, as\u00ed como la proximidad del operador judicial para la realizaci\u00f3n de los actos propios del asunto que requirieran su acercamiento a la heredad y materializar los principios de eficacia y econom\u00eda procesal e, incluso, la posibilidad de que el beneficiario legal del foro pudiera renunciar a este, (CSJ AC1172-2018, CSJ AC3744-2018, CSJ AC4875-2018, CSJ AC5051-2018, CSJ AC162-2019, CSJ AC277-2019, CSJ AC616-2019, CSJ AC1020-2019 y CSJ AC1028-2021, entre otras). <\/p>\n
Mientras que, la segunda, dictamin\u00f3 que el funcionario habilitado es el \u00abdel domicilio\u00bb de la entidad p\u00fablica, territorial o descentralizada por servicios que sea \u00abparte\u00bb en el juicio, resguardada en la prevalencia que el canon 29 del nuevo estatuto de procedimiento civil otorga, \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (CSJ AC4272-2018, CSJ AC4522-2018, CSJ AC4898-2018, CSJ AC117-2019, CSJ AC321-2019, CSJ AC1167-2019, CSJ AC2313-2019, CSJ AC3108-2019 y CSJ AC1772-2021, entre otras). <\/p>\n
2.3. Ante este panorama esta Colegiatura procur\u00f3 zanjar aquellas diferencias con el pronunciamiento AC140-2020, en el que se opt\u00f3 por respaldar la \u00faltima de las tesis acabadas de mencionar, apoyada \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
Dicha ex\u00e9gesis no fue caprichosa, sino que tuvo como prop\u00f3sito esencial, el de \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Justamente por ello, predic\u00f3 el interlocutorio que, <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Acorde con esto, ha reiterado esta Colegiatura que \u00aben los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio\u00bb (se resalta) (CSJ AC2462-2021, 23 jun., criterio reiterado en AC2384-2022, 10 jun.). <\/p>\n
3. Entonces, aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada -como es el caso de las empresas industriales y comerciales del Estado2- se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras, como ser\u00eda la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se halla la cosa sobre la cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador no competente, ni por la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de adelantar el juicio o ser enjuiciado en sede distinta al lugar donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb3. <\/p>\n
Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio4, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerlas o socavarlas (CSJ AC4273-2018, reiterada recientemente en CSJ AC140-2020, CSJ AC800-2021, CSJ AC795-2021 y CSJ AC792-2021). <\/p>\n
5.- Ahora bien, esta Corte, al examinar casos en que est\u00e1 involucrada la concurrencia de los foros examinados, ha sostenido que es pasible acudir a las restantes reglas de atribuci\u00f3n de competencia, ya que si bien los fueros en general pueden concurrir o excluirse, el hecho de que alguno de estos sea exclusivo, no significa que no pueda haber varios despachos judiciales competentes, permitiendo que se pueda elegir entre cualquiera de esos, lo cual ocurre cuando un determinado factor de competencia ofrezca varias posibilidades, evento en el que la selecci\u00f3n quedar\u00e1 a discreci\u00f3n del actor, cuya definici\u00f3n deber\u00e1 quedar contenida en la demanda. <\/p>\n
Tal ocurre en los litigios en los que se enfrentan entidades beneficiadas con el fuero privativo, dado que la norma s\u00f3lo exige que sea \u201cparte\u201d, evento en el cual podr\u00e1 el demandante radicar su demanda a discreci\u00f3n en su domicilio o privilegiar el del extremo llamado a juicio, aplicando arm\u00f3nicamente la pauta contenida en el numeral primero, que como regla general de competencia indica que en los procesos contenciosos \u201csalvo disposici\u00f3n en contrario\u201d el competente es el del domicilio del demandado y en este supuesto no habr\u00eda contrariedad, puesto que se mantiene la prelaci\u00f3n de la competencia determinada \u00aben consideraci\u00f3n de las partes\u00bb (art. 29 C.G.P.). <\/p>\n
Otra pauta que igualmente se ha considerado aplicable, sin contrariar esa prevalencia del fuero, es la prevista en el numeral 5 del canon 28 \u00eddem, que permite adelantar el litigio ante la autoridad judicial del asiento principal de la entidad estatal o en su sucursal o agencia de existir esta, (AC3788-2019, reiterada en AC2649-2021 y AC010-2022), selecci\u00f3n que lejos de resentir el fuero privativo, le otorga una aplicaci\u00f3n concreta, toda vez que el legislador no lo circunscribi\u00f3 al domicilio principal del \u00f3rgano beneficiario. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que a voces del art\u00edculo 263 del C\u00f3digo de Comercio: <\/p>\n
