AC1798-2023 (2020-00033-01)<\/p>\n
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AC1798-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73449-31-03-002-2020-00033-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide lo pertinente respecto a la admisibilidad del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Augusto German Qui\u00f1onez Grillo, Jorge Enrique Merch\u00e1n Zuluaga, Jeaneth Lozada de Merch\u00e1n, Mercedes Mendoza Maldonado y Uriel Andrio Morales Lozano contra la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 8 de julio de 2022, en el proceso de impugnaci\u00f3n de acta de asamblea que promovieron los recurrentes contra el \u00abCondominio Hacienda Sumapaz Etapa I y II la Guaduala\u00bb. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. El petitum. Se pretendi\u00f3 declarar la nulidad: i) del \u00abpresupuesto de ingresos y gastos aprobado en la asamblea general ordinaria no presencial celebrada el 26 d\u00e9 marzo d\u00e9 2020\u2026\u00bb. ii) de la cuota extraordinaria de \u00ab$189.200.000, por haber sido incluida en el orden del d\u00eda de la asamblea no presencial y no haberse aprobado por mayor\u00eda calificada al exceder su cuant\u00eda cuatro (4) veces el valor de las expensas necesaria mensuales, durante la vigencia presupuestal, 2020-2021\u00bb. Y iii) de la decisi\u00f3n \u00abno incluida en el orden del d\u00eda que aprueba la reforma al reglamento de propiedad horizontal, en abierta violaci\u00f3n de los art\u00edculos 31 y 46 de la Ley 675 d\u00e9 2001\u00bb. <\/p>\n
1.2. Los fallos de instancia. El Juzgado 2\u00b0 Civil de Circuito de Melgar -con sentencia del 2 de julio de 2021- declar\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el demandado y accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. Tal decisi\u00f3n fue revocada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 con la providencia recurrida extraordinariamente. <\/p>\n
1.3. Concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. El ad-quem -con auto del 8 de febrero de 2023- determin\u00f3, en concreto, que las pretensiones \u00abno tienen cariz econ\u00f3mico, sino que entra\u00f1an un problema de legalidad o de avenencia de las determinaciones con las reglas particulares que rigen al ente societario. Corolario de lo expuesto, dada la naturaleza del asunto y a tono con lo expuesto en precedencia, en este caso no es menester acreditar por la parte interesada una afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial derivada de la resoluci\u00f3n adversa que supere los 1000 SMLMV\u2026\u00bb. Al respecto, puntualiz\u00f3 que \u00abesa exigencia termina siendo ajena a esta causa por no encajar en el presupuesto inicial previsto en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, debido a que se rige por la regla general del art\u00edculo 334 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El C\u00f3digo General del Proceso establece varios presupuestos que se deben atender al momento de conceder el remedio extraordinario de casaci\u00f3n. Bajo tales directrices, el Tribunal debe observar que: la sentencia sea de aquellas impugnables en casaci\u00f3n. Que el recurrente lo haya interpuesto oportunamente. Y que la parte est\u00e9 legitimada para proponerlo. <\/p>\n
2. En punto al inter\u00e9s para recurrir, el art\u00edculo 338 ib\u00eddem prescribe que, si las expectativas del litigante vencido son esencialmente econ\u00f3micas, el ataque proceder\u00e1 siempre que \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb exceda de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. Sobre este postulado, el art\u00edculo 339 ejusdem instruye que su cuant\u00eda \u00abdeber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. (\u2026) y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb. Disposici\u00f3n que consagra la tarea para el funcionario de determinarlo, sin perjuicio de que el actor anexe dictamen pericial si lo considera conveniente. <\/p>\n
De esta manera, no sobra precisar que el escrutinio para optar por la concesi\u00f3n del recurso impone un an\u00e1lisis escrupuloso. Esto es, que cuente con bases susceptibles de verificaci\u00f3n, especialmente en lo que concierne con el inter\u00e9s econ\u00f3mico del litigante. Ahora bien, es importante destacar que esta Corte ha desarrollado jurisprudencialmente los criterios bajo los cuales se debe acometer la estimaci\u00f3n del justiprecio del inter\u00e9s para recurrir, en desarrollo del mentado art\u00edculo 339. <\/p>\n
El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n se determina a partir del perjuicio que la decisi\u00f3n que se impugna ha ocasionado al recurrente. Es al funcionario judicial a quien le compete realizar un estudio ponderado de su valor, para lo cual debe atender las particularidades de cada caso. En ese orden de ideas, deber\u00e1 tener en cuenta \u00abla calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las dem\u00e1s circunstancias que conlleven a su delimitaci\u00f3n, as\u00ed como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas econ\u00f3micas de los intervinientes var\u00edan de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos\u00bb1. <\/p>\n
