ATC594-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC594-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2023-00057-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 3 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Plutarco Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, la Corte advierte que se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en estos asuntos por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 (que contiene el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
2. Ciertamente, de la revisi\u00f3n a las pertinentes piezas procesales, se establece que, en la apertura de esta acci\u00f3n, realizada mediante auto del 18 de abril de 2023, la colegiatura de primer grado omiti\u00f3 notificar de este tr\u00e1mite a los alimentarios Hugo Danilo, Pedro Fernando y Andrea del Pilar Gonz\u00e1lez Am\u00e9zquita, quienes actualmente cuentan con 36, 34 y 33 a\u00f1os de edad, respectivamente, integran la parte actora en el ejecutivo de alimentos criticado (rad. 2005-00269), y, por tanto, debieron ser convocados para que ejercieran su derecho de defensa y contradicci\u00f3n frente a la salvaguarda interpuesta por su progenitor, pues en esta se involucran sus intereses en tanto se censura la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito objeto del cobro judicial. <\/p>\n
Ello, porque si bien en la referida admisi\u00f3n se dispuso vincular \u00aba las partes e intervinientes\u00bb, la secretar\u00eda del tribunal se limit\u00f3 a dirigir una misiva a la direcci\u00f3n f\u00edsica de la madre de los mencionados, en la que luego de su nombre \u00abDoris Alicia Am\u00e9zquita\u00bb, enunci\u00f3 las siglas \u00abH.D., P.F., A.P.G.A.\u00bb, sin que ello pueda entenderse como debida notificaci\u00f3n, como tampoco lo es el hecho de que se hubiera librado otra comunicaci\u00f3n al correo electr\u00f3nico de quien en ese pleito funge como apoderado judicial de Hugo Danilo y Andrea del Pilar. <\/p>\n
N\u00f3tese que en el documento presentado -ante notario- el 9 de abril de 2019, Pedro Fernando Gonz\u00e1lez Am\u00e9zquita pidi\u00f3 \u00abaudiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial\u00bb para que \u00abse exonere\u00bb a su padre \u00abdel pago de la cuota alimentaria\u00bb, manifestando que \u00abestoy radicado [en] Monter\u00eda (\u2026) y me encuentro vinculado como patrullero de la Polic\u00eda Nacional\u00bb. A su turno, en escrito dirigido al juzgado accionado y con nota de comparecencia \u00abel 24 de abril de 2019, en la Notar\u00eda Tres (3) del C\u00edrculo de Tunja\u00bb, Hugo Danilo Gonz\u00e1lez Am\u00e9zquita, expres\u00f3 \u00abque exonero a mi se\u00f1or padre del pago de la cuota alimentaria que, mediante sentencia del Juzgado Primero de Familia de Tunja, de fecha 31 de marzo del 2004 se le impusiera\u00bb. <\/p>\n
3. En materia de notificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 dispone: \u00ab[l]as providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb, mientras el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992 establece: \u00ab[d]e conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, y seguidamente a\u00f1ade que \u00ab[e]l juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, consagra que el fallo proferido en el resguardo, \u00abse notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la necesidad de notificar la iniciaci\u00f3n del auxilio a todos los directamente interesados en sus resultas, la Corte Constitucional ha destacado que dicho acto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) constituye un elemento estructural del derecho fundamental al debido proceso, en cuanto que, por su intermedio, m\u00e1s que pretender formalizar la comunicaci\u00f3n del inicio, desarrollo o agotamiento de una determinada actuaci\u00f3n procesal, lo que busca es asegurar la legalidad de las determinaciones que se adopten al interior de la misma, permitiendo que los distintos sujetos procesales puedan ejercer los derechos de defensa, contradicci\u00f3n e impugnaci\u00f3n, utilizando oportunamente los instrumentos o mecanismos de defensa que se hayan previsto para la protecci\u00f3n de sus intereses. <\/p>\n
(\u2026) Conforme con ello, ha puntualizado este Tribunal que recae en las autoridades judiciales o administrativas, la obligaci\u00f3n de notificar o comunicar sus decisiones no solo a las partes, sino tambi\u00e9n a los terceros que tengan un inter\u00e9s jur\u00eddico en ellas, pues unos y otros son titulares del derecho al debido proceso y, por tanto, a todos se les debe brindar la oportunidad de expresar sus opiniones, de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra, y de recurrir, a trav\u00e9s de los recursos previamente instituidos, las decisiones adoptas que le sean contrarias. <\/p>\n
(\u2026) Trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela, la Corte ha dejado sentado que la garant\u00eda constitucional de la publicidad del proceso, materializada en el acto de notificaci\u00f3n de las decisiones judiciales, tanto a las partes como a los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, mantiene plena vigencia, e incluso adquiere mayor relevancia, debido a que en ella se debate la protecci\u00f3n constitucional derivada de la amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales\u00bb (CC A-364\/10). <\/p>\n
Ahora de la consecuencia jur\u00eddica por omitir esa gesti\u00f3n, se ha sostenido que: \u00abla falta de notificaci\u00f3n a la parte demandada y la falta de citaci\u00f3n de los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el proceso de tutela, genera una nulidad saneable de toda la actuaci\u00f3n surtida, en aras de lograr con ello el respeto y la garant\u00eda de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa judicial, al igual que la plena vigencia del principio de publicidad de las actuaciones de las autoridades del Estado\u00bb (CC A-054\/06). Se subraya. <\/p>\n
En similar sentido, de manera constante y reiterada, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abEl incumplimiento del deber de citaci\u00f3n a la tutela de los \u201cterceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo genera un vicio constitutivo de nulidad. As\u00ed, en m\u00faltiples providencias, la Sala ha indicado que \u201c\u2026se incurri\u00f3 en causal de nulidad\u2026 toda vez que a\u2026, quien puede resultar afectada con la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se adopte no se vincul\u00f3 al tr\u00e1mite\u2026 el Juez de tutela debe garantizar a los terceros determinados o determinables, con inter\u00e9s leg\u00edtimo en un juicio su derecho de defensa\u2026\u201d (auto de 12 de agosto de 2011, exp. 00401-01, reiterado el 21 de noviembre del mismo a\u00f1o, exp. 01473-01 y el 5 de julio de 2012, exp. 00036-01)\u00bb (CSJ STC, 16 may. 2013, exp. 01030-00, citada en ATC418-2023, 21 abr., rad. 00127-01, entre otros). <\/p>\n
4. En este orden, atendiendo las disposiciones legales y los precedentes jurisprudenciales referidos en precedencia, con observancia en los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo general, que tratan sobre los efectos de la nulidad declarada y la renovaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, ser\u00e1 menester invalidar exclusivamente la sentencia de primera instancia, en tanto es el \u00fanico acto procesal que puede calificarse como \u00abposterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este\u00bb, lo cual supone la conservaci\u00f3n de la eficacia de los sucesos procesales previos y de las pruebas en los t\u00e9rminos de ley. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja el 3 de mayo de 2023, dentro de la salvaguarda de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar que por Secretar\u00eda se devuelva el expediente a la colegiatura de origen para que, conforme a lo dicho en la parte motiva de este prove\u00eddo, realice la correspondiente vinculaci\u00f3n y renueve lo actuado. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC594-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC594-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2023-00057-01 Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). 1. Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-73826","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73826","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73826"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73826\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73826"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73826"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73826"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}