\u00abSon sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad. <\/p>\n
Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, deber\u00e1 otorg\u00e1rseles un poder por escritura p\u00fablica o documento legalmente reconocido, que se inscribir\u00e1 en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumir\u00e1 que tendr\u00e1n las mismas atribuciones de los administradores de la principal\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el concepto de \u00abagencias\u00bb est\u00e1 definido en la regla 264 idem, como los \u00abestablecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla\u00bb. <\/p>\n
6.- Sin embargo, en el sub examine se tiene que sin desconocer que la acci\u00f3n promovida pretende la satisfacci\u00f3n de la acreencia contenida en el pagar\u00e9 N\u00b0 75146726 otorgado en Manizales (t\u00edtulo valor) [fl. 68 Archivo digital 006.0Demanda], respaldada con hipoteca (derecho real) constituida sobre un inmueble ubicado en esa misma ciudad [fl. 76 Archivo digital 006.0Demanda], instrumentos en los que se acord\u00f3 como lugar de cumplimiento la misma urbe, el ejecutante es el Fondo Nacional del Ahorro, cuya naturaleza es la de una Empresa Industrial y Comercial del Estado de car\u00e1cter financiero del Orden Nacional, seg\u00fan lo estatuido en la Ley 432 de 1998 (art\u00edculo 1\u00ba), de modo que la competencia para conocer del compulsivo radica, en principio, en el juez de su lugar de domicilio, valga decir, en Bogot\u00e1 (Ib\u00eddem). <\/p>\n
Y es que si bien Manizales, est\u00e1 directamente vinculada con el pleito, porque all\u00ed se sit\u00faa el bien cuya garant\u00eda se pretende efectivizar y conforme se acord\u00f3 en la escritura de hipoteca y el pagar\u00e9, a lo que se suma que la entidad acreedora cuenta all\u00ed con un \u00abpunto de atenci\u00f3n\u00bb, lo cierto es que la alternativa de asignar la competencia del juicio ejecutivo para obtener su pago, en dicha localidad trasgredir\u00eda las pautas privativas se\u00f1aladas en beneficio de la entidad ejecutante. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, en tanto, en la regla quinta del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso el legislador fij\u00f3 literalmente el extremo litigioso que torna aplicable tal directriz al decir que ello opera en \u201clos procesos contra una persona jur\u00eddica\u201d y \u00e9sta tiene sucursales o agencias, y esta expresi\u00f3n \u201ccontra\u201d, en su sentido natural y obvio refiere a cuando es demandada, no cuando se trata de la convocante, de suerte que en estos asuntos donde el Fondo Nacional de Ahorro funge como ejecutante, no es aplicable ese mandato, amen que conforme las previsiones del art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil \u00abCuando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u00bb, adem\u00e1s, el art\u00edculo 28 de la misma obra consagra que \u00ab[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u00bb. <\/p>\n
Siendo, as\u00ed las cosas, es inobjetable que, dada la naturaleza jur\u00eddica de la entidad demandante, el hecho de ser esta demandante y dirigir la acci\u00f3n contra un particular, resulta de rigor que, dada la prevalencia del factor fijado en virtud de la calidad de las partes, el adelantamiento de la ejecuci\u00f3n de marras debe surtirse ante el juez de la vecindad principal del ente p\u00fablico, esto es, la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
7.- S\u00edguese entonces que, al tenor de las previsiones legales examinadas el Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de esta capital, es la autoridad competente para impulsar el presente proceso coercitivo, por lo que se le remitir\u00e1 el expediente para que adelante su tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogot\u00e1 es el competente para conocer la acci\u00f3n ejecutiva descrita en el encabezamiento. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que asuma el conocimiento del juicio. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Doce Civil Municipal de Manizales y a la promotora del compulsivo. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
2\u0002 Conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 68 de la ley 489 de 1998 <\/p>\n
3\u0002 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
4\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
<\/p>\n
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