3. Como novedad, el inciso final del art\u00edculo 342 ejusdem prescribe que \u00ab[l]a cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificaci\u00f3n por la Corte\u00bb, estableciendo as\u00ed una restricci\u00f3n a la actividad del m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n civil. Sin embargo, esta regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporaci\u00f3n admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia del quantum de la afectaci\u00f3n a los intereses patrimoniales del actor, pues tal hermen\u00e9utica vaciar\u00eda de contenido y finalidad el acto de admisi\u00f3n. Para evitar tal yerro es necesario acudir al principio de conservaci\u00f3n o efecto \u00fatil, seg\u00fan el cual debe privilegiarse la interpretaci\u00f3n que permita darle val\u00eda a la norma, por encima de la que le resta -art\u00edculos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal-, para concluir que ciertamente la Corte, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 fijar o definir el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable para el actor, ya que ello qued\u00f3 exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situaci\u00f3n que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podr\u00e1 solicitarles que examinen su propia decisi\u00f3n, con la indicaci\u00f3n de las razones que soportan el pedimento (cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. 2011-00248-01; AC5405, 23 ag. 2016, rad. 2008-00324-01; AC6105, 13 sep. 2016, rad. 2006-00397-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. 2012-00116-01. Reiterada en AC1127-2023). <\/p>\n
4. En este orden y aplicadas las precedentes nociones al caso en concreto, se observa que el Tribunal al conceder el recurso de casaci\u00f3n se limit\u00f3 a se\u00f1alar que, en la demanda \u00absolo se propugn\u00f3 por la declaratoria de nulidad de unas decisiones de la Asamblea General del Condominio Hacienda Sumapaz Etapa I y II La Guaduala, para mantener el estado anterior de cosas, lo que comporta en \u00faltimas, una controversia sobre la conformidad de esos actos\u2026, sin ninguna petici\u00f3n consecuencial resarcitoria expresa, ni deducible del estudio de su causa petendi, ello, a pesar de anunciarse en la segunda pretensi\u00f3n la proporci\u00f3n que representa la cuota extraordinaria que se busca nulitar\u00bb olvidando que, precisamente, esa pretensi\u00f3n segunda conllevaba al estudio para calcular la afectaci\u00f3n real que el fallo causaba a los recurrentes. <\/p>\n
Por lo tanto, la prosperidad de la nulidad de la cuota extraordinaria fijada en $189.200.000, sin m\u00e1s y con independencia de la vocaci\u00f3n de prosperidad de esa s\u00faplica -lo que no es materia de debate en esta oportunidad-, implicar\u00eda que los recurrentes dejar\u00edan de cancelar esa suma de dinero. De esto brota innegablemente que la pretensi\u00f3n tiene un contenido pecuniario, lo que es diametralmente distinto a que vengan aparejadas con una reclamaci\u00f3n indemnizatoria de posibles perjuicios -como lo anot\u00f3 el Tribunal-. Por supuesto que, en la eventualidad de nulitar esa cuota extraordinaria, los demandantes dejar\u00edan de cancelar esa suma fijada y su patrimonio no se ver\u00eda afectado. De ah\u00ed que surge palmario que la acci\u00f3n ejercida as\u00ed no comprenda una aspiraci\u00f3n resarcitoria tiene trasfondo econ\u00f3mico, porque la causa para pedir y la consecuencia para los accionantes en \u00faltimas es nulitar, adem\u00e1s del presupuesto de ingresos y gastos aprobados en la asamblea general, la cuota extraordinaria fijada en $189.200.000, -it\u00e9rase- con independencia de la vocaci\u00f3n de prosperidad de esa s\u00faplica. <\/p>\n
5. Ahora, si bien esta Corporaci\u00f3n en AC390 de 12 feb. 2019 (rad. 2018-03179-00) sostuvo que en determinados eventos la pretensi\u00f3n, como la impugnaci\u00f3n de actas, refiere a la legalidad de estas, lo cierto es que esa misma providencia tambi\u00e9n dej\u00f3 sentado que, en orden a determinar si los pedimentos de ese tipo tienen viso cremat\u00edstico, no solo debe verificarse el objeto de estos, sino deducir tal aspecto a partir del estudio de su causa petendi. Lo anterior permite reiterar que de forma espec\u00edfica para cada caso ser\u00e1 menester evaluar si la aspiraci\u00f3n de la parte actora comporta una de tipo esencialmente econ\u00f3mico, con base en los hechos que la sostienen y sus consecuencias. <\/p>\n
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II. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, al conceder el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en el proceso de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen para que agote la actuaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr. <\/p>\n
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