ATC597-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC597-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 18001-22-14-000-2023-00020-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia el pasado 26 de abril, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marienela Cabrera Mosquera contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Caquet\u00e1, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Neiva y la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales y del Circuito de Florencia, se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en calidad de Juez Penal para Adolescentes del Circuito de Florencia y \u00abcomo agente oficioso de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes usuarios del Juzgado\u00bb, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de estos \u00faltimos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Relat\u00f3, en s\u00edntesis, que, por efecto de las vacaciones otorgadas por la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales al asistente social que presta sus servicios al despacho que dirige, no cuenta con personal id\u00f3neo para verificar el cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes declarados penalmente responsables y atender las dem\u00e1s funciones establecidas en el Acuerdo PCSJA17-10684 de 2017, por lo que mediante auto del pasado 11 de abril \u00absuspendi\u00f3 los seguimientos\u2026 programado[s] para el mes de abril del a\u00f1o 2023, a diecis\u00e9is\u2026 ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes que se encuentran en fase de ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que solicit\u00f3 a la aludida funcionaria que \u00abrealizara las gestiones administrativas necesarias\u00bb tendientes a suplir la vacancia temporal del aludido cargo, la cual le inform\u00f3 que la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Neiva, a trav\u00e9s del oficio DESAJNE023-713 no accedi\u00f3 a expedir certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar un reemplazo, situaci\u00f3n que, a su juicio, lesiona las garant\u00edas fundamentales de los usuarios del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y trastoca el cumplimiento de las funciones de la c\u00e9lula judicial de la cual es titular. <\/p>\n
Pidi\u00f3 ordenar a las accionadas, que se expida el certificado de disponibilidad presupuestal para suplir la vacancia transitoria del cargo de asistente social y se designe a un profesional id\u00f3neo que cumpla las funciones que corresponden a dicho empleo. <\/p>\n
2. El tribunal a quo no accedi\u00f3 al amparo por considerar que la funcionaria gestora carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa para promoverlo habida cuenta \u00abse interp[uso] a favor de adolescentes indeterminados y no se plantea[ron] situaciones concretas que d[ieran] cuenta de la inminente vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de un adolescente en particular, ante la ausencia por vacaciones del\u2026 asistente social que presta apoyo al Juzgado que regenta\u00bb. <\/p>\n
Estim\u00f3 que el asunto planteado no pas\u00f3 de ser netamente \u00abadministrativo, que no se contrae con la afectaci\u00f3n inminente de derechos de alguno de los adolescentes usuarios del sistema\u00bb correspondi\u00e9ndole a la juez, como directora del proceso, \u00abadoptar las medidas correspondientes, a trav\u00e9s de las facultades que le concede el ordenamiento legal, para garantizarle a los adolescentes sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. La tutelante impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n por cuanto, a su juicio, s\u00ed se encontraba legitimada para formular el resguardo, dado que agenci\u00f3 derechos fundamentales de menores de edad, los cuales son de car\u00e1cter prevalente por virtud del art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; por dem\u00e1s, insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales en torno a las dificultades para cumplir las funciones de ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, por la ausencia del profesional id\u00f3neo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia para este tipo de acciones lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, dicha disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015), predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso <\/p>\n
Bajo tal perspectiva, para la definici\u00f3n del funcionario competente se hace necesario efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las reglas de reparto contenidas en los numerales 6 y 8 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, seg\u00fan la modificaci\u00f3n introducida por el canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
En principio, si se realizara un an\u00e1lisis aislado de las pautas indicadas en las precitadas disposiciones podr\u00eda decirse que, inicialmente, ser\u00eda el tribunal a quo el llamado a conocer del asunto por cuanto el amparo se dirigi\u00f3, entre otras entidades, contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Caquet\u00e1 pues, de conformidad con el numeral 6 arriba mencionado, \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. <\/p>\n
No obstante, debe advertirse que el segundo inciso del numeral 8 del mencionado precepto dispone que \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, de manera que se torna imperativo integrar el primer canon con el que se acaba de referir, para, de esta manera, concluir que, como se trata de una funcionaria judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en su especialidad penal para adolescentes, debe ser el Tribunal Administrativo del Caquet\u00e1 la corporaci\u00f3n que dirima el auxilio1. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Florencia para conocer en primer grado esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar la nulidad de todo lo actuado, ordenando el env\u00edo del diligenciamiento al despacho de la magistrada Ang\u00e9lica Mar\u00eda Hern\u00e1ndez Guti\u00e9rrez del Tribunal Administrativo del Caquet\u00e1, a quien le fue asignada inicialmente la actuaci\u00f3n, para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal para que la funcionaria indicada en precedencia determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. decretar la medida cautelar solicitada, realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [H]ace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC1934-2021, 15 dic., rad. 00363-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19923\u00bb (CSJ ATC185-2021, 17 feb. 2021, rad. 000148-01, citado en ATC1699-2021, 11 nov. 2021, rad. 00698-01, entre otros muchos). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Florencia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marienela Cabrera Mosquera en su condici\u00f3n de Juez Penal para Adolescentes del Circuito de Florencia, inclusive, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el presente asunto al despacho de la magistrada Ang\u00e9lica Mar\u00eda Hern\u00e1ndez Guti\u00e9rrez del Tribunal Administrativo del Caquet\u00e1, a quien le fue asignada inicialmente la actuaci\u00f3n, para asuma el conocimiento de la presente salvaguarda constitucional. <\/p>\n
TERCERO: Por secretar\u00eda comunicar lo aqu\u00ed resuelto a la sala a quo y a todos los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Criterio que se ha mantenido en providencias como la sentencia CSJ STC3480-2022, 13 mar. y el auto CSJ ATC1123-2022, 3 ago <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
3\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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